Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben aumentar con urgencia el gasto destinado a protección social y salud para afrontar la escandalosa desigualdad socioeconómica de la región que ha resultado fatal durante la pandemia de COVID-19. Así lo afirmó Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) en un nuevo informe conjunto publicado.
“Desigual y letal: Cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina y el Caribe” expone los factores que explican el número desproporcionado de muertes por COVID-19 en la región si se la compara con otras partes del mundo. Con sólo el 8,4% de la población mundial, las Américas han padecido el 28% del total mundial de muertes a causa de la COVID-19. El informe concluye que los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social fueron los que más sufrieron durante la pandemia, y que los efectos más devastadores recayeron en los grupos históricamente marginados.
Es fundamental reconsiderar las políticas basándose en los derechos humanos para evitar futuras calamidades en una región que, según muchos indicadores, es la más desigual del mundo. A pesar de los niveles alarmantes de desigualdad y pobreza en América Latina y el Caribe, en los últimos decenios los gobiernos no han recaudado suficientes ingresos por impuestos ni lo han hecho de una manera que permita combatir la desigualdad, ni siquiera en épocas de expansión económica. Esto ha dado lugar inevitablemente a un escaso gasto en servicios de atención de la salud y protección social; incluidos desempleo, pensiones y apoyo a la infancia, que son indispensables para una vida digna y para defender de verdad los derechos humanos para todas las personas.
“Los gobiernos tienen la obligación de movilizar proactivamente los recursos necesarios para proteger a sus respectivas poblaciones de los peores efectos de la discriminación, la enfermedad y el desastre económico. Si los países latinoamericanos hubieran actuado de este modo en los decenios previos a la pandemia, la región podría haber evitado tanto dolor y pérdida de vidas”, indica Kate Donald, directora ejecutiva en funciones del CESR. “Ahora tienen la oportunidad de prevenir el próximo desastre generado por la desigualdad y de cambiar a una economía basada en los derechos.”
Países como México, Brasil y Perú, donde el 1% más rico de la población acapara más del 30% de la riqueza nacional, han registrado las cifras más elevadas de muertes por COVID-19 en la región en proporción a su población. Chile, donde el 20% más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20% más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la región.
Aunque muchos países latinoamericanos efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal o ampliar las coberturas a fin de garantizar que las personas más desfavorecidas estuvieran atendidas.
El impacto de estas carencias en toda la región recayó con la mayor severidad en las mujeres, que perdieron empleos con más frecuencia que los hombres y cuya carga desproporcionada en el cuidado de los hijos, hijas y el resto de la familia sigue traduciéndose en un disfrute desigual de los derechos, aún más si son indígenas o afrodescendientes.
“Nacer con cierto color de piel o crecer en determinado barrio no debe determinar las posibilidades que una persona tiene de morir a causa de enfermedades infecciosas como la COVID-19. Dos años después del comienzo de la pandemia, los gobiernos de América Latina siguen sin entender la urgencia de implementar un enfoque basado en los derechos humanos destinado a recuperarse de la pandemia y afrontar la desigualdad”, señala Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Aunque la Organización Panamericana de la Salud establece que un mínimo del 6% del producto interno bruto (PIB) ha de dedicarse a la salud si se pretende garantizar la cobertura universal, casi todos los países de la región gastan mucho menos en servicios de salud pública, lo cual significa que no tienen suficientes camas de hospital ni profesionales médicos o de enfermería para tratar de forma efectiva la COVID-19 u otras crisis de salud. En Perú, por ejemplo, en el decenio que precedió a la pandemia, las autoridades no aumentaron el gasto público en salud a pesar del crecimiento económico sostenido durante años, y sólo invirtieron el 3,3% de su PIB. En México, más de 15 millones de personas perdieron el acceso a la cobertura de salud en los dos años previos a la pandemia debido a ineficiencias burocráticas en la política de salud del gobierno.
En Chile, los ingresos públicos por impuestos y contribuciones a la seguridad social sólo representan la mitad del gasto total en atención de la salud; la otra mitad procede de los pacientes a través de tasas preceptivas de pago anticipado y gastos voluntarios o pagados de su bolsillo. Allí, el gasto público per cápita en salud representa únicamente un tercio de la media en el caso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y dispone de la mitad de camas de hospital por cada 1.000 habitantes en relación con la media en esos países.
Aun cuando en teoría tengan políticas adecuadas, los gobiernos tropiezan en la implementación, donde con frecuencia una barrera clave es que no se generan recursos fiscales suficientes para que esas políticas sean efectivas. Los países de América Latina y el Caribe generalmente recaudan menos ingresos en concepto de impuestos que otros con niveles de desarrollo semejantes en diferentes partes del mundo. En 2019, la región sólo recaudaba en promedio el 22% de su PIB en impuestos, frente al 33% de la media en los países de la OCDE.
Además, en muchos países de la región los sistemas tributarios son regresivos, con impuestos que no exigen lo suficiente a quienes pueden pagar más, con lo que no cuentan con herramientas para reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza. Por ejemplo, los países de América Latina tienen una gran dependencia de los impuestos indirectos; que son más regresivos, ya que constituyen una carga mayor para los sectores más pobres de la población, y recaudan muy poco en concepto de impuestos sobre el patrimonio, dirigidos a las élites económicas.
“Este informe muestra que las violación de derechos sociales como el derecho a la salud no son por azar si no por decisiones de autoridades del Estado. No se debe meramente a un virus que afecta a la población a nivel mundial o a falta de recursos. Esa violación de derechos sociales se debe fundamentalmente a decisiones de políticas públicas que favorecen o no a ciertos sectores de la población. En el caso de Chile esas decisiones de políticas públicas nos han llevado a desigualdades estructurales, a tener un sistema de salud que se financia en gran medida con recursos de los hogares y en la existencia de un sistema fiscal regresivo. Sin embargo, tenemos esperanza de que el derecho a la salud y otros derechos sociales fundamentales queden plasmados en la nueva constitución para que otorgue garantías de una vida más digna para todas las personas”, indicó Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
“Si no afrontan con audacia la necesidad de gravar más y mejor, como es su obligación en materia de derechos humanos, los países de América Latina seguirán viéndose arrastrados por un malestar de desigualdad socioeconómica que favorecerá a una élite rica mientras perjudica a la sociedad en su conjunto”, afirma Kate Donald.
