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Combinación entre Paracetamol y redes sociales preocupa a los expertos

La lógica de internet vuelve a tensionar los límites entre juego y riesgo. Hace algunos días, un nuevo desafío viral comenzó a circular entre adolescentes, encendiendo las alarmas de madres, padres y autoridades sanitarias en Chile. La consigna, tan simple como peligrosa, propone consumir altas dosis de paracetamol con el objetivo de provocar hospitalizaciones, una práctica que rápidamente escaló desde pantallas a conversaciones familiares y protocolos de emergencia.

La reacción no se hizo esperar. Desde el Ministerio de Salud se activó una campaña preventiva para advertir sobre los riesgos de este tipo de conductas, en un escenario donde las redes sociales amplifican dinámicas que, lejos de ser inofensivas, pueden tener consecuencias graves e incluso irreversibles. El fenómeno vuelve a instalar una pregunta incómoda pero urgente sobre el consumo digital adolescente y la forma en que se validan ciertos comportamientos en comunidades online.

En este contexto, entender qué está en juego resulta clave. El paracetamol, uno de los medicamentos más comunes en los hogares, es utilizado habitualmente para tratar el dolor y la fiebre tanto en adultos como en niños. Su accesibilidad y aparente inocuidad lo convierten en un fármaco de uso cotidiano, pero esa misma familiaridad es la que hoy se transforma en un factor de riesgo cuando se pierde la noción de sus límites.

El toxicólogo y académico de la Universidad de Santiago, Leonel Rojo, advierte con claridad sobre el impacto del sobreconsumo. “El principal riesgo es la toxicidad hepática. Este fármaco se transforma químicamente por la acción de las enzimas del hígado en un compuesto altamente tóxico que daña a las células de dicho órgano”, señala. La advertencia no es menor: el hígado, órgano clave en el metabolismo del cuerpo, puede sufrir daños severos que en casos extremos derivan en fallas hepáticas.

Las dosis, en este escenario, dejan de ser un detalle técnico para convertirse en una frontera crítica. Según explica el especialista, “en términos generales llegan hasta 1 gramo cada ocho horas. Ahora, esa norma es muy variable ya que no considera los problemas hepáticos o la variación genética que puedan tener cada uno de los pacientes”. Por eso, insiste en un margen más conservador: “la dosis más sabia es de 3 gramos al día y, desde ahí, detener el consumo e ir a un centro médico para analizar las razones del malestar que pueda estar afectando a una persona”.

Lo inquietante es que este tipo de desafíos no operan desde el desconocimiento total, sino desde una mezcla de curiosidad, presión social y validación digital. En ese cruce, el medicamento deja de ser una herramienta terapéutica para transformarse en un instrumento de riesgo. Rojo lo resume con una advertencia que apunta tanto a jóvenes como a su entorno cercano: “el paracetamol resulta un medicamento muy seguro”, pero solo cuando se utiliza correctamente.

El llamado final es directo y apunta a una cultura que ha normalizado la automedicación. “En general, la gente se automedica mucho en Chile y la recomendación es que las personas, si se sienten enfermas o con alguna dolencia, consulten a un médico o a un químico farmacéutico. No usen fármacos por recomendación de amigos o familiares ya que todos los medicamentos, sin las dosis justas, son veneno”, concluye. En tiempos donde un trend puede viralizarse en segundos, recuperar el respeto por los medicamentos no es solo una recomendación médica, sino una urgencia social.

El CAE se desmorona entre morosos y promesas incumplidas

En Chile, la deuda universitaria dejó de ser solo un problema financiero para convertirse en un síntoma estructural. Un nuevo estudio sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) revela una postal incómoda: las comunas más vulnerables concentran los mayores niveles de mora, pero el incumplimiento no distingue clase social. Incluso en sectores acomodados de Santiago, como Vitacura o Las Condes, el pago apenas supera el 50%, tensionando el relato meritocrático que históricamente ha sostenido este sistema.

El informe, titulado “Beneficiarios CAE: Egresos, Pagos y Sostenibilidad del Sistema”, fue desarrollado por académicos de la Universidad de Santiago de Chile y se basa en datos de la Comisión Ingresa correspondientes a 2023. La muestra abarca a más de 635 mil beneficiarios, lo que representa el 78% del total de deudores. De ellos, poco más de 507 mil lograron egresar, mientras que cerca de 128 mil abandonaron sus estudios. Pero el dato más duro aparece después: solo un 43% de los egresados está al día o ha saldado su deuda, mientras que un 40% ya cayó en garantía ejecutada, es decir, el Estado tuvo que pagar por ellos tras reiterados incumplimientos.

El mapa de la deuda dibuja una concentración clara. La Región Metropolitana lidera con un 42% de los casos de garantía ejecutada, seguida por Biobío y Valparaíso. Juntas, estas tres regiones acumulan el 68% del total. A nivel comunal, el patrón se intensifica en territorios históricamente golpeados por la desigualdad: La Pintana encabeza con un 43%, seguida por comunas como Cerro Navia, Lo Espejo o San Ramón. Sin embargo, el fenómeno también alcanza a zonas de mayores ingresos, donde Ñuñoa y Providencia registran un 33% de deuda asumida por el Estado, mientras que Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura tampoco quedan fuera del problema.

