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El terremoto que obligó a Chile a aprender a convivir con los sismos

A las 19:55 horas del 16 de agosto de 1906, la tierra comenzó a moverse frente a las costas de Valparaíso. El terremoto, cuya magnitud se estima entre 8,2 y 8,6 Mw, se prolongó durante varios minutos y fue seguido por un segundo movimiento de gran intensidad. La ciudad puerto quedó devastada: entre el 60% y el 80% de sus edificaciones resultaron destruidas, mientras un tsunami, incendios y una posterior crisis sanitaria profundizaron una tragedia que dejó entre tres mil y cuatro mil personas fallecidas. Pero el desastre también terminó convirtiéndose en uno de los puntos de inflexión más importantes para la ciencia, la ingeniería y las políticas públicas chilenas.

El terremoto se sintió desde Tacna hasta Puerto Montt y afectó también a ciudades como Viña del Mar, Illapel y Talca. En una época en que la sismología todavía estaba lejos de contar con las herramientas actuales, la magnitud de la destrucción obligó al Estado a cambiar su manera de entender los terremotos. “En apenas doce meses, el planeta registró al menos seis terremotos de magnitud cercana o superior a 8,0 en lugares tan distintos como Ecuador, Alaska, Chile, Nueva Guinea, China y California, además de un evento 7,4 en Japón, que ocurrieron cuando la sismología era todavía una disciplina en una etapa de desarrollo inicial, con redes de instrumentación escasas y que tendían a sobreestimar las magnitudes”, explica Gabriela Herrera, investigadora del Programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile.

La respuesta institucional comenzó a tomar forma cuando el gobierno de Pedro Montt impulsó la creación de un organismo dedicado al estudio de los terremotos. El 1 de mayo de 1908 nació el Servicio Sismológico de Chile, antecedente directo del actual Centro Sismológico Nacional, que hoy funciona en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Para Sergio Barrientos, director del CSN, el terremoto de Valparaíso “hizo que las autoridades de la época entendieran la importancia de estudiar los sismos que ocurrían en Chile, así como sus efectos”. La llegada del especialista Fernand Montessus de Ballore y la instalación de estaciones de monitoreo en distintos puntos del país marcaron el inicio de una institucionalidad científica que terminaría convirtiendo a Chile en referente internacional en materia sísmica.

Pero la tragedia también cambió la manera de construir. La destrucción dejó en evidencia que algunos sistemas estructurales resistían mejor que otros, impulsando el uso de hormigón armado, muros cortafuegos y estructuras metálicas en reemplazo de parte de las construcciones de adobe y albañilería simple. El académico Rubén Boroschek explica que “La necesidad de masificar el conocimiento de aquello que aprendemos en cada terremoto, en particular Valparaíso 1906 y Talca 1928, llevó a que las primeras regulaciones del diseño sísmico aparecieran a mediados de los años 1930”. Con los terremotos posteriores, Chile fue acumulando datos y experiencia para perfeccionar sus normas, un proceso en el que la Universidad de Chile tuvo un papel central y que actualmente es observado incluso por países como Turquía y Nueva Zelanda.

El desastre también expuso una dimensión menos visible de los terremotos: la crisis sanitaria que aparece cuando colapsan las condiciones básicas de una ciudad. La falta de agua potable, el hacinamiento, los escombros y los cadáveres generaron un escenario propicio para enfermedades como la viruela y el tifus. “El terremoto de 1906 en Valparaíso desnudó la determinación social de la salud: el hacinamiento y la falta de agua potable convirtieron el desastre en una letal crisis de viruela y tifus”, explica Viviana Ulloa Pino, subdirectora del CITRID y académica de la Facultad de Medicina. La instalación de puestos médicos, brigadas sanitarias y espacios de atención de emergencia terminó acelerando procesos que posteriormente contribuirían a la profesionalización de la salud y a la creación de nuevas políticas sanitarias.

En medio de esa emergencia también aparecieron los estudiantes de la Universidad de Chile. Jóvenes que participaron en labores de apoyo, curación y asistencia a las comunidades afectadas comenzaron a construir una tradición de organización estudiantil vinculada con las necesidades del país. Javier Concha, secretario general de la FECh, recuerda que “hace 120 años, frente al terremoto de Valparaíso, los estudiantes de la Universidad de Chile se organizaron para responder a las necesidades de las comunidades afectadas. Ese impulso de organización y de solidaridad fue parte del contexto que dio origen a la FECh en 1906 y que ha marcado desde sus inicios una forma de entender el rol de los estudiantes de la Universidad de Chile dentro de la sociedad”. Esa tradición terminaría proyectándose décadas después en los conocidos trabajos voluntarios.

