Un proyecto paralelo presentó el Gobierno para el retiro de fondos de pensiones, cuyo rescate consiste en fines acotados. Se trata principalmente del pago de deudas, como alimenticias, deudas de servicios básicos y deudas hipotecarias. 

La iniciativa ha generado tanto apoyo como críticas, en especial, por el hecho de que se genera una transferencia a la banca privada.

Marcela Vera, economista y académica de la Usach, explicó lo que significa esa arista y sus implicancias.

“Acá ocurre una transferencia de los ahorros previsionales a la banca privada, cuestión que es altamente cuestionable respecto, además, de la efectividad que tendría para que esto no genere una mayor inflación, puesto que la gente pagaría sus deudas y para tener ingresos para subsistir, tendría que recurrir nuevamente al sistema de créditos”, dijo en primera instancia.

Sobre ese punto, fue clara: “Ya no lo haría con una tasa de crédito baja, sino 3 o 4 veces más altas del crédito que estaba pagando. Por lo tanto, se incrementa profundamente el costo del crédito que eventualmente podría acceder”.

Una nueva cuenta pública de la Convención Constitucional se realizó el fin de semana, reflejando que este mes de abril es clave para el trabajo a cargo de redactar la nueva Carta Magna.

Respecto a eso, Nicolás Freire, politólogo y académico de la Usach, entregó tres razones para explicar la importancia de este mes: 

“En abril debería haber terminado el trabajo sino se hubiera solicitado la prórroga. Entonces, pasa a ser el primer mes de prórroga que la Convención ha establecido para el desarrollo de su trabajo”, sostuvo en primera instancia.

Sobre la segunda razón, fue claro. “En tenor con la programación de dicha prórroga, en abril se discutirá y terminará el trabajo de las comisiones, por lo tanto, va a ser el mes en el que se terminará de conversar sobre las normas que deberían ser propuestas en torno a la nueva constitución”.

“Por último, y de acuerdo al cronograma antiguo, que habría que ver la manera en cómo se va ajustar, en abril se debía haber votado el borrador de la convención. Esas son las tres principales razones de este mes clave para ellos”, cerró Freire.

Un positivo balance tuvo el cierre de la temporada de cruceros 2021-2022 en la ciudad de Valparaíso, actividad turística que se mantuvo en pausa durante 22 meses producto de las restricciones asociadas a la pandemia, pero que se reactivó en diciembre con el arribo de la primera nave: el Viking Jupiter, con capacidad para más de mil pasajeros entre turistas y tripulantes; y que culminó este fin de semana con la recalada del crucero Roald Amundsen en TPS.

Entre diciembre y abril se registraron un total de ocho recaladas de naves, entre las que estaban el Viking Jupiter, el Silver Whisper, Silver Moon, Viking Star y el Roald Amundsen. Este último crucero será el último en zarpar de las costas porteñas este domingo 4 de abril a las 20 horas para dirigirse hacia Ecuador. 

“Es muy positivo que hayamos podido retomar las recaladas de cruceros en Valparaíso, considerando su relevancia para la economía de la ciudad y, especialmente, para todas las actividades que viven del turismo, como hotelería, gastronomía y pequeño comercio, entre otros. Si bien la temporada fue más baja que las anteriores, sin lugar a duda es un paso importante en el camino de la reactivación tras los efectos de la pandemia, y marca un precedente para el reinicio del turismo de cruceros”, afirmó el gerente general de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Franco Gandolfo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, manifestó que “estamos felices porque hemos vuelto a activar el turismo de cruceros en nuestra ciudad. Esta ha sido una temporada que nos ha permitido mostrar que somos un destino confiable para esta industria, pues no solo se han cumplido los estándares sanitarios y de coordinación institucional para recibir a quienes embarcan y desembarcan de las naves, sino que se han cumplido los compromisos en materia de recaladas, e incluso se ha podido acoger en Valparaíso a naves que han tenido que modificar su itinerario por cuestiones climáticas. Ahora debemos trabajar para que la próxima temporada podamos recuperar las dinámicas que teníamos antes de la pandemia”.

