Al cumplirse un año desde el inicio de las manifestaciones sociales más masivas que se hayan registrado en  Chile, académicas y académicos de la Universidad de Santiago, analizaron el fenómeno con la perspectiva del tiempo, abordaron sus causas y se refirieron a la posible proyección de este movimiento social, a días de un plebiscito que podría conllevar al cambio de la constitución en el país.

Para el doctor en Psicología, antropólogo y académico de la Universidad de Santiago, Sergio González, a un año del inicio de las movilizaciones no es posible hablar de una celebración, sino de una conmemoración del estallido. “Centenares de personas perdieron sus ojos. Es un doloroso símbolo: por manifestarse perdieron la vista y la posibilidad de seguir atestiguando el agobio, la angustia, la desigualdad y el oprobio”, afirmó.

A su juicio, el fenómeno social vino a materializar un cambio que el país ya venía experimentando, producto de la deslegitimación creciente de instituciones como la Presidencia, el Congreso, los Tribunales de Justicia y las Fuerzas de Orden y Seguridad. “Con el estallido, Chile cambió, pero en su capacidad de respuesta, de salir del letargo. Hay una expresión emocional-política y afectivo-social muy importante”, sostuvo.

“La discusión por una nueva Constitución es un gran logro de la movilización político-ciudadana, a través de diferentes expresiones fragmentadas de la sociedad que se expresaron y generaron una agenda”, consideró el académico de la Escuela de Psicología de la Usach.

Por último, el investigador especialista en Psicología Social y Cultural indicó que la relevancia del estallido social radica en que se trató de una “expresión socioemocional” de la ciudadanía, la cual se manifestó sin intermediarios. Es decir, sin participación de partidos ni liderazgos políticos. “El estallido social fue una expresión ciudadana nacida desde las emociones y sentimientos. Una reacción de gran impacto frente a los abusos, al desinterés de la élite y la clase política, y a un Gobierno tecnocrático que reprodujo la exclusión”, enfatizó González.

En opinión del académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Igor Goicovic, el estallido social de hace un año, representa “el punto de llegada de un proceso ascendente de movilizaciones sociales que ponen en discusión tanto el modelo económico neoliberal como el sistema político, en cuanto al desgaste y erosión que éste ha venido experimentando desde hace ya bastante tiempo”.

De acuerdo con el profesor de Historia y Gegrafía, “Chile no cambia a partir del 18 de octubre, sino que viene cambiando desde el año 2006, en términos de que las movilizaciones populares se inician con la denominada revolución pingüina de ese año, el 2006, sigue con la movilización de los trabajadores subcontratistas del cobre, forestales, de las salmoneras, las movilizaciones regionales, las movilizaciones de las comunidades indígenas, el movimiento no más AFP, el movimiento feminista y las movilizaciones esrtudiantiles a partir del 2011, etcétera”.

Respecto a la actual situación del movimiento social, Goicovic estimó que, evidentemente las manifestaciones se ven afectadas por el contexto de pandemia, pero, a su juicio, las protestas podrían incrementarse, incluso considerando el llamado a plebiscito. 

“Si bien la convocatoria a plebiscito opera como una suerte de salida política a la crisis de arrastre que veníamos teniendo, no es menos efectivo que no constituye la respuesta que muchas personas esperaban. Los cambios que la gente espera, tienen que ver con cambios en la estructura económica, con cambios en la distribución del ingreso, y, si bien también refieren a la institucionalidad, esos cambios se esperaban con una asamblea constituyente plenamente soberana y eso no es lo que necesariamente se va a manifestar en el plebiscito del 25 de octubre”, subrayó el autor de “Cultura de izquierda, violencia y política en América Latina”.

La Doctora en Historia y directora del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Cristina Moyano, consideró el 18 de octubre como un evento “muy relevante” porque, “vino a poner en evidencia una serie de desigualdades estructurales que vivía la sociedad chilena y que, de una u otra manera, la gente comenzó a identificar con el modelo neoliberal, con las herencias dictatoriales, con la gestión y administración del neoliberalismo durante la Concertación”. 

“Todo eso generó, por primera vez, un contexto y una enunciación política de una dimensión de molestia que estaba instalada en la sociedad en múltiples planos y que se reúne en ese momento que se denomina estallido social”, señaló la académica.

No obstante, Cristina Moyano aclara que el término estallido social no es de su preferencia, “porque es como que no lo hubiésemos podido ver”.

“Lo que está detrás de toda esto es una sociedad que se ha ido transformando en el tiempo y que está dispuesta a repolitizarse de distintas maneras respecto de la relación con el Estado, con las empresas, con la constitución, entre otros”, agregó. 

“En ese sentido político, la salida que le dio el parlamento a la ciudadanía de que parte de esa crisis se podía resolver a través de un cambio constitucional ha sido muy significativa porque ha podido repolitizar, efectivamente, el conjunto de rabias y malestares que estaban instalados en la sociedad y que cuando no se canalizan políticamente, suelen explotar como fenómenos de violencia colectiva que no producen, necesariamente, ni posibilitan acuerdos ni construcciones de sociedades con futuro”, opinó la académica de la Facultad de Humanidades.  

Para la socióloga, doctora en Ciencia Política y académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, el estallido social es decisivo en las definiciones políticas que terminaron provocando el acuerdo para posibilitar el cambio de Constitución a través del Plebiscito del próximo 25 de octubre.