Hoy, 120 años después, Chile cuenta con una arquitectura institucional, científica y normativa muy distinta a la de 1906. El Centro Sismológico Nacional, SENAPRED, el SHOA, universidades y organismos públicos trabajan sobre una lógica que ya no se limita a responder cuando ocurre el desastre, sino que busca anticiparse a sus consecuencias. El aprendizaje también se amplió hacia una mirada de multiamenaza, donde terremotos, tsunamis, incendios, remociones en masa y eventos asociados al cambio climático forman parte de un mismo desafío. La historia de Valparaíso demuestra que un desastre puede destruir una ciudad, pero también puede obligar a un país a aprender. Y en Chile, buena parte de esa transformación comenzó aquella noche de agosto de 1906.

El título ya no garantiza un trabajo acorde a lo que estudiaste

Chile está viviendo una paradoja laboral que golpea especialmente a quienes llegaron al mercado con un título universitario o técnico bajo el brazo. Nunca antes la fuerza de trabajo había tenido un nivel de educación superior tan alto, pero encontrar un empleo que realmente corresponda con esa formación se está volviendo cada vez más difícil. El fenómeno, conocido como “desempleo ilustrado”, combina cesantía, trabajos por debajo de las calificaciones y una economía que no estaría generando suficientes puestos de alta especialización.

Según un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, durante el trimestre abril-junio de 2026 el desempleo entre personas con educación superior completa alcanzó el 8,3%, 0,4 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior. La cifra acumula diez meses consecutivos de aumentos interanuales, mientras el desempleo general suma cuatro meses de incrementos.

Pero la cifra de desempleo es apenas una parte de la historia. Entre los poco más de cuatro millones de personas con educación superior completa que actualmente tienen trabajo, un 37,7% se encuentra subempleado de acuerdo con sus calificaciones. Es decir, tienen empleo, pero realizan labores que no necesariamente requieren el nivel de formación que adquirieron. Para el economista y académico de la Universidad de Santiago Víctor Silva, reducir este escenario a una supuesta sobreoferta de profesionales sería quedarse en la superficie. “Esto no es un problema de que ‘sobren’ profesionales”, sostuvo.

El cambio estructural de la fuerza laboral chilena ayuda a entender el problema. En 2010, las personas con educación superior completa representaban el 22% de la fuerza de trabajo. En 2026, esa proporción llegó al 42,2%, prácticamente el doble. En el sentido contrario, quienes tenían menos que enseñanza media completa pasaron de representar el 35,2% al 17%. Chile, en poco más de una década, pasó a tener una fuerza laboral considerablemente más educada, pero sin que ese cambio haya sido acompañado por una expansión equivalente de los empleos calificados.

“Chile duplicó la proporción de profesionales en su fuerza laboral en 15 años (…) pero la economía lleva más de una década creciendo poco y generando empleo de baja calidad”, planteó Silva. Según su análisis, el 79,9% de los nuevos puestos de trabajo creados para profesionales corresponde a empleos de subempleo. La paradoja queda así bastante clara: hay más personas preparadas para ocupar puestos especializados, pero una parte importante termina ingresando a trabajos que no utilizan plenamente sus conocimientos.

El problema, además, no afecta por igual a todas las carreras. Humanidades y Servicios Personales presentan mayores niveles de desempleo, mientras que áreas como Derecho, Educación y Medicina Veterinaria muestran tasas inferiores. Para Silva, ambos fenómenos —la sobreoferta en determinadas áreas y la falta de empleos de calidad— pueden coexistir, pero no tienen el mismo peso. “El hecho de que 8 de cada 10 empleos nuevos para profesionales sean subempleo me dice que el problema estructural más grande está del lado de la demanda: aunque cerráramos mañana la sobreoferta en Humanidades, seguiríamos con un problema de calidad del empleo si la economía no acelera su generación de puestos calificados. No le echaría la culpa al alumno de Trabajo Social o Periodismo; le echaría la culpa a una economía que no crece lo suficiente para absorber a la fuerza laboral más calificada de nuestra historia”, comentó.

El escenario también instala una pregunta incómoda para quienes están pensando qué estudiar. Elegir una carrera hoy ya no parece depender solamente de la vocación, sino también de las condiciones que encontrarán sus futuros profesionales en el mercado. Silva advierte sobre el llamado “efecto cicatriz” del desempleo, fenómeno por el cual comenzar la vida laboral durante una etapa económica débil puede generar consecuencias salariales que persisten incluso cuando la economía vuelve a mejorar.

Por eso, la decisión educativa debería considerar más variables que la empleabilidad inmediata. “Elegir carrera es, en el fondo, una decisión de inversión bajo incertidumbre”, explicó el economista. La vocación continúa siendo relevante, pero también lo son las perspectivas laborales, el riesgo y el horizonte de largo plazo. En un mercado donde las carreras de hoy pueden enfrentar escenarios muy distintos mañana, elegir únicamente según el ranking o el titular de turno puede ser otra forma de equivocarse.

