Al cumplirse un año desde el inicio de las manifestaciones sociales más masivas que se hayan registrado en Chile, académicas y académicos de la Universidad de Santiago, analizaron el fenómeno con la perspectiva del tiempo, abordaron sus causas y se refirieron a la posible proyección de este movimiento social, a días de un plebiscito que podría conllevar al cambio de la constitución en el país.
Para el doctor en Psicología, antropólogo y académico de la Universidad de Santiago, Sergio González, a un año del inicio de las movilizaciones no es posible hablar de una celebración, sino de una conmemoración del estallido. “Centenares de personas perdieron sus ojos. Es un doloroso símbolo: por manifestarse perdieron la vista y la posibilidad de seguir atestiguando el agobio, la angustia, la desigualdad y el oprobio”, afirmó.
A su juicio, el fenómeno social vino a materializar un cambio que el país ya venía experimentando, producto de la deslegitimación creciente de instituciones como la Presidencia, el Congreso, los Tribunales de Justicia y las Fuerzas de Orden y Seguridad. “Con el estallido, Chile cambió, pero en su capacidad de respuesta, de salir del letargo. Hay una expresión emocional-política y afectivo-social muy importante”, sostuvo.
“La discusión por una nueva Constitución es un gran logro de la movilización político-ciudadana, a través de diferentes expresiones fragmentadas de la sociedad que se expresaron y generaron una agenda”, consideró el académico de la Escuela de Psicología de la Usach.
Por último, el investigador especialista en Psicología Social y Cultural indicó que la relevancia del estallido social radica en que se trató de una “expresión socioemocional” de la ciudadanía, la cual se manifestó sin intermediarios. Es decir, sin participación de partidos ni liderazgos políticos. “El estallido social fue una expresión ciudadana nacida desde las emociones y sentimientos. Una reacción de gran impacto frente a los abusos, al desinterés de la élite y la clase política, y a un Gobierno tecnocrático que reprodujo la exclusión”, enfatizó González.
En opinión del académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Igor Goicovic, el estallido social de hace un año, representa “el punto de llegada de un proceso ascendente de movilizaciones sociales que ponen en discusión tanto el modelo económico neoliberal como el sistema político, en cuanto al desgaste y erosión que éste ha venido experimentando desde hace ya bastante tiempo”.
De acuerdo con el profesor de Historia y Gegrafía, “Chile no cambia a partir del 18 de octubre, sino que viene cambiando desde el año 2006, en términos de que las movilizaciones populares se inician con la denominada revolución pingüina de ese año, el 2006, sigue con la movilización de los trabajadores subcontratistas del cobre, forestales, de las salmoneras, las movilizaciones regionales, las movilizaciones de las comunidades indígenas, el movimiento no más AFP, el movimiento feminista y las movilizaciones esrtudiantiles a partir del 2011, etcétera”.
Respecto a la actual situación del movimiento social, Goicovic estimó que, evidentemente las manifestaciones se ven afectadas por el contexto de pandemia, pero, a su juicio, las protestas podrían incrementarse, incluso considerando el llamado a plebiscito.
“Si bien la convocatoria a plebiscito opera como una suerte de salida política a la crisis de arrastre que veníamos teniendo, no es menos efectivo que no constituye la respuesta que muchas personas esperaban. Los cambios que la gente espera, tienen que ver con cambios en la estructura económica, con cambios en la distribución del ingreso, y, si bien también refieren a la institucionalidad, esos cambios se esperaban con una asamblea constituyente plenamente soberana y eso no es lo que necesariamente se va a manifestar en el plebiscito del 25 de octubre”, subrayó el autor de “Cultura de izquierda, violencia y política en América Latina”.
La Doctora en Historia y directora del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Cristina Moyano, consideró el 18 de octubre como un evento “muy relevante” porque, “vino a poner en evidencia una serie de desigualdades estructurales que vivía la sociedad chilena y que, de una u otra manera, la gente comenzó a identificar con el modelo neoliberal, con las herencias dictatoriales, con la gestión y administración del neoliberalismo durante la Concertación”.
“Todo eso generó, por primera vez, un contexto y una enunciación política de una dimensión de molestia que estaba instalada en la sociedad en múltiples planos y que se reúne en ese momento que se denomina estallido social”, señaló la académica.
No obstante, Cristina Moyano aclara que el término estallido social no es de su preferencia, “porque es como que no lo hubiésemos podido ver”.
“Lo que está detrás de toda esto es una sociedad que se ha ido transformando en el tiempo y que está dispuesta a repolitizarse de distintas maneras respecto de la relación con el Estado, con las empresas, con la constitución, entre otros”, agregó.
“En ese sentido político, la salida que le dio el parlamento a la ciudadanía de que parte de esa crisis se podía resolver a través de un cambio constitucional ha sido muy significativa porque ha podido repolitizar, efectivamente, el conjunto de rabias y malestares que estaban instalados en la sociedad y que cuando no se canalizan políticamente, suelen explotar como fenómenos de violencia colectiva que no producen, necesariamente, ni posibilitan acuerdos ni construcciones de sociedades con futuro”, opinó la académica de la Facultad de Humanidades.
Para la socióloga, doctora en Ciencia Política y académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, el estallido social es decisivo en las definiciones políticas que terminaron provocando el acuerdo para posibilitar el cambio de Constitución a través del Plebiscito del próximo 25 de octubre.
“El estallido permitió que la élite política y económica de Chile reconociera que este es un país con muchas más dificultades de las que quisieron reconocer y que el modelo económico que está implantado no necesariamente lleva por una senda de crecimiento e igualdad, sino por una de segregación y fragmentación”, sostuvo.
La experta en seguridad enfatizó que las protestas que siguieron al 18 de octubre del año pasado también permitieron advertir “la peor cara de la represión policial, que vivieron y siguen viviendo los sectores populares, los estudiantes secundarios y universitarios y el pueblo mapuche. Eso se trasladó a Santiago, fue reconocido por la ciudadanía en su totalidad y abrió la posibilidad de discutir sobre cambios en las policías. Especialmente, en Carabineros”.
Finalmente, advirtió que las protestas que pudieran ocurrir el domingo podrían tener dos repercusiones. Por una parte, “si son violentas, se genera la sensación de una violencia sin sentido y sin objetivo de reclamo, lo que podría impactar en algunos votantes que hoy están más indecisos”, afirmó.
Por otro lado, indicó que la masividad de la manifestación también podría influir en la percepción ciudadana sobre la propagación del coronavirus. “Sin embargo, las últimas encuestas muestran que los chilenos están comprometidos con el proceso y con la intención de ir a votar. Entendería que la población mayor tenga un poco más de temor por los contagios, pero es esperable que en estos comicios vote al menos la misma cantidad de personas que lo hizo en las presidenciales”, consideró.