Medio Ambiente

La batalla por el mar que trasciende la Ley Lafkenche

La discusión sobre el futuro del borde costero chileno volvió al centro de la agenda política tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. El anuncio de eventuales modificaciones a la Ley Indígena y el avance de conversaciones para reformar la Ley Lafkenche han generado inquietud en comunidades indígenas desde Atacama hasta Los Lagos, que observan con preocupación cómo el debate público se ha concentrado en cuestionar mecanismos de protección territorial sin considerar la experiencia acumulada en los territorios donde ya operan los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

La controversia se intensificó luego de la visita del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, a Puerto Montt, donde participó en el taller “Diálogo por el futuro del borde costero”. Allí se adelantó que los cambios en estudio podrían abordar aspectos como las solicitudes de ECMPO, la proporcionalidad de las áreas y los criterios para acreditar el uso consuetudinario. Sin embargo, desde distintas comunidades sostienen que la conversación se está desarrollando desde una lógica administrativa y productiva que deja fuera dimensiones culturales, ambientales y sociales fundamentales.

En medio de un escenario marcado por la presión sobre los recursos naturales y la creciente demanda por espacios costeros, dirigentes indígenas insisten en aclarar uno de los puntos que consideran más distorsionados en la discusión pública: los ECMPO no representan privatización del mar ni exclusión de otros usuarios. Desde Carelmapu, la Comunidad Indígena Encura Mapu asegura que estos instrumentos han permitido generar modelos de gobernanza compartida donde conviven la pesca artesanal, actividades productivas y la conservación de los ecosistemas.

“Se ha instalado la idea de que los ECMPO privatizan el mar o frenan el desarrollo, y eso ha generado temor y desinformación en muchos territorios, dificultando el diálogo. Pero nuestra experiencia demuestra todo lo contrario: la gobernanza comunitaria puede convivir con actividades productivas y aportar a modelos de desarrollo más sostenibles, donde exista equilibrio entre economía, ecosistemas y comunidades”, señala José Alberto Molina Hueichán, líder de la Comunidad Indígena Encura Mapu.

Más al sur, en los territorios australes de la Patagonia, la discusión adquiere una dimensión aún más profunda. Para las comunidades Kawésqar, el mar no es únicamente un espacio económico, sino una parte esencial de su historia, identidad y memoria colectiva. “Para nuestra comunidad Kawésqar el mar no es un recurso separado de nuestra vida o nuestra cultura. Es parte de nuestra memoria, de nuestra forma de habitar el territorio y de nuestra identidad. Por eso cuando defendemos estos espacios no lo hacemos desde una discusión técnica o económica, sino desde la experiencia de quienes han vivido históricamente vinculados al mar. La protección territorial no puede quedar subordinada únicamente a intereses industriales”, afirma Leticia Caro, representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar.

Las organizaciones indígenas coinciden en que el debate sobre la Ley Lafkenche trasciende una discusión legal. En regiones como Aysén y La Araucanía, advierten que la conversación pública se ha polarizado y que temas como la protección de ecosistemas, la crisis climática y la participación de las comunidades en la toma de decisiones han quedado relegados. En ese contexto, el llamado es a construir una mirada de largo plazo que permita compatibilizar desarrollo económico, conservación ambiental y derechos territoriales. Como resume Andrea Soledad Reuca Neculman, representante de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, “Lo que está en discusión no es solo una ley. Lo que está en juego es cómo Chile decide relacionarse con el mar, con los territorios y con las comunidades que históricamente los han cuidado”.

Separar residuos no salvará al planeta si el sistema sigue fallando

Separar botellas, aplastar latas o lavar envases de yogurt se volvió parte del mood eco de una generación que intenta vivir con más conciencia ambiental. Pero en Chile, reciclar todavía se parece más a una misión individual que a una política realmente integrada. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, especialistas de la Universidad de Chile advierten que el problema no termina cuando alguien deja sus residuos en un punto limpio: recién ahí empieza una cadena que muchas veces simplemente no existe.

La cifra golpea fuerte. Según la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales publicada este 2025, el 86% de los residuos del país termina en rellenos sanitarios o sitios de eliminación final. En otras palabras, la mayoría de la basura sigue teniendo el mismo destino de siempre, pese al auge del reciclaje, las campañas verdes y la instalación de una estética sustentable que domina redes sociales, marcas y estilos de vida urbanos.

Para la antropóloga María Elena Acuña, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el reciclaje doméstico implica mucho más trabajo del que suele reconocerse. “Este cambio de práctica implica, a veces, mucho esfuerzo para las unidades domésticas”, explica. Y es que reciclar no solo significa separar residuos: también implica lavar envases, secarlos, guardarlos, conocer las reglas y muchas veces trasladarlos personalmente hasta puntos de reciclaje que ni siquiera existen en todos los barrios.

