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Separar residuos no salvará al planeta si el sistema sigue fallando

Separar botellas, aplastar latas o lavar envases de yogurt se volvió parte del mood eco de una generación que intenta vivir con más conciencia ambiental. Pero en Chile, reciclar todavía se parece más a una misión individual que a una política realmente integrada. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, especialistas de la Universidad de Chile advierten que el problema no termina cuando alguien deja sus residuos en un punto limpio: recién ahí empieza una cadena que muchas veces simplemente no existe.

La cifra golpea fuerte. Según la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales publicada este 2025, el 86% de los residuos del país termina en rellenos sanitarios o sitios de eliminación final. En otras palabras, la mayoría de la basura sigue teniendo el mismo destino de siempre, pese al auge del reciclaje, las campañas verdes y la instalación de una estética sustentable que domina redes sociales, marcas y estilos de vida urbanos.

Para la antropóloga María Elena Acuña, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el reciclaje doméstico implica mucho más trabajo del que suele reconocerse. “Este cambio de práctica implica, a veces, mucho esfuerzo para las unidades domésticas”, explica. Y es que reciclar no solo significa separar residuos: también implica lavar envases, secarlos, guardarlos, conocer las reglas y muchas veces trasladarlos personalmente hasta puntos de reciclaje que ni siquiera existen en todos los barrios.

La desigualdad territorial también aparece como un factor clave. Mientras algunas comunas cuentan con puntos limpios, retiro diferenciado y alianzas con empresas privadas, otras simplemente dejan la responsabilidad completa en manos de los vecinos. “No se trata solo de la voluntad de las personas, sino que tiene que haber una arquitectura de política pública, sobre todo a nivel micro, a nivel barrial, mucho más ágil y clara”, sostiene Acuña. El reciclaje, además, termina convirtiéndose en otra tarea doméstica invisible que muchas veces recae en una sola persona dentro del hogar, especialmente mujeres.

Desde una mirada más estructural, el profesor Hernán Durán, académico del diplomado en Gestión Ambiental y Economía Circular de Residuos Sólidos, plantea que Chile sigue atrapado en un modelo pensado para retirar basura, no para reducirla ni valorizarla. Aunque leyes como la REP marcaron avances, el sistema todavía funciona bajo una lógica lineal: consumir, desechar y enterrar. “El reciclaje es posible, es bueno, hay que fomentarlo, pero hay mucho esfuerzo que hacer, tanto desde el punto de vista normativo y del esquema institucional como desde el punto de vista de la conciencia ciudadana, para que entendamos que estamos frente a un problema grave”, afirma.

En el fondo, el debate ya no pasa solamente por quién recicla y quién no. La pregunta incómoda apunta al nivel de consumo que sostiene la vida cotidiana actual. “Si lo que queremos hacer es que haya menos residuos, entonces seguramente el tema no tiene que ver tan solo con el reciclaje, sino que tiene que ver con el consumismo”, advierte Durán. Porque mientras el reciclaje siga dependiendo casi exclusivamente de la buena voluntad individual, Chile seguirá acumulando basura más rápido de lo que logra hacerse cargo de ella.

Sobregiro ecológico confirma que Chile ya vive en déficit

Chile llegará este 7 de mayo a su sobregiro ecológico, una fecha que en simple significa algo incómodo: el país ya habrá consumido todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año. Lo que viene desde ahí en adelante es déficit. Vivir a crédito, pero con ecosistemas. Y no es un dato aislado. Es la séptima vez consecutiva que Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en entrar en números rojos ambientales.

La medición la realiza la Global Footprint Network y funciona como una especie de termómetro del desgaste global. Lo que calcula es cuándo la demanda humana supera la capacidad de regeneración de la Tierra. En el caso chileno, la señal empeoró: este año el sobregiro se adelantó diez días respecto de 2025. Traducido fuera del lenguaje técnico, estamos consumiendo más rápido de lo que el planeta puede reponer.