El diagnóstico es directo y cuestiona uno de los pilares del modelo educativo chileno. “Se podría afirmar preliminarmente que, para los quintiles de menores ingresos, el crédito CAE puede no haber sido un mecanismo efectivo de movilidad social”, advierten los autores del estudio. La promesa de ascenso social a través de la educación superior, financiada vía deuda, parece haberse fracturado en la práctica.

El contexto político le agrega presión al debate. El Presidente José Antonio Kast anunció la reactivación de los cobros del CAE, buscando reforzar la responsabilidad de pago en un sistema que lleva años acumulando tensiones. Desde el Ejecutivo, el diagnóstico es autocrítico. “Desde 2017 no se han iniciado acciones de recuperación”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El resultado es explosivo: la morosidad pasó de $500 mil millones en 2017 a cerca de $4 billones en la actualidad.

Desde el mundo académico, la discusión ya no es solo técnica, sino estructural. Víctor Salas, economista de la Usach y uno de los autores del estudio, plantea sin rodeos: “Nosotros estamos permanentemente trabajando con estos datos hace un par de años y los hemos ido actualizando. Partimos el 2023 revisando la situación del CAE, cuando ya comenzaba a discutirse una propuesta desde el gobierno. Fuimos invitados al Ministerio de Educación a analizar alternativas como el FES, y desde entonces los datos nos han mostrado que la situación del CAE es insostenible. Yo creo que hay que cerrarlo”.

La crisis, sin embargo, no se limita a quienes no pueden pagar. También alcanza a quienes sí podrían hacerlo, pero no lo hacen. “Hay personas con capacidad de pago que se acogieron a la expectativa de condonación que existía hace algunos años, lo que generó una respuesta negativa en términos de cumplimiento”, sostiene Salas. En paralelo, el académico Mario Sobarzo va más allá y cuestiona la raíz del sistema: “El sistema no es bueno, siempre ha sido malo, tiene un costo muy alto para el país, las familias y además genera un gasto. Y la verdad es que el FES también era una solución bastante parche porque no abordaba las problemáticas de fondo de lo que era el sistema de financiamiento de la educación pública en Chile”.

Lo que queda es una sensación transversal de agotamiento. El CAE ya no solo arrastra cifras rojas, sino también una crisis de legitimidad. Entre deudas impagas, expectativas incumplidas y un modelo que no logra sostenerse, la pregunta ya no es si el sistema necesita cambios, sino cuánto tiempo más puede seguir funcionando antes de colapsar definitivamente.

Desabastecimiento de antipsicótico enciende alertas por continuidad de tratamiento

El retiro de lotes del medicamento Modecate encendió una señal de alerta en el sistema de salud chileno. La medida se adoptó luego de detectarse partículas en suspensión en el fármaco durante febrero, situación que motivó una advertencia del Instituto de Salud Pública y el posterior retiro del producto elaborado por la empresa Ethon Pharmaceuticals SpA. El resultado inmediato fue un desabastecimiento que podría extenderse hasta junio, afectando a pacientes que dependen del medicamento para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos crónicos.

El impacto se vuelve más sensible considerando el tipo de fármaco involucrado. El psiquiatra y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Pedro Lucero, explicó que “el Modecate es un antipsicótico inyectable, de acción prolongada, y cuyo principio activo es la flufenazina. Se utiliza principalmente en personas con esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, especialmente cuando se quiere asegurar una buena adherencia al tratamiento”. Al tratarse de un medicamento de depósito, su administración permite mantener niveles estables durante varias semanas, reduciendo el riesgo de recaídas y descompensaciones clínicas.

El especialista subraya que su uso no se limita únicamente a la esquizofrenia. “También, puede utilizarse en otros trastornos psicóticos crónicos, como algunos de características delirantes o con síntomas psicóticos persistentes, siempre bajo supervisión médica”. En Chile, este tratamiento forma parte de las prestaciones cubiertas por el sistema de Garantías Explícitas en Salud, lo que amplía su alcance dentro de la red pública. Por eso, el quiebre de stock genera preocupación entre equipos médicos y pacientes que dependen de su aplicación periódica.

La falta del medicamento no es un problema menor. Lucero advierte que la interrupción del tratamiento puede desencadenar la reaparición de síntomas. “la reaparición de síntomas como ideas delirantes, alucinaciones o la desorganización del pensamiento”. El especialista agrega que estas situaciones pueden escalar rápidamente. “Esto puede traducirse en una descompensación clínica, que en algunos casos puede requerir de atenciones de urgencia o, incluso, hospitalización”. Considerando que el efecto del fármaco se prolonga entre 21 y 28 días, cualquier retraso en su aplicación aumenta la vulnerabilidad de los pacientes.