“El estallido permitió que la élite política y económica de Chile reconociera que este es un país con muchas más dificultades de las que quisieron reconocer y que el modelo económico que está implantado no necesariamente lleva por una senda de crecimiento e igualdad, sino por una de segregación y fragmentación”, sostuvo.

La experta en seguridad enfatizó que las protestas que siguieron al 18 de octubre del año pasado también permitieron advertir “la peor cara de la represión policial, que vivieron y siguen viviendo los sectores populares, los estudiantes secundarios y universitarios y el pueblo mapuche. Eso se trasladó a Santiago, fue reconocido por la ciudadanía en su totalidad y abrió la posibilidad de discutir sobre cambios en las policías. Especialmente, en Carabineros”.

Finalmente, advirtió que las protestas que pudieran ocurrir el domingo podrían tener dos repercusiones. Por una parte, “si son violentas, se genera la sensación de una violencia sin sentido y sin objetivo de reclamo, lo que podría impactar en algunos votantes que hoy están más indecisos”, afirmó.

Por otro lado, indicó que la masividad de la manifestación también podría influir en la percepción ciudadana sobre la propagación del coronavirus. “Sin embargo, las últimas encuestas muestran que los chilenos están comprometidos con el proceso y con la intención de ir a votar. Entendería que la población mayor tenga un poco más de temor por los contagios, pero es esperable que en estos comicios vote al menos la misma cantidad de personas que lo hizo en las presidenciales”, consideró.

A partir de un análisis de prensa escrita y radial de 18 medios de circulación nacional y regional, el Observatorio de Conflictos de COES en su informe anual del año 2020, ha estudiado la cobertura de protestas de los últimos once años (2009-2019), haciendo especial hincapié en el estallido social –cuya medición abarca el registro desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019.

La sistematización de esta base de datos (de libre acceso) considera 90 variables con las que se codificaron las acciones contenciosas que cumplen con: i) ocurrir en un espacio y tiempo determinado, ii) expresar una demanda colectiva, y iii) abarcar la participación de un solo individuo, grupos pequeños y/o concentraciones masivas sobre un millón de personas. 

En los últimos once años –hasta el 17 de octubre de 2019–, en Chile ocurrían cinco acciones de protesta en promedio al día. Con el estallido social –desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019–, la explosividad de la protesta superó en demasía los parámetros de conflictividad que se habían observado hasta entonces, multiplicándose por nueve, es decir, hubo 45 acciones de protesta en promedio al día. Lo anterior equivale a reproducir tres veces las movilizaciones del movimiento estudiantil entre junio y agosto de 2011, el segundo período más álgido de movilización de la última década. 

En esta última década la participación en las movilizaciones fue marcada principalmente por parte de estudiantes y trabajadores, pero con el estallido social ésta bajó considerablemente. En cambio, aparecieron tres nuevos grupos con mayor representación en las protestas: vecinos (20%), mujeres (25%) y encapuchados (35%). Los primeros, refieren a personas unidas por una cercanía y arraigo territorial; mientras que las segundas, desde el 2015, con la intensificación de las movilizaciones feministas en contra de la violencia hacia las mujeres, han ido consolidando su protagonismo y articulación. Por otro lado, desde el 18 de octubre las mujeres estuvieron muy presentes en otras demandas, como por ejemplo por una Asamblea Constituyente. Por último, los encapuchados, a quienes se les asocia con las manifestaciones violentas, casi cuadruplicaron su participación en relación a la década anterior y representan a un tercio de los grupos activos movilizados. 

Una de las particularidades del estallido social refiere a que no hubo una organización articuladora convocante, como antes lo había sido la Confech o la Coordinadora No + AFP, por ejemplo. Previo al 18 de octubre, el 56% de las protestas reportaba la presencia de, al menos, una organización, y el 14% en dos o más organizaciones. Luego del 18 de octubre, esta cifra se redujo a un 22% y a un 8%, respectivamente. No obstante, las organizaciones que más participaron del estallido social son: la Mesa de Unidad Social, la Federación Nacional de Recolectores (FENARCHI), la Unión Portuaria, el Movimiento “No Más Tag” y el FENPRUSS (Confederación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud). 

Una explicación es que “tal como lo han expresado muchas encuestas, en Chile hay una tasa decreciente en la afiliación a organizaciones de todo tipo, las que hoy cumplen un rol menos protagónico en la sociedad. En su lugar, la sociedad se está estructurando cada vez más a partir de vínculos y redes informales (grupos de amigos, familiares y vecinales, compañeros de curso o colegas de trabajo), que no cuajan con las estructuras organizacionales piramidales, en que el rol de los líderes está bastante desprestigiado”, explica Nicolás Somma, investigador del Observatorio de Conflictos, también director y profesor asociado del Instituto de Sociología (ISUC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Al mismo tiempo, solo el 25% de las protestas durante el estallido social empujó una demanda específica, en comparación a los años anteriores en que éstas representaban el 92%. En este periodo, la única que tuvo un aumento significativo fue la asamblea constituyente o el cambio constitucional, que hasta antes del 18 de octubre prácticamente no existía. Para el politólogo Tomás Campos, coordinador del Observatorio de Conflictos, el estallido social es una explosión de protestas y de expresiones que permiten una apertura del sistema político, lo que se conoce como una “ventana de oportunidad”, y agrega que: “esto permitió que volvieran a levantarse y posicionarse demandas que venían gestándose hace una década atrás, como el precio de los medicamentos, la deuda universitaria y el ingreso mínimo; que si bien no tenían una relación directa con la evasión del Metro liderada por los secundarios, terminó por canalizar dichas demandas en el proceso actual del posible cambio constitucional”.