El desafío, finalmente, no parece estar solo en cuántos profesionales forma Chile, sino en qué tipo de economía está construyendo para recibirlos. Una generación cada vez más educada está entrando a un mercado donde conseguir trabajo no necesariamente significa encontrar el trabajo para el que estudió. Y esa distancia entre formación y oportunidades podría convertirse en uno de los principales debates laborales de los próximos años.

El jurel escaseó y la caballa encontró su lugar en las mesas chilenas

Durante años, pocas preparaciones han sido tan reconocibles en la mesa chilena como una mezcla de jurel en conserva, cebolla, cilantro, limón y aceite, acompañada por una marraqueta y, para quienes no le temen a la mayo, una dosis generosa de mayonesa. Pero este clásico del picoteo y de la once comenzó a desaparecer de los supermercados durante el primer semestre, empujado por una menor disponibilidad del recurso. Ahora, la industria asegura que el jurel está reapareciendo en las costas del sur, aunque las capturas todavía permanecen por debajo de un año normal.

La menor presencia del pescado en las góndolas estaría relacionada con las condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno de El Niño. El aumento de la temperatura del mar habría modificado la distribución del jurel y dificultado su captura habitual. Con las embarcaciones retomando sus operaciones y el recurso nuevamente localizado frente a las costas del sur de Chile, la situación comienza lentamente a normalizarse, aunque todavía no permite hablar de un regreso completo a los niveles habituales de abastecimiento.

Mientras el jurel escaseaba, otro pescado comenzó a ocupar su lugar en los supermercados: la caballa. Aunque pertenecen a familias biológicas diferentes, ambos son pescados azules y comparten una característica clave para la alimentación: un importante aporte de proteínas y ácidos grasos omega-3. Para Marcela Zamorano, académica de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago y especialista en análisis y composición química de los alimentos, la principal diferencia está precisamente en la cantidad de grasa. “Son pescados con una alta cantidad de proteína, donde el contenido de proteína de ambos es cerca de un 20%, pero la gran diferencia radica en el contenido de grasa. La caballa tiene aproximadamente el doble contenido de materia grasa que el jurel”.

Ese mayor contenido graso también modifica el aporte energético. “El jurel tiene alrededor de un 5,6% y la caballa tiene alrededor de un 13 a un 14%. Y por lo tanto esto hace que su aporte energético, las calorías que aportan sean más altas, alrededor de un 30, 40% más y en el contenido de proteínas ambas son iguales, no hay gran diferencia”, explica Zamorano. En otras palabras, si el objetivo es obtener proteínas, ambos pescados cumplen prácticamente la misma función, mientras que la caballa entrega una mayor cantidad de grasa y, por consecuencia, más calorías.

La diferencia también juega a favor de la caballa cuando se habla de omega-3. Estos ácidos grasos están asociados a beneficios cardiovasculares y participan en funciones relacionadas con el cerebro y la visión. Según la académica, “obviamente la caballa tiene más, por tener mayor cantidad de materia grasa en el filete por así decirlo”. En términos aproximados, agrega que “generalmente la caballa presenta de 2 a 3 gramos de omega 3 por 100 gramos (de filete crudo), y el jurel alrededor de 1,5 a 2 gramos de omega 3 por 100 gramos”.

Entonces, ¿puede la caballa reemplazar al jurel en la cocina chilena? Para Zamorano, sí. La diferencia estará principalmente en el sabor, la textura y el aporte calórico. La especialista considera que es un “buen reemplazo, salvo que hay que considerar que como tiene más materia grasa siempre va a producir algo más de calorías”. Además, ambos pescados aportan vitamina D y vitamina B12, nutrientes habituales en alimentos de origen animal. En la práctica, la caballa puede ocupar perfectamente el lugar del jurel en ensaladas, preparaciones frías, sándwiches o el clásico plato con cebolla y limón.

El cambio también se nota en el paladar. Al tener más grasa, la caballa presenta un sabor más intenso y una textura diferente. “Se siente un poco más graso, mientras que el jurel presenta un sabor menos intenso y una textura un poquito más firme”, señala la académica. Para quienes están acostumbrados al sabor más suave del jurel, la diferencia puede ser evidente, pero no necesariamente significa renunciar a una preparación tradicional.

También está la discusión sobre el agua o el aceite. Las conservas en aceite suelen tener un sabor más intenso, mientras que las versiones en agua permiten reducir el aporte calórico. Zamorano explica que “el gusto de las conservas en agua es un poco menos sabroso, pero si uno está buscando una dieta o alimentos en baja caloría, obviamente debiera preferir las conservas en agua”. Las alternativas en aceite de oliva también pueden ser una opción, ya que incorporan ácidos grasos monoinsaturados.

