Cada 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Durante esta jornada se destaca la relevancia de la dignidad en los ambientes laborales y junto con esto, se rinde un homenaje a las víctimas de accidentes y enfermedades profesionales. 

La docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, Julieta Navea, recalcó que, es importante que “los esfuerzos de la salud laboral deben centrarse en la prevención, adoptando todas las medidas necesarias para que el trabajo no cause daño”.  

En relación a cifras, la profesora detalló que, “tanto en hombres como en mujeres, la principal causa de enfermedades profesionales son de tipo músculo esquelético y le siguen problemas de salud mental. Entre ambas suman el 80% de todas las enfermedades profesionales”. 

En este sentido el profesor del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano de esta misma Casa de Estudio, Ignacio Orozco, explicó que los factores que inciden son múltiples, por lo que es importante generar algunas medidas preventivas.  

“Implementar pausas activas en el trabajo para limitar la repetición del mismo movimiento por tiempo prolongado; modificar los espacios físicos y estaciones de trabajo para controlar la carga y posturas a las que se expone una persona; realizar ejercicio físico con frecuencia, que permita balancear músculos debilitados por el trabajo; y mantener hábitos de vida saludables respecto a salud mental, alimentación y tabaco, que pueden influir directamente en procesos inflamatorios”, precisó el especialista. 

El académico señaló que, los trastornos musculo esqueléticos más comunes son los síndromes de dolor lumbar, del túnel carpiano, la tendinitis del manguito rotador o tendinopatía de codo, situaciones que están asociadas a la sobrecarga de músculos, ligamentos y articulaciones.  

“Las actividades que realizamos día a día de carácter repetitivo producen pequeñas lesiones que, acumuladas en el tiempo y frente a tareas de alta demanda, llevan a procesos reparativos deficientes y con ello a dolor persistente. De no tratarse apropiadamente este dolor pudiese permanecer incluso a pesar del reposo o del uso de farmacología”, detalló Orozco.   

La profesora Navea informó que, de acuerdo a estadísticas 2019 de la Superintendencia de Seguridad Social, “existe una mayor proporción de accidentes del trabajo en los hombres, mientras que en el caso de los accidentes de trayecto se aprecia una semejanza según sexo: durante 2019 el 68% de los accidentes del trabajo afectaron a hombres y 32% a mujeres, mientras que en el caso de los accidentes de trayecto un 50,3% corresponde a trabajadores y un 49,7% a trabajadoras”.

El Ministerio de Salud informó que, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, se han administrado 52.241.726 dosis de vacuna contra COVID-19 en el país.

Respecto de la población objetivo de 15.200.840 de personas, que considera a personas de 18 años y más, se han aplicado 13.887.023 primeras dosis, 13.663.682 segundas dosis, y 574.564 dosis únicas.

De este segmento de la población, un 95,14% (14.461.587) ha recibido una única y primera dosis, y 93,67% (14.238.246) ha completado su esquema de vacunación contra SARS-CoV-2, con única y segunda dosis.

Durante la jornada de ayer lunes 25 de abril, del grupo objetivo de 18 años y más, se inmunizaron 38.881 personas, de los cuales, se registraron 4 personas vacunadas con única dosis, 485 con primera dosis, 713 con segunda dosis, 2.595 con dosis de refuerzo y 35.084 con cuarta dosis.

En cuanto a las dosis de refuerzo aplicadas en la población mayor de 3 años del país, se alcanza un total de 17.459.716 considerando dosis de refuerzo y cuarta dosis. Ayer se administraron 41.557 dosis, de las cuales 37.679 corresponde a personas de 18 años y más, y 3.878 entre 3 y 17 años.

Con relación a la vacunación de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años, que comprende un total de 3.771.960 personas, se han administrado 7.862.528 dosis de vacunas en el país, donde un 91,38 % de la población se ha vacunado con primera dosis y un 85,10% con segunda dosis. En tanto, en el grupo escolar, entre 6 y 11 años, se registran 3.161.831 vacunas administradas.

Avanzar en las medidas de protección y garantía para todos aquellos niños migrantes que llegan a Chile, es uno de los objetivos centrales tanto de las autoridades migratorias como de niñez que se reunieron este miércoles para revisar las medidas que aporten garantías a todos los niños, niñas y adolescentes.

El encuentro reunió a los equipos de la subsecretaria de la Niñez Rocío Faúndez, del Director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, y  de la Directora (s) del Servicio de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, quienes analizaron, entre otros temas, los convenios que se encuentran activos en esta materia.

