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Chile completa 42 meses con una desocupación superior al 8%

El mercado laboral chileno continúa mostrando señales de fragilidad. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación alcanzó un 9,4% durante el trimestre abril-junio de 2026, manteniéndose sin cambios respecto del trimestre móvil anterior, pero aumentando 0,5 puntos porcentuales en comparación con igual período del año pasado. Con este resultado, el país acumula 42 meses consecutivos con un desempleo igual o superior al 8%, un escenario que refleja las dificultades para generar nuevos puestos de trabajo al ritmo que exige la economía.

Las cifras muestran que el crecimiento de la fuerza laboral continúa superando la capacidad del mercado para absorber nuevos trabajadores. Mientras las personas que buscan empleo aumentaron un 1,5% en doce meses, el número de ocupados solo creció un 0,9%. En paralelo, la cantidad de personas desocupadas se incrementó un 7,7%, consolidando una tendencia que mantiene la incertidumbre sobre la recuperación del empleo formal.

Para Víctor Silva, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, la explicación inmediata es clara. “La fuerza laboral, que es la gente que busca trabajo, creció más rápido que los puestos disponibles”. Sin embargo, advierte que el fenómeno responde a factores mucho más profundos que van más allá de las cifras coyunturales. A su juicio, el deterioro del escenario internacional, el aumento de los costos empresariales y una desaceleración sostenida de la actividad económica están configurando un entorno complejo para la contratación.

El especialista sostiene que uno de los principales detonantes proviene del contexto global. “El origen real tiene al menos tres capas”, afirmó, haciendo referencia al impacto del conflicto en Medio Oriente y al bloqueo del Estrecho de Ormuz sobre el mercado energético. Según explica, el aumento del precio internacional del petróleo elevó significativamente el costo de los combustibles en Chile, afectando tanto a los hogares como a las empresas. “Eso golpeó directamente el bolsillo. La bencina acumula un alza cercana al 27% en lo que va del año y el diésel sobre el 42%. El mecanismo que debería amortiguar ese golpe colapsó en marzo y produjo el mayor ajuste de combustibles desde 1973. Ese shock de costos se traduce en inflación importada, que en 12 meses ya llega a 4,3%”, explicó Silva.

A este escenario internacional se suman presiones internas que, según el académico, han elevado progresivamente el costo de operar para las empresas. Entre ellas menciona la aplicación del IVA a los servicios y el incremento gradual de la cotización adicional contemplada en la reforma previsional. “Desde 2023 rige en régimen la extensión del IVA a los servicios, una reforma que fue encareciendo de forma silenciosa buena parte del consumo de los hogares. Y desde agosto de 2025 comenzó a regir la cotización adicional de cargo del empleador de la reforma previsional”, señaló. En ese contexto, recuerda que el aporte patronal continuará aumentando en los próximos años, elevando el costo de contratar nuevos trabajadores.

Para Silva, estas condiciones generan un efecto directo sobre las decisiones de inversión y contratación de las empresas, especialmente en un escenario de menor dinamismo económico. “Es dinero que no toca el sueldo líquido del trabajador, pero sí encarece el costo de contratar, justo cuando las empresas ya venían conteniendo la contratación”, afirmó. De esta manera, el mercado laboral enfrenta el desafío de recuperar la creación de empleo en un contexto marcado por mayores costos, inflación persistente y un escenario internacional que continúa presionando la economía chilena.

Tradición, sabor y nutrición en el clásico que define la mesa chilena

Hay platos que sobreviven al paso del tiempo porque son mucho más que una receta. En Chile, la cazuela ocupa ese lugar privilegiado: un caldo humeante que mezcla carne, verduras y tradición en una preparación que atraviesa generaciones. No es casualidad que cada 30 de julio el país celebre el Día Nacional de la Cazuela, una fecha creada para reconocer uno de los mayores símbolos del patrimonio gastronómico nacional.