Por ahora, el jurel parece comenzar su regreso, pero la caballa ya encontró un espacio propio en la despensa chilena. Más que una sustitución obligada por la escasez, puede convertirse en otra alternativa accesible para incorporar pescado a la alimentación cotidiana. Como resume Zamorano, “la caballa es una alternativa, porque es un pescado que no tiene un gran precio, especialmente lo que se vende en conserva. Y por lo tanto, para utilizarla en distintas preparaciones, es un pescado importante, porque además tiene un alto aporte de omega-3”.

Chile estudia el modelo italiano de cárcel dura para combatir al crimen organizado

Tras la aprobación de la megarreforma en el Congreso, el Gobierno de José Antonio Kast puso la seguridad pública en el centro de su agenda con el anuncio de la nueva “Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)”. Entre las medidas que comienzan a tomar forma aparece una propuesta especialmente dura: crear un régimen penitenciario especial para los internos de mayor peligrosidad, particularmente aquellos que continúan dirigiendo organizaciones criminales desde las cárceles.

El modelo que aparece como referencia es el artículo 41-bis de la legislación italiana, un régimen creado en 1975 y endurecido durante los años noventa, en plena ofensiva del Estado italiano contra las organizaciones mafiosas. La lógica detrás de esta herramienta es directa: cortar las comunicaciones entre los líderes encarcelados y las estructuras criminales que permanecen operativas fuera de los recintos penitenciarios. En Chile, Kast ya había planteado estudiar esta alternativa durante una visita a Italia en febrero, bajo la idea de “recuperar el control de las cárceles”.

El 41-bis, conocido también como régimen de “cárcel dura”, contempla condiciones de aislamiento mucho más estrictas que las del sistema penitenciario ordinario. Entre sus principales características se encuentran hasta 21 horas diarias dentro de la celda, restricciones a las visitas y comunicaciones y un máximo de tres horas de salida al patio. La medida busca limitar los canales mediante los cuales los internos pueden transmitir órdenes, coordinar acciones o mantener vínculos con las organizaciones criminales que operan en el exterior.

La discusión no es solamente política. Durante un seminario realizado en la Universidad Diego Portales, donde se analizó la eventual aplicación de un sistema similar en Chile, Angela Della Bella, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Estatal de Milán, explicó el origen de la experiencia italiana. “La incapacidad del presidio ordinario para neutralizar la peligrosidad de los presos de la delincuencia organizada (italiana) era clara. La necesidad de romper los vínculos entre el preso y la asociación criminal exterior, para evitar que siguiera dando órdenes, es lo que llevó al nacimiento del régimen del 41 bis en Italia”.

En Chile, uno de los problemas que complejiza cualquier intento de trasladar este modelo es la propia estructura de las cárceles. El académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Mauricio Olavarría, advierte que durante décadas se ha desarrollado una cultura penitenciaria marcada por espacios colectivos de alta concentración de internos. “Esto ha llevado a que muchos internos vivan en los llamados ‘carretes’ o ‘piezones’, que son grandes espacios colectivos donde conviven decenas de personas”, describió.

Olavarría reconoce que la experiencia italiana “ha contribuido a limitar la capacidad operativa de las mafias y a reducir determinadas expresiones de violencia”, pero advierte que el modelo no puede entenderse como una fórmula definitiva. “No existe una solución definitiva. El crimen organizado es un fenómeno dinámico que permanentemente adapta sus estrategias frente a las medidas adoptadas por el Estado. En ese sentido, ninguna política constituye una respuesta permanente”, afirmó.

La eventual creación de un régimen de estas características abre así un debate que va más allá de aumentar el nivel de aislamiento de determinados presos. El desafío será determinar si Chile cuenta con la infraestructura, los mecanismos de control y las capacidades institucionales necesarias para evitar que los líderes del crimen organizado continúen operando desde las cárceles, sin convertir la política penitenciaria en una respuesta aislada frente a un fenómeno que cambia constantemente.

Para el académico de la Usach, esa es precisamente la principal incógnita. La “eficacia de cualquier modelo penitenciario sólo puede evaluarse con el paso del tiempo y a partir de su capacidad para adaptarse a una realidad criminal que también evoluciona de manera permanente”, concluyó Olavarría. La experiencia italiana puede servir como referencia, pero la discusión chilena recién comienza y tendrá que resolver cómo adaptar una herramienta nacida en el combate contra la mafia a las particularidades del crimen organizado local.

Chile completa 42 meses con una desocupación superior al 8%

El mercado laboral chileno continúa mostrando señales de fragilidad. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación alcanzó un 9,4% durante el trimestre abril-junio de 2026, manteniéndose sin cambios respecto del trimestre móvil anterior, pero aumentando 0,5 puntos porcentuales en comparación con igual período del año pasado. Con este resultado, el país acumula 42 meses consecutivos con un desempleo igual o superior al 8%, un escenario que refleja las dificultades para generar nuevos puestos de trabajo al ritmo que exige la economía.