Así lo explicó el Director Nacional de Migraciones, “estamos avanzando en la actualización de nuestros convenios y, también, en la articulación entre Sermig, la Subsecretaría de la  Niñez y el Servicio Mejor Niñez, puesto que en la definición de nuestra política migratoria que estamos construyendo, el tema de la niñez migrante es prioritario y nosotros, como servicio y gobierno, entendemos que los niños migrantes son hijos de este país. Por lo tanto, vamos a poner todos nuestros recursos y esfuerzos institucionales en que el acceso a los derechos y las garantías estén establecidas y estamos trabajando para eso”.

La subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez, aseguró que “fue una reunión muy provechosa para continuar un trabajo que se estaba realizando entre el Ministerio del Interior, El Servicio de Migraciones, la Subsecretaria de la Niñez y el Servicio de Mejor Niñez, para aumentar el estándar de trabajo y ajustarlo a estándares de derechos internacionales. Tenemos tres marcos normativos que hoy nos obligan a estar a la altura de dicho desafío, respecto de NNA que entran a Chile no acompañados como de aquellos que entran por pasos fronterizos no habilitados se pueden encontrar en situación de mayor vulnerabilidad”.

Es importante destacar que desde el 15 marzo en Chile está publicada la Ley Integral de Garantías de Derechos de la Niñez, la cual establece la creación de un sistema integral que dé garantía a todos los NNA que están en el país. “Esto incluye a niños nacidos en Chile y a niños migrantes con independencia de su situación migratoria, por lo tanto necesitamos avanzar decididamente en esa dirección”, finalizó la Subsecretaría.

Un proyecto paralelo presentó el Gobierno para el retiro de fondos de pensiones, cuyo rescate consiste en fines acotados. Se trata principalmente del pago de deudas, como alimenticias, deudas de servicios básicos y deudas hipotecarias. 

La iniciativa ha generado tanto apoyo como críticas, en especial, por el hecho de que se genera una transferencia a la banca privada.

Marcela Vera, economista y académica de la Usach, explicó lo que significa esa arista y sus implicancias.

“Acá ocurre una transferencia de los ahorros previsionales a la banca privada, cuestión que es altamente cuestionable respecto, además, de la efectividad que tendría para que esto no genere una mayor inflación, puesto que la gente pagaría sus deudas y para tener ingresos para subsistir, tendría que recurrir nuevamente al sistema de créditos”, dijo en primera instancia.

Sobre ese punto, fue clara: “Ya no lo haría con una tasa de crédito baja, sino 3 o 4 veces más altas del crédito que estaba pagando. Por lo tanto, se incrementa profundamente el costo del crédito que eventualmente podría acceder”.

Una nueva cuenta pública de la Convención Constitucional se realizó el fin de semana, reflejando que este mes de abril es clave para el trabajo a cargo de redactar la nueva Carta Magna.

Respecto a eso, Nicolás Freire, politólogo y académico de la Usach, entregó tres razones para explicar la importancia de este mes: 

“En abril debería haber terminado el trabajo sino se hubiera solicitado la prórroga. Entonces, pasa a ser el primer mes de prórroga que la Convención ha establecido para el desarrollo de su trabajo”, sostuvo en primera instancia.

Sobre la segunda razón, fue claro. “En tenor con la programación de dicha prórroga, en abril se discutirá y terminará el trabajo de las comisiones, por lo tanto, va a ser el mes en el que se terminará de conversar sobre las normas que deberían ser propuestas en torno a la nueva constitución”.

“Por último, y de acuerdo al cronograma antiguo, que habría que ver la manera en cómo se va ajustar, en abril se debía haber votado el borrador de la convención. Esas son las tres principales razones de este mes clave para ellos”, cerró Freire.

Un positivo balance tuvo el cierre de la temporada de cruceros 2021-2022 en la ciudad de Valparaíso, actividad turística que se mantuvo en pausa durante 22 meses producto de las restricciones asociadas a la pandemia, pero que se reactivó en diciembre con el arribo de la primera nave: el Viking Jupiter, con capacidad para más de mil pasajeros entre turistas y tripulantes; y que culminó este fin de semana con la recalada del crucero Roald Amundsen en TPS.

Entre diciembre y abril se registraron un total de ocho recaladas de naves, entre las que estaban el Viking Jupiter, el Silver Whisper, Silver Moon, Viking Star y el Roald Amundsen. Este último crucero será el último en zarpar de las costas porteñas este domingo 4 de abril a las 20 horas para dirigirse hacia Ecuador. 