La desigualdad territorial también aparece como un factor clave. Mientras algunas comunas cuentan con puntos limpios, retiro diferenciado y alianzas con empresas privadas, otras simplemente dejan la responsabilidad completa en manos de los vecinos. “No se trata solo de la voluntad de las personas, sino que tiene que haber una arquitectura de política pública, sobre todo a nivel micro, a nivel barrial, mucho más ágil y clara”, sostiene Acuña. El reciclaje, además, termina convirtiéndose en otra tarea doméstica invisible que muchas veces recae en una sola persona dentro del hogar, especialmente mujeres.

Desde una mirada más estructural, el profesor Hernán Durán, académico del diplomado en Gestión Ambiental y Economía Circular de Residuos Sólidos, plantea que Chile sigue atrapado en un modelo pensado para retirar basura, no para reducirla ni valorizarla. Aunque leyes como la REP marcaron avances, el sistema todavía funciona bajo una lógica lineal: consumir, desechar y enterrar. “El reciclaje es posible, es bueno, hay que fomentarlo, pero hay mucho esfuerzo que hacer, tanto desde el punto de vista normativo y del esquema institucional como desde el punto de vista de la conciencia ciudadana, para que entendamos que estamos frente a un problema grave”, afirma.

En el fondo, el debate ya no pasa solamente por quién recicla y quién no. La pregunta incómoda apunta al nivel de consumo que sostiene la vida cotidiana actual. “Si lo que queremos hacer es que haya menos residuos, entonces seguramente el tema no tiene que ver tan solo con el reciclaje, sino que tiene que ver con el consumismo”, advierte Durán. Porque mientras el reciclaje siga dependiendo casi exclusivamente de la buena voluntad individual, Chile seguirá acumulando basura más rápido de lo que logra hacerse cargo de ella.

Sobregiro ecológico confirma que Chile ya vive en déficit

Chile llegará este 7 de mayo a su sobregiro ecológico, una fecha que en simple significa algo incómodo: el país ya habrá consumido todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año. Lo que viene desde ahí en adelante es déficit. Vivir a crédito, pero con ecosistemas. Y no es un dato aislado. Es la séptima vez consecutiva que Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en entrar en números rojos ambientales.

La medición la realiza la Global Footprint Network y funciona como una especie de termómetro del desgaste global. Lo que calcula es cuándo la demanda humana supera la capacidad de regeneración de la Tierra. En el caso chileno, la señal empeoró: este año el sobregiro se adelantó diez días respecto de 2025. Traducido fuera del lenguaje técnico, estamos consumiendo más rápido de lo que el planeta puede reponer.

La dimensión del problema se vuelve más clara con una cifra brutal. Según el WWF, si todo el mundo viviera con el nivel de consumo de Chile, harían falta 2,9 planetas Tierra para sostener ese ritmo. No es solo sobre reciclar más o usar menos plástico. Es una señal estructural sobre cómo producimos, consumimos y agotamos territorio como si no tuviera límite.

Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, lo resume sin dramatismo, pero sin margen para romantizar el dato. “indicadores como el sobregiro ecológico no capturan cada detalle de la realidad, pero son una de las aproximaciones más robustas disponibles para entender las tendencias”. Y la tendencia, dice, es clara: “estamos ejerciendo una presión creciente sobre los ecosistemas, en un contexto donde la naturaleza tiene límites”.

Desde la academia, Juan José Garcés, jefe de carrera de Ingeniería Civil en Territorio y Medio Ambiente de la Universidad de Santiago de Chile, aterriza el concepto. “El sobregiro ecológico corresponde a un cálculo realizado por el Global Footprint Network, que estima la fecha en la cual la demanda de recursos ecológicos supera la regeneración. Es decir, cuando la humanidad está consumiendo todos los recursos que tiene un territorio o un espacio dado”. La lógica no es simbólica: mide el desfase real entre lo que consumimos y lo que el entorno puede sostener.

Chile no está solo en este colapso, pero sí mal posicionado. A nivel continental, solo Canadá y Estados Unidos llegaron antes al sobregiro este año. El resto de América Latina todavía resiste un poco más. Y esa diferencia importa, porque muestra que no se trata solo de desarrollo o crecimiento, sino de cuánto cuesta sostener un modelo que consume como si el planeta tuviera refill infinito.

La ley que incomoda al negocio del suelo

Lo que partió como una discusión por vivienda en Valdivia terminó reabriendo uno de los debates más incómodos del urbanismo chileno: qué se protege primero, el suelo para construir o el ecosistema que todavía sostiene a muchas ciudades. El cruce entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el senador Alfonso De Urresti, durante una reunión en Serviu por el proyecto Guacamayo 3, volvió a poner en el centro la Ley de Humedales Urbanos y su rol en la crisis habitacional.

