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Futuro del sistema de transporte público de Santiago marcó inicio de conferencia internacional IFORS Chile 2023

En la primera de las cuatro charlas plenarias que se ofrecerán en IFORS 2023, el investigador Juan Carlos Muñoz, actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones, expuso su visión sobre cómo la búsqueda de la sustentabilidad en el transporte público es clave para mejorar las experiencias de los usuarios. En su presentación, abordó la implementación del Transantiago, el año 2007, y los desafíos que hubo que enfrentar para llevar la optimización de distintas variables a las políticas públicas. También, destacó medidas concretas que permiten la mejora continua del funcionamiento de la red de movilidad, que incluye el metro y las flotas de buses de la capital.

“Hoy, la tecnología nos brinda oportunidades impensables para tener un sistema de transporte más sustentable. Como investigadores, no debemos rendirnos ante las filas, los retrasos, las molestias de los usuarios o la lentitud del sistema. Seamos creativos, disfrutemos, usemos nuestra experiencia como usuarios del transporte público como laboratorio y compartamos nuestras ideas en eventos científicos como este”, invitó a la audiencia el secretario de Estado.

El transporte es una de las tantas áreas que aborda la Investigación Operativa, que incluye herramientas de la Analítica y Management Science, para gestionar y optimizar otros ámbitos tan diversos como la medicina, la producción de bienes y servicios, y la educación. “Hoy tenemos el privilegio de estar en esta conferencia mundial, a la que asisten los artífices y fundadores de la Investigación Operativa, quienes han desarrollado los métodos, la tecnología y la visión que usamos para resolver muchos problemas actuales. En IFORS tenemos 30 sesiones en paralelo, con investigadores interactuando en torno a todos los ámbitos de la vida humana en sociedad. Por lo tanto, a diferencia de otras áreas de la ingeniería, todo trabajo en Investigación Operativa tiene que ver con cómo mejoramos la calidad de vida de las personas”, expresó Rafael Epstein, coanfitrión de IFORS Chile 2023, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

“Muchas veces pasa desapercibido el impacto gigantesco de esta área de la ciencia. No pensamos que, si hay electricidad en estos momentos, es porque hubo un modelo matemático que viene desde la Investigación Operativa, que se aplicó exitosamente a la distribución de la electricidad y a la toma de decisiones de funcionamiento de las centrales de generación eléctrica. Tampoco nos damos cuenta cómo esos modelos van evolucionando en el tiempo”, destacó por su parte Jorge Vera, también coanfitrión de la conferencia y profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica.

La conferencia IFORS Chile 2023 es organizada por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y el Instituto Chileno de Investigación Operativa (ICHIO), con el apoyo de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Las actividades se realizan en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica. Chile se adjudicó la organización de la conferencia hace seis años. Ese proceso dio frutos hoy, con la inauguración de la conferencia en el Centro de Extensión UC, un evento científico de grandes magnitudes, en el que se reconoce el rol y el impacto del trabajo de la comunidad chilena en el área.

“Gracias a IFORS 2023, Chile se insertará mejor en las redes internacionales de Investigación Operativa. Surgirán proyectos e investigaciones conjuntas con científicos de distintos países, por lo que, para cada uno de nosotros, la experiencia es invaluable. Tenemos más de mil personas, cada una con distintas habilidades, talentos y preocupaciones. Todas dispuestas a escuchar al otro para abrir su mente a nuevas soluciones. Es esta interacción la que va moviendo los límites de conocimiento humano, la clave del progreso”, analiza el profesor de la U. de Chile, Rafael Epstein.

Para Janny Leung, presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Investigación Operacional, la meta de esta conferencia es desarrollar la Investigación Operativa en todo el mundo. “Es vital que todos trabajemos juntos para resolver problemas asociados al desarrollo, por lo que debemos tener a investigadores que vengan desde otros lugares del mundo, y que aprendan de las experiencias chilenas, como, por ejemplo, de lo que expuso el ministro, Juan Carlos Muñoz. A su vez, ellos deben compartir sus propia expertise para enfrentar el mismo tipo de desafíos urbanos. Al escucharnos, podemos convertirnos en científicos e investigadores más creativos a la hora de desarrollar soluciones a problemas comunes”.