A su vez, las demandas por temas laborales y de educación disminuyeron notablemente –aún así, siguen siendo las más frecuentes–, mientras que las demandas ecologistas-territoriales presentaron una baja significativa, hasta casi desaparecer del mapa. Las demandas por salud, previsión social, vivienda y género se mantienen o aumentan levemente, siendo las dos primeras las que permitieron visibilizar los problemas materiales de grupos vulnerables como las personas de tercera edad.    

Según detalla el informe, las organizaciones (vinculadas a movimientos sociales o no) difícilmente pudieron movilizar a tantas personas en tantas acciones. Para el sociólogo Nicolás Somma, la desarticulación de las demandas, en parte, facilitó que se dieran distintas dinámicas, como la difusión informal de la protesta por grupos concéntricos con una inclinación muy fuerte hacia la violencia. “Esto termina abarcando a una población que probablemente no estaba predispuesta a la violencia, pero que se suma porque hay un clima de violencia (…) Hay energía y emociones colectivas que se producen en actos que buscan superar la institucionalidad con la transgresión, y que tiene una mezcla de miedo, excitación y entusiasmo que se autopropulsan”, señala.

Además, en el 40% de las protestas del estallido social ocurrieron actos violentos, tanto por la acción represiva de las fuerzas armadas y de orden –uso de carros lanzaaguas, bombas lacrimógenas o armas de fuego, y el enfrentamiento y/o detenciones de los manifestantes– como por las tácticas violentas por parte de los manifestantes –destrucción de la propiedad pública y privada; saqueo de tiendas, oficinas y supermercados; ataques a las fuerzas policiales; y quema de autos y edificios.

Si bien hubo mucha violencia por parte de la policía y de los manifestantes, Somma destaca que no hay que perder de vista que, dentro de las tácticas de protestas utilizadas, el grueso responde a tácticas pacíficas (40%), seguidas por las disruptivas –huelgas, paros, tomas de predios o establecimientos, ocupaciones de plazas, entre otras– (34%), las que no necesariamente fueron violentas; y en último lugar, las tácticas violentas (26%).

Otro resultado relevante es que, en términos generales, la protesta violenta aumenta la represión policial, pero lo mismo ocurre a la inversa: la represión policial aumenta las tácticas violentas, en vez de disuadirlas “produciendo espirales de violencia generalizada que se retroalimentan”, señala el estudio. A su vez, según la evidencia reportada, los manifestantes reaccionan más rápido con tácticas violentas a una represión policial pasada, que policía reprimiendo protestas violentas. Por último, a nivel desagregado, en la Región Metropolitana y, en menor medida, en la Región del Bío Bío, existe mayor represión policial a causa de la violencia en las manifestaciones; mientras que en la Región de La Araucanía hay una alta estimulación recíproca entre tácticas violentas de protestas y represión policial, con una alta significancia estadística.

¿Qué pasa en las regiones? Si bien las protestas que han tenido mayor alcance masivo han ocurrido en la Región Metropolitana, seguidas por Valparaíso y por Bío Bío, al considerar el número de acciones contenciosas por cada diez mil habitantes, se observa una mayor actividad contenciosa en el norte y en el sur. Esto se debe a que en el norte, predominan las industrias extractivas que ofrecen bajos salarios (exceptuando las empresas mineras, especialmente CODELCO) y, en ciertos casos, precarias condiciones de trabajo. Mientras que en el sur, particularmente en las regiones de La Araucanía y de Aysén, se observa una alta frecuencia de protestas por mayor autonomía regional, caracterizadas por las demandas mapuche y por movimientos regionalistas, respectivamente.

En las regiones de La Araucanía y Aysén, se multiplicaron tres veces las protestas durante el estallido social en relación al periodo analizado. De hecho, Aysén es la región que presenta la tasa de protestas más alta por habitantes del país, y la que se encuentra en una condición de mayor aislamiento geográfico en Chile continental. Si en la Región Metropolitana las protestas se multiplicaron por nueve, su efecto fue aún mayor en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y El Maule (x11), Valparaíso (x12), siendo todas estas superadas por Ñuble, donde las protestas se multiplicaron por 18. Finalmente, cabe señalar que hacia el sur, las acciones contenciosas van disminuyendo su efecto multiplicador: Los Lagos (x8), O’Higgins (x8), Magallanes (x7), Los Ríos (x6), La Araucanía (x3) y Aysén (x3).

Para recabar de forma íntegra la información acerca de acciones contenciosas, se identifica y describe de forma sistemática y estructurada la información en tres niveles. Primero, reportes de prensa de acciones contenciosas, que pueden ser únicas, repetidas en dos o más medios de prensa, o formar parte de un “episodio contencioso”.

Segundo, acciones contenciosas únicas (descontando las repeticiones de prensa) que ocurren en un espacio y tiempo específico que pueden gestarse de forma autónoma o ser concurrentes a un episodio o a una convocatoria común a mayor escala.

Tercero, episodios contenciosos que aglomeran a dos o más acciones específicas, que ocurren en distintos lugares de forma simultánea, dentro de un mismo día. Según el foco de investigación, estos niveles se pueden agregar o desagregar de forma inequívoca mediante el uso de las variables correspondientes. Potencialmente, existe un cuarto nivel, que correspondería a procesos contenciosos más dilatados en el tiempo y que pueden construirse a partir del nivel de episodios contenciosos con concurrencia, pero requiere un análisis específico según el objetivo de investigación y determinar caso a caso las fechas de inicio o término de estos procesos.