La tensión explotó cuando, en medio de la conversación sobre disponibilidad de suelo, alguien recordó que Valdivia está reconocida como ciudad humedal. La respuesta de Poduje fue inmediata y sin filtro: “esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años”. La frase no tardó en viralizarse y empujó una discusión que va mucho más allá del timing político: si proteger humedales está frenando viviendas o si el problema es otro y más estructural.

Para Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y experto en derecho ambiental, la ley cumple una función básica que por años fue ignorada por la planificación urbana chilena. “es importante, porque en Chile, los instrumentos de ordenamiento territorial, como planos reguladores comunales, planes interseccionales, o planes metropolitanos, han desatendido estás fuentes y reservas de agua dulce, que tienen beneficios para el ecosistema y para el disfrute de un medio ambiente sano de la población”. En otras palabras, el problema no sería la ley, sino haber urbanizado durante décadas como si los humedales no existieran.

Y ese punto no es menor, sobre todo en ciudades como Valdivia. Aranda advierte que “cuidar humedales es muy importante para contener crecidas de ríos, y evitar inundaciones”. No es solo conservación por estética o discurso verde. Es infraestructura natural. Proteger estos espacios significa reducir riesgos climáticos, amortiguar crecidas y mantener servicios ecosistémicos que, aunque no siempre se vean, sostienen la vida urbana mucho más de lo que suele admitir el mercado inmobiliario.

También desarma una de las críticas más repetidas desde el mundo político: que la ley bloquea proyectos. Según Aranda, “esa afirmación es engañosa”. Lo que hace la normativa, explica, no es prohibir construir, sino exigir que los proyectos pasen por evaluación ambiental cuando se emplazan en humedales urbanos. Eso implica más tiempo, más costos y más regulación, sí. Pero no una prohibición automática. El punto no es impedir viviendas, sino evitar que se construyan en zonas que después terminan agravando inundaciones, degradación ambiental y crisis urbanas más caras de corregir.

Para Aranda, culpar a los humedales por el déficit habitacional es una simplificación cómoda. El problema, insiste, también pasa por tasas hipotecarias imposibles, especulación inmobiliaria y abandono de barrios ya existentes. “el déficit de vivienda no pasa por destruir humedales y edificar sobre ellos”. La discusión de fondo, entonces, no es si Chile necesita más viviendas. Es si quiere seguir construyéndolas como en el siglo pasado o empezar, de una vez, a pensar ciudad con algo de futuro.

Glaciares en riesgo y una alerta que cruza la cordillera

Lo que está pasando en Argentina con sus glaciares no es solo un tema local. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei que podría cambiar el mapa ambiental de la cordillera. El punto más crítico es este: ahora serán las provincias las que podrán redefinir las zonas periglaciares, abriendo espacio para proyectos de minería de litio, cobre y oro en territorios que hasta ahora estaban bajo resguardo.

La señal encendió alertas inmediatas, no solo en Argentina, también en Chile. Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en derecho ambiental, advierte que el problema no está solo en la reforma, sino en quién la ejecuta. “Las leyes en Argentina que dependen de las provincias no siempre tienen una buena aplicación. Por ejemplo, hace ya varios años tienen una ley de presupuestos mínimos para proteger bosques, y no todas las provincias o muy pocas han logrado cumplir la meta y el objetivo social”, acotó.

El riesgo, según Aranda, no es abstracto. Tiene que ver con una posible fragmentación en la protección ambiental, donde cada provincia podría interpretar el resguardo glaciar según sus propios intereses económicos. “si me dicen ahora vamos a tener una ley que le va a asignar competencias provinciales sobre protección de glaciares, yo tendría a pensar que vamos a tener realidades dispares, no necesariamente va a haber una protección quizá adecuada conforme a estos precedentes en otras leyes. Creo que podría haber una desprotección y un retroceso en protección ambiental”.

Y Chile no está fuera de ese radar. Compartir cordillera también significa compartir riesgos. Sobre un posible impacto en cuencas hídricas transfronterizas, Aranda fue claro: “podría haber afectación”. En ese escenario, el académico plantea que Chile no puede mirar desde lejos. “correspondería a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), que es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, evaluar cuáles podrían ser las acciones que tomaría cada provincia en el caso y activar los mecanismos que tiene para evitar impactos transfronterizos aplicando estos tratados internacionales que Chile ha suscrito previamente con Argentina”.