Las cifras muestran que el crecimiento de la fuerza laboral continúa superando la capacidad del mercado para absorber nuevos trabajadores. Mientras las personas que buscan empleo aumentaron un 1,5% en doce meses, el número de ocupados solo creció un 0,9%. En paralelo, la cantidad de personas desocupadas se incrementó un 7,7%, consolidando una tendencia que mantiene la incertidumbre sobre la recuperación del empleo formal.

Para Víctor Silva, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, la explicación inmediata es clara. “La fuerza laboral, que es la gente que busca trabajo, creció más rápido que los puestos disponibles”. Sin embargo, advierte que el fenómeno responde a factores mucho más profundos que van más allá de las cifras coyunturales. A su juicio, el deterioro del escenario internacional, el aumento de los costos empresariales y una desaceleración sostenida de la actividad económica están configurando un entorno complejo para la contratación.

El especialista sostiene que uno de los principales detonantes proviene del contexto global. “El origen real tiene al menos tres capas”, afirmó, haciendo referencia al impacto del conflicto en Medio Oriente y al bloqueo del Estrecho de Ormuz sobre el mercado energético. Según explica, el aumento del precio internacional del petróleo elevó significativamente el costo de los combustibles en Chile, afectando tanto a los hogares como a las empresas. “Eso golpeó directamente el bolsillo. La bencina acumula un alza cercana al 27% en lo que va del año y el diésel sobre el 42%. El mecanismo que debería amortiguar ese golpe colapsó en marzo y produjo el mayor ajuste de combustibles desde 1973. Ese shock de costos se traduce en inflación importada, que en 12 meses ya llega a 4,3%”, explicó Silva.

A este escenario internacional se suman presiones internas que, según el académico, han elevado progresivamente el costo de operar para las empresas. Entre ellas menciona la aplicación del IVA a los servicios y el incremento gradual de la cotización adicional contemplada en la reforma previsional. “Desde 2023 rige en régimen la extensión del IVA a los servicios, una reforma que fue encareciendo de forma silenciosa buena parte del consumo de los hogares. Y desde agosto de 2025 comenzó a regir la cotización adicional de cargo del empleador de la reforma previsional”, señaló. En ese contexto, recuerda que el aporte patronal continuará aumentando en los próximos años, elevando el costo de contratar nuevos trabajadores.

Para Silva, estas condiciones generan un efecto directo sobre las decisiones de inversión y contratación de las empresas, especialmente en un escenario de menor dinamismo económico. “Es dinero que no toca el sueldo líquido del trabajador, pero sí encarece el costo de contratar, justo cuando las empresas ya venían conteniendo la contratación”, afirmó. De esta manera, el mercado laboral enfrenta el desafío de recuperar la creación de empleo en un contexto marcado por mayores costos, inflación persistente y un escenario internacional que continúa presionando la economía chilena.

Tradición, sabor y nutrición en el clásico que define la mesa chilena

Hay platos que sobreviven al paso del tiempo porque son mucho más que una receta. En Chile, la cazuela ocupa ese lugar privilegiado: un caldo humeante que mezcla carne, verduras y tradición en una preparación que atraviesa generaciones. No es casualidad que cada 30 de julio el país celebre el Día Nacional de la Cazuela, una fecha creada para reconocer uno de los mayores símbolos del patrimonio gastronómico nacional.

Para el historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Cristóbal García-Huidobro, el valor de este plato radica en que representa la identidad culinaria chilena desde su origen mestizo. “Toda la cocina chilena tiene identidad chilena. Lo que pasa es que nuestra cocina es mestiza. Es una cocina que mezcla elementos del viejo mundo, especialmente europeo, con elementos gastronómicos que son netamente americanos”. En esa combinación conviven ingredientes introducidos desde Europa, como la cebolla, el ajo o el apio, con productos originarios de América, como la papa o el pimentón, dando forma a una preparación que terminó convirtiéndose en un clásico de la cocina local.

Aunque hoy es considerada una receta profundamente chilena, sus raíces se remontan a antiguos guisos españoles. Según explica García-Huidobro, “la cazuela proviene de una serie de guisos y caldos españoles, como por ejemplo la olla podrida de Burgos, por la cantidad de ingredientes que tiene y nuestra versión es mucho más humilde y también mucho más campesina”. Con el paso de los siglos, la preparación fue adaptándose a los productos disponibles en cada territorio hasta consolidar una identidad propia, al mismo nivel que otras recetas tradicionales como el pulmay o el cocido valdiviano.

Esa capacidad de adaptarse explica también por qué la cazuela cambia según la región donde se prepare. En la zona central predominan las versiones con vacuno o pollo, mientras que en el sur es frecuente encontrar preparaciones con cordero. Más al norte aparecen variantes con cabrito e incluso existen recetas elaboradas con productos del mar. Para el historiador, estas diferencias responden tanto a la disponibilidad estacional de ingredientes como a las particularidades culturales de cada territorio, manteniendo intacta la esencia de un plato que ha sabido evolucionar sin perder su identidad.