“A pesar de toda la incertidumbre de la pandemia, logramos asegurar un buen número de recaladas de naves de pasajeros en Valparaíso y especialmente cruceros nuevos, que nunca antes habían venido a Valparaíso y que fueron construidos en los últimos dos o tres años. Esto es una señal de que la industria del turismo de cruceros confía en que podemos brindar las condiciones necesarias no sólo en cuanto a los servicios, sino en relación con las medidas de seguridad para prevenir el contagio del Covid, así que estamos satisfechos y ya trabajando en lo que será la próxima temporada”, comentó Oliver Weinreich, gerente general de Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS).

Francisco Godoy, gerente general de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso destacó que “estamos muy contentos de haber reactivado la temporada de cruceros en la región. Después de un trabajo mancomunado entre el municipio, la Empresa Portuaria y los terminales de Valparaíso, así como las navieras, autoridades sanitarias, empresarios del turismo y Sernatur, establecimos protocolos para ayudar a los turistas y ahora ya estamos trabajando en conjunto para potenciar lo que será la temporada 2022-2023”

Cabe destacar, que los protocolos sanitarios, producto de la pandemia, establecieron que todos quienes desembarcaron, debieron cumplir con una serie de estrictos controles de bioseguridad instruidos por la Seremi de Salud, a lo que se sumó resguardos propios de las empresas de cruceros, tales como controles diarios de PCR a los pasajeros para evitar posibles contagios y implementación de camarotes especialmente habilitados para aislamiento en caso de contagio, entre otras medidas.

Todas las acciones implementadas por Valparaíso resultaron de la coordinación entre las autoridades sanitarias, marítimas, los terminales y el terminal de cruceros administrado por EPV, lo que permitió que la temporada se desarrollara sin mayores contratiempos que pudieran afectar al resto de las actividades turísticas y comerciales de la ciudad.

Otra disputa hídrica está viviendo Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), ya que entre el 1 y el 14 de abril se vivirá la fase de alegatos orales por la demanda presentada por Chile en 2016 sobre el curso, estatus y uso de las aguas del Silala.

Nuestro país considera que es un río internacional que debe ser compartido, mientras que Bolivia apunta que las aguas proceden originalmente de manantiales nacidos en su territorio, y que de forma artificial cruzan la frontera. 

“Hay un tema histórico que viene de la Guerra del Pacífico y desde la reconformación de las fronteras con Bolivia, que había alejado toda discusión con los cursos de agua. Sin embargo, durante el siglo 20, principalmente la década de los 60, el gobierno Bolivia ha ido cambiando su discurso respecto al manejo de las aguas que corren en territorio fronterizo”, sostuvo el historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Usach, Cristóbal García-Huidobro.

Respecto al Silala, fue claro. “A Bolivia le ha dado con exigir una compensación histórica, bajo esa lógica están haciendo un acto de presión que el gobierno del presidente Piñera, luego de la victoria obtenida en la corte por la demanda marítima, permite asentar una buena jurisprudencia. Se está aprovechando ese viento de cola”. 

“Se ha establecido una posición bien consolidada de parte del gobierno chileno sobre el uso del agua del Silala. Probablemente la corte nos va a encontrar la razón”, finalizó el historiador.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, defendió el proyecto que busca rebajar la jornada laboral a cuarenta horas semanales. “Le hará bien a la productividad del país”, consideró. Al respecto, la economista Marcela Vera explicó cómo la iniciativa puede impactar en una mayor productividad y en un mejor desempeño de la economía en su conjunto.

“El Premio Nobel Joseph Stiglitz planteó que, en la medida en que los trabajadores se encontraran en mejores condiciones laborales y recibieran mayores beneficios, iba a aumentar su productividad dentro de la empresa”, sostuvo la académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago.