La preocupación no es solo jurídica. También es ecológica. Un informe técnico elaborado por organizaciones como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y WCS Argentina advierte que debilitar la protección glaciar podría desencadenar impactos profundos sobre biodiversidad, disponibilidad hídrica y equilibrio climático. El dato más duro es también el más simple: más de la mitad de las especies evaluadas en Argentina vive en regiones alimentadas por agua de glaciares.

Ahí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve urgente. El informe advierte que el 56% de las especies evaluadas depende de ecosistemas sostenidos por agua glaciar, una cifra que escala al 86% en mamíferos y al 83% en anfibios amenazados. En otras palabras, intervenir glaciares no solo habilita minería: también reconfigura ecosistemas completos. Y cuando el agua cruza fronteras, el impacto también.

El agua se vuelve urgente y América Latina aún no logra ponerse al día

Mientras el discurso global habla de sostenibilidad como si fuera tendencia, en América Latina el acceso al agua sigue siendo una deuda estructural. En la novena reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizada por la CEPAL, el foco se puso en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, ese que apunta a garantizar agua limpia y saneamiento. Lo que salió de esa mesa no fue optimismo, sino una alerta: el ritmo actual no alcanza.

Rene Orellana Halkyer, representante regional de la FAO, lo planteó sin rodeos. “En relación con el ODS 6, si bien se observan avances en la región, estos siguen siendo insuficientes para alcanzar las metas al 2030 y reflejan persistentes desigualdades. El 20% de la población con menores ingresos destina proporcionalmente 1,6 veces más de sus recursos a agua y saneamiento que el 20% con mayores ingresos, con rezagos más pronunciados en hogares vulnerables, comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres y territorios rurales y periféricos”. La brecha no es solo hídrica, es social.

Las cifras refuerzan el diagnóstico. “Al ritmo actual, solo el 19% de las metas del ODS 6 se alcanzaría, mientras el 42% avanza lentamente y el 39% se mantiene estancado o en retroceso”, advirtió Orellana Halkyer. El dato más crítico conecta directamente con la producción de alimentos: la agricultura consume cerca del 72% del agua dulce disponible a nivel mundial. En ese escenario, hablar de desarrollo sostenible sin transformar los sistemas agroalimentarios es, básicamente, un discurso vacío.

El debate también aterrizó en experiencias concretas. Desde Colombia, Ruth Quevedo expuso que la mayoría de los conflictos en la región están vinculados al agua, empujando a repensar la gestión desde la equidad más que desde la escasez. La idea es clara: el problema no es solo cuánto recurso hay, sino cómo se distribuye. En Paraguay, David Fariña apuntó a la presión creciente sobre las aguas subterráneas y a la necesidad de construir sistemas de monitoreo en tiempo real que superen las fronteras políticas, especialmente en ecosistemas compartidos como el acuífero Guaraní.

Chile también apareció en la conversación desde la innovación aplicada. Hernán Chiriboga, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, mostró avances que mezclan tecnología y sentido práctico, desde sistemas de captación de agua hasta técnicas de riego que reducen en casi un 50% el uso hídrico en cultivos como el arroz. Incluso soluciones más simples, como huertas con vasijas porosas enterradas, están demostrando que la eficiencia no siempre depende de grandes infraestructuras, sino de creatividad aplicada al territorio.

Desde la academia, James McPhee, de la Universidad de Chile, puso el foco en el rol del conocimiento. La ciencia, dijo, tiene que ser útil, traducible y precisa para quienes toman decisiones. Hoy, con herramientas que permiten monitorear el planeta desde el espacio y entender mejor la variabilidad climática, el problema ya no es la falta de información. Es qué se hace con ella.

Al cierre, la conclusión fue incómoda pero honesta. América Latina tiene conocimiento, тәжіencia y soluciones para avanzar en el ODS 6. El freno no es técnico. Es político, institucional y de escala. Porque en un contexto donde el cambio climático ya no es futuro sino presente, el agua dejó de ser un recurso más. Es el eje donde se juega todo.

¿Cómo el cambio climático redefine el calendario de las alergias?

Durante años, la primavera se instaló como la estación oficial de las alergias. Una especie de consenso cultural donde el cambio de estación traía consigo estornudos en cadena, picazón persistente y esa sensación incómoda de vivir con un pañuelo en la mano. Pero ese relato, tan repetido como asumido, hoy comienza a resquebrajarse. El otoño, silencioso y menos mediático, también se ha convertido en un terreno fértil para las crisis alérgicas.

El fenómeno no es casual ni aislado. Cambios en las condiciones climáticas han modificado los patrones tradicionales. Hoy, el otoño se presenta más seco que en décadas anteriores, lo que permite que los pólenes —habitualmente asociados a la primavera— extiendan su presencia hasta abril. Este desplazamiento estacional ha generado que personas sensibles continúen experimentando síntomas que antes desaparecían con el fin del verano.