La dimensión del problema se vuelve más clara con una cifra brutal. Según el WWF, si todo el mundo viviera con el nivel de consumo de Chile, harían falta 2,9 planetas Tierra para sostener ese ritmo. No es solo sobre reciclar más o usar menos plástico. Es una señal estructural sobre cómo producimos, consumimos y agotamos territorio como si no tuviera límite.

Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, lo resume sin dramatismo, pero sin margen para romantizar el dato. “indicadores como el sobregiro ecológico no capturan cada detalle de la realidad, pero son una de las aproximaciones más robustas disponibles para entender las tendencias”. Y la tendencia, dice, es clara: “estamos ejerciendo una presión creciente sobre los ecosistemas, en un contexto donde la naturaleza tiene límites”.

Desde la academia, Juan José Garcés, jefe de carrera de Ingeniería Civil en Territorio y Medio Ambiente de la Universidad de Santiago de Chile, aterriza el concepto. “El sobregiro ecológico corresponde a un cálculo realizado por el Global Footprint Network, que estima la fecha en la cual la demanda de recursos ecológicos supera la regeneración. Es decir, cuando la humanidad está consumiendo todos los recursos que tiene un territorio o un espacio dado”. La lógica no es simbólica: mide el desfase real entre lo que consumimos y lo que el entorno puede sostener.

Chile no está solo en este colapso, pero sí mal posicionado. A nivel continental, solo Canadá y Estados Unidos llegaron antes al sobregiro este año. El resto de América Latina todavía resiste un poco más. Y esa diferencia importa, porque muestra que no se trata solo de desarrollo o crecimiento, sino de cuánto cuesta sostener un modelo que consume como si el planeta tuviera refill infinito.

La ley que incomoda al negocio del suelo

Lo que partió como una discusión por vivienda en Valdivia terminó reabriendo uno de los debates más incómodos del urbanismo chileno: qué se protege primero, el suelo para construir o el ecosistema que todavía sostiene a muchas ciudades. El cruce entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el senador Alfonso De Urresti, durante una reunión en Serviu por el proyecto Guacamayo 3, volvió a poner en el centro la Ley de Humedales Urbanos y su rol en la crisis habitacional.

La tensión explotó cuando, en medio de la conversación sobre disponibilidad de suelo, alguien recordó que Valdivia está reconocida como ciudad humedal. La respuesta de Poduje fue inmediata y sin filtro: “esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años”. La frase no tardó en viralizarse y empujó una discusión que va mucho más allá del timing político: si proteger humedales está frenando viviendas o si el problema es otro y más estructural.

Para Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y experto en derecho ambiental, la ley cumple una función básica que por años fue ignorada por la planificación urbana chilena. “es importante, porque en Chile, los instrumentos de ordenamiento territorial, como planos reguladores comunales, planes interseccionales, o planes metropolitanos, han desatendido estás fuentes y reservas de agua dulce, que tienen beneficios para el ecosistema y para el disfrute de un medio ambiente sano de la población”. En otras palabras, el problema no sería la ley, sino haber urbanizado durante décadas como si los humedales no existieran.

Y ese punto no es menor, sobre todo en ciudades como Valdivia. Aranda advierte que “cuidar humedales es muy importante para contener crecidas de ríos, y evitar inundaciones”. No es solo conservación por estética o discurso verde. Es infraestructura natural. Proteger estos espacios significa reducir riesgos climáticos, amortiguar crecidas y mantener servicios ecosistémicos que, aunque no siempre se vean, sostienen la vida urbana mucho más de lo que suele admitir el mercado inmobiliario.

También desarma una de las críticas más repetidas desde el mundo político: que la ley bloquea proyectos. Según Aranda, “esa afirmación es engañosa”. Lo que hace la normativa, explica, no es prohibir construir, sino exigir que los proyectos pasen por evaluación ambiental cuando se emplazan en humedales urbanos. Eso implica más tiempo, más costos y más regulación, sí. Pero no una prohibición automática. El punto no es impedir viviendas, sino evitar que se construyan en zonas que después terminan agravando inundaciones, degradación ambiental y crisis urbanas más caras de corregir.