Para el historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Cristóbal García-Huidobro, el valor de este plato radica en que representa la identidad culinaria chilena desde su origen mestizo. “Toda la cocina chilena tiene identidad chilena. Lo que pasa es que nuestra cocina es mestiza. Es una cocina que mezcla elementos del viejo mundo, especialmente europeo, con elementos gastronómicos que son netamente americanos”. En esa combinación conviven ingredientes introducidos desde Europa, como la cebolla, el ajo o el apio, con productos originarios de América, como la papa o el pimentón, dando forma a una preparación que terminó convirtiéndose en un clásico de la cocina local.

Aunque hoy es considerada una receta profundamente chilena, sus raíces se remontan a antiguos guisos españoles. Según explica García-Huidobro, “la cazuela proviene de una serie de guisos y caldos españoles, como por ejemplo la olla podrida de Burgos, por la cantidad de ingredientes que tiene y nuestra versión es mucho más humilde y también mucho más campesina”. Con el paso de los siglos, la preparación fue adaptándose a los productos disponibles en cada territorio hasta consolidar una identidad propia, al mismo nivel que otras recetas tradicionales como el pulmay o el cocido valdiviano.

Esa capacidad de adaptarse explica también por qué la cazuela cambia según la región donde se prepare. En la zona central predominan las versiones con vacuno o pollo, mientras que en el sur es frecuente encontrar preparaciones con cordero. Más al norte aparecen variantes con cabrito e incluso existen recetas elaboradas con productos del mar. Para el historiador, estas diferencias responden tanto a la disponibilidad estacional de ingredientes como a las particularidades culturales de cada territorio, manteniendo intacta la esencia de un plato que ha sabido evolucionar sin perder su identidad.

Pero el atractivo de la cazuela no termina en la nostalgia. Desde el punto de vista nutricional, continúa siendo una de las comidas más completas de la cocina chilena. La nutricionista y académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Daniela González, explica que, independiente de si se prepara con ave o vacuno, “aporta proteínas, carbohidratos complejos y variedad de vegetales”. Además, destaca que “es un plato muy recomendable. Los carbohidratos complejos van liberando lentamente glucosa a la sangre, lo que permite evitar alzas bruscas de glicemia y mantener energía estable por más tiempo”.

La especialista agrega que una porción de cazuela puede aportar entre 300 y 500 calorías, dependiendo de su tamaño, mientras que la variedad de verduras presentes en el plato entrega fibra y antioxidantes esenciales para el organismo. “Dependiendo del tamaño de las porciones, puede aportar entre 300 y 500 calorías. Los vegetales aportan fibra y antioxidantes muy importantes para la prevención de enfermedades crónicas”. En tiempos donde la alimentación saludable gana protagonismo, la cazuela demuestra que la cocina tradicional también puede ser una aliada del bienestar, reafirmando por qué sigue siendo uno de los platos más queridos de la mesa chilena.

Santiago Centro cambia de rostro y deja atrás su pasado financiero

Durante años, el centro de Santiago estuvo dominado por bancos, oficinas y servicios financieros que marcaban el ritmo de la ciudad. Hoy, ese paisaje comienza a transformarse. Restaurantes, cafeterías, farmacias, ópticas, centros de salud, locales de cuidado personal y tiendas de vestuario están ocupando cada vez más espacio en el casco histórico, reflejando un cambio en la forma en que las personas viven y utilizan el corazón de la capital.

La tendencia fue identificada por el informe “High Street Santiago Centro 1S 2026”, elaborado por la consultora inmobiliaria CBRE, que evidencia una recuperación paulatina del comercio a nivel de calle. El estudio muestra que la tasa de desocupación de locales comerciales alcanzó un 12,48%, completando tres semestres consecutivos de descenso, una señal de reactivación que comienza a modificar la identidad urbana del sector.

Para Américo Ibarra, académico de la Universidad de Santiago y director del Instituto de Ambiente Construido de la misma casa de estudios, esta transformación responde a cambios estructurales que se aceleraron tras el estallido social y la pandemia. “La dinámica estructural de la actividad comercial actual, con menos bancos y más restaurantes, cafeterías, servicios de salud y comercio, refleja de manera evidente un cambio en la manera en que se habita el centro de Santiago”, sostuvo.