“El sueldo promedio no alcanza para financiar el gasto de los hogares y, por lo tanto, es fundamental contemplar un aumento salarial y redistribuir mejor el tiempo que la ciudadanía tiene para el descanso, de manera de generar un mejoramiento significativo en su calidad laboral”, agregó.

Con todo, Vera reconoció que, para que la iniciativa produzca ese aumento de la productividad, es necesario conocer lo que necesitan las Pymes para implementar esta política pública. “Es fundamental que el Gobierno pueda reunirse con los diversos sectores productivos para conocer cuáles han sido los que han tenido un mayor impacto frente a la situación de pandemia y cuáles presentan un rezago en este contexto de reactivación económica”, concluyó.

Un artículo con los principales resultados de la investigación realizada por la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, María Christina Fragkou, y la geógrafa Tamara Monsalve-Tapia, junto con los geógrafos Vicente Pereira-Roa y Maximiliano Bolados-Arratia, todos de la Universidad de Chile, fue publicado este mes de enero en la Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales EURE.

El estudio, desarrollado en el marco de un Fondecyt Regular, es el primer análisis integral de la distribución de agua potable mediante camiones aljibe en Chile, teniendo como caso de estudio una de las zonas más afectadas por la megasequía: la provincia de Petorca. En este trabajo, los investigadores analizaron el volumen, costo, trayectoria y los dueños de estos flujos de agua transportados en la provincia entre 2012 y 2018.

“El propósito era ver cómo el Estado reacciona ante los impactos de la megasequía, y la consiguiente construcción de escasez de agua, entendiéndola como un fenómeno físico y social. Asimismo, quisimos analizar las soluciones propuestas y cómo estas transforman los territorios, así como su efectividad para paliar la escasez hídrica que viven las comunidades. Una de las cosas que nos interesó mucho fue analizar la tenencia de los derechos de agua y, particularmente para este estudio, nos enfocamos en cómo funciona la distribución de camiones aljibes, porque es un medio de distribución de agua potable muy importante para miles de familias. Hasta la fecha la academia no había estudiado este fenómeno con rigurosidad”, señaló María Christina Fragkou.

En esta investigación, se estudiaron 1.753 órdenes de compra de agua mediante camiones aljibe emitidas por la Gobernación Provincial de Petorca entre 2012 y 2018. Adicionalmente, se verificó el volumen y la localización de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas de los proveedores del recurso hídrico y se entrevistaron a actores clave. A partir de la información recopilada se pudo generar diagramas de distribución espacial de flujo de aguas y mapas donde se visualizan los metros cúbicos extraídos y repartidos dentro la provincia, según sector hidrogeológico.

Al respecto, es importante destacar que la compra y distribución de agua potable por camiones aljibe, como medida de emergencia, se tramita principalmente con fondos de emergencia del Ministerio del Interior, a través de la Gobernación Provincial, quien repartió el 95 por ciento de los metros cúbicos de agua entregados y significó el 98 por ciento del gasto público en camiones aljibe en la provincia. 

Durante el período de estudio, las operaciones de la Gobernación para la compra de agua potable y la contratación de su reparto en camiones aljibe en la provincia de Petorca movilizaron 1.494.492 m3 de agua, que implicaron un gasto total de más de $8.754 millones de pesos ($8.754.121.511) para abastecer a 41 localidades. El precio del agua, en tanto, fluctuó entre $2.500 y $17.000 por m3.

El agua repartida por camiones aljibe en Petorca fue proporcionada por 23 proveedores que extrajeron agua de cinco Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC), recurso que finalmente fue distribuido dentro de estos mismos sectores y en otros seis de la provincia.

“Destaca especialmente el SHAC Ligua Pueblo como aquel que proporciona la mayor cantidad de agua para su distribución por camiones aljibe mediante dos proveedores, y es -al mismo tiempo- el sector que mayor cantidad de agua ha recibido, 42 por ciento de la cual es proveniente del mismo sector. En este SHAC se encuentra circunscrita la localidad de Valle Hermoso, que ha sido abastecida durante el período de estudio por un total de 458.053 m3 y que destaca por encontrarse a pocos kilómetros de sus proveedores de agua por camiones aljibe”, señala el estudio.