Para Aranda, culpar a los humedales por el déficit habitacional es una simplificación cómoda. El problema, insiste, también pasa por tasas hipotecarias imposibles, especulación inmobiliaria y abandono de barrios ya existentes. “el déficit de vivienda no pasa por destruir humedales y edificar sobre ellos”. La discusión de fondo, entonces, no es si Chile necesita más viviendas. Es si quiere seguir construyéndolas como en el siglo pasado o empezar, de una vez, a pensar ciudad con algo de futuro.

Glaciares en riesgo y una alerta que cruza la cordillera

Lo que está pasando en Argentina con sus glaciares no es solo un tema local. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei que podría cambiar el mapa ambiental de la cordillera. El punto más crítico es este: ahora serán las provincias las que podrán redefinir las zonas periglaciares, abriendo espacio para proyectos de minería de litio, cobre y oro en territorios que hasta ahora estaban bajo resguardo.

La señal encendió alertas inmediatas, no solo en Argentina, también en Chile. Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en derecho ambiental, advierte que el problema no está solo en la reforma, sino en quién la ejecuta. “Las leyes en Argentina que dependen de las provincias no siempre tienen una buena aplicación. Por ejemplo, hace ya varios años tienen una ley de presupuestos mínimos para proteger bosques, y no todas las provincias o muy pocas han logrado cumplir la meta y el objetivo social”, acotó.

El riesgo, según Aranda, no es abstracto. Tiene que ver con una posible fragmentación en la protección ambiental, donde cada provincia podría interpretar el resguardo glaciar según sus propios intereses económicos. “si me dicen ahora vamos a tener una ley que le va a asignar competencias provinciales sobre protección de glaciares, yo tendría a pensar que vamos a tener realidades dispares, no necesariamente va a haber una protección quizá adecuada conforme a estos precedentes en otras leyes. Creo que podría haber una desprotección y un retroceso en protección ambiental”.

Y Chile no está fuera de ese radar. Compartir cordillera también significa compartir riesgos. Sobre un posible impacto en cuencas hídricas transfronterizas, Aranda fue claro: “podría haber afectación”. En ese escenario, el académico plantea que Chile no puede mirar desde lejos. “correspondería a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), que es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, evaluar cuáles podrían ser las acciones que tomaría cada provincia en el caso y activar los mecanismos que tiene para evitar impactos transfronterizos aplicando estos tratados internacionales que Chile ha suscrito previamente con Argentina”.

La preocupación no es solo jurídica. También es ecológica. Un informe técnico elaborado por organizaciones como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y WCS Argentina advierte que debilitar la protección glaciar podría desencadenar impactos profundos sobre biodiversidad, disponibilidad hídrica y equilibrio climático. El dato más duro es también el más simple: más de la mitad de las especies evaluadas en Argentina vive en regiones alimentadas por agua de glaciares.

Ahí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve urgente. El informe advierte que el 56% de las especies evaluadas depende de ecosistemas sostenidos por agua glaciar, una cifra que escala al 86% en mamíferos y al 83% en anfibios amenazados. En otras palabras, intervenir glaciares no solo habilita minería: también reconfigura ecosistemas completos. Y cuando el agua cruza fronteras, el impacto también.

Incendios forestales y el negocio de la catástrofe en Chile

En el Aeródromo de Tobalaba, el Presidente Gabriel Boric presentó el Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales, un programa que destina 160 mil millones de pesos para enfrentar uno de los problemas más persistentes del país. Durante la actividad, el mandatario fue enfático: “la prevención es un deber, una responsabilidad compartida, porque como hemos dicho año tras año, el 99% de los incendios son por causa humana”. La frase resonó en un contexto en el que Chile acaba de registrar su peor temporada en más de una década, con 5.815 incendios forestales durante 2024, la cifra más alta desde 2010.