Las variables que se consideran al momento de codificar las acciones contenciosas se pueden resumir en las siguientes: fecha de la acción, tipo de noticia (versión impresa o versión web), ubicación (región, provincia, comuna, localidad o ciudad), lugar objetivo de la demanda, eventos concurrentes, número de participantes (por acción y por evento concurrente), grupos sociales participantes, target de la protesta, sector del actor demandado y demandante (categoría PNUD), organizaciones participantes, elementos de demanda, campo de conflictividad (categoría PNUD), presencia de carabineros y su acción (detenidos, heridos y muertos) y tácticas de protesta.

La obra surge como resultado de un extenso trabajo de investigación que entrecruza historia, antropología y memoria en Chile, España e Inglaterra en torno a las “juventudes de Estado” leales a la dictadura cívico-militar chilena: Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) y el Frente Juvenil de Unidad Nacional (FJUN).  A través de relatos de vida de militantes de base y dirigentes máximos, además de diversas fuentes documentales y archivísticas desclasificadas en Chile y España.

En ese contexto, el académico U. Austral dio a conocer que, el libro reconstruye la relación directa de estas entidades juveniles con sus símiles franquistas (OJE y DNJ) y, fundamentalmente, analiza su accionar e impacto en la producción de nuevas subjetividades juveniles y en la identidad política del propio régimen de Pinochet. 

“Desde el punto de vista teórico, el libro rehabilita la noción de fascismo como categoría heurística para leer la dictadura en su tentativa de adoctrinar, movilizar y fidelizar a las nuevas generaciones a través de sus entidades juveniles, las que se erigen como uno de los únicos casos en América Latina de “juventudes de Estado”, es decir, aquellas organizaciones de jóvenes incardinadas en el aparato estatal, creadas como respuesta y estrategia totalitaria para sostener los regímenes de las que dependían, expandir o proteger a la nación de los “enemigos” externos e internos y ser ejemplo, corazón e hipérbole del “nuevo orden” a edificar”, expresó.

Asimismo, el Dr. Yanko González indicó que, en el texto se demuestra a través de archivos documentales y Relatos de Vida de los principales dirigentes de la Delegación Nacional de Juventud y la Organización Juvenil Española –el “Frente de Juventudes”-, sosteniendo que las orgánicas chilenas son herederas directas de las juventudes de Estado franquistas y, a través de ellas, de la Hitlerjugend y Balillas italianos.

“Entre las tesis fundamentales, el libro postula que en la primera década del régimen dictatorial, Chile vivió un proceso real de fascistización –“fascismo en progreso”- a través de sus políticas juveniles expresadas, en lo sustantivo, en las acciones institucionalizadas de adoctrinamiento y puesta en marcha de una religión política destinada a generar una adhesión “mística” y “combativa” al régimen y asegurar su reproducción, como la organización de los actos de masas de Chacarillas, pero también los desconocidos “Chacarillas Regionales”, organizados en todo el país”, señaló el autor. 

Junto a ello y en su parte final, el libro incluye y analiza documentación inédita de Jaime Guzmán –artífice de la materialización tanto de la SNJ como del FJUN- dirigida a la Junta de Gobierno en 1973; un corpus de imágenes inéditas de los máximos dirigentes de las juventudes de Estado franquistas de visita de trabajo en el país con los generales Pinochet, Leigh y Mendoza, documentación oficial de intercambio entre las organizaciones hispanas y chilenas, entre otras fuentes visuales y documentales”, puntualizó el académico.

Este libro fue realizado en el marco del proyecto de Investigación “De las juventudes de Estado a las culturas juveniles hegemónicas: Dictadura, fascistización y conexiones generacionales (España y Chile 1973–1981)” financiado por el programa Postdoctorado en el Extranjero Becas Chile de CONICYT;  y el proyecto “Cultural Narratives of Crisis & Renewal” (CRIC), financiado a través de Horizon 2020 Marie Skłodowska–Curie Actions, Reserach Innovation and Staff Exchanges con base en la Universidad de Newcastle, Reino Unido.

La idea del manual de acompañamiento a víctimas en el proceso penal contra agentes del Estado nace en el contexto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, en el mes de octubre de 2019. En la oportunidad, la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos de la UV apoyó a las víctimas, prestando asesoría jurídica y apoyo en diferentes áreas, comprendiendo que las secuelas biopsicosociales que ha dejado la experiencia traumática se verán exacerbadas cuando deban enfrentar el proceso judicial contra las personas e instituciones públicas que provocaron el daño.

En la introducción de la obra, las autoras indican que “tenemos certeza de que la incertidumbre, expresada en el poco conocimiento que se tiene respecto al proceso judicial, es un gran factor de riesgo para la revictimización de las personas. Por lo anterior, hemos elaborado el presente manual, que tiene por objetivo sistematizar los pasos del proceso judicial que deberán enfrentar las víctimas denunciantes y disminuir así la incertidumbre que este momento crítico producirá en las personas. Esperamos este material sea útil para apoyar a las víctimas en este proceso y para orientar a quienes las acompañen en este camino”.

Según indicaron las autoras María Fernanda Ovalle, académica de la Escuela de Derecho de la U. de Valparaíso, y María José Jorquera, psicóloga de PRAIS y académica de la Universidad de Chile “el texto se pensó como una herramienta que pudiera servir de apoyo y acompañamiento a las víctimas de la represión policial, pensando particularmente en el delito de tortura y apremios ilegítimos que se cometieron en el contexto del denominado estallido social, pero se extiende mucho más allá, dado que es una forma de acompañar a víctimas de la violencia estatal en general y también en otros contextos, siendo un aporte para identificar, reconocer y nombrar al actuar policial”.