A pesar del escenario, el experto llama a la calma y señala que existen alternativas terapéuticas disponibles. “hoy contamos con alternativas terapéuticas y los esfuerzos de la red de salud están enfocados en evitar vacíos de tratamiento y mantener a los pacientes estables”. Estos reemplazos corresponden a antipsicóticos de acción prolongada que cumplen una función similar y permiten sostener la estabilidad clínica mientras se normaliza el abastecimiento. “Desde el Ministerio de Salud se han definido opciones terapéuticas disponibles para el remplazo mientras se normaliza el abastecimiento”, sostuvo el académico.

El origen del desabastecimiento también refleja una fragilidad estructural del sistema farmacéutico. Lucero explica que la producción del medicamento depende de pocos fabricantes a nivel internacional. “esto se debe a una combinación de factores. Por un lado, se trata de un fármaco antiguo y de bajo costo, por lo que su producción es realizada por pocos laboratorios a nivel internacional. Y esto hace que el sistema se haga más vulnerable, ya que si uno de los proveedores tiene un problema, el impacto se sentirá más rápido”. La dependencia de un número limitado de proveedores aumenta el riesgo de interrupciones en tratamientos sensibles.

El especialista insiste en que el principal riesgo surge cuando los pacientes intentan reemplazar el medicamento por cuenta propia. “Estos procedimientos deben ajustarse de manera individual, considerando dosis, tiempos y posibles efectos adversos”. La automedicación, advierte, puede agravar el escenario clínico. “Si alguien intenta hacer un reemplazo del remedio sin supervisión médica puede exponerse a una falta de efecto, a una descompensación o a efectos secundarios innecesarios”.

En ese contexto, la recomendación es mantener contacto con los equipos de salud para evaluar alternativas seguras. “ya que existen alternativas seguras y una indicación definida para hacer cambios de manera adecuada”. Mientras el abastecimiento se normaliza, la continuidad terapéutica dependerá de la coordinación entre especialistas, centros de salud y pacientes que requieren este tipo de tratamientos de larga duración.

Codelco y la academia apuestan por cobre de pureza extrema

Chile vuelve a redefinir su relación histórica con el cobre, esta vez mirando más allá de la exportación tradicional y apostando por la ciencia aplicada y la tecnología de alto impacto. Codelco, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso de la Universidad Técnica Federico Santa María, el Instituto Milenio SAPHIR y la Universidad Andrés Bello firmaron un Memorándum de Entendimiento que busca establecer una colaboración estratégica para el desarrollo y aplicación de cobre de muy alta pureza, un material clave para industrias y proyectos científicos de escala global.

El acuerdo apunta a coordinar capacidades técnicas y científicas para explorar la producción de cobre “oxygen-free” (OF/OFE), con niveles de pureza iguales o superiores al 99,9995%. Se trata de un estándar que abre la puerta a usos altamente especializados, donde la mínima impureza puede afectar el funcionamiento de sistemas críticos. Junto con ello, el Memorándum propone una ruta gradual para enfrentar la complejidad asociada a la manufactura de piezas y componentes elaborados a partir de este tipo de cobre, integrando conocimiento académico, experiencia industrial y una visión de largo plazo.

Las instituciones firmantes pondrán sobre la mesa sus capacidades en ciencia, ingeniería y manufactura avanzada para definir prototipos, cronogramas y modelos de financiamiento, resguardando al mismo tiempo el manejo de la propiedad intelectual que pueda surgir del proceso. En este engranaje, Codelco Ventanas tendrá un rol protagónico al explorar alternativas tecnológicas para obtener cobre OF/OFE a partir de cátodos grado A, además de participar en la definición de estándares de calidad, certificaciones y especificaciones de producto con potencial aplicación en sectores como energía, electrónica avanzada e infraestructuras tecnológicas de alta complejidad.

“Este memorándum es coherente con la calidad de nuestros cátodos y con el valor estratégico que tiene el cobre refinado de alta pureza para el país. Como División Ventanas, asumimos con orgullo el desafío de aportar al desarrollo de investigación aplicada y a la exploración de nuevos productos”, señaló Ricardo Weishaupt, gerente general de Codelco Ventanas, subrayando la relevancia de avanzar hacia una minería que agregue valor y conocimiento.

Uno de los elementos más simbólicos y estratégicos del acuerdo es el destino potencial de este cobre de altísima pureza. El material podría ser utilizado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, el principal centro mundial de investigación en física de partículas. La incorporación de Chile a esta red, que reúne a más de 23 Estados miembros y decenas de organizaciones asociadas, representa un paso decisivo para posicionar al país en la gran ciencia internacional y fortalecer su desarrollo tecnológico.

Desde el Estado, el Ministerio de Ciencia asumirá un rol articulador para asegurar que esta colaboración se mantenga alineada con las políticas nacionales en ciencia, tecnologías emergentes, minería y manufactura avanzada. “Tenemos la convicción de que el crecimiento económico y social se construye cuando la ciencia dialoga con las necesidades del país. Por eso, lo que estamos construyendo aquí es una hoja de ruta para que Chile no sólo participe de la gran ciencia, sino que transforme ciencia de frontera en desarrollo productivo, empleo de calidad e innovación con impacto real en la vida de las personas. Entendemos el vínculo con el CERN no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para fortalecer nuestro desarrollo, articulando Estado, academia e industria, con estándares, evidencia y resultados verificables”, destacó el ministro Aldo Valle Acevedo.