Sin embargo, para muchos especialistas, las causas del fuego no se apagan con discursos ni cifras récord de inversión. El académico Jorge Morales, exdirector regional de Conaf en la Región del Biobío y actual docente de la Universidad de Santiago, fue categórico al evaluar el anuncio presidencial: “En Chile no se hace prevención de incendios forestales”. En conversación con Diario Usach, el experto explicó que la verdadera prevención no se mide por campañas comunicacionales, sino por la reducción efectiva de los siniestros. “El único indicador real es el número de incendios ocurridos. Y esos números no dejan de crecer”, enfatizó.

Morales critica el enfoque superficial con el que el país ha enfrentado el problema. Según él, el concepto de “campaña” es obsoleto, y los esfuerzos actuales no van más allá del marketing político. “La prevención de incendios es una rama de la Ingeniería Forestal y una labor que dura todo el año. Pero Chile todavía cree que prevenir es hacer spots de verano”, sostuvo. Para el especialista, la raíz del problema está en la inacción estructural, más que en la falta de conocimiento ciudadano. “No es que la gente no sepa que los incendios son malos; es que los provoca de forma intencional o accidental. Esto no se resuelve con charlas escolares”, añadió.

El diagnóstico es lapidario: Chile trata los incendios como si fueran desastres naturales cuando en realidad son fallas humanas y políticas. “Cada vez que ocurre un incendio, significa que la prevención fracasó”, apunta Morales. En su análisis, la Senapred sigue actuando bajo la lógica de la emergencia y no de la anticipación. “Somos fantásticos para apagar incendios, tenemos bomberos, brigadistas, aviones y camiones aljibe. Pero no hacemos nada para prevenirlos. El negocio es el incendio, no la prevención”, sentencia el académico, con una ironía que refleja frustración más que cinismo.

Sobre el proyecto de Ley de Incendios presentado en 2023, Morales tampoco se guarda críticas. “Esa es una ley que no sirve para nada. Chile no necesita una ley para prevenir incendios forestales, lo que necesita es hacerlo”, afirmó. Para él, las respuestas legislativas tras cada catástrofe son una constante histórica. “En nuestro país, cuando hay un problema, se crea una ley. Tenemos vocación de catástrofe: sabemos cómo apagar incendios, cómo hacer colectas y hasta cómo vender más en ferreterías después de un desastre. Pero seguimos sin invertir en evitar que ocurran”.

Mientras tanto, los riesgos crecen con el calor. Morales advierte que “donde haya una persona, puede haber un incendio forestal”. Según sus datos, las regiones de Valparaíso y O’Higgins concentran los siniestros más graves entre noviembre y diciembre, mientras que en enero y febrero el fuego se traslada al sur del país. Pero también hay una nota de esperanza en medio del caos: junto al académico Leoncio Briones, Morales trabaja en un proyecto de inteligencia artificial capaz de predecir incendios forestales mediante modelos de gemelos digitales y una base de datos de más de 150 mil siniestros. “Estamos probando algoritmos que permiten anticipar con un alto grado de certeza dónde podrían iniciarse nuevos incendios. Como estos son provocados por humanos, se pueden presagiar”, concluye.

El desafío está sobre la mesa: transformar la “vocación de catástrofe” en una cultura real de prevención. Porque si algo demuestran las cifras y las cenizas, es que en Chile el fuego no se extingue con promesas, sino con acciones concretas y una voluntad política que aún no termina de encenderse.

El nuevo protocolo que une a agricultores y apicultores en defensa de las abejas

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) acaba de poner sobre la mesa un recordatorio que toca directamente a la sobrevivencia de la apicultura nacional: durante todo octubre, los apicultores y apicultoras del país deberán declarar sus apiarios y colmenas en el Sistema de Información Pecuaria Apícola (SIPEC Apícola). Lejos de ser un mero trámite burocrático, esta actualización de datos será clave para que la industria apícola pueda acceder a subsidios estatales, programas oficiales de control sanitario y, lo más importante, resguardar a las abejas frente a la amenaza de plaguicidas.

