Lo que está pasando en Argentina con sus glaciares no es solo un tema local. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei que podría cambiar el mapa ambiental de la cordillera. El punto más crítico es este: ahora serán las provincias las que podrán redefinir las zonas periglaciares, abriendo espacio para proyectos de minería de litio, cobre y oro en territorios que hasta ahora estaban bajo resguardo.
La señal encendió alertas inmediatas, no solo en Argentina, también en Chile. Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en derecho ambiental, advierte que el problema no está solo en la reforma, sino en quién la ejecuta. “Las leyes en Argentina que dependen de las provincias no siempre tienen una buena aplicación. Por ejemplo, hace ya varios años tienen una ley de presupuestos mínimos para proteger bosques, y no todas las provincias o muy pocas han logrado cumplir la meta y el objetivo social”, acotó.
El riesgo, según Aranda, no es abstracto. Tiene que ver con una posible fragmentación en la protección ambiental, donde cada provincia podría interpretar el resguardo glaciar según sus propios intereses económicos. “si me dicen ahora vamos a tener una ley que le va a asignar competencias provinciales sobre protección de glaciares, yo tendría a pensar que vamos a tener realidades dispares, no necesariamente va a haber una protección quizá adecuada conforme a estos precedentes en otras leyes. Creo que podría haber una desprotección y un retroceso en protección ambiental”.
Y Chile no está fuera de ese radar. Compartir cordillera también significa compartir riesgos. Sobre un posible impacto en cuencas hídricas transfronterizas, Aranda fue claro: “podría haber afectación”. En ese escenario, el académico plantea que Chile no puede mirar desde lejos. “correspondería a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), que es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, evaluar cuáles podrían ser las acciones que tomaría cada provincia en el caso y activar los mecanismos que tiene para evitar impactos transfronterizos aplicando estos tratados internacionales que Chile ha suscrito previamente con Argentina”.
La preocupación no es solo jurídica. También es ecológica. Un informe técnico elaborado por organizaciones como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y WCS Argentina advierte que debilitar la protección glaciar podría desencadenar impactos profundos sobre biodiversidad, disponibilidad hídrica y equilibrio climático. El dato más duro es también el más simple: más de la mitad de las especies evaluadas en Argentina vive en regiones alimentadas por agua de glaciares.
Ahí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve urgente. El informe advierte que el 56% de las especies evaluadas depende de ecosistemas sostenidos por agua glaciar, una cifra que escala al 86% en mamíferos y al 83% en anfibios amenazados. En otras palabras, intervenir glaciares no solo habilita minería: también reconfigura ecosistemas completos. Y cuando el agua cruza fronteras, el impacto también.