Para María Christina Fragkou, “esta situación evidencia la dimensión social de la escasez hídrica en la zona, puesto que indica que más que una falta física de agua en las cuencas de los ríos Petorca y La Ligua existe una inequidad distributiva que afecta a los comités y cooperativas de APR. Nuestros resultados demuestran la creación de un mercado que se basa en los excedentes de agua que pueden tener ciertos actores, incluso en zonas de extrema sequía”.

El estudio analizó la situación de los cinco proveedores principales y fue posible identificar que al menos tres de ellos tienen derechos inscritos para uso agrícola. Además, durante el período estudiado, compraron Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Esta situación se vuelve relevante al compararla con las cantidades de agua entregada por estos proveedores en cada año estudiado.

Los resultados indican que la venta de agua potable mediante camiones aljibe es una actividad rentable y dominada por pocos actores, y con una fuerte participación de empresas y particulares del sector agrícola, que es otra manifestación de la escasez hídrica de causas sociales en la provincia de Petorca.

Finalmente, para las y los investigadores la solución de la distribución de agua potable a través de camiones aljibes se basa en un mecanismo burocrático que implica un alto y constante esfuerzo administrativo, económico y operacional que no corresponde a una medida de emergencia que entrega un recurso vital. Al mismo tiempo, no logra satisfacer la demanda total de las localidades y cubrir el déficit hídrico de los usos afectados, ya que el consumo promedio repartido por persona ha llegado a ser 50 litros por persona al día, apenas el 30 por ciento del consumo promedio nacional de 170 litros por persona diario.

Por otro lado, “la instalación de este sistema de abastecimiento desplaza la urgencia de desarrollar soluciones para destrabar la crisis a largo plazo, mientras instala un mercado muy rentable para los principales aguatenientes de la zona. El hecho de que este mercado esté dominado por unos pocos actores locales, principalmente del rubro agrícola, que venden millones de metros cúbicos de agua anualmente para su consumo en comunidades de APR vecinas, apoya el argumento de que en Petorca no existe una escasez física y absoluta, sino una desigual distribución del agua”, puntualizó María Christina Fragkou.

Mediante una declaración pública, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA y el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, Modatima Wallmapu, enumeraron las diversas irregularidades que existen en torno al proyecto geotérmico que pretende realizar la empresa Adobera SpA en el volcán Tolhuaca, en las comunas de Curacautín y Quilaco. 

En el texto se establece que “el 6 abril de 2021, Adobera SpA preguntó al Servició de Evaluación Ambiental (SEA) si el ‘Programa de Perforación Exploratoria Área Adobera’ requería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En esta solicitud aseveraron que desarrollarían uno o más proyectos de generación de energía eléctrica en base al recurso geotérmico del Volcán Tolhuaca”. 

Según denuncian ambas organizaciones, el SEA determinó que el proyecto no debía ingresar al SEIA, principalmente porque no se trataba de una iniciativa de generación eléctrica de más de 3MW, tal como estipula la ley.

“Sin embargo, la empresa ha declarado que pretende construir un proyecto de 9MW, cuestión que no lo informó en la consulta de pertinencia enviada. Además, la concesión de explotación geotérmica sobre el área indica que la empresa ya calculó que existe un potencial de al menos 50MW”, afirman. 

Asimismo, denuncian que este proyecto considera la construcción de 6 pozos exploratorios de una profundidad entre 1.500 a 2.000 metros con un total de 20 meses de ejecución, lo que se traduce en potenciales perjuicios y de riesgos posibles para las personas y para el medio ambiente, de acuerdo a estudios internacionales que así lo señalan. 