“Es muy positivo que hayamos podido retomar las recaladas de cruceros en Valparaíso, considerando su relevancia para la economía de la ciudad y, especialmente, para todas las actividades que viven del turismo, como hotelería, gastronomía y pequeño comercio, entre otros. Si bien la temporada fue más baja que las anteriores, sin lugar a duda es un paso importante en el camino de la reactivación tras los efectos de la pandemia, y marca un precedente para el reinicio del turismo de cruceros”, afirmó el gerente general de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Franco Gandolfo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, manifestó que “estamos felices porque hemos vuelto a activar el turismo de cruceros en nuestra ciudad. Esta ha sido una temporada que nos ha permitido mostrar que somos un destino confiable para esta industria, pues no solo se han cumplido los estándares sanitarios y de coordinación institucional para recibir a quienes embarcan y desembarcan de las naves, sino que se han cumplido los compromisos en materia de recaladas, e incluso se ha podido acoger en Valparaíso a naves que han tenido que modificar su itinerario por cuestiones climáticas. Ahora debemos trabajar para que la próxima temporada podamos recuperar las dinámicas que teníamos antes de la pandemia”.

“A pesar de toda la incertidumbre de la pandemia, logramos asegurar un buen número de recaladas de naves de pasajeros en Valparaíso y especialmente cruceros nuevos, que nunca antes habían venido a Valparaíso y que fueron construidos en los últimos dos o tres años. Esto es una señal de que la industria del turismo de cruceros confía en que podemos brindar las condiciones necesarias no sólo en cuanto a los servicios, sino en relación con las medidas de seguridad para prevenir el contagio del Covid, así que estamos satisfechos y ya trabajando en lo que será la próxima temporada”, comentó Oliver Weinreich, gerente general de Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS).

Francisco Godoy, gerente general de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso destacó que “estamos muy contentos de haber reactivado la temporada de cruceros en la región. Después de un trabajo mancomunado entre el municipio, la Empresa Portuaria y los terminales de Valparaíso, así como las navieras, autoridades sanitarias, empresarios del turismo y Sernatur, establecimos protocolos para ayudar a los turistas y ahora ya estamos trabajando en conjunto para potenciar lo que será la temporada 2022-2023”

Cabe destacar, que los protocolos sanitarios, producto de la pandemia, establecieron que todos quienes desembarcaron, debieron cumplir con una serie de estrictos controles de bioseguridad instruidos por la Seremi de Salud, a lo que se sumó resguardos propios de las empresas de cruceros, tales como controles diarios de PCR a los pasajeros para evitar posibles contagios y implementación de camarotes especialmente habilitados para aislamiento en caso de contagio, entre otras medidas.

Todas las acciones implementadas por Valparaíso resultaron de la coordinación entre las autoridades sanitarias, marítimas, los terminales y el terminal de cruceros administrado por EPV, lo que permitió que la temporada se desarrollara sin mayores contratiempos que pudieran afectar al resto de las actividades turísticas y comerciales de la ciudad.

Otra disputa hídrica está viviendo Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), ya que entre el 1 y el 14 de abril se vivirá la fase de alegatos orales por la demanda presentada por Chile en 2016 sobre el curso, estatus y uso de las aguas del Silala.

Nuestro país considera que es un río internacional que debe ser compartido, mientras que Bolivia apunta que las aguas proceden originalmente de manantiales nacidos en su territorio, y que de forma artificial cruzan la frontera. 

“Hay un tema histórico que viene de la Guerra del Pacífico y desde la reconformación de las fronteras con Bolivia, que había alejado toda discusión con los cursos de agua. Sin embargo, durante el siglo 20, principalmente la década de los 60, el gobierno Bolivia ha ido cambiando su discurso respecto al manejo de las aguas que corren en territorio fronterizo”, sostuvo el historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Usach, Cristóbal García-Huidobro.

Respecto al Silala, fue claro. “A Bolivia le ha dado con exigir una compensación histórica, bajo esa lógica están haciendo un acto de presión que el gobierno del presidente Piñera, luego de la victoria obtenida en la corte por la demanda marítima, permite asentar una buena jurisprudencia. Se está aprovechando ese viento de cola”. 

“Se ha establecido una posición bien consolidada de parte del gobierno chileno sobre el uso del agua del Silala. Probablemente la corte nos va a encontrar la razón”, finalizó el historiador.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, defendió el proyecto que busca rebajar la jornada laboral a cuarenta horas semanales. “Le hará bien a la productividad del país”, consideró. Al respecto, la economista Marcela Vera explicó cómo la iniciativa puede impactar en una mayor productividad y en un mejor desempeño de la economía en su conjunto.

“El Premio Nobel Joseph Stiglitz planteó que, en la medida en que los trabajadores se encontraran en mejores condiciones laborales y recibieran mayores beneficios, iba a aumentar su productividad dentro de la empresa”, sostuvo la académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago.

