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La minería chilena entra en una nueva era de automatización

La minería chilena enfrenta un escenario donde producir más ya no depende únicamente de aumentar la capacidad de las faenas. La gestión de activos, la automatización y el uso de inteligencia artificial están tomando un rol cada vez más relevante para mantener la productividad y la continuidad operacional, especialmente frente a desafíos como la disminución de las leyes de los minerales. Ese fue uno de los ejes de la charla “Gestión de activos en minería: desafíos y palancas para excelencia operacional”, realizada en la Universidad de Santiago.

Durante el encuentro, realizado en el Auditorio del Departamento de Ingeniería Industrial, el gerente corporativo de mantenimiento de Codelco, Iván Tobar, abordó los avances tecnológicos de la compañía y los desafíos relacionados con seguridad y manejo de riesgos. Frente a estudiantes y académicos, también recordó el accidente ocurrido hace poco más de un año en la División El Teniente, donde seis trabajadores fallecieron y cuyas causas continúan siendo investigadas.

Tobar enfatizó que la productividad no puede imponerse sobre la seguridad. El ejecutivo sostuvo que no existe una meta productiva que justifique un accidente y planteó que, aunque Codelco tiene la responsabilidad de producir, no puede hacerlo a cualquier costo. En ese contexto, explicó que actualmente más de 40 camiones y cargadores autónomos operan en El Teniente, mientras parte de estos equipos son controlados de manera remota desde Rancagua, a unos 50 kilómetros del yacimiento. “Lamentablemente los accidentes nos enseñan que hay que aprender, modificar, y mejorar todos los sistemas de seguridad”, insistió.

La incorporación de tecnología también está modificando la forma en que se monitorean los equipos mineros. Según Tobar, Codelco alcanzó un 40% de mejora en la producción mediante el uso de inteligencia artificial y obtuvo más de un 15% de aumento en la recuperación de minerales. La automatización permite además anticiparse a eventuales problemas mecánicos mediante sensores capaces de transmitir datos de manera permanente, reemplazando procesos que antes requerían controles presenciales en terreno.

El avance hacia operaciones autónomas ya se encuentra en etapa de pruebas en prácticamente todas las faenas asociadas a la corporación. Tobar explicó que, al comparar flotas autónomas con aquellas que utilizan operadores, los equipos presentan menores gastos desde el punto de vista mecánico. El cambio no solo implica incorporar máquinas capaces de operar con menor intervención humana, sino también desarrollar sistemas capaces de interpretar grandes cantidades de información y anticipar fallas antes de que estas interrumpan la operación.

La discusión también abordó el futuro de la demanda mundial de cobre, especialmente por el avance de la electrificación y la electromovilidad. Tobar sostuvo que el mundo necesitará 37 millones de toneladas de cobre fino hacia 2050 y recordó que Chile mantiene una posición relevante en el mercado global. “Nosotros como chilenos estamos bien posicionados en el mundo al producir el 24% del cobre mundial y de ese porcentaje un 5% lo produce Codelco”, manifestó.

La transición hacia vehículos eléctricos aparece como uno de los factores que podrían aumentar la presión sobre la disponibilidad del metal rojo. “un auto a combustión interna cuenta con 25 kilos de cobre mientras que los autos eléctricos requieren entre 60 y 70 kilos”, explicó Tobar. Para la Universidad de Santiago, este escenario también abre espacio para una mayor colaboración entre la academia y la industria. El rector Pedro Palominos destacó que el encuentro “que marca un hito importante para conocer de primera fuente las problemáticas y desafíos de Codelco”, planteando que la vinculación entre ambos sectores puede contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas locales frente a los desafíos que enfrenta la minería chilena.

Glaciares en riesgo y una alerta que cruza la cordillera

Lo que está pasando en Argentina con sus glaciares no es solo un tema local. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei que podría cambiar el mapa ambiental de la cordillera. El punto más crítico es este: ahora serán las provincias las que podrán redefinir las zonas periglaciares, abriendo espacio para proyectos de minería de litio, cobre y oro en territorios que hasta ahora estaban bajo resguardo.