“En este tipo de infraestructuras existe el riesgo potencial de contaminación por minerales, sales y metales pesados afectando directamente los cuerpos de agua, fauna y vegetación. Además, con una potencial afectación a cursos de agua como lo es el Río Blanco, tributario del río Cautín, el cual nace en las faldas del Volcán Tolhuaca”, se desprende. 

Finalmente, la denuncia establece que a cinco años de que se originara este proyecto, no se ha entregado información completa a las comunidades. 

“Instamos a la empresa a desarrollar un diálogo transparente, siendo claros sobre sus intereses y proyecciones, sin manipular a los actores locales. Las necesidades de acceso a servicios básicos de energía de la población requieren ser garantizadas, y para ello las comunidades deben ser informadas del desarrollo de este tipo de iniciativas considerando una visión holística que incluya dimensiones culturales, sociales y medioambientales, así como los impactos acumulados del conjunto de inversiones que existen y se proyectan sobre el territorio”, plantean las organizaciones. 

Asimismo, agregan que todas las instituciones deben actuar “conforme al derecho internacional, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, los principios de autonomía y libre determinación, así como la participación vinculante que respete sus derechos colectivos. Como organizaciones defensoras de los Pueblos y la Naturaleza comprendemos que los actores del territorio son los primeros en conocer cuáles son las prioridades para la mantención y resguardo de la vida”. 

El próximo mes de marzo se cumplen dos años desde que Rapa Nui cerró su territorio al ingreso de los turistas, medida que se había levantado el pasado 1 de febrero. Sin embargo, con la llegada de la variante Ómicron y el alza de contagios en Chile, se suspendió esta apertura.

A pesar que en la isla se realizó una encuesta ciudadana donde el 70% de los consultados apoyó terminar con la restricción de acceso a los turistas, desde el gobierno hicieron caso omiso. Micro y pequeños emprendimientos que dependen de la llegada de visitantes al territorio insular se han visto perjudicados. 

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, se refirió a esta situación en Radio Usach, añadiendo que tampoco han recibido ayuda para combatir la pandemia. “El hospital no tiene solución para las complejidades. Llevamos más de un año pidiendo al gobierno para implementan una UTI o UCI acá en la isla. No contamos con ninguna cama UTI. Agreguemos que por lo menos mil personas no han querido vacunarse, cerca del 15% de los habitantes”, dijo.

“Quien nunca ha querido acondicionar la isla para esta pandemia ha sido el gobierno. Se enojaron porque hablé contra el ministro Mañalich. Jamás he recibido un llamado del gobierno, de ningún ministro”, agregó.

Respecto a la llegada de un nuevo mandatario, el edil se muestra esperanzado. “Ya he tenido contacto por zoom tres veces con la ministra Siches, hay mucha esperanza que se comiencen a solucionar los temas. Camas UCI, toma de test PCR para todos los que lleguen, aislamiento, cuarentenas efectivas. Pero esta temporada alta ya la perdimos, habrá que esperar hasta octubre o noviembre para comenzar a ver resultados”. 

Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), explicaron el drama que están viviendo las empresas turísticas que operan en la zona. “Ya no existe ayuda que sirva. No hay ninguna actividad económica que resista de pie estando prácticamente sin funcionar” sostuvo Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta de ejecutiva de la entidad.

Bajo esa arista, instó al gobierno fijar una fecha de apertura para el ingreso de turistas a Isla de Pascua antes de que termine su mandato, para así “entregar certezas al sector en ese destino”.

“Mantener la isla cerrada a los turistas es profundizar la desesperanza en la zona, ya que una gran parte de los habitantes de ese destino dependen del turismo para vivir”, cerró.

La megasequía que afecta a Chile, y principalmente a la zona central del país, se ha calificado como sin precedentes. Durante enero, la Dirección Meteorológica de Chile solo percibió 2 milímetros de agua en Santiago. En enero del 2021, registró 40 mm.

Este fenómeno se extiende a una serie de lagunas, ríos y lagos que se secaron, como los casos de Caburgua y Aculeo, entre otros. Y si bien en la zona sur ha llovido durante este verano, los expertos llaman a la cautela.