Pero el atractivo de la cazuela no termina en la nostalgia. Desde el punto de vista nutricional, continúa siendo una de las comidas más completas de la cocina chilena. La nutricionista y académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Daniela González, explica que, independiente de si se prepara con ave o vacuno, “aporta proteínas, carbohidratos complejos y variedad de vegetales”. Además, destaca que “es un plato muy recomendable. Los carbohidratos complejos van liberando lentamente glucosa a la sangre, lo que permite evitar alzas bruscas de glicemia y mantener energía estable por más tiempo”.

La especialista agrega que una porción de cazuela puede aportar entre 300 y 500 calorías, dependiendo de su tamaño, mientras que la variedad de verduras presentes en el plato entrega fibra y antioxidantes esenciales para el organismo. “Dependiendo del tamaño de las porciones, puede aportar entre 300 y 500 calorías. Los vegetales aportan fibra y antioxidantes muy importantes para la prevención de enfermedades crónicas”. En tiempos donde la alimentación saludable gana protagonismo, la cazuela demuestra que la cocina tradicional también puede ser una aliada del bienestar, reafirmando por qué sigue siendo uno de los platos más queridos de la mesa chilena.

Santiago Centro cambia de rostro y deja atrás su pasado financiero

Durante años, el centro de Santiago estuvo dominado por bancos, oficinas y servicios financieros que marcaban el ritmo de la ciudad. Hoy, ese paisaje comienza a transformarse. Restaurantes, cafeterías, farmacias, ópticas, centros de salud, locales de cuidado personal y tiendas de vestuario están ocupando cada vez más espacio en el casco histórico, reflejando un cambio en la forma en que las personas viven y utilizan el corazón de la capital.

La tendencia fue identificada por el informe “High Street Santiago Centro 1S 2026”, elaborado por la consultora inmobiliaria CBRE, que evidencia una recuperación paulatina del comercio a nivel de calle. El estudio muestra que la tasa de desocupación de locales comerciales alcanzó un 12,48%, completando tres semestres consecutivos de descenso, una señal de reactivación que comienza a modificar la identidad urbana del sector.

Para Américo Ibarra, académico de la Universidad de Santiago y director del Instituto de Ambiente Construido de la misma casa de estudios, esta transformación responde a cambios estructurales que se aceleraron tras el estallido social y la pandemia. “La dinámica estructural de la actividad comercial actual, con menos bancos y más restaurantes, cafeterías, servicios de salud y comercio, refleja de manera evidente un cambio en la manera en que se habita el centro de Santiago”, sostuvo.

El especialista explica que el centro dejó de funcionar exclusivamente como un lugar destinado a realizar trámites para convertirse en un espacio donde convergen trabajadores, estudiantes, turistas y nuevos residentes que demandan servicios cotidianos. Según el académico, este fenómeno también se relaciona con el crecimiento de viviendas en algunos sectores, lo que impulsa una mayor necesidad de comercio, alimentación y atención de salud en el día a día. “El espacio deja de ser principalmente un lugar de trámites y servicios financieros para convertirse en un entorno de consumo, encuentro y vida diaria. Esto sugiere que el centro está transitando hacia un modelo más vinculado a la experiencia urbana”, afirmó.

Sin embargo, la recuperación no ocurre de manera uniforme. Mientras barrios como Lastarria, Bellas Artes y el entorno de Plaza de Armas muestran una revitalización impulsada por la gastronomía, la cultura y el turismo, otros sectores continúan enfrentando importantes dificultades. Problemas como la inseguridad, el comercio informal y la falta de inversión siguen afectando zonas como barrio Mapocho y algunos tramos de la Alameda, donde el flujo de peatones y la llegada de nuevos negocios todavía no logra consolidarse.

Pensando en el futuro, Ibarra sostiene que uno de los grandes desafíos será extender la vida del centro más allá del horario laboral. “Sería deseable que las condiciones ambientales y de seguridad que ofrece el centro de Santiago permitan modificar sus horarios de funcionamiento, de modo que sea posible recuperar los tradicionales funcionamientos de restaurantes y cafeterías con actividad en la tarde y noche”, señaló. Para el académico, fortalecer la seguridad y recuperar la actividad nocturna será clave para consolidar un centro más dinámico, diverso y conectado con las nuevas formas de habitar la ciudad.