El especialista explica que el centro dejó de funcionar exclusivamente como un lugar destinado a realizar trámites para convertirse en un espacio donde convergen trabajadores, estudiantes, turistas y nuevos residentes que demandan servicios cotidianos. Según el académico, este fenómeno también se relaciona con el crecimiento de viviendas en algunos sectores, lo que impulsa una mayor necesidad de comercio, alimentación y atención de salud en el día a día. “El espacio deja de ser principalmente un lugar de trámites y servicios financieros para convertirse en un entorno de consumo, encuentro y vida diaria. Esto sugiere que el centro está transitando hacia un modelo más vinculado a la experiencia urbana”, afirmó.

Sin embargo, la recuperación no ocurre de manera uniforme. Mientras barrios como Lastarria, Bellas Artes y el entorno de Plaza de Armas muestran una revitalización impulsada por la gastronomía, la cultura y el turismo, otros sectores continúan enfrentando importantes dificultades. Problemas como la inseguridad, el comercio informal y la falta de inversión siguen afectando zonas como barrio Mapocho y algunos tramos de la Alameda, donde el flujo de peatones y la llegada de nuevos negocios todavía no logra consolidarse.

Pensando en el futuro, Ibarra sostiene que uno de los grandes desafíos será extender la vida del centro más allá del horario laboral. “Sería deseable que las condiciones ambientales y de seguridad que ofrece el centro de Santiago permitan modificar sus horarios de funcionamiento, de modo que sea posible recuperar los tradicionales funcionamientos de restaurantes y cafeterías con actividad en la tarde y noche”, señaló. Para el académico, fortalecer la seguridad y recuperar la actividad nocturna será clave para consolidar un centro más dinámico, diverso y conectado con las nuevas formas de habitar la ciudad.

El debate sobre el trabajo sexual vuelve al centro de la discusión desde la justicia social

El trabajo sexual sigue siendo uno de los temas más controvertidos dentro de las discusiones sobre derechos, feminismo y políticas públicas. Ahora, una nueva investigación publicada en Humanities & Social Sciences Communications, de Nature Portfolio, vuelve a instalar el debate desde otra perspectiva. El artículo “Towards Multidimensional Justice for Sex Workers: Redistribution, Recognition, and Participation”, del profesor Pablo Aguayo-Westwood, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, propone analizar la regulación del trabajo sexual utilizando un marco de justicia social que va más allá de la clásica dicotomía entre prohibición y legalización.

El estudio se basa en la teoría de la filósofa estadounidense Nancy Fraser, quien plantea que la justicia debe abordarse desde tres dimensiones: redistribución económica, reconocimiento social y participación política. A partir de ese enfoque, Aguayo-Westwood sostiene que la discusión no puede reducirse a posturas absolutas, sino que debe considerar las condiciones materiales y sociales que enfrentan quienes ejercen esta actividad. “No es que uno promueva el trabajo sexual, que es la crítica habitual. No creo que alguien quiera promoverlo. Lo que uno busca, a largo plazo, es que deje de existir. Sin embargo, en lo inmediato, la mejor respuesta no es prohibirlo ni castigarlo, porque eso termina generando una doble victimización de la trabajadora sexual, que ya es víctima de condiciones iniciales de desigualdad material y económica”, explica.

El académico señala que la investigación surge también desde el diálogo con organizaciones y sindicatos de trabajadoras sexuales, experiencia que modificó su propia mirada sobre el tema. En lugar de defender una posición cerrada, el artículo expone las fortalezas y limitaciones de los distintos modelos regulatorios existentes y plantea que las políticas públicas deben construirse escuchando a las propias personas involucradas en el debate.

Uno de los ejes centrales de la investigación cuestiona la idea de que el trabajo sexual constituye una excepción dentro de los empleos marcados por la precariedad económica. Aguayo-Westwood sostiene que muchas ocupaciones desarrolladas por personas de la clase trabajadora también están condicionadas por la falta de alternativas, especialmente en el caso de las mujeres. Esa comparación abre una discusión sobre las desigualdades estructurales que atraviesan múltiples formas de trabajo y sobre por qué el juicio social suele concentrarse exclusivamente en el trabajo sexual.