La señal encendió alertas inmediatas, no solo en Argentina, también en Chile. Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en derecho ambiental, advierte que el problema no está solo en la reforma, sino en quién la ejecuta. “Las leyes en Argentina que dependen de las provincias no siempre tienen una buena aplicación. Por ejemplo, hace ya varios años tienen una ley de presupuestos mínimos para proteger bosques, y no todas las provincias o muy pocas han logrado cumplir la meta y el objetivo social”, acotó.

El riesgo, según Aranda, no es abstracto. Tiene que ver con una posible fragmentación en la protección ambiental, donde cada provincia podría interpretar el resguardo glaciar según sus propios intereses económicos. “si me dicen ahora vamos a tener una ley que le va a asignar competencias provinciales sobre protección de glaciares, yo tendría a pensar que vamos a tener realidades dispares, no necesariamente va a haber una protección quizá adecuada conforme a estos precedentes en otras leyes. Creo que podría haber una desprotección y un retroceso en protección ambiental”.

Y Chile no está fuera de ese radar. Compartir cordillera también significa compartir riesgos. Sobre un posible impacto en cuencas hídricas transfronterizas, Aranda fue claro: “podría haber afectación”. En ese escenario, el académico plantea que Chile no puede mirar desde lejos. “correspondería a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), que es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, evaluar cuáles podrían ser las acciones que tomaría cada provincia en el caso y activar los mecanismos que tiene para evitar impactos transfronterizos aplicando estos tratados internacionales que Chile ha suscrito previamente con Argentina”.

La preocupación no es solo jurídica. También es ecológica. Un informe técnico elaborado por organizaciones como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y WCS Argentina advierte que debilitar la protección glaciar podría desencadenar impactos profundos sobre biodiversidad, disponibilidad hídrica y equilibrio climático. El dato más duro es también el más simple: más de la mitad de las especies evaluadas en Argentina vive en regiones alimentadas por agua de glaciares.

Ahí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve urgente. El informe advierte que el 56% de las especies evaluadas depende de ecosistemas sostenidos por agua glaciar, una cifra que escala al 86% en mamíferos y al 83% en anfibios amenazados. En otras palabras, intervenir glaciares no solo habilita minería: también reconfigura ecosistemas completos. Y cuando el agua cruza fronteras, el impacto también.

Tierras raras, fuego y poder en disputa en Penco

Un video viral bastó para reactivar una polémica que en Penco nunca ha estado realmente apagada. En las últimas semanas, una grabación del excandidato presidencial Joaquín Lavín recorrió redes sociales destacando las virtudes del yacimiento de tierras raras ubicado en la comuna del Biobío. “Aquí hay un yacimiento de tierras raras, que son hoy día muy valiosas en el mundo, porque son imanes, tienen propiedades magnéticas y permiten crear magnetos permanentes que sirven para los motores eléctricos, sirven para las torres eólicas (…)”, señalaba el exalcalde de Las Condes. El registro no apareció en el vacío: Lavín se ha transformado en uno de los principales promotores del proyecto minero impulsado por Aclara Resources, una iniciativa de US$130 millones que busca explotar estos minerales estratégicos en la zona.

La difusión del video coincidió con un momento especialmente sensible para la comuna. Los incendios forestales que golpean con fuerza a la Región del Biobío, y que han afectado directamente a Penco, reabrieron una disputa de larga data entre las comunidades locales y la empresa minera. En el centro del conflicto están las llamadas tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos fundamentales para la tecnología contemporánea, desde smartphones y baterías para vehículos eléctricos hasta aerogeneradores y equipamiento militar, claves para la transición energética y digital que empuja la economía global.

La tensión escaló cuando la Corporación Parque para Penco alertó, a través de Instagram, que los incendios alcanzaron sectores del Fundo Coihueco, incluyendo áreas donde se proyecta instalar la minera. La organización difundió un mapa con el avance de las llamas y precisó que, si bien no todo el recinto fue consumido por el fuego, sí se registraron afectaciones relevantes. La publicación encendió suspicacias y reactivó cuestionamientos sobre el futuro del territorio en un escenario de catástrofe ambiental.

Desde la empresa Aclara Resources respondieron con dureza a los rumores que vinculan el proyecto con el origen de los incendios. En una declaración pública, la compañía sostuvo que “somos claros y categóricos en señalar que se trata de afirmaciones falsas, irresponsables y malintencionadas. Por el contrario, también hemos sido directamente afectados por esta catástrofe”. La firma agregó que “confiamos plenamente en el trabajo de las autoridades competentes que están investigando las causas de la emergencia y no dudaremos en sumarnos o ejercer las acciones que correspondan para perseguir a quienes resulten responsables”.