“El manual tiene objetivos en diversos niveles. Primero en las víctimas, en proveer información sencilla de los procesos judiciales, en la lógica de entregar una herramienta para reducir la incertidumbre, que es uno de los grandes alicientes de los procesos de revictimización. También habla sobre el apoyo que se puede tener y qué es necesario para poder acompañar a las víctimas, de manera que además va a servir a los profesionales de la red pública de salud para entender los procesos judiciales y acompañar a las víctimas y alentarlas a la denuncia”, añadieron.

Al respecto, la coordinadora de la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la U. de Valparaíso, Inés Robles, aseguró que “esto se trata de un importante hito, me quedo con tres cosas importantes: la importancia del trabajo colaborativo e interdisciplinario, ya que es la mejor manera de potenciarnos con la suma de individualidades, capacidades, miradas diferentes y énfasis distintos; lo necesario que es que las víctimas de vulneraciones denuncien, porque es la primera forma de combatir estas injusticias y atropellos a los derechos; y el hecho de que se trata de un trabajo que permite contribuir a la lucha contra la impunidad. Quizás no podemos prometer que nunca más van a ocurrir estos hechos, pero sí que no vamos a permitir que exista impunidad, luchando con las armas jurídicas que tenemos a nuestra disposición”.

El manual de acompañamiento a víctimas en el proceso penal contra agentes del estado de Chile se puede descargar en:  https://www.uv.cl/archivos/31581.pdf 

Este martes se celebró el Día Internacional de Concienciación contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Ante la presencia del subsecretario de Agricultura, del alcalde Germán Codina, de la Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se lanzó en la Feria Grande de Puente Alto el primer microbanco de alimentos del país.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Gestión Agraria de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago en conjunto con el Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de Alimentos (CECTA) de la Usach, permitió recuperar cerca de 300 kilos de productos que los feriantes donan por considerar que no se venderán, debido a defectos de orden estético o por sobremaduración de los mismos.

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agronegocios de la Universidad, que participan de manera voluntaria en este proyecto, recibieron las donaciones de los feriantes, pesaron los productos, los limpiaron y los lavaron con un líquido especial. Luego, los llevaron a ollas comunes y organizaciones sociales cercanas, donde personal de la Fundación Actuemos explicó cómo preparar estos alimentos de la mejor manera.

El objetivo es doble. Por una parte, buscan disminuir la contaminación causada por este tipo de productos que terminan siendo desperdiciados. Por la otra, y en el contexto de la pandemia del coronavirus, intenta que las personas que participan en instancias sociales, que llevan un plato de comida a los que más lo necesitan, no causen mayores aglomeraciones de las que ya se provocan en las ferias, previniendo el contagio.

“Veníamos haciendo esto antes”, afirmó el académico del Departamento de Gestión Agraria de la Usach, Luis Sáez. “Los productos con algún daño pueden servir perfectamente para hacer jugos, tortillas, etcétera. En el contexto de la pandemia, se nos ocurrió hacer lo mismo, pero con el puesto dentro de la feria. Eso es lo que llamamos microbancos de alimentos”, explicó.

“La semana pasada -durante la marcha blanca que se realizó en la misma feria de Puente Alto-, recuperamos 310 kilos y hoy estamos en el mismo orden. Estamos recuperando alrededor de 300 kilos cada vez que realizamos esta actividad”, destacó el ingeniero agrónomo, experto en comercialización y mercados agrícolas.

Además de recuperar alimentos, estudiantes y académicos de la Usach explicaron a las personas que pasan por el lugar la importancia de esta actividad, además de facilitar material didáctico para que los niños también conozcan los beneficios de la iniciativa.

Este miércoles, a las 18.00 horas, Sáez participará en la Expo Chile Agrícola, para hablar sobre ‘Reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en tiempos de COVID / Un pilar en la lucha contra el hambre’. El académico anticipó que se referirá a esta iniciativa de microbancos durante la conferencia en línea.  

¿Cómo piensan y se comportan los chilenos frente a temas de conflicto y cohesión social en Chile?, es parte de lo que responde el informe “Radiografía del cambio social”, a cargo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), integrado por expertos y expertas de la U. de Chile. El estudio, correspondiente a los años 2016 a 2019, analiza longitudinalmente la evolución del conflicto y la cohesión social, frente a las creencias, actitudes y percepciones de la sociedad chilena para entender cómo estas se mantienen o cambian en el transcurso del tiempo.

Movimientos sociales y las acciones colectivas, la identificación con los partidos políticos y las coaliciones, la democracia, la justificación de la violencia, la salud mental, los sexismos, junto con las preguntas sobre el estallido social iniciado en octubre de 2019 y el proceso constituyente en curso, forman parte del informe lanzado este jueves 24 de septiembre.

El Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) constata que después del estallido social hay un aumento en cuanto a la importancia y estar de acuerdo con cambiar la Constitución. En 2019, solo el 7 por ciento está conforme o muy conforme con la actual Constitución, el 74 por ciento considera importante o muy importante cambiarla y el 82 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con cambiarla. Mientras que en 2016 estos porcentajes respondían al 16, 64 y 72 por ciento, respectivamente. Como destaca la académica del Instituto de Asuntos Públicos e investigadora COES, Claudia Heiss, estaríamos frente a una transversalización del tema constitucional dado que “en todos los niveles educacionales aumenta el acuerdo con el cambio constitucional, pero en las personas que sólo tienen educación básica y media aumenta más, porque la tasa parte desde más abajo”.