El estudio también analiza las consecuencias que tiene la criminalización de esta actividad. “Cuando está prohibido el trabajo sexual, las condiciones de precariedad del ejercicio son peores que cuando está permitido”. Según el investigador, la prohibición dificulta el acceso al sistema financiero, al arriendo de espacios de trabajo, a la organización sindical y a mecanismos de protección social, mientras que también fortalece la presencia de redes de explotación y crimen organizado.

Finalmente, el artículo aborda las diferencias que existen dentro del propio feminismo respecto a este tema, alejándose de la idea de que existe una única postura. “Mi interés también ha sido mostrar que dentro del feminismo hay diferentes posiciones, no hay un feminismo, hay varios feminismos, y en esta variedad también hay diferentes posiciones sobre el debate”. Con un proyecto legislativo que permanece estancado desde hace más de una década en Chile, la investigación busca aportar nuevos elementos para una conversación que continúa abierta y que cruza derechos humanos, igualdad, autonomía y justicia social.

BTS reabre el debate sobre si el Estadio Nacional puede soportar un show de esta magnitud

Los tres conciertos que BTS agendó para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago no solo marcaron el esperado regreso del fenómeno global del K-pop a Chile. Con todas las entradas agotadas para el coliseo central del Estadio Nacional, el montaje de la gira también abrió una intensa discusión sobre los límites de la infraestructura deportiva del principal recinto del país y si realmente está preparado para recibir un espectáculo de semejante escala.

La polémica comenzó luego de que la ministra del Deporte, Natalia Duco, manifestara reparos al uso del estadio debido al impacto que tendría un escenario en formato 360°, cuyo peso bordea las 600 toneladas, sobre el césped híbrido y el sistema de la cancha. La decisión provocó la reacción inmediata de las ARMY chilenas, quienes realizaron manifestaciones tanto en las inmediaciones del Estadio Nacional como frente al Palacio de La Moneda. Mientras tanto, la productora DG Medios defendió que el evento fue planificado respetando todos los protocolos técnicos establecidos.

En ese escenario, Fernando Ibáñez, ingeniero civil en Obras Civiles y académico de la Universidad de Santiago, sostuvo que el verdadero problema no radica únicamente en el césped, sino en la capacidad estructural del terreno. “El recinto no está capacitado para un montaje de las características que tiene la actual gira de BTS, principalmente porque su carpeta protectora actual no es removible (como sí lo es el sistema Portagrass Sport Turf)”. El especialista recordó además el histórico concierto de U2 en 2011, cuando el escenario “La Garra”, de unas 1.200 toneladas, dejó importantes daños estructurales en la cancha del recinto deportivo.

Según el académico, el riesgo más importante se encuentra bajo la superficie. “El pasto, en sí mismo, no es el problema. Aquí la dificultad radica en la capacidad del soporte del suelo. Ningún terreno de juego está diseñado de forma natural para resistir cargas industriales concentradas durante varios días”, explicó. Incluso utilizando carpetas protectoras para distribuir el peso, advirtió que la ausencia de luz, oxígeno y la presión constante terminan deteriorando el césped y afectando el sistema de drenaje, dejando la cancha temporalmente inutilizable para la actividad deportiva.

Para reducir ese impacto, el especialista sostiene que la organización debe contemplar una logística extremadamente rigurosa, considerando estudios previos de carga, distribución uniforme del peso mediante estructuras especiales, rutas exclusivas para el ingreso de maquinaria pesada, desmontajes escalonados y una recuperación agronómica inmediata del terreno una vez finalizados los conciertos. Todo ello busca minimizar el daño sobre una superficie que fue diseñada prioritariamente para la práctica del fútbol profesional.

Ibáñez advierte que el factor tiempo será determinante para el futuro del recinto. “El tiempo total de permanencia del escenario (contando la logística completa del montaje, shows y desmontaje) debe ser, máximo, de 3 a 4 días. Superar este plazo garantiza daños severos e irreversibles en el ecosistema del campo de juego, lo que obligaría a una resiembra total y al cierre prolongado del estadio”. Así, mientras miles de fanáticos esperan volver a ver a BTS en Chile, el debate también pone sobre la mesa cómo compatibilizar espectáculos de talla mundial con la conservación de una de las infraestructuras deportivas más importantes del país.