“El sueldo promedio no alcanza para financiar el gasto de los hogares y, por lo tanto, es fundamental contemplar un aumento salarial y redistribuir mejor el tiempo que la ciudadanía tiene para el descanso, de manera de generar un mejoramiento significativo en su calidad laboral”, agregó.

Con todo, Vera reconoció que, para que la iniciativa produzca ese aumento de la productividad, es necesario conocer lo que necesitan las Pymes para implementar esta política pública. “Es fundamental que el Gobierno pueda reunirse con los diversos sectores productivos para conocer cuáles han sido los que han tenido un mayor impacto frente a la situación de pandemia y cuáles presentan un rezago en este contexto de reactivación económica”, concluyó.

Un artículo con los principales resultados de la investigación realizada por la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, María Christina Fragkou, y la geógrafa Tamara Monsalve-Tapia, junto con los geógrafos Vicente Pereira-Roa y Maximiliano Bolados-Arratia, todos de la Universidad de Chile, fue publicado este mes de enero en la Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales EURE.

El estudio, desarrollado en el marco de un Fondecyt Regular, es el primer análisis integral de la distribución de agua potable mediante camiones aljibe en Chile, teniendo como caso de estudio una de las zonas más afectadas por la megasequía: la provincia de Petorca. En este trabajo, los investigadores analizaron el volumen, costo, trayectoria y los dueños de estos flujos de agua transportados en la provincia entre 2012 y 2018.

“El propósito era ver cómo el Estado reacciona ante los impactos de la megasequía, y la consiguiente construcción de escasez de agua, entendiéndola como un fenómeno físico y social. Asimismo, quisimos analizar las soluciones propuestas y cómo estas transforman los territorios, así como su efectividad para paliar la escasez hídrica que viven las comunidades. Una de las cosas que nos interesó mucho fue analizar la tenencia de los derechos de agua y, particularmente para este estudio, nos enfocamos en cómo funciona la distribución de camiones aljibes, porque es un medio de distribución de agua potable muy importante para miles de familias. Hasta la fecha la academia no había estudiado este fenómeno con rigurosidad”, señaló María Christina Fragkou.

En esta investigación, se estudiaron 1.753 órdenes de compra de agua mediante camiones aljibe emitidas por la Gobernación Provincial de Petorca entre 2012 y 2018. Adicionalmente, se verificó el volumen y la localización de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas de los proveedores del recurso hídrico y se entrevistaron a actores clave. A partir de la información recopilada se pudo generar diagramas de distribución espacial de flujo de aguas y mapas donde se visualizan los metros cúbicos extraídos y repartidos dentro la provincia, según sector hidrogeológico.

Al respecto, es importante destacar que la compra y distribución de agua potable por camiones aljibe, como medida de emergencia, se tramita principalmente con fondos de emergencia del Ministerio del Interior, a través de la Gobernación Provincial, quien repartió el 95 por ciento de los metros cúbicos de agua entregados y significó el 98 por ciento del gasto público en camiones aljibe en la provincia. 

Durante el período de estudio, las operaciones de la Gobernación para la compra de agua potable y la contratación de su reparto en camiones aljibe en la provincia de Petorca movilizaron 1.494.492 m3 de agua, que implicaron un gasto total de más de $8.754 millones de pesos ($8.754.121.511) para abastecer a 41 localidades. El precio del agua, en tanto, fluctuó entre $2.500 y $17.000 por m3.

El agua repartida por camiones aljibe en Petorca fue proporcionada por 23 proveedores que extrajeron agua de cinco Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC), recurso que finalmente fue distribuido dentro de estos mismos sectores y en otros seis de la provincia.

“Destaca especialmente el SHAC Ligua Pueblo como aquel que proporciona la mayor cantidad de agua para su distribución por camiones aljibe mediante dos proveedores, y es -al mismo tiempo- el sector que mayor cantidad de agua ha recibido, 42 por ciento de la cual es proveniente del mismo sector. En este SHAC se encuentra circunscrita la localidad de Valle Hermoso, que ha sido abastecida durante el período de estudio por un total de 458.053 m3 y que destaca por encontrarse a pocos kilómetros de sus proveedores de agua por camiones aljibe”, señala el estudio.

Para María Christina Fragkou, “esta situación evidencia la dimensión social de la escasez hídrica en la zona, puesto que indica que más que una falta física de agua en las cuencas de los ríos Petorca y La Ligua existe una inequidad distributiva que afecta a los comités y cooperativas de APR. Nuestros resultados demuestran la creación de un mercado que se basa en los excedentes de agua que pueden tener ciertos actores, incluso en zonas de extrema sequía”.