Las universidades e institutos científicos involucrados aportarán capacidades en ingeniería, simulación, diseño, prototipado, metrología e investigación aplicada, además de integrar a estudiantes y profesionales mediante tesis, pasantías y actividades formativas. Para el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Juan Yuz, el acuerdo marca un hito tanto para el país como para la academia. “Hoy se concreta este proyecto de poder producir cobre de altísima pureza para aplicaciones con el CERN, pero que abre una batería de oportunidades para el desarrollo nacional y de nosotros como Universidad. Estamos felices de contribuir a ese rol, a esa historia de éxito y poner en valor las capacidades que hay en la Universidad y también asociadas a la formación de capital humano, desde el nivel técnico hasta el doctorado”.

El Memorándum de Entendimiento tendrá una duración inicial de dos años, periodo en el cual se definirán las iniciativas específicas que permitan materializar esta visión. Para Codelco, el desafío es tanto tecnológico como estratégico. “Esto implica que nos vamos a poner a trabajar con mucha energía y con mucha fuerza en desarrollar un proceso que nos permita, a partir del cobre que refina División Ventanas, producir este cobre libre de oxígeno, que nos va a abrir oportunidades de mercado y usos de cobre distintos a los que tiene actualmente”, explicó Felipe Lagno, Gerente Corporativo de Innovación y Tecnología de la estatal.

Más allá de los plazos, el acuerdo deja una señal clara sobre el rumbo que busca tomar Chile: pasar de ser un país exportador de materias primas a uno capaz de transformar sus recursos naturales en conocimiento, innovación y tecnología de clase mundial.

El dólar pierde fuerza y abre un verano de oportunidades e incertidumbre

El dólar arrancó el año con una señal inesperada para los mercados: una tendencia a la baja que no pasó desapercibida ni para inversionistas ni para quienes miran el tipo de cambio pensando en vacaciones, ahorro o consumo. Durante enero, la divisa estadounidense cayó con fuerza y llegó a tocar los $875, su nivel más bajo desde el 20 de diciembre de 2023, para luego seguir deslizándose hasta bordear actualmente los $865. Un movimiento que, más allá de lo local, se conecta con un escenario global cada vez más volátil.

Entre los factores que explican este retroceso aparece un nombre que nunca está lejos de la polémica. Los recientes anuncios de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, especialmente su insistencia en adquirir Groenlandia, han sido leídos por diversos analistas como una señal más de incertidumbre política y económica a nivel internacional. Esa incertidumbre, paradójicamente, ha terminado debilitando al dólar en los mercados globales, afectando de rebote su valor en economías abiertas como la chilena.

“La tendencia a la baja del dólar en Chile en el último mes se explica principalmente por la debilidad que presenta en términos globales la divisa de Estados Unidos y también, claro, por el alto nivel de precios que ha logrado en este periodo el cobre”, indicó Víctor Salas, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Santiago. El diagnóstico apunta a un fenómeno doble: un dólar menos atractivo como refugio y un cobre que vuelve a posicionarse como protagonista.

Según el académico, esta debilidad se refleja con claridad en los indicadores internacionales. “Respecto de la debilidad del dólar, observamos que el dólar index, que mide justamente la potencia del dólar en el mundo, ha llegado hasta 96,9 puntos mínimos en los últimos cuatro meses en Estados Unidos, por la apreciación de otras monedas como el yen”. Un dato que confirma que el retroceso no es exclusivo de Chile, sino parte de un ajuste mayor en el tablero financiero global.

En paralelo, los capitales están buscando nuevas anclas de seguridad. “El aumento de la incertidumbre mundial hace que los inversionistas financistas busquen refugio y el dólar hoy no es un refugio. En cambio, esta situación ha hecho subir el precio del oro de nuevo en estos días sobre 5.000 dólares la onza. También ha subido la plata”, afirmó Salas. El mensaje es claro: el miedo se mueve y el dinero lo sigue.

En el plano local, el impacto es directo y se siente con fuerza en el principal commodity chileno. “Lo más relevante es que este factor de riesgo y respuestas financieras ha hecho subir el precio del cobre y lo mantiene en niveles sobre 6 dólares la libra de cobre. Esto significa que se espera que aumente la oferta de dólares en el mercado cambiario nacional, lo que hace que nuestra moneda se aprecie respecto del dólar y llegue a estar como está hoy en 870,71 pesos el dólar”. Más cobre, más dólares circulando y un peso que gana oxígeno.

La gran pregunta, sin embargo, sigue abierta: ¿es este un buen momento para comprar dólares o invertir? Pensando en el verano, las vacaciones y las decisiones financieras de corto plazo, Salas pone paños fríos al entusiasmo. “La perspectiva de que estos precios del dólar duren mucho dependerá de que se despejen los niveles de incertidumbre en la economía mundial, lo que puede durar algunos meses. Mientras tanto, para aquellos que les interese hacer apuestas y estén dispuestos a esperar precios más altos en el mediano plazo, deberán, claro, salir a comprar dólares a este precio tan bajo. Creo que no va a seguir bajando tanto, digamos, más allá de 860 pesos por dólar”.