El impuesto que busca frenar el auge del vapeo

El avance de los cigarrillos electrónicos volvió a instalarse en el centro de la discusión pública. Luego de que se conociera que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda trabajan en una propuesta para aplicar un impuesto específico a los vapeadores y equiparar su carga tributaria con la del tabaco, especialistas de la Universidad de Chile sostienen que la discusión va mucho más allá de la recaudación fiscal: se trata de una medida con impacto directo en la salud de las futuras generaciones.

Aunque durante las últimas décadas Chile logró reducir de manera sostenida el consumo de cigarrillos gracias a políticas como el aumento de impuestos, las restricciones publicitarias y los espacios libres de humo, la irrupción de los vapeadores ha cambiado el escenario. Comercializados como una alternativa de menor riesgo para fumadores adultos, estos dispositivos han ganado terreno entre adolescentes y jóvenes, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica debido a la creciente evidencia sobre su potencial para generar dependencia e incluso facilitar el paso al consumo de cigarrillos convencionales.

Para Verónica Iglesias Álamos, académica del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e investigadora del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN), el foco debe estar puesto en las consecuencias sanitarias de largo plazo. “Esta medida no debe evaluarse únicamente por sus efectos económicos, sino también por su capacidad para prevenir futuras enfermedades asociadas a la adicción de la nicotina y a la exposición a aerosoles potencialmente dañinos para la salud”, afirma.

Uno de los aspectos que más inquieta a los especialistas es que los daños asociados al vapeo no siempre aparecen de inmediato. Marco Cornejo Ovalle, director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, advierte que “Uno de los principales desafíos es que los efectos crónicos derivados de estas exposiciones no se hacen visibles de inmediato”. Esa latencia, explican los expertos, dificulta dimensionar el impacto real de estos productos, ya que enfermedades respiratorias graves como el cáncer de pulmón o la EPOC pueden manifestarse décadas después de la exposición.

La evidencia internacional también respalda el uso de impuestos como una herramienta para reducir el consumo juvenil. Organismos como la Organización Mundial de la Salud consideran el incremento de precios una de las medidas más efectivas para disminuir el acceso de adolescentes a productos con nicotina. En Chile, el debate adquiere una dimensión adicional luego de la entrada en vigencia de la Ley 21.642, que reguló los dispositivos electrónicos con y sin nicotina, aunque manteniendo un límite máximo de concentración superior al permitido en la Unión Europea. Los especialistas advierten, además, que incluso los vapeadores sin nicotina exponen a los usuarios a aerosoles potencialmente dañinos y contribuyen a normalizar su consumo entre los más jóvenes.

Más allá de la discusión tributaria, el mundo académico plantea que el desafío es proteger a una generación que creció rodeada de nuevos formatos de consumo. Para Iglesias, la responsabilidad del Estado es clara: “Proteger a niños, niñas y adolescentes frente a productos que generan dependencia o que los exponen a riesgos para la salud cuyos efectos pueden manifestarse años más tarde no es una restricción a la libertad individual, sino una obligación ética”. En ese contexto, gravar los vapeadores aparece no solo como una política económica, sino como una estrategia de prevención que busca evitar que la próxima crisis sanitaria se esté gestando, silenciosamente, entre nubes de vapor.

Hablar de diversidad también es hablar de prevención

Cada vez más personas hablan de diversidad sexual con mayor libertad, pero cuando la conversación gira hacia salud sexual todavía persisten vacíos de información. En Chile, especialistas advierten que la prevención no puede seguir enfocándose únicamente en evitar embarazos no planificados, sino que debe incorporar una mirada más amplia, donde la educación sexual, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), la vacunación y el acceso a métodos de protección respondan a las distintas realidades de la comunidad LGBT+.