El estudio analizó la situación de los cinco proveedores principales y fue posible identificar que al menos tres de ellos tienen derechos inscritos para uso agrícola. Además, durante el período estudiado, compraron Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Esta situación se vuelve relevante al compararla con las cantidades de agua entregada por estos proveedores en cada año estudiado.

Los resultados indican que la venta de agua potable mediante camiones aljibe es una actividad rentable y dominada por pocos actores, y con una fuerte participación de empresas y particulares del sector agrícola, que es otra manifestación de la escasez hídrica de causas sociales en la provincia de Petorca.

Finalmente, para las y los investigadores la solución de la distribución de agua potable a través de camiones aljibes se basa en un mecanismo burocrático que implica un alto y constante esfuerzo administrativo, económico y operacional que no corresponde a una medida de emergencia que entrega un recurso vital. Al mismo tiempo, no logra satisfacer la demanda total de las localidades y cubrir el déficit hídrico de los usos afectados, ya que el consumo promedio repartido por persona ha llegado a ser 50 litros por persona al día, apenas el 30 por ciento del consumo promedio nacional de 170 litros por persona diario.

Por otro lado, “la instalación de este sistema de abastecimiento desplaza la urgencia de desarrollar soluciones para destrabar la crisis a largo plazo, mientras instala un mercado muy rentable para los principales aguatenientes de la zona. El hecho de que este mercado esté dominado por unos pocos actores locales, principalmente del rubro agrícola, que venden millones de metros cúbicos de agua anualmente para su consumo en comunidades de APR vecinas, apoya el argumento de que en Petorca no existe una escasez física y absoluta, sino una desigual distribución del agua”, puntualizó María Christina Fragkou.

Mediante una declaración pública, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA y el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, Modatima Wallmapu, enumeraron las diversas irregularidades que existen en torno al proyecto geotérmico que pretende realizar la empresa Adobera SpA en el volcán Tolhuaca, en las comunas de Curacautín y Quilaco. 

En el texto se establece que “el 6 abril de 2021, Adobera SpA preguntó al Servició de Evaluación Ambiental (SEA) si el ‘Programa de Perforación Exploratoria Área Adobera’ requería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En esta solicitud aseveraron que desarrollarían uno o más proyectos de generación de energía eléctrica en base al recurso geotérmico del Volcán Tolhuaca”. 

Según denuncian ambas organizaciones, el SEA determinó que el proyecto no debía ingresar al SEIA, principalmente porque no se trataba de una iniciativa de generación eléctrica de más de 3MW, tal como estipula la ley.

“Sin embargo, la empresa ha declarado que pretende construir un proyecto de 9MW, cuestión que no lo informó en la consulta de pertinencia enviada. Además, la concesión de explotación geotérmica sobre el área indica que la empresa ya calculó que existe un potencial de al menos 50MW”, afirman. 

Asimismo, denuncian que este proyecto considera la construcción de 6 pozos exploratorios de una profundidad entre 1.500 a 2.000 metros con un total de 20 meses de ejecución, lo que se traduce en potenciales perjuicios y de riesgos posibles para las personas y para el medio ambiente, de acuerdo a estudios internacionales que así lo señalan. 

“En este tipo de infraestructuras existe el riesgo potencial de contaminación por minerales, sales y metales pesados afectando directamente los cuerpos de agua, fauna y vegetación. Además, con una potencial afectación a cursos de agua como lo es el Río Blanco, tributario del río Cautín, el cual nace en las faldas del Volcán Tolhuaca”, se desprende. 

Finalmente, la denuncia establece que a cinco años de que se originara este proyecto, no se ha entregado información completa a las comunidades. 

“Instamos a la empresa a desarrollar un diálogo transparente, siendo claros sobre sus intereses y proyecciones, sin manipular a los actores locales. Las necesidades de acceso a servicios básicos de energía de la población requieren ser garantizadas, y para ello las comunidades deben ser informadas del desarrollo de este tipo de iniciativas considerando una visión holística que incluya dimensiones culturales, sociales y medioambientales, así como los impactos acumulados del conjunto de inversiones que existen y se proyectan sobre el territorio”, plantean las organizaciones. 

Asimismo, agregan que todas las instituciones deben actuar “conforme al derecho internacional, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, los principios de autonomía y libre determinación, así como la participación vinculante que respete sus derechos colectivos. Como organizaciones defensoras de los Pueblos y la Naturaleza comprendemos que los actores del territorio son los primeros en conocer cuáles son las prioridades para la mantención y resguardo de la vida”.