Lo mismo ocurre con las personas más jóvenes: en el tramo entre 18 y 19 años, quienes están por cambiar la constitución aumentan del 63 en 2016 al 90 por ciento en 2019. “Esta ´transversalización’ del acuerdo con el cambio constitucional muestra que las personas más jóvenes y menos educadas se van subiendo al carro del cambio constitucional en estos años. La necesidad de transformación constitucional para a ser una percepción muy mayoritaria, lo que es consistente con la baja del número de personas que se declara conforme con la Constitución”.

¿Ha aumentado la participación social en movimientos sociales? ELSOC revela que si bien entre los años 2016 y 2018 hay cierta estabilidad respecto a la frecuencia de participación en movimientos sociales, en 2019 esta aumenta significativamente, pasando de un 21 por ciento a un 39 por ciento, en promedio. Dicho aumento tiende a ser más agudo entre personas jóvenes (18 a 29 años, con un aumento de un 56,5 por ciento), con educación superior universitaria, y particularmente entre aquellos con amigos políticamente activos. En el caso del grupo 30-49 años, el aumento de la participación en movimientos sociales entre 2018 y 2019 es de 41,1 por ciento; en el bloque 50-64 es de 29,7 por ciento; mientras que en el de 65 o más asciende al 16 por ciento.

Como explica el académico de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador COES, Juan Carlos Castillo, estos datos son coincidentes “con la literatura de participación política. El modelo más básico –llamado modelo de recursos-, plantea que quienes tienen más recursos en términos económicos, de capital cultural y de tiempo, son las que participan más, y acá se expresa bien. La gente con mayor educación son las que más participan y coincide con que la gente joven es la más educada, una generación que está en la universidad o la que salió hace poco”.

A pesar de este aumento en la participación, el ELSOC revela que en el transcurso del 2016 a 2019, en todos los grupos etarios, la mayoría se mantiene sin identificarse con algún partido o coalición política. “Esta es una tendencia no solamente en Chile. Esta caída de los referentes más tradicionales de la política va de la mano de un aumento de gente que dice que se identifican con categorías más neutras o independientes”, especificó el profesor Castillo.

Otro aspecto relacionado tiene que ver con el apoyo a la democracia, el cual revela el ELSOC crece considerablemente entre el 2016 y 2019 desde un 48 hasta un 60 por ciento. “En contraste con el aumento en el apoyo a la democracia, se observa un incremento muy marcado en el nivel de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en Chile; mientras que en el 2018 un 25 por ciento indica estar ‘Nada satisfecho’ con la democracia, esta cifra más que se duplica hasta un 55 por ciento en el 2019”, plantea el documento.

Una de las nuevas dimensiones incorporadas al ELSOC es la percepción del sexismo hostil y el benevolente, como parte de expectativas de roles e identidad de género. Como detalló la académica de la Facultad de Economía y Negocios e investigadora COES, Valentina Paredes, “tratamos de capturar diferentes aspectos de cómo el género impacta en la vida de las personas, y específicamente entre el sexismo hostil y benevolente porque muchas veces este último no se entiende como sexismo porque tiene esto de una evaluación positiva hacia las mujeres, pero comparte con el sexismo hostil esta justificación de la estructura patriarcal”.

También en relación al género, esta vez desde el ámbito de la salud mental, el informe explicita que entre 2016 y 2019 existe una mayor proporción de mujeres que hombres que tienen síntomas de depresión moderada o depresión moderada severa y severa. Por ejemplo, en el año 2016, el 12 por ciento de los hombres se encontraba en dichas categorías, en comparación al 29 por ciento de las mujeres. Si bien esta brecha de género disminuye en los años 2017 y 2018, en 2019 post estallido social, son las mujeres quienes incrementan sustantivamente los síntomas de depresión moderada o más, llegando a casi duplicar al grupo de los hombres (32 por ciento en relación a 17 por ciento, respectivamente).

Respecto al uso de la fuerza por parte de Carabineros en manifestaciones pacíficas, el informe plantea que existe un alto consenso en su no justificación, cifra que también aumentó del 2016 a la fecha. En 2016, en torno al 65 por ciento de las personas señala que nunca se justifica este actuar. Esta cifra se mantiene relativamente estable en el tiempo y aumenta de manera significativa post estallido social de octubre 2019 alcanzando un 79 por ciento.

Otro hallazgo del ELSOC está referido al estatus subjetivo, percepción de mérito y desigualdad, donde si bien el estudio plantea una tendencia de los sectores más bajos a autopercibirse con los medios, la ubicación en los sectores bajos pasó de un 19,17 por ciento el 2018 a un 26,4 por ciento el 2019. Al respecto, el profesor Castillo explica que es posible que esto se deba a “un aumento de la identificación de las demandas sociales que son de una clase más baja después del estallido, pero es algo que de todas formas corresponde investigar con mayor detalle”.

Desde el año 2016, el Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC), inédito en Chile y América Latina, encuesta a casi tres mil individuos con el fin de analizar la estabilidad y el cambio de las creencias, actitudes y percepciones frente a temas referidos al conflicto y la cohesión social en el país en base a modelos conceptuales descritos en la literatura nacional e internacional en el campo de las ciencias sociales.

La encuesta panel ELSOC tiene una muestra representativa de la población urbana que vive en ciudades de 10.000 o más habitantes de la población urbana. La población objetivo de la medición son hombres y mujeres de 18 a 75 años, residentes habituales de viviendas particulares ocupadas en zonas urbanas, localizadas en 40 ciudades (92 comunas, 13 regiones) del país. 