El dólar, como siempre, se mueve entre la economía dura y el pulso político global. En ese vaivén, Chile observa, calcula y decide, sabiendo que cada peso que sube o baja también refleja un mundo que sigue lejos de encontrar estabilidad.

El lado oscuro del fuego en Chile

Los incendios forestales que azotaron recientemente a la Región del Biobío no solo dejaron un saldo devastador en términos materiales y humanos —con miles de viviendas destruidas y, hasta ahora, 21 víctimas fatales—, sino que también abrieron una discusión incómoda pero necesaria sobre las causas que están detrás de estas tragedias. Hace unos días, el gobernador regional Sergio Giacaman fue claro al señalar que los antecedentes técnicos apuntan a un comportamiento inusual del fuego, con focos simultáneos y una propagación acelerada, descartando de plano la casualidad y afirmando que el origen de la emergencia fue intencional.

La autoridad fue más allá y puso sobre la mesa la responsabilidad humana, planteando un escenario que incomoda tanto como preocupa. “Yo no tengo ninguna duda de que en este caso existe responsabilidad de personas que, no sé con qué fin —pueden ser enfermos pirómanos o incluso algún tipo de organización—, quisieron generar daño”, declaró Giacaman, instalando una pregunta clave: ¿qué lleva a una persona a prender fuego, aun sabiendo las consecuencias devastadoras que puede provocar?

Desde la psiquiatría, el fenómeno de la piromanía ofrece algunas respuestas, aunque lejos de simplificar el problema. El psiquiatra Pedro Lucero, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach, explica que no se trata de un perfil psicológico único o fácilmente identificable. “Más que una personalidad típica, hablamos de alguien con una gran dificultad para controlar impulsos, que siente una tensión creciente antes de prender fuego y luego un alivio o sensación de placer al hacerlo”, señala el especialista, subrayando que el acto responde a una lógica emocional intensa y desregulada.

Lucero agrega que, en muchos casos, existe una fascinación por el fuego desde edades tempranas, la que suele coexistir con otros factores de riesgo. Trastornos de personalidad, consumo de sustancias o antecedentes de violencia aparecen con frecuencia en la historia de estas personas, configurando un escenario complejo donde el incendio no es un hecho aislado, sino la expresión de conflictos más profundos. Desde la psiquiatría forense, además, se advierte que no todos los incendios intencionales responden a la misma motivación. “Es importante diferenciar la piromanía propiamente tal de otros incendios intencionales que tienen motivaciones económicas, ideológicas o de encubrimiento”, precisa el académico.

En el caso específico de la piromanía, el fuego no es un medio para lograr otra cosa: es el objetivo en sí mismo. “En la piromanía el fuego no es un medio para otra cosa, es el fin en sí mismo. Les atrae la intensidad del fuego, la sensación de poder y control, y el ‘espectáculo’ que se genera alrededor: sirenas, bomberos, noticias”, explica Lucero. El incendio se convierte así en una escena cargada de simbolismo, donde destrucción y visibilidad se entrelazan.

El relato de quienes padecen este trastorno suele repetirse con matices similares. “Muchos describen que se sienten tensos o vacíos antes, y que el incendio les produce alivio o excitación”, afirma el psiquiatra. A esto se suma un componente simbólico potente: el fuego como transformación, como ruptura, como una forma extrema de llamar la atención o de canalizar rabias y vacíos profundos. Desde fuera puede parecer un acto irracional e incomprensible, pero para quien lo ejecuta existe una coherencia emocional interna que no puede ser ignorada si se busca prevenir la reincidencia.

La piromanía, además, no afecta de manera homogénea a la población. Según Lucero, se trata de un trastorno del control de los impulsos que aparece predominantemente en hombres, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, etapas en las que el control inhibitorio aún está en desarrollo. En edades más avanzadas, cuando este tipo de conductas emerge, suele estar asociado a otros cuadros, como el consumo problemático de alcohol o trastornos neuropsiquiátricos, lo que complejiza aún más su abordaje.

Frente a este escenario, la pregunta por el tratamiento es inevitable. ¿Es posible que una persona con piromanía cambie su conducta? Para el académico de la Usach, la respuesta es cautelosa pero clara. “Puede disminuir mucho el riesgo, pero requiere un trabajo largo y estructurado”, señala, destacando que el tratamiento combina psicoterapia orientada al control de impulsos, comprensión de los factores gatillantes y, en algunos casos, apoyo farmacológico. Todo esto, advierte, debe darse bajo supervisión y con límites claros del entorno, especialmente cuando existen responsabilidades penales de por medio.