Desde el mundo clínico, el diagnóstico es claro. En esta época, el polvo y el moho toman protagonismo como principales gatillantes. La caída de hojas y el aumento de la humedad generan el escenario perfecto para que estos agentes se acumulen en ambientes cotidianos, especialmente en espacios cerrados. Esto se traduce en congestión nasal, irritación ocular, tos y dolor de garganta, síntomas que muchas veces se confunden con resfríos comunes.

La médica broncopulmonar Rosa Roldán, académica de la Universidad de Santiago, advierte que este tipo de alergias “afectan principalmente a los asmáticos y riniticos”. Además, explica que en Chile conviven dos perfiles predominantes: “Los que son polínicos tendrán más crisis en primavera, pero los alérgicos a ácaros (dermatophagoides) y hongos son los que tienen alergias en otoño e invierno”. Es decir, el problema no es la estación, sino el tipo de alérgeno.

A esto se suma un factor estructural que muchas veces pasa desapercibido: la vida indoor. Con la baja de temperaturas, las personas tienden a cerrar ventanas, encender calefacción y pasar más tiempo dentro de sus casas. Este cambio de hábito incrementa la exposición a alérgenos intradomiciliarios como ácaros, polvo acumulado en alfombras o incluso peluches. Roldán lo resume sin rodeos: “Por calefacción, por estar más en su casa con todo cerrado por frío y condiciones como pisos de alfombras, peluches etc.”.

Desde la vereda pediátrica, el broncopulmonar infantil Pedro Estudillo refuerza esta idea y descarta mitos persistentes. “Efectivamente, en el periodo del otoño, hay cuadros alérgicos y han sido siempre comunes y quizá algunos años esto se exacerba un poco”, señala. Y aclara algo clave en medio de la confusión estacional: “las alergias por hongos, y por algunos alérgenos internos de la casa, son frecuentes que tengan aparición en esta época del año”.

El especialista también pone en perspectiva el relato dominante sobre las alergias. “Siempre es más frecuente tener información por los medios de las alergias estacionales de la primavera, porque afectan a una cantidad muy grande de gente, pero es común que veamos alergias en el otoño y esto es algo que ocurre todos los años. Así que las alergias no aparecen en una sola época del año, depende de a qué cosa uno es alérgico”. En otras palabras, el calendario no manda, lo hace la biología.

Frente a este escenario, el llamado es claro y directo. Ante síntomas persistentes, lo recomendable es acudir a un especialista y realizar un diagnóstico completo. Los tratamientos existen y suelen ser efectivos, desde antihistamínicos de uso diario hasta inhaladores nasales que ayudan a desinflamar las vías respiratorias. Pero el punto de partida sigue siendo el mismo: entender que el otoño también respira alergia.

Tierras raras abren debate entre geopolítica soberana y medio ambiente

El reciente acuerdo entre Chile y Estados Unidos para fortalecer la cooperación en minerales críticos y tierras raras instaló un debate que va más allá de la minería. En juego no solo está el acceso a recursos estratégicos para la transición energética y la industria tecnológica, sino también la posición geopolítica del país y la presión sobre sus ecosistemas. La discusión se abre en un momento donde estos elementos se han vuelto indispensables para vehículos eléctricos, turbinas eólicas, sistemas electrónicos y también para la industria de defensa.

El Dr. Alberto Monsalve, académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Santiago de Chile, explicó que el acuerdo contempla coordinación técnica permanente y exploración de inversiones conjuntas. Según señaló, “establece llevar a cabo consultas técnicas periódicas entre ambos países; exploración de financiamiento público y privado para nuevas inversiones en este rubro; identificación de proyectos conjuntos en minería y procesos metalúrgicos; el fortalecimiento del reciclaje de materiales críticos y asegurar las cadenas de suministro. Chile queda así posicionado como actor fundamental en la competencia global por los recursos naturales”. El académico advierte que el escenario es abiertamente geopolítico y que las potencias compiten por asegurar estos insumos estratégicos, por lo que “lo importante es que nuestro país encuentre la posición más ventajosa en esta lucha por estos recursos”.

La economista Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, plantea una lectura distinta y advierte riesgos en materia de soberanía. “Este acuerdo implica que se desarrollarán consultas a Estados Unidos cuando se produzcan modificaciones en el sector minero relacionado con minerales críticos y tierras raras. Este aspecto, sin duda, limita la soberanía nacional, pero también genera una señal internacional en la que el gobierno de Chile se alinea con Estados Unidos para abrir la posibilidad de una provisión de recursos esenciales que son utilizados para la elaboración de misiles, en el marco de la guerra que desarrollan Estados Unidos e Israel contra Irán”, comentó. La académica agregó que el contexto internacional vuelve este acuerdo particularmente sensible, señalando que para Estados Unidos “le quedan solo dos meses de reservas de tierras raras, elementos fundamentales para la elaboración de los misiles que utiliza en esta guerra, la cual ha adquirido connotaciones globales”.