SAG participa en la Asamblea Plenaria Regional de la Alianza por el Suelo de Latinoamérica y el Caribe

Una importante participación tuvo el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, en la Décima Asamblea Plenaria Regional Alianza por el Suelo de Latinoamérica y el Caribe (ASLAC), que se llevó a cabo en Ciudad de México entre el 19 y el 22 de junio, oportunidad en la cual nuestro Servicio dio a conocer el trabajo que está liderando para la protección de los suelos en nuestro país.

En esta Asamblea se dieron a conocer los resultados del proyecto regional “Apoyo a la cooperación regional para la gestión climática de los ecosistemas agrícolas con énfasis en agua y suelo, además de fortalecer la cooperación entre socios estratégicos y ASLAC.

Durante esta Asamblea Regional el funcionario del SAG, Rodrigo Osorio Hermosilla, coordinador nacional del Programa SIRSD-S y punto focal nacional de la Alianza Mundial por el Suelo (AMS), presentó los principales resultados de la implementación del Primer Piloto de los Doctores de los Suelos en Chile, realizado en abril de este año en la región de Los Lagos, con 23 agricultores/as certificados como Doctores/as de los Suelos.

Rodrigo Osorio señaló que, la implementación de este piloto en nuestro país significa una oportunidad para concientizar en la importancia del suelo (95% de los alimentos se originan en él y presta una multiplicidad de servicios ecosistemicos) y para que los agricultores/as interesados reciban formación básica y práctica sobre el suelo y su manejo sostenible. El valor de esta iniciativa es poder trabajar en estrecha colaboración con los agricultores/as a nivel de campo, con el objetivo común planetario de que nuestros suelos nos proporcionen alimentos saludables para todos y lograr la seguridad alimentaria.

De esta experiencia piloto se esperan extraer lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser consideradas en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el manejo sostenible del suelo, debido a que este Programa Global es una iniciativa oportuna, innovadora y en línea con las expectativas generales en términos del apoyo del MINAGRI y de la FAO a los agricultores/as en el campo. Se espera que constituya un aporte en la extensión agrícola donde se opera dentro de un sistema de conocimiento más amplio, el triángulo del conocimiento agrícola, que representa la investigación, la extensión y la educación agrícola superior, y la necesidad de crear vínculos entre estas instituciones para promover el aprendizaje y el intercambio y uso del conocimiento en el campo.

 

Cumbre Parlamentaria logra histórico pacto mundial contra el hambre y la malnutrición

La II Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición se clausuró este viernes en Chile, con un nuevo Pacto Parlamentario Mundial para trabajar por la transformación de los sistemas agroalimentarios y promover el derecho a una alimentación adecuada para todos. 

“Este evento ha demostrado que la primera reunión de parlamentarios de 2018 en España no fue una casualidad. Hoy se ha iniciado en Chile un proceso que continuará en otros continentes. La FAO seguirá brindando su apoyo técnico a las acciones legislativas que contribuyen a garantizar el derecho a una alimentación adecuada.” 

En el texto, más de 200 parlamentarios, 15 presidentes y vicepresidentes de parlamentos nacionales y regionales y órganos parlamentarios de 64 países acordaron comprometerse a trabajar por una transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos, equitativos, resilientes y conducentes a la realización del derecho a una alimentación adecuada para todas y todos.  

El pacto pide una mayor participación e implicación de los parlamentos para reforzar el compromiso político, así como iniciativas concretas, legislaciones, asociaciones y asignación presupuestaria, entre otras acciones. 

Los parlamentarios también se comprometieron a medir su progreso informando sobre los esfuerzos hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios, incluyendo las iniciativas emprendidas y las leyes adoptadas. 

El texto también pide a la FAO que ayude en el desarrollo de medios técnicos para apoyar la aplicación del Pacto, como la revisión de los sistemas existentes de recopilación de datos y presentación de informes; la exploración de formas de elaborar informes mundiales; la facilitación del apoyo y la cooperación entre los parlamentarios; y el apoyo a las actividades de sensibilización y desarrollo de capacidades. 