Las cifras reflejan este cambio. A nivel mundial, cerca del 9% de la población se identifica como parte de la comunidad LGBT+, porcentaje que aumenta hasta el 17% entre integrantes de la Generación Z. En Chile, alrededor del 11% de los adultos se reconoce como parte de la diversidad sexual y, según el Censo 2024, más de 45 mil personas mayores de 18 años se declararon trans y más de 15 mil se identifican como no binarias. El desafío, sostienen expertos, es que las políticas y campañas de prevención evolucionen al mismo ritmo que esa realidad.

“La salud sexual no puede reducirse únicamente a evitar un embarazo. Cuando hablamos de la comunidad LGBT+, es fundamental abordar también la prevención de infecciones de transmisión sexual, el acceso a información basada en evidencia y el conocimiento de todas las alternativas de protección disponibles”, explica Victoria Cáncino, matrona de DKT South America. La especialista agrega que durante años el discurso preventivo se ha concentrado casi exclusivamente en el preservativo masculino, dejando en segundo plano otras herramientas como el preservativo femenino o las barreras de látex para prácticas de sexo oral, que continúan siendo poco conocidas y de difícil acceso.

La vacunación también aparece como uno de los grandes pendientes. Los especialistas recomiendan reforzar la inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y las hepatitis, además de promover controles periódicos de salud sexual sin importar la orientación sexual, la identidad de género o el tipo de relación. “Muchas personas adultas desconocen que aún pueden beneficiarse de la vacunación contra el VPH. Hoy sabemos que incluso quienes ya han estado expuestos al virus pueden obtener protección adicional. La prevención siempre será una mejor estrategia que enfrentar las consecuencias de una infección”, explica Victoria Cáncino.

Más allá de las vacunas, el acceso a información confiable sigue siendo uno de los principales desafíos. Persisten mitos sobre prácticas sexuales que supuestamente no presentan riesgos de transmisión de ITS, cuando la evidencia demuestra lo contrario. “Todavía existe la idea errónea de que algunas prácticas sexuales no presentan riesgo de transmisión de ITS. La realidad es que las infecciones pueden transmitirse de distintas formas y por eso es tan importante conocer las herramientas de protección disponibles y utilizarlas correctamente”, afirma la especialista.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+, el llamado de los expertos apunta a transformar la prevención en una conversación permanente y libre de estigmas. La salud sexual inclusiva no depende únicamente del acceso a métodos de protección, sino también de educación, información basada en evidencia y políticas que reconozcan la diversidad de experiencias. En un escenario donde las nuevas generaciones exigen espacios más seguros e inclusivos, hablar de autocuidado también se convierte en una forma de reivindicar derechos.

El tráfico invisible que viajó por los puertos chilenos

El hallazgo en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso expuso una de las incautaciones más grandes registradas en Chile: 108 toneladas de cocaína y ketamina ocultas dentro de más de mil toneladas de madera. Una operación que no solo sorprendió por su escala, sino por la sofisticación del método utilizado, donde un material cotidiano se transformó en vehículo químico para el tráfico de drogas.

Desde la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, el análisis apunta a la estructura misma de la madera como clave del ocultamiento. El profesor Pablo Fuentealba Castro explica: “La madera es un material que presenta una alta porosidad y humedad, que dan pie a poder difundir diferentes compuestos dentro de ella. Microscópicamente es una red organizada de tubos o canales, correspondientes a células vegetales muertas, diseñados por la naturaleza para transportar agua”. Esa misma arquitectura natural permite que sustancias solubles penetren en profundidad, imitando procesos industriales de impregnación.

El académico detalla que no se trata de una simple cobertura superficial, sino de una incorporación interna del compuesto. “En este caso hay una penetración e impregnación de la madera que no es solo superficial. Se aprovecha el diseño natural de la planta para que la droga quede distribuida en todo el material, siendo por esto los altos contenidos de droga que es posible transportar mediante este método”. Recuperar estas sustancias también implica procesos complejos de extracción química mediante trituración y solventes específicos.

