El exministro de Defensa y Justicia, José Antonio Gómez, junto a destacados académicos de Derecho, se reunieron en un seminario organizado por la Secretaría General de la Universidad de Santiago de Chile para analizar las implicancias de la nueva Ley 21.595, que entrará en vigencia en septiembre próximo.

La normativa sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, regula las penas y consecuencias adicionales para las personas responsables de estos delitos, y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar y complementar su normativa en el ámbito del derecho penal económico.

El seminario, titulado “Compliance en las universidades del Estado”, contó con la participación del exministro Gómez, el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, la académica de la Universidad de Chile y experta en derecho administrativo Gladys Camacho, el director jurídico y profesor de la Usach Felipe Lizama, y la asesora jurídica en materias corporativas Paulina Jerez.

Los especialistas analizaron el impacto de esta materia en la gestión universitaria en las corporaciones universitarias estatales y la prevención de los riesgos jurídicos asociados.

El rector de la Usach, Rodrigo Vidal, en sus palabras de bienvenida, sostuvo que la Ley 21.595 es “una oportunidad para que las casas de estudios estatales se actualicen en el contexto académico e implementen modelos de prevención de delitos y protocolos de fiscalización”.

En el mismo sentido, el académico de la Facultad de Derecho Usach y Secretario General de la Universidad, Francisco Zambrano, señaló que “mucho más que un servicio público, nuestra Universidad no se agota en ser una dependencia administrativa. Somos una Universidad que sirve a lo público y que lo seguirá haciendo con excelencia, porque es nuestro deber ético, porque es nuestra razón de ser, porque no hay otro modo de ser Universidad Pública”.

Por su parte, el exministro de Defensa y Justicia, José Antonio Gómez, recordó que el cuerpo legal contempla duras penas para los denominados “delitos de cuello y corbata”, dejando atrás las recordadas clases de ética.

Explicó que se establece un estatuto diferenciado de determinación de pena, aumentando las sanciones y ampliando el catálogo de delitos imputables a las empresas. En este sentido, cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión (cárcel), es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, ya que lo que busca esta nueva legislación es evitar que se produzca la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos.

“Cuando ha existido colusión se han determinado indemnizaciones de 7.000 pesos como compensación, como fue el caso del papel Tissue. Con esta ley, las multas podrían llegar a los 20 mil millones de pesos y penas de cárcel”, destacó Gómez.

Agregó que la Ley 21.595 pone a Chile a la vanguardia en materia de prevención de delitos y obliga a los grandes grupos económicos a cumplir con la legislación frente a daños medioambientales que afecten a la ciudadanía.

Sobre la iniciativa de analizar en un seminario de la academia este cuerpo legal, remarcó que, a diferencia del mundo político, la universidad es el camino para catalizar tanto el debate como las propuestas.