Por último, el Pacto hace un llamado a los socios y donantes internacionales para que apoyen estos esfuerzos, solicita al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que establezca un mecanismo para la representación de los parlamentarios que luchan contra el hambre y la malnutrición, y para que se organice una Tercera Cumbre Parlamentaria Mundial, a más tardar en 2026. 

Al término del encuentro, la diputada Carolina Marzán, Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Chile, y anfitriona del evento, destacó: “A raíz del debate y enriquecedores aportes que se han hecho al Pacto Global que hemos trabajado en esta cumbre, hemos comprobado que el análisis en torno al hambre y la malnutrición es mundialmente conocido por todos y todas, y por ello quisiera dejar instalado que la brecha de género existente en nuestras naciones es dañina para avanzar en sistemas agroalimentarios más sustentables y sostenibles, ya que son las mujeres quienes alimentan al mundo.  

“Como país es un orgullo haber sido anfitriones de uno de los eventos mundiales más importantes en materia de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Nos mandata a dar cumplimiento a un gran pacto de Estados por el derecho de una alimentación con perspectiva climática y de género”, dijo al término del encuentro la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Chile y anfitriona del evento, diputada Carolina Marzán. 

Por su parte, Antón Leis, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) declaró: “la coordinación, la cooperación y la colaboración es fundamental. Solos no podemos. La solución no es únicamente la cooperación internacional, sino también la alianza. Tenemos que trabajar juntos en alianzas parlamentarias, como el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe que ha sido un ejemplo para resto todo el mundo”.  

Durante dos días, parlamentarios de todo el mundo se reunieron en Valparaíso para reafirmar la urgencia de acabar con el hambre y la malnutrición, como parte de los objetivos mundiales, subrayando el papel crucial que tienen en la transformación de los sistemas agroalimentarios mediante la adopción de leyes, la aprobación de presupuestos públicos y el seguimiento de la aplicación de políticas públicas y compromisos gubernamentales. 

Durante las sesiones temáticas y los eventos paralelos, también identificaron y compartieron ejemplos de buenas prácticas, en particular en relación con el desarrollo de una legislación innovadora. 

La Cumbre fue organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Congreso Nacional de Chile y el Gobierno de Chile, y contó con el apoyo de la Comisión Europea, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe. 

Misión Científico-Tecnológica de la Universidad de Chile finaliza gira en Europa con visita a Suecia

La comitiva universitaria regresó al país luego de consolidar vínculos de colaboración científica y tecnológica con actores públicos y privados europeos relevantes para el desarrollo de proyectos estratégicos para la Casa de Bello. De esta manera, los lazos de cooperación con instituciones francesas, italianas, alemanas buscarán traducirse en el desarrollo de proyectos investigativos y en un intercambio permanente entre integrantes de las comunidades involucradas. La escala final de esta visita fue Suecia, país donde la comitiva trabajo en la coordinación del próximo Foro Académico Chile – Suecia, impulsado a través de la Plataforma de Colaboración Académica ACCESS.

La Universidad de Chile abordó variadas temáticas en esta gira. Energías limpias, producción biotecnológica y tecnologías aeroespaciales fueron los principales temas en torno a los cuales se logró fortalecer los vínculos de cooperación. Además, se buscó potenciar la colaboración asociada al área de innovación del plantel, el fortalecimiento de las ciencias sociales y el avance en temas de ética e integridad en la investigación. La delegación estuvo integrada por representantes de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) y de las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y Ciencias Físicas y Matemáticas. Además, contó con la participación de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad.

El vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Enrique Aliste, sostuvo que, “como Universidad, logramos verificar que existe un interés mutuo de cooperación. No es que nosotros solamente salimos a buscar alianzas de desarrollo, sino que también existe un interés de estos países en trabajar con nosotros. Esto se debe al gran capital científico que se ha instalado en Chile y en la Universidad, logrando ser un aliado estratégico relevante en la generación de conocimiento gracias a la constancia, compromiso y un alto nivel de desarrollo de los equipos”.