La declaración puede hacerse en línea a través de la plataforma sipecweb.sag.gob.cl o directamente en las oficinas regionales del organismo, mediante el Formulario de Registro de Apicultores y Declaración de Apiarios (FRADA). El llamado del SAG no es casual: la apicultura no solo se enfrenta a desafíos de producción, sino también a riesgos ambientales cada vez más urgentes.

Uno de los cambios más relevantes que trae el SIPEC Apícola es que desde enero de 2026 comenzará a operar el Sistema de Avisaje de Plaguicidas para productos catalogados como muy tóxicos para las abejas, y desde abril de ese mismo año para los considerados moderadamente tóxicos. Esto implica que los agricultores tendrán la obligación de avisar con al menos 48 horas de anticipación a los apicultores registrados cuando realicen aplicaciones de químicos que puedan poner en riesgo a las colmenas.

La medida busca generar una red de protección real y efectiva. Para que funcione, la información declarada por los apicultores será el eje central: ubicación de apiarios, cantidad de colmenas y datos de contacto deben estar siempre actualizados. Solo así se podrá garantizar una notificación directa y oportuna frente al uso de pesticidas. Es, en la práctica, una herramienta de alerta temprana para evitar muertes masivas de abejas.

En un contexto donde la polinización es esencial para la producción agrícola del país y donde los apicultores suelen verse invisibilizados en la cadena de valor, la implementación del sistema es un paso significativo hacia un modelo más responsable y coordinado. La relación entre agricultores y apicultores, que históricamente ha tenido tensiones, ahora contará con un canal formal que podría reducir riesgos y, al mismo tiempo, elevar la calidad de los procesos productivos.

El mensaje del SAG es claro: sin información actualizada no hay forma de proteger a las abejas ni de potenciar la apicultura nacional. Declarar los apiarios no es una opción, es una obligación que podría marcar la diferencia en la sostenibilidad de uno de los sectores más vulnerables y estratégicos de la agricultura chilena.

Una comuna, un cerro y 80 razones para cuidar el planeta

Cerca de 80 voluntarios se reunieron el pasado 25 de julio para transformar el Cerro La Ballena, uno de los cerros isla más relevantes del Gran Santiago, en un punto de encuentro entre la comunidad y la acción ambiental. La jornada, impulsada por el movimiento ambiental SíMiPlaneta Chile y la iniciativa local Parque Natural Cerro La Ballena, no solo sirvió para retirar más de 640 kilos de residuos —desde escombros hasta electrodomésticos abandonados—, sino que también encendió una conversación urgente sobre el rol de estos espacios naturales en el equilibrio urbano.

Más allá de la limpieza, la jornada incorporó una charla educativa con foco en los principios del “No Deje Rastro”, una guía clave para quienes transitan entornos naturales sin degradarlos. La actividad tuvo un fuerte componente formativo al integrar a estudiantes de dos escuelas de la comuna, sumando nuevas generaciones a la defensa del ecosistema local.

Felipe, fundador del Parque Natural Cerro La Ballena, lo resumió así: “Este cerro tiene un valor ecológico y social enorme. Es refugio de biodiversidad y también un lugar de encuentro para la comunidad”. Entre su vegetación nativa, como el quillay y el natre, y aves locales como el tiuque, el peuco o la tenca, La Ballena destaca como un corredor biológico esencial para el equilibrio medioambiental en medio del cemento.

La sinergia entre organizaciones fue fundamental. SíMiPlaneta; el brazo verde del Grupo Por Un País Mejor impulsado por Farmacias del Dr. Simi, aportó recursos, voluntariado y visión territorial, demostrando que el cruce entre comunidad, educación y acción concreta puede generar transformaciones sostenidas. Desde la organización destacaron que “acciones como esta permiten que más personas, sobre todo niñas y niños, se conecten con la naturaleza y comprendan el valor de cuidarla”.

La restauración del Cerro La Ballena no es solo una limpieza puntual, es parte de una serie de esfuerzos por reimaginar el vínculo entre ciudad y naturaleza. En tiempos donde el colapso ambiental ya no es una teoría sino una evidencia, experiencias como esta reafirman que las respuestas también están en lo local, en la tierra bajo nuestros pies.