En esa línea, Lucero enfatiza que tratamiento no es sinónimo de impunidad. “La responsabilidad penal se evalúa caso a caso. Lo ideal es que el abordaje combine sanción, tratamiento y seguimiento, porque solo castigar sin intervenir el problema de fondo aumenta el riesgo de reincidencia, especialmente en conductas tan graves como los incendios forestales”, concluye. Una reflexión que cobra especial relevancia en un país donde el fuego, cada verano, vuelve a recordarnos que detrás de las llamas no solo hay sequía y viento, sino también decisiones humanas que no pueden seguir siendo ignoradas.

Casas bajo presión térmica en un Chile cada vez más caliente

El calor dejó de ser una excepción para transformarse en una constante. Así lo confirma la Dirección Meteorológica de Chile, que proyecta para el primer trimestre de 2026 temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del país, con episodios de calor más frecuentes e intensos. Un escenario que no solo redefine los veranos, sino que también tensiona el consumo energético de los hogares, cada vez más dependientes de ventiladores y aire acondicionado para sobrevivir a jornadas extremas.

El impacto ya comienza a sentirse en las cuentas de la luz. De acuerdo con estimaciones del Centro Tecnológico Kipus de la Universidad de Talca, el uso intensivo de equipos de climatización podría generar hasta un 85% más de consumo energético durante los meses más calurosos del año. Una cifra que prende alertas en un contexto de alza sostenida de tarifas eléctricas y de una crisis climática que empuja a repensar cómo habitamos nuestras viviendas.

En ese marco, el foco empieza a desplazarse desde la climatización artificial hacia el acondicionamiento térmico de los hogares. Para Mauricio Medina, experto técnico de Poweroof, la clave está en atacar el problema desde su origen. Preparar las viviendas frente al aumento de temperaturas y radiación permite reducir la carga térmica interior, limitar el uso de equipos eléctricos y mejorar la habitabilidad sin depender exclusivamente del consumo energético, una estrategia que gana terreno frente a los veranos cada vez más agresivos.

Uno de los puntos críticos es la techumbre. Diversos estudios urbanos han demostrado que los techos concentran gran parte de la acumulación térmica de una vivienda, funcionando como verdaderos radiadores durante el día. Soluciones de aislamiento térmico aplicadas directamente sobre la techumbre, como las que desarrolla Poweroof, han mostrado resultados concretos, logrando reducir la temperatura interior hasta en 15 grados Celsius. Esta disminución no solo mejora el confort en verano, sino que también reduce la pérdida de calor en invierno, impactando positivamente en la eficiencia energética anual del hogar y generando ahorros de hasta un 20% en la cuenta de electricidad.

El control del calor no se limita al techo. El manejo de la radiación solar al interior de las viviendas se ha vuelto otro factor decisivo. En ese sentido, las cortinas térmicas comienzan a posicionarse como una evolución de las clásicas blackout, ofreciendo una mayor capacidad de bloqueo del calor y contribuyendo a mantener temperaturas más estables durante el día, especialmente en espacios expuestos al sol directo.

A estas soluciones se suman estrategias naturales que vuelven a cobrar valor en medio del debate climático. El uso de plantas de interior como helechos, ficus, sansevierias o potus no solo cumple una función estética, sino que también ayuda a reducir la temperatura ambiente y mejorar la calidad del aire, aportando a un enfriamiento pasivo que dialoga con una forma más sostenible de habitar los espacios.

Finalmente, la eficiencia también pasa por los hábitos cotidianos. Reducir el uso de electrodomésticos durante las horas de mayor calor y optar por iluminación LED permite disminuir la carga térmica interior y el consumo eléctrico asociado. Pequeñas decisiones que, en conjunto, marcan la diferencia en un país que se prepara para convivir con veranos más largos, más intensos y energéticamente más demandantes.

En un Chile que se recalienta año tras año, el desafío ya no es solo sobrevivir al calor, sino adaptarse de forma inteligente. La vivienda, como primer refugio frente al clima, se instala así en el centro de una discusión que cruza energía, bienestar y futuro.

El costo invisible de la menstruación en Chile

La menstruación sigue siendo, para miles de niñas, adolescentes y mujeres en Chile, una experiencia atravesada por el dolor, la incomodidad y la desigualdad. Así lo confirman los resultados de la Encuesta de Salud Menstrual presentada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, un estudio que pone cifras concretas a una realidad históricamente invisibilizada y que hoy se instala con fuerza en la agenda pública como un problema de equidad y salud.

La investigación, desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y Academia La Tribu, con el apoyo de Softys, evidencia que la menstruación continúa limitando la participación plena de mujeres en espacios educativos, sociales y laborales. Lejos de ser un tema íntimo o meramente biológico, el estudio revela cómo el ciclo menstrual impacta directamente en la vida cotidiana y en las trayectorias personales.

Los datos son elocuentes. Un 66% de las mujeres declara experimentar dolor abdominal, pélvico o uterino antes o durante el período menstrual, mientras que un 63% ha dejado de participar en actividades sociales debido a la menstruación o a sus síntomas. A ello se suman experiencias de estigmatización: un 11% se ha sentido discriminada, rechazada o acosada; un 10% ha optado por ocultarse mientras menstrúa; y un 7% ha sentido vergüenza, confirmando que el tabú sigue operando con fuerza.