En la misma línea, la directora de Innovación de nuestro plantel, Anahí Urquiza, evaluó positivamente la agenda desarrollada por la comitiva, ya que “permitió que un grupo de académico de muy alto nivel y de distintos espacios de la Universidad de Chile participara en reuniones con centros de vanguardia a nivel europeo, compartiendo experiencias y evaluando posibilidades de cooperación en proyectos específicos y posgrado”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, quien también fue parte de la comitiva, sostuvo que “fue una misión exitosa en cuanto a los objetivos de establecer colaboración con instituciones universitarias, de investigación tecnológica y con empresas europeas en los ámbitos de energías limpias, litio, minerales críticos, tecnología espacial y capacidades en biotecnología”.

Finalmente, el jefe de gabinete de la VID y director del proyecto de Internacionalización de la Universidad, Leonardo Muñoz, valoró la instancia, pues se alinea con los desafíos que enfrenta el país e “implica dar un paso adelante en la integración de la U. de Chile en nodos internacionales de generación de conocimiento, haciéndola parte de una red global donde la reciprocidad en el intercambio de capacidades, conocimiento e innovación es fundamental”. Agregó, además, que la colaboración con aliados internacionales “es una oportunidad que fortalece las capacidades de nuestra comunidad académica en sus iniciativas de investigación y, al mismo tiempo, favorece las condiciones de formación y movilidad de investigadores y estudiantes”.

Para poder concretar los vínculos establecidos con Alemania, Francia e Italia, la Casa de Bello buscará materializar los lazos a través de investigación conjunta e intercambio formativo entre las y los integrantes de la comunidad universitaria. Durante la primera semana de estadía en Italia, la comitiva institucional se reunió con el Consejo Nacional de Investigación; la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, los institutos Italiano de Cultura e Italo – Latino Americano; y las universidades de La Sapienza y Roma, entre otros.

Luego, en su paso por Alemania y Francia, la delegación de la Casa de Bello visitó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Instituto de Tecnologías Limpias, el Instituto Nacional de Ciencias de la Tierra y del Universo (INSU- CNRS) y el Karlsruhe Institut of Technologies.

Respecto a este amplio despliegue, el vicerrector Aliste destacó que “hemos podido indagar en instancias tan distintas como en agencias espaciales, laboratorios de biotecnología o importantes institutos de investigación, por lo que la etapa que viene ahora es materializar estos vínculos. Por ejemplo, una forma de hacerlo será a través de la preparación de proyectos investigativos en conjunto o también en la posibilidad programas de estadía en investigación o pasantías doctorales”.

Así también lo destacó el decano Martínez, quien aseguró que “establecimos agendas de trabajo colaborativo y contactos con varias de esas instituciones y empresas, varias enmarcadas en los nuevos institutos de tecnologías limpias y el futuro Instituto Nacional del Litio, y otras vinculadas a colaboraciones en programas de posgrado y de investigación conjunta”.

A su vez, la directora de Innovación recalcó que la articulación de grupos de cooperación específicos de la U. de Chile “nos permite valorar y mostrar lo que se está haciendo en la Universidad, con esfuerzos innovadores en diferentes ámbitos, lo que nos hace más atractivos para la colaboración internacional”.

Durante la última semana de estadía en Europa, autoridades de la Casa de Bello visitaron Suecia con el fin de acordar avances para la próxima versión del foro internacional impulsado por la Plataforma de Colaboración Académica Chile-Suecia (ACCESS). Esta iniciativa tiene por objetivo facilitar y profundizar las relaciones académicas entre ambos países, así como permitir que investigadores, equipos y estudiantes estén más conectados.

En esta línea, el vicerrector Aliste y la directora de Relaciones Internacionales de la U. de Chile, Alicia Salomone, se reunieron con integrantes del Comité Directivo ACCESS para evaluar las propuestas recibidas a través del sitio web de la plataforma. En la instancia, discutieron sobre los temas postulantes para participar en el próximo Foro Chile-Suecia. Las iniciativas seleccionadas serán parte del programa del próximo foro en Estocolmo, el cual se realizará en junio 2024.