“Las relativamente buenas precipitaciones que se han registrado en el último mes en la zona centro sur son buenas noticias, pero dice muy poco respecto a cómo se presentará el invierno. Falta mucho tiempo para hacer proyecciones”, sostuvo Raúl Cordero, climatólogo y académico de la U. de Santiago.

Consultado por la duración del fenómeno de la Niña en el territorio, fue claro: “De acuerdo a la agencia norteamericana de la atmósfera y el océano, existe un 50 % de probabilidades de que el fenómeno de la niña remita durante el otoño. Si en efecto, la niña termina antes de nuestro invierno, mejoraría las posibilidades de tener precipitaciones en rangos en torno a lo normal. Esto porque la niña se asocia a bajas precipitaciones en la zona centro durante el invierno”.

También se refirió a la posibilidad de otro invierno hiperárido. “Otro invierno hiperárido tendría consecuencias devastadoras para la agricultura de la zona central y para los habitantes de zonas rurales. Pondría además presión extra a la provisión de agua de las grandes ciudades de la zona central. Sin embargo, es muy pronto para saber cómo se presentará el invierno 2022”.

“De todas formas, hay que tener claro que para la zona central de nuestro país el cambio climático significa cada vez más bajas precipitaciones. Esto significa que, aunque el 2022 no sea particularmente seco, Desafortunadamente no tendremos que esperar demasiado para ver otro año tan seco como el 2019 o el 2021”, cerró. 

El equipo ICOVID Chile, iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, presentó su informe número 72 con análisis y datos de las dimensiones propuestas para monitorear la pandemia en el país, con información obtenida hasta el 22 de enero de 2022, proporcionada a través de un convenio con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Según el último reporte, persiste un aumento significativo de casos nuevos en todas las regiones del país. Los casos estimados, según fecha de inicio de síntomas y corregidos por rezago, crecen en 85% al comparar las semanas del 9 y 16 de enero. 

En lo que respecta a la carga de enfermedad, es decir, al número de infectados por cada 100 mil habitantes, entre la semana del 16 al 22 de enero se reporta un crecimiento, siendo un 86% mayor la semana anterior y un 300% mayor a valores de hace dos semanas. Este valor alcanza un valor promedio diario aproximado de 99 casos nuevos por cada 100 mil habitantes. Todas las regiones están en valores de umbral rojo del semáforo ICOVID (esto es, sobre 50 nuevos casos diarios por cada 100 mil habitantes), estando diez de ellas por sobre los 100 nuevos casos. “Las regiones con mayores nivel de carga (contagios) están en los extremos del país, es decir, Arica y Parinacota (217), Tarapacá (307), Antofagasta (142) y Magallanes (232), por lo hay que seguir manteniendo el autocuidado”, señaló Andrea Rodriguez, vicerrectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.

La tasa de transmisión, que considera el promedio de contagios que genera un caso infectado, evidencia que el virus continúa expandiéndose, con un valor en torno a 1,7 a nivel nacional. Si bien representa un alto nivel de expansión, esta cifra muestra una baja relativa del 6% respecto a la semana anterior. Este indicador está sobre 1,2 en todas las regiones del país, alcanzando valores por sobre 2 en cinco regiones: Atacama (2,2), Coquimbo (2,0), O’Higgins (2,1), Maule (2,1) y Aysén (2,2).

El análisis de esta semana plantea que la positividad de PCR se elevó a 12,7% (color rojo en el semáforo iCOVID). “Cabe señalar que este indicador ha experimentado un alza sostenida (la semana pasada el valor promedio fue 8,7% y hace cuatro semanas, 2,2%)”, señala el informe.

A nivel nacional, hay diez regiones con positividad superior a 10% (color rojo), y el resto están todas en color naranja (indicador entre 5% y 10%). La tendencia nacional al alza para este indicador se replica en todas las regiones del país, entre las que destacan tres tienen positividad por sobre el 20%: Magallanes (22,4%), Antofagasta (21,7%) y Arica y Parinacota (20,4%). 