En el ámbito educativo, las brechas se profundizan. Solo 4 de cada 10 mujeres considera que el colegio fue un espacio seguro durante la menstruación, y apenas un 54% evalúa los baños escolares como adecuados para cambiar productos menstruales. Estas condiciones precarias no son anecdóticas: un 39% dejó de asistir al colegio por algunos días, un 68% no pudo realizar actividades deportivas o recreativas y un 48% vio restringida su vida social durante el período menstrual.

La encuesta también pone el foco en el acceso desigual a la salud. Solo 4 de cada 10 mujeres declara contar siempre o casi siempre con profesionales o servicios especializados en salud menstrual, mientras que un 16% nunca ha accedido a este tipo de atención. Este déficit dificulta el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de patologías asociadas al ciclo menstrual, perpetuando la normalización del dolor extremo.

El impacto no es solo físico. El 70% de las mujeres reporta síntomas de salud mental durante la fase premenstrual, como baja energía, ansiedad, angustia, irritabilidad o cansancio, afectando su desempeño académico, laboral y social. En este contexto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, fue enfática al señalar que “estos datos refuerzan la importancia de derribar la idea de que el dolor extremo es normal, y de avanzar en detección temprana y acceso a información y atención oportuna, para que la menstruación no limite las trayectorias educativas ni la calidad de vida de las personas”.

Desde una mirada experta, Camila Herrera Sepúlveda, docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago y magíster en Nutrición, Medicina y Salud de la Mujer, advierte que los resultados reflejan un problema estructural. “La menstruación es un proceso fisiológico que tiene implicancias en múltiples determinantes sociales de la salud”, explica, subrayando que factores educativos, culturales y económicos condicionan profundamente cómo se vive el ciclo menstrual en Chile y en América Latina.

Para la especialista, uno de los datos más alarmantes es que un 63% de las encuestadas haya dejado de participar en actividades sociales. “Muchas personas dejan de participar porque experimentan dolor menstrual que se ha normalizado y no se trata adecuadamente. A eso se suma el estigma del miedo a mancharse, la vergüenza y la idea de que la menstruación debe ocultarse. También influye la falta de infraestructura adecuada y la dificultad para acceder a insumos en contextos de pobreza menstrual. En conjunto, estos factores generan inseguridad y limitan la participación plena”, comenta.

La brecha en el acceso a atención especializada también responde, según Herrera, a falencias del sistema de salud. “La atención primaria tiene una alta carga asistencial y muchas veces no dispone de profesionales capacitados en salud hormonal o dolor pélvico”, explica, agregando que la desigual distribución territorial de especialistas golpea con mayor fuerza a zonas rurales y regiones extremas. A ello se suma, sostiene, una deuda histórica en políticas públicas: “Falta integrar la salud menstrual como un eje formativo y asistencial en todos los niveles del sistema”.

La Encuesta de Salud Menstrual no solo entrega cifras, sino que interpela directamente a un país que aún arrastra silencios, prejuicios y desigualdades en torno al cuerpo y la experiencia de menstruar. Visibilizar estos datos es un primer paso; el desafío ahora es traducirlos en políticas, educación y acceso real, para que menstruar en Chile deje de ser un obstáculo y pase a ser, simplemente, parte de la vida.

Experto explica baja en índices de pobreza que confirmó nueva medición social

Chile cerró 2024 con una radiografía social que obliga a leer entre líneas. Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional Casen 2024, la pobreza por ingresos alcanzó el 17,3%, mientras que la pobreza extrema se situó en 6,9%. En paralelo, la pobreza multidimensional llegó al 17,7% y la pobreza severa descendió a 6,1%. Las cifras fueron presentadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en una entrega marcada por un giro metodológico que el Ejecutivo no dudó en calificar como más exigente y acorde a los cambios sociales de la última década.

El dato no pasó desapercibido en La Moneda. El Presidente Gabriel Boric subrayó que la Casen sigue siendo una herramienta clave para elevar los estándares con los que el Estado observa su propia realidad, aunque puso el acento en la tensión de fondo que persiste. “En Chile sigue habiendo muchas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes”, advirtió, reconociendo que detrás de los porcentajes hay trayectorias de vida que aún no logran despegar.

Uno de los hitos centrales de la Casen 2024 fue la incorporación de una nueva metodología para medir la pobreza, construida a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, cuyo informe final se entregó en julio de 2025. Ese trabajo fue posteriormente afinado por una mesa técnica integrada por organismos del Estado y entidades internacionales, en un intento por actualizar una medición que, para muchos expertos, había quedado desfasada frente a la realidad cotidiana de los hogares.

Los cambios no son menores. En la medición de la pobreza por ingresos se eliminó el alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos de los hogares y se establecieron líneas de pobreza diferenciadas entre hogares arrendatarios y no arrendatarios, reconociendo que el acceso a la vivienda pesa de manera distinta según la condición habitacional. A esto se sumó la incorporación de una canasta de alimentos saludables, que reduce en un 50% la presencia de productos ultraprocesados y alinea la medición con estándares nutricionales más actuales.