El caso también abre la dimensión farmacológica del problema. El profesor Mario Rivera Meza, de la Universidad de Chile, explica que la cocaína actúa sobre la dopamina, generando una intensa estimulación cerebral. “La cocaína bloquea los mecanismos que regulan los niveles de dopamina en el cerebro, lo que provoca un marcado aumento de su concentración en el sistema nervioso central. Esto genera una intensa sensación de euforia, alerta y energía”. La ketamina, en cambio, interfiere con el glutamato, provocando estados de disociación profunda.

Ambas sustancias pueden generar dependencia y daños severos, aunque por mecanismos distintos. A esto se suma un riesgo adicional: la adulteración constante en el mercado ilegal. “La cocaína rara vez es pura. Suele adulterarse con sustancias como cafeína, anestésicos locales o fentanilo, un opioide sintético altamente tóxico”, advierte Rivera. En el caso de la ketamina, incluso puede aparecer en mezclas como el llamado “Tusi”, donde la composición es variable y altamente impredecible.

El decomiso no solo revela una red de tráfico sofisticada, sino también cómo la ciencia permite entender sus métodos y consecuencias. La madera dejó de ser solo un material de exportación para convertirse en un soporte químico del crimen organizado, donde lo invisible ocurre a escala microscópica, pero con impacto global.

El Niño se activa y Chile entra en fase de incertidumbre climática

Tras meses de señales en el océano Pacífico ecuatorial, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó oficialmente la presencia de condiciones asociadas a El Niño costero. El fenómeno, conocido por alterar patrones globales de temperatura y precipitación, vuelve a instalarse como una pieza clave en el tablero climático de un país que lleva más de una década bajo estrés hídrico.

El evento ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan de forma anómala y se acoplan con la atmósfera, modificando la circulación de vientos y humedad a escala planetaria. Pablo Sarricolea, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile e investigador del CR2, lo sintetiza así: “la declaración se hace cuando se cumplen dos condiciones a la vez: las temperaturas del Pacífico ecuatorial superan el promedio en 0,5 °C y el componente atmosférico acompaña. Esto refleja un acoplamiento océano-atmósfera, que es lo que distingue El Niño real de un simple calentamiento superficial del mar”.

Según el informe de la NOAA, existe un 63% de probabilidad de que este evento alcance una categoría muy fuerte entre noviembre y enero, lo que lo posicionaría entre los episodios más intensos desde 1950. Sin embargo, los especialistas insisten en evitar lecturas automáticas sobre sus impactos en Chile, donde la relación con las lluvias es compleja y no lineal.

En el país, El Niño suele asociarse a un aumento de precipitaciones en la zona centro y centro-sur, pero el vínculo no es directo. Sarricolea lo aclara con precisión: “No es correcto asociar automáticamente El Niño con más lluvias en Chile, porque hay otras condiciones que las modulan. La relación es probabilística y no de causa-efecto. El mensaje correcto es que El Niño mueve la aguja hacia más lluvia, no que garantiza lluvia”.

Más allá del volumen de precipitaciones, el verdadero punto crítico está en cómo esa agua se comporta en un territorio ya tensionado por la megasequía. El especialista advierte que el fenómeno puede elevar la isoterma cero, lo que implica que parte de la nieve en cordillera podría transformarse en lluvia. “El punto crítico para el agua es que más lluvia no equivale automáticamente a más reservas utilizables. El Niño tiende a elevar la isoterma cero, así que parte de lo que normalmente sería nieve podría caer como lluvia líquida en cordillera”, explica.

Ese cambio altera directamente la forma en que Chile almacena agua. Menos nieve significa menos reservas naturales para primavera y verano, mientras que lluvias más intensas pueden generar crecidas rápidas, turbidez en ríos y riesgos de aluviones. En paralelo, el investigador recuerda que un solo evento no revierte la crisis hídrica acumulada: “La megasequía lleva más de una década de déficit estructural en Chile central. Un invierno húmedo de El Niño es una pausa, no una reversión de la sequía. La recuperación de acuíferos y aguas subterráneas va muy por detrás de lo que aporta una sola temporada”.