El debate sobre el trabajo sexual vuelve al centro de la discusión desde la justicia social

El trabajo sexual sigue siendo uno de los temas más controvertidos dentro de las discusiones sobre derechos, feminismo y políticas públicas. Ahora, una nueva investigación publicada en Humanities & Social Sciences Communications, de Nature Portfolio, vuelve a instalar el debate desde otra perspectiva. El artículo “Towards Multidimensional Justice for Sex Workers: Redistribution, Recognition, and Participation”, del profesor Pablo Aguayo-Westwood, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, propone analizar la regulación del trabajo sexual utilizando un marco de justicia social que va más allá de la clásica dicotomía entre prohibición y legalización.

El estudio se basa en la teoría de la filósofa estadounidense Nancy Fraser, quien plantea que la justicia debe abordarse desde tres dimensiones: redistribución económica, reconocimiento social y participación política. A partir de ese enfoque, Aguayo-Westwood sostiene que la discusión no puede reducirse a posturas absolutas, sino que debe considerar las condiciones materiales y sociales que enfrentan quienes ejercen esta actividad. “No es que uno promueva el trabajo sexual, que es la crítica habitual. No creo que alguien quiera promoverlo. Lo que uno busca, a largo plazo, es que deje de existir. Sin embargo, en lo inmediato, la mejor respuesta no es prohibirlo ni castigarlo, porque eso termina generando una doble victimización de la trabajadora sexual, que ya es víctima de condiciones iniciales de desigualdad material y económica”, explica.

El académico señala que la investigación surge también desde el diálogo con organizaciones y sindicatos de trabajadoras sexuales, experiencia que modificó su propia mirada sobre el tema. En lugar de defender una posición cerrada, el artículo expone las fortalezas y limitaciones de los distintos modelos regulatorios existentes y plantea que las políticas públicas deben construirse escuchando a las propias personas involucradas en el debate.

Uno de los ejes centrales de la investigación cuestiona la idea de que el trabajo sexual constituye una excepción dentro de los empleos marcados por la precariedad económica. Aguayo-Westwood sostiene que muchas ocupaciones desarrolladas por personas de la clase trabajadora también están condicionadas por la falta de alternativas, especialmente en el caso de las mujeres. Esa comparación abre una discusión sobre las desigualdades estructurales que atraviesan múltiples formas de trabajo y sobre por qué el juicio social suele concentrarse exclusivamente en el trabajo sexual.

El estudio también analiza las consecuencias que tiene la criminalización de esta actividad. “Cuando está prohibido el trabajo sexual, las condiciones de precariedad del ejercicio son peores que cuando está permitido”. Según el investigador, la prohibición dificulta el acceso al sistema financiero, al arriendo de espacios de trabajo, a la organización sindical y a mecanismos de protección social, mientras que también fortalece la presencia de redes de explotación y crimen organizado.

Finalmente, el artículo aborda las diferencias que existen dentro del propio feminismo respecto a este tema, alejándose de la idea de que existe una única postura. “Mi interés también ha sido mostrar que dentro del feminismo hay diferentes posiciones, no hay un feminismo, hay varios feminismos, y en esta variedad también hay diferentes posiciones sobre el debate”. Con un proyecto legislativo que permanece estancado desde hace más de una década en Chile, la investigación busca aportar nuevos elementos para una conversación que continúa abierta y que cruza derechos humanos, igualdad, autonomía y justicia social.

BTS reabre el debate sobre si el Estadio Nacional puede soportar un show de esta magnitud

Los tres conciertos que BTS agendó para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026 en Santiago no solo marcaron el esperado regreso del fenómeno global del K-pop a Chile. Con todas las entradas agotadas para el coliseo central del Estadio Nacional, el montaje de la gira también abrió una intensa discusión sobre los límites de la infraestructura deportiva del principal recinto del país y si realmente está preparado para recibir un espectáculo de semejante escala.

La polémica comenzó luego de que la ministra del Deporte, Natalia Duco, manifestara reparos al uso del estadio debido al impacto que tendría un escenario en formato 360°, cuyo peso bordea las 600 toneladas, sobre el césped híbrido y el sistema de la cancha. La decisión provocó la reacción inmediata de las ARMY chilenas, quienes realizaron manifestaciones tanto en las inmediaciones del Estadio Nacional como frente al Palacio de La Moneda. Mientras tanto, la productora DG Medios defendió que el evento fue planificado respetando todos los protocolos técnicos establecidos.

En ese escenario, Fernando Ibáñez, ingeniero civil en Obras Civiles y académico de la Universidad de Santiago, sostuvo que el verdadero problema no radica únicamente en el césped, sino en la capacidad estructural del terreno. “El recinto no está capacitado para un montaje de las características que tiene la actual gira de BTS, principalmente porque su carpeta protectora actual no es removible (como sí lo es el sistema Portagrass Sport Turf)”. El especialista recordó además el histórico concierto de U2 en 2011, cuando el escenario “La Garra”, de unas 1.200 toneladas, dejó importantes daños estructurales en la cancha del recinto deportivo.