Al presentar los resultados, Boric insistió en que la nueva metodología “es más exigente, fue trabajada durante mucho tiempo por un panel de expertos independiente y eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país”. En esa misma línea, sostuvo que las cifras reflejan “decisiones que pusieron a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente en momentos económicos difíciles”, en un contexto donde el crecimiento no ha sido precisamente el motor del período.

Desde el mundo académico, la lectura también fue positiva, aunque matizada. René Fernández, economista y académico de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, valoró tanto los resultados como el cambio metodológico. “Los datos de la Casen en 2024 son una excelente noticia, reflejan un avance sostenido en la superación de la pobreza. Se ha incorporado una nueva metodología, pero es relevante mencionar que incluso si se hubiera mantenido la metodología anterior, la pobreza por ingresos habría seguido bajando, así como las otras variables también habrían tenido una mejora notable”, señaló a Diario Usach.

Fernández fue más allá y planteó que estas cifras representan “un logro no tan destacado, pero un logro importante para el Gobierno que está despidiéndose”, en alusión a la tendencia a la baja de los indicadores sociales pese a un escenario económico complejo. En un país donde la discusión sobre pobreza suele oscilar entre el triunfalismo y la catástrofe, la Casen 2024 instala una lectura incómoda pero necesaria: se avanza, sí, pero bajo una lupa más estricta que deja en evidencia cuánto falta todavía para que el crecimiento social se sienta en la vida diaria.

Desregular para crecer y las alertas que surgen desde la academia

En un auditorio lleno de trajes oscuros y expectativas de reactivación, Jorge Quiroz, uno de los nombres que más fuerte suena para asumir el Ministerio de Hacienda en un eventual gobierno de José Antonio Kast, presentó ante el mundo empresarial las bases de la política económica que busca imprimir el candidato republicano. El escenario fue Icare, donde el economista delineó una hoja de ruta marcada por la desregulación, la aceleración de inversiones y un golpe directo a lo que calificó como un exceso de trabas administrativas.

Según Quiroz, Chile arrastra una carga regulatoria que mantiene paralizados cerca de US$12.000 millones en proyectos, una cifra que, en su diagnóstico, explica buena parte del estancamiento económico. El objetivo planteado es ambicioso: que todos los proyectos ingresados hace más de dos años al sistema de evaluación ambiental queden resueltos durante el primer año de mandato. El mensaje, leído entre líneas, apunta a un Estado que deje de ser cuello de botella y pase a ser facilitador de la inversión.

El foco se trasladó rápidamente al sector de la construcción, uno de los motores tradicionales de empleo y crecimiento. Ahí, Quiroz anunció su intención de desmantelar la “maraña regulatoria” que, a su juicio, encarece artificialmente el precio de las viviendas. La propuesta contempla una simplificación radical de la estructura administrativa, con la eliminación de 15.000 instructivos y la reducción de las circulares desde 1.500 a apenas 11 documentos. En palabras del propio economista, “vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile”.

Las reacciones no tardaron en aparecer desde el mundo académico. Américo Ibarra, director del Centro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile, puso paños fríos al entusiasmo. Frente a la posibilidad de una poda masiva de normativas, explicó que “siempre es posible suponer que la simplificación normativa puede traer beneficios claros en algunos ámbitos. Por ejemplo, agilizar trámites, reducir costos administrativos y acelerar la inversión en proyectos de construcción, lo que dinamiza el sector y facilita el acceso a nuevas viviendas”.

Sin embargo, el especialista advirtió que el riesgo está en el detalle. “El riesgo está en que al eliminar masivamente instructivos y circulares se pierdan regulaciones esenciales para la seguridad estructural, la calidad de las obras, el desarrollo armónico de las ciudades, la sostenibilidad urbana y rural, y un largo etc. El efecto podría ser positivo en términos de eficiencia, pero negativo si se traduce, por ejemplo, en construcciones inseguras o en un debilitamiento de la confianza ciudadana e inversionista. Entonces, la cuestión es evaluar lo que se pretende simplificar para tener una posición más objetiva de una medida de tal naturaleza”, sostuvo.

Una de las principales inquietudes gira en torno a las normas sísmicas, un tema sensible en uno de los países más telúricos del planeta. Ibarra fue claro en señalar que “en principio, me imagino que la idea siempre será mantener lo bueno y mejorar lo malo. En esos términos, la experiencia chilena en materia de normas de construcción es de un estándar mundial y no me imagino que se esté pensando desregularizar en esa línea”. Aun así, advirtió que “en un país altamente sísmico como Chile, cualquier desregulación que afecte normas técnicas de construcción representa un riesgo grave: podría comprometer la resistencia de edificios y aumentar la vulnerabilidad de la población frente a terremotos”.

Así, mientras el discurso económico promete destrabar inversiones y dinamizar la economía a golpe de desregulación, el debate se instala en un terreno más complejo, donde eficiencia, seguridad y ciudad se cruzan. La pregunta ya no es solo cuánto crecer, sino a qué costo y bajo qué reglas se quiere construir el próximo ciclo urbano y económico del país.