El proyecto, sin embargo, sigue bajo escrutinio institucional. La iniciativa se encuentra en revisión por el Servicio de Evaluación Ambiental desde junio de 2024, tras una reformulación, y enfrenta una férrea oposición local. El alcalde Rodrigo Vera y el Concejo Municipal de Penco han manifestado su rechazo, presentando en octubre de 2025 un pronunciamiento formal ante el SEA donde cuestionan la legalidad, los impactos ecológicos y la compatibilidad territorial del proyecto, solicitando una reevaluación integral.

Para entender la magnitud de lo que está en juego, Diario Usach conversó con Ayaz Alam, geógrafo y académico de la DIGEA Usach, y con Pedro Orrego, ingeniero civil metalurgista y académico del Departamento de Metalurgia de la misma universidad. Alam explicó que “las tierras raras son los elementos estratégicos para la transición energética y también para diferentes tecnologías modernas porque son necesarios para fabricar imanes para armamentos que se ocupan, por ejemplo, en la turbina eólica y vehículos eléctricos, pantallas LED, láser, diferentes tipos de dispositivos electrónicos y también los equipos militares. Entonces son bastante importantes”. El académico también matizó el concepto: “aunque lo digamos como tierras raras, no son tan raras. Están distribuidos a lo largo de la corteza, pero en una concentración muy baja. Entonces lo que hay que encontrar es dónde hay mayor concentración de estos elementos que se puede extraer. Otro desafío es ver cómo hay que separarlo y procesarlo”.

Desde la mirada técnica, Pedro Orrego detalló que el proyecto cuestionado “se conoce como Módulo Penco y se ubica en la Región del Biobío”, y que contempla “la explotación de tres zonas de extracción de arcillas con tierras raras, una planta con capacidad para procesar 320 toneladas por hora y la intervención de más de 153 hectáreas”. Una escala que explica tanto el interés económico como la preocupación ambiental que despierta la iniciativa.

El impacto de los incendios sobre los suelos donde se ubican estos minerales abre otra arista crítica. Orrego planteó que “a mi entender los incendios afectan la flora y fauna de la zona donde está ubicado el Módulo Penco, es posible que la empresa, ante este escenario, intente un cambio de uso de suelo para favorecer el desarrollo del proyecto”. Alam, por su parte, fue claro en advertir que “los incendios sí van a afectar los suelos donde tenemos obviamente la presencia de tierra rara, pero el tema es que cómo va a ser afectado por la distribución o la concentración de la tierra rara, eso obviamente depende del grado y la temperatura que se alcanza durante estos incendios”. Según explicó, “afectará evidentemente la distribución de los minerales, en este caso la tierra rara que se encuentra en estos suelos”, aunque precisó que solo temperaturas extremadamente elevadas podrían alterar su estructura química, algo que calificó como poco probable.

El geógrafo también advirtió que las cenizas y los cambios en la química del suelo tendrán efectos duraderos en el territorio y fue tajante frente a la posibilidad de que estos escenarios sean aprovechados por la empresa. Señaló que sería “ilegal e inmoral”, recordando además que “en nuestro país los incendios forestales obviamente no modifican la propiedad de la tierra ni la construcción minera, entonces cualquier proyecto minero tiene que seguir los procedimientos legales y ambientales establecidos”.

Entre el fuego que arrasa cerros, la urgencia climática y el apetito global por minerales estratégicos, Penco se ha convertido en un punto de fricción donde confluyen poder político, intereses económicos y resistencia territorial. Un conflicto que, lejos de apagarse, parece alimentarse de cada nueva chispa.

Investigación en El Teniente refuerza colaboración entre academia y justicia

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, confirmó que la investigación por el grave accidente ocurrido en la mina El Teniente, que causó la muerte de seis personas y dejó nueve heridas, contará con el apoyo de expertos multidisciplinarios, entre ellos académicos y profesionales de la Universidad de Santiago de Chile. La complejidad del caso exige la participación de especialistas en áreas como sismología, geofísica, geomecánica e ingeniería civil en minas para esclarecer las causas del siniestro.