El movimiento también tensiona la relación con China, principal socio comercial de Chile desde 2010 y destino de cerca del 40% de las exportaciones nacionales. Monsalve reconoce que el acercamiento con Washington será interpretado como un alineamiento estratégico. “sin duda este acercamiento de nuestro país con EEUU será visto e interpretado por China como un alineamiento estratégico con Norteamérica, con la consiguiente reducción potencial de China a nuestros recursos naturales”. Aun así, el académico considera que diversificar mercados puede ser una estrategia económica razonable. “Chile posee sólidos vínculos con China, siendo este país un socio clave en la economía nacional. De hecho, China es el principal comprador de cobre habiendo realizado variadas inversiones en el mundo minero, especialmente en la industria del litio. Creo que es una sana política económica diversificar nuestros compradores para evitar una dependencia con pocos de ellos, lo cual puede ser riesgoso”.

Desde una mirada crítica, Vera advierte que el equilibrio diplomático podría verse afectado. “Sin lugar a duda, las relaciones entre Chile y China se pueden ver afectadas como producto de la resolución que tome el actual gobierno respecto del cable, pero también respecto de la provisión que Chile puede establecer hacia Estados Unidos en relación con estos minerales críticos que se utilizan como insumos para la actual guerra”. La economista sostiene que el país podría comprometer su posición internacional si no ajusta la estrategia. “Esto es tremendamente peligroso si no se corrige oportunamente, dado que el país no solo no estaría considerando su posición neutral respecto de la guerra, sino que, además, estaría perjudicando a su principal socio comercial. Pensar que esto no va a tener consecuencias es poco profesional. El Gobierno aún está a tiempo de corregir este rumbo y de restablecer adecuadamente los acuerdos que requiere nuestro país para diversificar su tecnología y su infraestructura”.

El debate también alcanza la sostenibilidad de los recursos. Vera advierte que el aumento de la producción puede reducir las reservas nacionales de minerales estratégicos. “Nos quedan 20 años de explotación del mineral rojo y solo 30 años de explotación del litio, también llamado oro blanco. Si nosotros aumentamos la producción en estos años, disminuimos las reservas que tenemos para nuestro país y para las generaciones futuras; pero, además, dado el poder de mercado que tiene Chile respecto de estos dos minerales, el precio de hoy también baja”. Monsalve coincide en la necesidad de regulación, señalando que la fiscalización es clave para evitar impactos irreversibles. “Cuando se trata de minerales críticos y tierras raras no sólo es recomendable un mayor control sobre nuestros recursos naturales, más que eso: es estrictamente necesario. Esto debido a la importancia capital que poseen los minerales estratégicos y las tierras raras en la economía mundial: armas, sistemas electrónicos y digitales, motores de aviación y un largo etcétera”.

Las implicancias ambientales también forman parte del debate. La científica Cristina Dorador advierte que el desarrollo de esta industria debe considerar estándares estrictos y participación territorial. Para la ecóloga microbiana, la alianza debe realizarse “bajo todos los lineamientos ambientales existentes en el país, dando pie a la participación ciudadana y, por supuesto, también a la participación de los pueblos originarios. Lamentablemente no tenemos un grado de maduración tan alto en el ámbito del conocimiento de las tierras raras y también en general de los minerales”. La investigadora agrega que el país debiese priorizar una mirada de largo plazo. “Chile debiese tener una actitud más protectora, sobre todo pensando en las futuras generaciones y también pensando en la salud de los ecosistemas”.

Dorador también advierte sobre los efectos de los métodos extractivos. “cualquier tipo de intervención en el país, en la geografía del país, en los distintos hábitats que existen, genera daños posiblemente irreparables. Todo es naturaleza, incluyendo estos minerales”. La científica subraya que la alta demanda global incentiva procesos intensivos que alteran ciclos ecológicos. “Actualmente muchas veces se ofrecen métodos extractivos entre comillas sustentables, eficientes, etcétera, pero que no se conocen los alcances, ya que eso es información que lo tiene generalmente el mundo privado. Por otro lado, como hay tanta demanda mundial, se busca maximizar ciertos los envíos y obtener lo que más se pueda en corto plazo, y esto genera aún más daño a la naturaleza, porque evita los ciclos regenerativos, perturba también los ciclos normales del agua, porque todo esto requiere agua, entre otros aspectos”.