Mientras, los exámenes PCR por mil habitantes -dato que permite medir la capacidad de testeo- a nivel nacional alcanzó el valor 30,3, que es la cifra récord en toda la pandemia, superior en 15,7% al valor de la semana pasada y en 75,0% al valor de cuatro semanas atrás. Hay tres regiones con el indicador por sobre 50 test por mil habitantes: Magallanes (58,3), Arica y Parinacota (55,4) y Tarapacá (55,2); y solamente O’Higgins tiene el indicador inferior a 20, a saber en 12,9 (no obstante, este valor supera al de la semana pasada en 19,2%).

Sobre la trazabilidad, el informe ICOVID muestra que la consulta temprana de casos -dos días o menos desde que iniciaron síntomas- con datos disponibles del 2 al 8 de enero, se ha mantenido en relación a la semana anterior, con un 59,3% a nivel nacional. En tanto, el tiempo de examen y laboratorio -porcentaje de pruebas que fueron informadas al Ministerio de Salud en un día o menos desde la consulta médica- a nivel nacional este indicador ha superado el umbral del 80%, tomando el color verde en el semáforo ICOVID. La confirmación temprana de casos alcanzó un 65,7% en la última semana con datos disponibles (26 de diciembre al 1 de enero), valor similar al observado en la semana anterior. 

En lo que respecta a la capacidad hospitalaria, el porcentaje de ocupación de camas UCI a nivel global, se mantiene en valores superiores al 85%, aunque ligeramente inferior al 87% registrado la semana pasada y al 88,5% de hace cuatro semanas. De éstas, las utilizadas por pacientes críticos COVID-19, registró un valor de 19,7%, inferior a la semana pasada (21,4%) y también a cuatro semanas atrás (29,1%). A nivel regional, el indicador registra valores similares a los de la semana anterior, fluctuando entre 6,7% (Arica y Parinacota) y 32,0% (Biobío). 

El informe detalla también que en todos los grupos etarios se observa una disminución en la ocupación de camas UCI al comparar con la semana pasada. Para el grupo de personas de 70 años y más la disminución es de -2,6% (con 129 casos promedio semanales), mientras que para el tramo entre 50 y 69 años la disminución es de -11,1% (195 casos promedio semanales) y en el grupo de menores de 50 años, la baja es de -4,4% (78 casos promedio semanales).

Sobre la mortalidad por COVID-19 según grupos de edad, el informe evidencia -en la semana del 9 al 15 de enero- un aumento en el número de defunciones (129), fundamentalmente en personas de 70 años y más respecto a la semana anterior. En el grupo de personas menores de 50 años comienza un leve aumento de personas fallecidas; sin embargo, las personas fallecidas son, semanalmente, 10 veces menor que las observadas en los brotes de 2020.

Sobre la vacunación, el informe advierte que la cobertura nacional alcanza actualmente el 70%. “Bajo el supuesto de una efectividad de 65% para infección, esto implica que existe una gran cantidad (más de la mitad de los chilenos y chilenas) de la población susceptible a infectarse, al menos en forma leve, por la nueva variante ómicron”, cierra el informe N°72 de ICOVID Chile.

En efecto, como explica Paula Margozzini, epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la UC, “el refuerzo es muy necesario para protección contra infección y complicaciones por la variante ómicron. Dos dosis no son suficientes. Una fracción muy pequeña de los que se infecten requerirá hospitalizarse, sin embargo, si el volumen de infectados es muy grande, esta fracción puede ser muy grande para el sistema hospitalario. Vale la pena entonces que todos ayudemos a que este volumen no siga creciendo. Usar mascarilla, testearse ante cualquier síntoma, aunque sea leve, aislarse inmediatamente y avisar, son conductas ciudadanas responsables y solidarias en tiempos de pandemia”.