Dentro del equipo asesor estará Miguel Vera, académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Usach, quien cuenta con una sólida formación internacional y más de una década de experiencia en minería y docencia. Vera dirige el Laboratorio de Mecánica de Rocas y es responsable de asignaturas clave para la formación de ingenieros en esta especialidad. Su aporte técnico será fundamental para analizar aspectos geomecánicos relacionados con el accidente.

Junto a él colaborará Osvaldo Zamorano, egresado de Ingeniería de Ejecución en Geomensura de la Usach, quien actualmente es oficial en la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente; Bidema, de la Policía de Investigaciones. Su experiencia en investigaciones ambientales complementa el trabajo del equipo multidisciplinario.

El rector de la Usach, Rodrigo Vidal, valoró profundamente la participación de sus representantes en este proceso. Destacó que esta colaboración refleja el compromiso de la universidad estatal con la sociedad, la búsqueda de la verdad y la justicia. En momentos difíciles para las familias afectadas, Vidal subrayó que la institución pone todas sus capacidades al servicio del país, aportando rigor técnico y responsabilidad en una investigación de gran trascendencia nacional.

Este trabajo conjunto entre autoridades, expertos académicos y organismos policiales reafirma el compromiso de Chile con la transparencia y la rigurosidad en el esclarecimiento de tragedias que impactan a la comunidad minera y a la sociedad en general.

La lucha por la biodiversidad en el Valle de Huasco frente a la industria energética

Ubicado en la región de Atacama, el valle de Huasco es un oasis de biodiversidad en el desierto más árido del mundo, reconocido por el fenómeno del desierto florido, donde especies endémicas y paisajes únicos surgen tras las lluvias. Sin embargo, décadas de industrialización y contaminación, junto con la falta de políticas ambientales efectivas, han puesto en serio peligro este frágil ecosistema.

El reportaje expone el impacto de la minería y las termoeléctricas en la salud de las comunidades locales y en especies endémicas, como las cactáceas Eriosyce napina y Copiapoa dealbata. Los altos niveles de metales pesados en el suelo y el aire han sido vinculados con un aumento en enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares entre la población. A lo largo de la investigación, se destaca la resistencia de organizaciones locales que luchan por preservar su patrimonio natural ante los proyectos extractivos y una transición energética mal gestionada. Las voces de activistas exigen políticas públicas más estrictas y una educación ambiental más sólida para proteger el valle.

Alicia Tapia Pizarro, artesana y defensora del valle del Huasco, subraya que “si de verdad queremos energías renovables para nuestros territorios, está en el suelo, en la vida. Imagínense la gran cantidad de medicina que existe en el desierto de Atacama que ni siquiera ha sido estudiada”. Esta reflexión pone en evidencia el valor no solo ambiental, sino también cultural y medicinal del desierto, un patrimonio que podría desaparecer si no se toman medidas urgentes.

Soledad Fuentealba, activista socioambiental de la zona, resalta las deficiencias de la legislación medioambiental en Chile, que según ella, protege más a las empresas extractivas que a las comunidades. “La dificultad está en la legislación medioambiental, que más que proteger a las comunidades o a la salud de la gente, protege a las empresas”, señala Fuentealba, evidenciando la impotencia que sienten los habitantes frente a la falta de respuestas.

El impacto ambiental en el valle de Huasco no se limita solo a la contaminación del aire y el suelo. La expansión de las actividades mineras y energéticas ha llevado a la destrucción de hábitats naturales, afectando gravemente a la flora y fauna de la región. Jorge Godoy Fritis, guardaparque del Parque Nacional Llanos de Challe y fotógrafo naturalista, describe la situación con preocupación: “Recorrer cualquier cerro aledaño a Huasco es encontrarse con polvillo negro. Especies como Eriosyce napina y Eriosyce crispa (cactáceas en peligro de extinción) están inmersas dentro de un polvillo que inclusive es capaz de modificar su color”.

El reportaje forma parte de la iniciativa “Narrar la TEJ”, que busca visibilizar las tensiones entre el desarrollo energético y la justicia socioambiental en América Latina, amplificando las voces de las comunidades afectadas. Este trabajo es un llamado a la reflexión y la acción global: la protección del valle de Huasco y su desierto florido no solo es un derecho de sus habitantes, sino un compromiso con la biodiversidad y las generaciones futuras.