El escenario, entonces, no es de solución, sino de preparación. Sarricolea insiste en que el mayor riesgo no es solo la escasez de agua, sino su exceso concentrado en poco tiempo, con consecuencias urbanas y naturales: “El principal riesgo no es solo la falta de agua, sino la posibilidad de mucha agua junta: aluviones, anegamientos y marejadas”. En ese marco, la atención se concentra en zonas como la región Metropolitana, Valparaíso, el centro-sur agrícola y el borde costero, donde los impactos suelen amplificarse.

Lejos del alarmismo o de la idea de un “super El Niño” determinista, los expertos llaman a leer el fenómeno como lo que es: un modulador de probabilidades en un sistema ya alterado por el cambio climático. “Más probabilidad de lluvia, sí; solución a la sequía, no; motivo para prepararse, claramente”, resume Sarricolea, en una frase que condensa el tono con el que Chile deberá enfrentar los próximos meses.

Ciencia made in Chile busca revolucionar las baterías de litio

La promesa de una tecnología más limpia y eficiente depende, en gran medida, de algo que la mayoría de las personas lleva todos los días en el bolsillo: las baterías de ion-litio. Desde smartphones y computadores hasta vehículos eléctricos, estos dispositivos se han convertido en la columna vertebral de la transición energética. Sin embargo, uno de sus principales problemas sigue siendo el mismo: con el tiempo pierden capacidad, se degradan y almacenan cada vez menos energía.

En ese escenario, un equipo de investigadores de la Universidad de Santiago de Chile está trabajando en una solución que podría cambiar las reglas del juego. El doctor Rudy Martín, académico de la Facultad de Química y Biología de la Usach, lidera un proyecto Fondecyt Regular que busca desarrollar materiales capaces de aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar la estabilidad de las baterías de ion-litio, permitiendo que duren más tiempo sin sacrificar rendimiento.

La investigación pone el foco en uno de los componentes más importantes de una batería: el ánodo. Actualmente, este elemento está fabricado principalmente con grafito, un material confiable pero limitado en términos de capacidad energética. El silicio aparece como una alternativa altamente atractiva porque puede almacenar hasta diez veces más energía que el carbono. El problema es que, durante los ciclos de carga y descarga, su estructura se expande y contrae de manera extrema, provocando un rápido deterioro.

“Las baterías tienen varias partes: un ánodo, un cátodo, una membrana y un electrolito. Cada componente es imprescindible y en el caso del ánodo porque es donde se almacena la energía una vez que se carga la batería. Hoy ese ánodo es de carbono, pero hay un material mucho más prometedor, que es el silicio, porque puede almacenar mucha más energía por unidad de masa. El problema es que, cuando el litio forma aleación con el silicio durante la carga, este cambia mucho su volumen, se expande y eso hace que el material se deteriore”, menciona el académico Martín.

Para enfrentar este desafío, el equipo desarrollará un innovador polímero que actuará como un aglutinante, una especie de pegamento inteligente encargado de mantener unidos los materiales activos del ánodo. La apuesta es que este material tenga la capacidad de autorrepararse frente al desgaste provocado por cientos o incluso miles de ciclos de carga. “Todas las baterías tienen un polímero, que corresponde a entre un 5% y un 10% de su masa total, que se llama aglutinante, este actúa como un pegamento, ya que mantiene unidos los materiales activos del electrodo (donde se almacena la energía), que en realidad son partículas, fijándolos a un conductor electrónico. Para que funcione bien, este material tiene que ser capaz de auto-repararse con los sucesivos ciclos de carga y descarga, y que pueda ciclar de cien a mil veces sin perder tanta capacidad”, explica el Dr. Rudy Martín.

Durante los próximos cuatro años, los investigadores construirán y probarán baterías experimentales para evaluar el comportamiento de estos nuevos materiales en condiciones reales. Más allá del laboratorio, el proyecto también busca una aplicación concreta en la industria. A diferencia de otras propuestas tecnológicas que requieren procesos costosos o materiales difíciles de escalar, esta solución podría incorporarse a las cadenas de producción actuales sin aumentar significativamente los costos. En un mundo cada vez más dependiente de la energía portátil y la electromovilidad, una batería capaz de almacenar más energía y resistir mejor el paso del tiempo podría convertirse en una de las piezas clave de la próxima generación tecnológica.