El Ministerio de Salud informó este miércoles que, en la Región Metropolitana, saldrán de la cuarentena a partir del lunes 28 de septiembre las comunas de Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí, Puente Alto y Lo Espejo. Solo Renca y Paine se mantendrán confinadas en la RM. No obstante, el Minsal reportó que la positividad de los exámenes PCR llegó a 8,8%, la más alta en 54 días.

Para el magíster en políticas públicas y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Claudio Castillo, la lógica de las nuevas medidas anunciadas por el ministerio es cuestionable, ya que dejaría a sólo dos comunas de la capital en cuarentena, sin considerar la interrelación que existe entre las comunas de la Región Metropolitana. Ello, producto de  la movilidad de las personas a través del transporte público.

“Las cuarentenas dinámicas no mostraron ser efectivas antes. Por lo tanto, el desconfinamiento dinámico tampoco viene a ser una medida que podamos asegurar que va a tener efecto, sobre todo, en la Región Metropolitana. No tiene sentido que quede sólo confinado Renca o Paine, ya que su movilidad no se reduce a lo que ocurre sólo dentro de su propio territorio, sino que, también, entre los demás territorios”, indicó.

En palabras del experto en políticas públicas en el área de la salud, las medidas sanitarias tienen que ser tomadas con cautela, considerando el gran número de casos al extremo sur de nuestro país y la evidencia de desconfinamiento en países de Europa. Lo último, para evitar rebrotes por el incumplimiento de cuidados sanitarios.

“El efecto que vayan a tener las fiestas lo vamos a ver en diez o doce días después. Por lo tanto, el aumento de la movilidad que vimos y que tendremos ante una mayor cantidad de comunas desconfinadas, no va a tener efectos inmediatos, como sucedió en su momento en Semana Santa, y que provocó un aumento del 40% de los casos. Si bien ahora estamos en una estabilización en el número de casos, el efecto podría ser menor al de hace unos meses atrás. Hay que esperar unos días más para ver cómo se comportan las cifras”, finalizó el experto.

Por su parte, la médica cirujana con magíster en epidemiología clínica y profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Usach, Vivienne Bachelet, las medidas informadas por el Gobierno “no responden al objetivo que se busca, que es controlar la pandemia en Chile, al emitir mensajes que son enteramente confusos”.

“Algunas comunas retroceden en niveles de desconfinamiento, pero otras avanzan y parece ser bastante arbitrario desde el punto de vista de la ciudadanía”, señaló. De acuerdo al balance del Minsal, Panguipulli y Lanco retrocedieron a Transición; una serie de localidades de La Araucanía y Aysén pasaron a cuarentena; otras, en otras regiones, pasaron a Transición; y doce comunas de la RM pasaron a Preparación.

“Además, se desconoce la real capacidad de la estrategia de trazabilidad para llegar a todos los contactos”, apuntó la académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la U. de Santiago. “Existe escepticismo sobre la capacidad de llegar a los contactos de aquellas personas que tienen un PCR positivo”, agregó.

“No parece ser posible modificar el rumbo que ha seguido este Gobierno durante todo el manejo de la pandemia”, criticó la especialista. “Partió con Mañalich y ha seguido en la misma lógica con Enrique Paris. Es la cabeza del Gobierno la que está digitando todas las decisiones respecto de cuarentenas, confinamientos y estrategias. Se está improvisando bastante y se deja a los municipios que hagan lo que puedan con los recursos que tengan”, consideró. 

Finalmente, insistió en que los mensajes que se entregan desde el Ministerio de Salud no responden a una campaña comunicacional clara. “Estamos en una situación muy complicada, ad portas de una ola mayor. Respecto a la vacuna, antes de que exista solo son especulaciones que no sirven para la toma de decisiones”, afirmó.

Los facilitadores electorales se desempeñarán en un total de 2.715 locales de votación a lo largo de todo Chile, prestando apoyo para el resguardo de las medidas sanitarias establecidas por Servel en la normativa y protocolo sanitario para el Plebiscito Nacional 2020.

Entre sus funciones se encontrarán el ordenamiento de las filas, la supervisión respecto de la distancia física, el uso de las mascarillas y el respeto de los turnos y horarios exclusivos, así como la sanitización de las manos de los electores al ingreso a los locales de votación.

La captación del personal de apoyo, que se desempeñará los días 10, 24 y 25 de octubre, será realizada por cada Dirección Regional, con cierre el 30 de septiembre.

Las inscripciones se realizarán en el formulario en línea haciendo clic aquí.

Los seleccionados para desempeñar estas funciones deben ser chilenos, chilenas o extranjeros mayores de 18 años de edad, habilitados para sufragar, con cuenta bancaria para depósito y contar con certificado de antecedentes sin anotaciones vigentes, así como disponer de un equipo celular.

De ser seleccionados deberán desempeñar sus funciones en el local de votación que les corresponda como elector.

A todos quienes cumplan la función de facilitadores electorales se les cancelará un bono equivalente a 2.5 UF, exento de impuestos.

Centenares de registros, en distintos formatos, siguen siendo alojados en la plataforma Memoria Covid-19 de la Universidad de Chile, una web que reúne testimonios cotidianos sobre la forma en que las personas han vivido esta pandemia.

La iniciativa busca ser un repositorio histórico de análisis, investigación e incluso documental de testigos directos de los meses de encierro, cuarentena y acelerada digitalización social. Actualmente la plataforma permite enviar fotografías, videos, cartas, textos, dibujos, audios e incluso memes.