En ese contexto, la discusión sobre minerales críticos deja de ser solo técnica y se transforma en una decisión estratégica para el país. Entre la competencia global, la presión económica y los impactos ambientales, Chile aparece como un territorio clave en la transición energética mundial, pero también como un espacio donde cada decisión puede redefinir su posición geopolítica y el futuro de sus ecosistemas.

Playas del litoral central en alerta por fragata portuguesa

El verano en el litoral central volvió a encender las alarmas. Hace un par de días, la Seremi de Salud de Valparaíso anunció la prohibición de baños recreativos en las playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo debido a la presencia de la fragata portuguesa, un organismo marino altamente peligroso que, aunque suele confundirse con una medusa, no lo es. Su apariencia engañosa —una especie de “vela” azulada flotando en el agua— esconde tentáculos urticantes que pueden alcanzar hasta 20 metros de longitud y que representan un riesgo serio para la salud humana.

La fragata portuguesa no es una desconocida en las costas chilenas. Durante las últimas temporadas estivales, su aparición se ha vuelto recurrente, obligando a las autoridades sanitarias y marítimas a reiterar un mensaje clave: no tocarla bajo ninguna circunstancia. El motivo es claro y contundente. Este organismo es capaz de inyectar un veneno extremadamente doloroso, incluso cuando está varado en la arena y aparentemente inofensivo.

El infectólogo y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, explicó que “los tentáculos de la fragata portuguesa contienen una toxina que, al tomar contacto con la piel de las personas, genera una reacción inflamatoria y alérgica que se manifiesta con un dolor muy intenso que se puede extender por 20 o 30 minutos y que, en incluso en algunas personas, puede durar varias horas”. Una experiencia que, lejos de ser pasajera para todos, puede requerir atención médica.

Según el especialista, en la mayoría de los casos “las molestias se pasan solas”, aunque advierte que “hay personas que deben recurrir a centros de salud para la administración de analgésicos”. A esto se suman otros efectos que elevan el nivel de gravedad de una picadura. “Este tipo de picaduras también son capaces de generar dificultades en la respiración y lesiones de tipo quemaduras con ampollas, irritación y heridas”, señaló.

Silva también advirtió sobre escenarios menos comunes, pero potencialmente fatales. Algunos pacientes pueden desarrollar reacciones alérgicas severas en toda la piel, de tipo anafiláctica, que derivan en un shock alérgico. “Esto es poco usual, pero podría pasar”, indica el académico, subrayando que, aun así, “normalmente, lo más común es el dolor y la ocurrencia de lesiones”.

Frente a una picadura, el protocolo es claro y va en contra de varios mitos populares. El infectólogo enfatizó que lo primordial es evitar cualquier contacto físico con la fragata portuguesa. En caso de exposición, recomienda lavar la piel con agua salada, incluso utilizando la misma agua del mar. “Otro líquido que he visto, y que funciona como especie de antídoto, es el vinagre”, señaló, advirtiendo además que el uso de supuestos “remedios caseros” puede agravar la lesión. “Hacer limpieza de las zonas afectadas con bebidas, orina, jugos o agua dulce puede afectar, aún más, las lesiones”.

Finalmente, Silva recalcó que la prevención sigue siendo la mejor herramienta. Ante la presencia de fragatas portuguesas en un balneario, es fundamental respetar las advertencias oficiales. “Seguir las instrucciones de las autoridades marítimas y sanitarias” no es solo una sugerencia, sino una medida de autocuidado. “La Seremi de Salud normalmente está avisando los lugares en los que hay presencia de estas especies. Y ahí, la recomendación es no nadar en esas aguas para no exponerse al riesgo”, concluyó.

Tierras raras, fuego y poder en disputa en Penco

Un video viral bastó para reactivar una polémica que en Penco nunca ha estado realmente apagada. En las últimas semanas, una grabación del excandidato presidencial Joaquín Lavín recorrió redes sociales destacando las virtudes del yacimiento de tierras raras ubicado en la comuna del Biobío. “Aquí hay un yacimiento de tierras raras, que son hoy día muy valiosas en el mundo, porque son imanes, tienen propiedades magnéticas y permiten crear magnetos permanentes que sirven para los motores eléctricos, sirven para las torres eólicas (…)”, señalaba el exalcalde de Las Condes. El registro no apareció en el vacío: Lavín se ha transformado en uno de los principales promotores del proyecto minero impulsado por Aclara Resources, una iniciativa de US$130 millones que busca explotar estos minerales estratégicos en la zona.

La difusión del video coincidió con un momento especialmente sensible para la comuna. Los incendios forestales que golpean con fuerza a la Región del Biobío, y que han afectado directamente a Penco, reabrieron una disputa de larga data entre las comunidades locales y la empresa minera. En el centro del conflicto están las llamadas tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos fundamentales para la tecnología contemporánea, desde smartphones y baterías para vehículos eléctricos hasta aerogeneradores y equipamiento militar, claves para la transición energética y digital que empuja la economía global.