Según el académico, el riesgo más importante se encuentra bajo la superficie. “El pasto, en sí mismo, no es el problema. Aquí la dificultad radica en la capacidad del soporte del suelo. Ningún terreno de juego está diseñado de forma natural para resistir cargas industriales concentradas durante varios días”, explicó. Incluso utilizando carpetas protectoras para distribuir el peso, advirtió que la ausencia de luz, oxígeno y la presión constante terminan deteriorando el césped y afectando el sistema de drenaje, dejando la cancha temporalmente inutilizable para la actividad deportiva.

Para reducir ese impacto, el especialista sostiene que la organización debe contemplar una logística extremadamente rigurosa, considerando estudios previos de carga, distribución uniforme del peso mediante estructuras especiales, rutas exclusivas para el ingreso de maquinaria pesada, desmontajes escalonados y una recuperación agronómica inmediata del terreno una vez finalizados los conciertos. Todo ello busca minimizar el daño sobre una superficie que fue diseñada prioritariamente para la práctica del fútbol profesional.

Ibáñez advierte que el factor tiempo será determinante para el futuro del recinto. “El tiempo total de permanencia del escenario (contando la logística completa del montaje, shows y desmontaje) debe ser, máximo, de 3 a 4 días. Superar este plazo garantiza daños severos e irreversibles en el ecosistema del campo de juego, lo que obligaría a una resiembra total y al cierre prolongado del estadio”. Así, mientras miles de fanáticos esperan volver a ver a BTS en Chile, el debate también pone sobre la mesa cómo compatibilizar espectáculos de talla mundial con la conservación de una de las infraestructuras deportivas más importantes del país.

El impuesto que busca frenar el auge del vapeo

El avance de los cigarrillos electrónicos volvió a instalarse en el centro de la discusión pública. Luego de que se conociera que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda trabajan en una propuesta para aplicar un impuesto específico a los vapeadores y equiparar su carga tributaria con la del tabaco, especialistas de la Universidad de Chile sostienen que la discusión va mucho más allá de la recaudación fiscal: se trata de una medida con impacto directo en la salud de las futuras generaciones.

Aunque durante las últimas décadas Chile logró reducir de manera sostenida el consumo de cigarrillos gracias a políticas como el aumento de impuestos, las restricciones publicitarias y los espacios libres de humo, la irrupción de los vapeadores ha cambiado el escenario. Comercializados como una alternativa de menor riesgo para fumadores adultos, estos dispositivos han ganado terreno entre adolescentes y jóvenes, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica debido a la creciente evidencia sobre su potencial para generar dependencia e incluso facilitar el paso al consumo de cigarrillos convencionales.

Para Verónica Iglesias Álamos, académica del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e investigadora del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN), el foco debe estar puesto en las consecuencias sanitarias de largo plazo. “Esta medida no debe evaluarse únicamente por sus efectos económicos, sino también por su capacidad para prevenir futuras enfermedades asociadas a la adicción de la nicotina y a la exposición a aerosoles potencialmente dañinos para la salud”, afirma.

Uno de los aspectos que más inquieta a los especialistas es que los daños asociados al vapeo no siempre aparecen de inmediato. Marco Cornejo Ovalle, director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, advierte que “Uno de los principales desafíos es que los efectos crónicos derivados de estas exposiciones no se hacen visibles de inmediato”. Esa latencia, explican los expertos, dificulta dimensionar el impacto real de estos productos, ya que enfermedades respiratorias graves como el cáncer de pulmón o la EPOC pueden manifestarse décadas después de la exposición.

La evidencia internacional también respalda el uso de impuestos como una herramienta para reducir el consumo juvenil. Organismos como la Organización Mundial de la Salud consideran el incremento de precios una de las medidas más efectivas para disminuir el acceso de adolescentes a productos con nicotina. En Chile, el debate adquiere una dimensión adicional luego de la entrada en vigencia de la Ley 21.642, que reguló los dispositivos electrónicos con y sin nicotina, aunque manteniendo un límite máximo de concentración superior al permitido en la Unión Europea. Los especialistas advierten, además, que incluso los vapeadores sin nicotina exponen a los usuarios a aerosoles potencialmente dañinos y contribuyen a normalizar su consumo entre los más jóvenes.

Más allá de la discusión tributaria, el mundo académico plantea que el desafío es proteger a una generación que creció rodeada de nuevos formatos de consumo. Para Iglesias, la responsabilidad del Estado es clara: “Proteger a niños, niñas y adolescentes frente a productos que generan dependencia o que los exponen a riesgos para la salud cuyos efectos pueden manifestarse años más tarde no es una restricción a la libertad individual, sino una obligación ética”. En ese contexto, gravar los vapeadores aparece no solo como una política económica, sino como una estrategia de prevención que busca evitar que la próxima crisis sanitaria se esté gestando, silenciosamente, entre nubes de vapor.