“Es una pandemia sin precedentes, un acontecimiento histórico que marca un antes y un después en la ciencia, la economía, y sobre todo nuestra vida cotidiana”, explica Isabel Torres Dujisin, coordinadora del proyecto y académica del Departamento de Ciencias Históricas, “este archivo digital tiene la importancia de poder recuperar este presente, recopilando, preservando diversos registros de memoria que nos den cuenta de cómo se ha vivido esta experiencia de Covid-19”.

“Estos registros, que pretenden ser muy masivos, no están dirigidos ni a un sector generacional, ni académico. Son niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, un público lo más diverso y plural posible, ya que esto nos va a dar cuenta de las distintas vivencias que hemos tenido en esta experiencia tan compleja”, explica, agregando que el sitio sigue disponible para que los y las usuarias puedan enviar su registro.

En paralelo, Memoria Covid-19 cuenta con una sección recopilatoria de acciones realizadas por la Universidad de Chile, y su contribución a la información y estudio de la pandemia, compartiendo al público los distintos comunicados lanzados en este periodo, entrevistas a académicos, investigadores, noticias, seminarios y otros eventos en línea.

Este martes 8 de septiembre, entra en vigencia la nueva ley de portabilidad financiera y expertos de Continuum explican los beneficios para las personas además de las consecuencias para la banca y las empresas que tendrá la nueva ley.

Para Ángel Valenzuela, lead consultant en Banca y Pagos, “la ley hace un símil a la portabilidad en los móviles que permitió a las personas mantener su número y darles el poder de moverse de compañía. Ahora con los bancos, debería pasar algo parecido y, si no quieren disminuir sus carteras, tendrán que competir por precio, en este caso la tasa de interés, para captar más clientes”. 

A juicio de Valenzuela, “permitirá que las personas coticen de manera más simple y que bancos a los cuales antes los clientes no tenían acceso se comiencen a acercar a los consumidores para ofrecer productos con mejores condiciones generales”.

Gabriela Chávez, consultora de Continuum, explica que “esta ley está pensada para personas pero también para empresas, lo que abre muchas oportunidades. Habrá menos barreras de salida de los clientes bancarios y, por ende, la competencia entre bancos será aún más cruda para retener a esos clientes, que antes les costaba irse pero que ahora pueden hacerlo fácilmente”.

El líder de Banca de la consultora afirma que “la portabilidad en sí siempre existió,  porque tú podías tomar todos tus antecedentes y que otro banco comprara tu cartera. Sin embargo, era un dolor de cabeza hacerlo”. 

Y agrega: “¿Qué pasa hoy si yo me quiero cambiar de banco? Tengo que ir, obtener una liquidación de cuánto debo y hacer el trámite. Eso ya no va a existir. Va a haber un operador que hará ese trámite por mí, que se va a preocupar de esto”. 

Valenzuela explica que, para irse de una entidad a otra, solo será necesario un certificado de liquidación que emitirá el banco. 

“Estoy en un banco A, en el que tengo mis deudas, mis tarjetas, mis productos financieros. Este certificado de liquidación va a poner todo en orden en un formato común, que el otro banco va a poder entender y hacerme una oferta para poder comprar mis productos. Si yo estoy de acuerdo y lo acepto, ese banco va a poder tomar la cartera y activarla en el banco B”, dice. 

El trámite se realizará entre los bancos, sin complicar a los clientes.

“El banco ya no va a tener que estar de acuerdo con el cambio. Antes de la ley, yo tenía que pagar todo. Eso, ahora, se va a ordenar de forma interna entre el banco de origen y el nuevo banco, y para mí como cliente va a ser más transparente y más rápido”, apunta.  

Valenzuela explica que los productos bancarios deberán cumplir ciertos estándares para ser comparados: “La portabilidad no se trata solo de cambiarse de un banco a otro, sino de comparar de mejor forma. Hoy, si yo tengo un crédito de consumo en el banco A con ciertas condiciones, yo no tengo una forma estándar más allá del CAE (carga anual equivalente) para compararlo con otro”, apunta. 

Uno de los criterios más importantes para elegir un banco serán las comisiones. 

“En Europa, las portabilidades han ido creciendo constantemente. Uno de los factores que han hecho disminuir los costos para los clientes han sido las comisiones. Las comisiones son muy interesantes de revisar de cara a un cambio de banco para generar mejores condiciones personales”, asegura. 

Para Leonardo Soto, CEO de Continuum Global, “el ideal es que con esta ley, en la práctica, se alcance el mismo grado de apertura e interconexión al que estamos acostumbrados en la portabilidad numérica”.

Sin embargo, Ángel Valenzuela indica que algunas exigencias podrían dificultar los resultados de la portabilidad financiera. Por ejemplo, si se solicitan datos que no son conocidos por los clientes.

“Hay datos que son muy específicos que deben ser conocidos por los clientes para formular la solicitud. Este debe conocer y entender bien sus productos para poder llenarla y, en base a eso, el proceso continúa”, dice

En México, que ha sido pionero en esta materia, Banxico (equivalente al Banco Central) ha eliminado trabas en el último año. En ese país, menos del 5% de quienes tienen cuentas han usado los mecanismos de portabilidad. 

“Ojalá las instituciones financieras privilegien los medios digitales para poder llevar a cabo el proceso, porque si se realiza sobre todo a través de medios físicos será más complejo, sobre todo en pandemia”, añade Valenzuela.

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