La tensión escaló cuando la Corporación Parque para Penco alertó, a través de Instagram, que los incendios alcanzaron sectores del Fundo Coihueco, incluyendo áreas donde se proyecta instalar la minera. La organización difundió un mapa con el avance de las llamas y precisó que, si bien no todo el recinto fue consumido por el fuego, sí se registraron afectaciones relevantes. La publicación encendió suspicacias y reactivó cuestionamientos sobre el futuro del territorio en un escenario de catástrofe ambiental.

Desde la empresa Aclara Resources respondieron con dureza a los rumores que vinculan el proyecto con el origen de los incendios. En una declaración pública, la compañía sostuvo que “somos claros y categóricos en señalar que se trata de afirmaciones falsas, irresponsables y malintencionadas. Por el contrario, también hemos sido directamente afectados por esta catástrofe”. La firma agregó que “confiamos plenamente en el trabajo de las autoridades competentes que están investigando las causas de la emergencia y no dudaremos en sumarnos o ejercer las acciones que correspondan para perseguir a quienes resulten responsables”.

El proyecto, sin embargo, sigue bajo escrutinio institucional. La iniciativa se encuentra en revisión por el Servicio de Evaluación Ambiental desde junio de 2024, tras una reformulación, y enfrenta una férrea oposición local. El alcalde Rodrigo Vera y el Concejo Municipal de Penco han manifestado su rechazo, presentando en octubre de 2025 un pronunciamiento formal ante el SEA donde cuestionan la legalidad, los impactos ecológicos y la compatibilidad territorial del proyecto, solicitando una reevaluación integral.

Para entender la magnitud de lo que está en juego, Diario Usach conversó con Ayaz Alam, geógrafo y académico de la DIGEA Usach, y con Pedro Orrego, ingeniero civil metalurgista y académico del Departamento de Metalurgia de la misma universidad. Alam explicó que “las tierras raras son los elementos estratégicos para la transición energética y también para diferentes tecnologías modernas porque son necesarios para fabricar imanes para armamentos que se ocupan, por ejemplo, en la turbina eólica y vehículos eléctricos, pantallas LED, láser, diferentes tipos de dispositivos electrónicos y también los equipos militares. Entonces son bastante importantes”. El académico también matizó el concepto: “aunque lo digamos como tierras raras, no son tan raras. Están distribuidos a lo largo de la corteza, pero en una concentración muy baja. Entonces lo que hay que encontrar es dónde hay mayor concentración de estos elementos que se puede extraer. Otro desafío es ver cómo hay que separarlo y procesarlo”.

Desde la mirada técnica, Pedro Orrego detalló que el proyecto cuestionado “se conoce como Módulo Penco y se ubica en la Región del Biobío”, y que contempla “la explotación de tres zonas de extracción de arcillas con tierras raras, una planta con capacidad para procesar 320 toneladas por hora y la intervención de más de 153 hectáreas”. Una escala que explica tanto el interés económico como la preocupación ambiental que despierta la iniciativa.

El impacto de los incendios sobre los suelos donde se ubican estos minerales abre otra arista crítica. Orrego planteó que “a mi entender los incendios afectan la flora y fauna de la zona donde está ubicado el Módulo Penco, es posible que la empresa, ante este escenario, intente un cambio de uso de suelo para favorecer el desarrollo del proyecto”. Alam, por su parte, fue claro en advertir que “los incendios sí van a afectar los suelos donde tenemos obviamente la presencia de tierra rara, pero el tema es que cómo va a ser afectado por la distribución o la concentración de la tierra rara, eso obviamente depende del grado y la temperatura que se alcanza durante estos incendios”. Según explicó, “afectará evidentemente la distribución de los minerales, en este caso la tierra rara que se encuentra en estos suelos”, aunque precisó que solo temperaturas extremadamente elevadas podrían alterar su estructura química, algo que calificó como poco probable.

El geógrafo también advirtió que las cenizas y los cambios en la química del suelo tendrán efectos duraderos en el territorio y fue tajante frente a la posibilidad de que estos escenarios sean aprovechados por la empresa. Señaló que sería “ilegal e inmoral”, recordando además que “en nuestro país los incendios forestales obviamente no modifican la propiedad de la tierra ni la construcción minera, entonces cualquier proyecto minero tiene que seguir los procedimientos legales y ambientales establecidos”.

Entre el fuego que arrasa cerros, la urgencia climática y el apetito global por minerales estratégicos, Penco se ha convertido en un punto de fricción donde confluyen poder político, intereses económicos y resistencia territorial. Un conflicto que, lejos de apagarse, parece alimentarse de cada nueva chispa.