Aliste señaló que los avances en torno a este evento estuvieron asociados al desarrollo de tópicos que abordará el Foro 2024. “Se evidencia el trabajo colaborativo de ACCESS, a través del interés mutuo de ambos países de colaborar, pero también en instancias concretas, como los cursos doctorales conjuntos y próximas visitas de cooperación”, puntualizó la autoridad.

Por su parte, Alicia Salomone sostuvo que la importancia de la vinculación a través de ACCESS es esencial, ya que en ella participan ocho instituciones suecas y siete chilenas. “Dado el importante involucramiento de instituciones de ambos países, continuar fortaleciendo ACCESS es muy importante para el desarrollo tecnológico de la U. de Chile, pero a su vez del país. Estamos totalmente comprometidos en mantener la colaboración”, sostuvo.

Proyectos extractivos y de desarrollo industrial amenazan el futuro de los pueblos indígenas en el mundo

Un grupo de científicos y científicas de distintos países se unieron para lograr cuantificar, por primera vez, los impactos negativos que las actividades extractivas tienen sobre las formas de vida, los derechos y las tierras de los pueblos originarios a nivel global. Entre ellos, está la profesora Grettel Navas, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, quien participa como co-autora de este estudio liderado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). 

La Casa de Bello es la única institución latinoamericana y de todo el “sur global” que participa en esta investigación, realizada en colaboración con otras nueve universidades, que evidencia las violaciones de los derechos indígenas. El estudio, publicado en la revista Science Advances, se basa en los datos recopilados durante la última década por el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), una iniciativa de la cual la profesora Navas ha sido parte en los últimos 6 años y que, hasta el 2023, ha  identificado y mapeado un total de 3.081 conflictos socioambientales en todo el mundo.

En el estudio en cuestión, se muestra que a pesar de que los pueblos indígenas representan solo el 6,2 % de la población mundial y sus tierras ocupan una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, se ven afectados por el 34 % de todos los conflictos ambientales documentados sobre proyectos de extracción y desarrollo industrial. El estudio documenta más de 740 comunidades indígenas diferentes que se ven afectadas por este tipo de actividades, lo que supone el 15 % de los casi 5.000 grupos que existen en el mundo. Entre las comunidades indígenas identificadas en Chile se encuentran los pueblos Mapuche, Kolla, Atacama, Diaguita y Aymara.  

A nivel global, las comunidades Quechua, Mapuche, Gond, Aymara, Nahua, Ijaw, Munda, Kichwa, Guaraní y Karen son los diez grupos indígenas que aparecen con más frecuencia en el conjunto de datos del EJAtlas. No obstante, consideran que el número real de grupos indígenas afectados podría ser mucho mayor ya que “sigue habiendo importantes lagunas en los datos, sobre todo en Asia Central, Rusia y el Pacífico, donde la cobertura de datos es más limitada”, explica Arnim Scheidel, investigador del ICTA-UAB y coautor del estudio.  

Otro de los hallazgos es que ocho de cada diez conflictos ambientales hacen referencia a solo cuatros sectores, y es la minería el sector que más frecuentemente impacta en la población indígena (24,7 %), por delante del sector de los combustibles fósiles (20,8 %), el sector de la agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería (17,5 %) y el de la construcción y explotación de represas hidráulicas (15,2 %). La profesora Navas destaca que, aunque el estudio es a nivel global, Chile no es la excepción a esta tendencia. De los 23 casos analizados en Chile, los principales conflictos socioambientales están asociados al sector minero y al sector hidroeléctrico. No obstante, también hay varios casos relacionados a la transición energética como, por ejemplo, la minería de litio en el Salar de Atacama o la construcción de parques eólicos. 

En este sentido, de acuerdo a la académica de la Universidad de Chile “para pensar políticas sustentables y ecologistas, no basta con limitarse a la transformación energética y a la descarbonización, es crucial voltear la mirada hacia la justicia social y ambiental e implementar políticas reconociendo los derechos, dar reconocimiento y participación a las comunidades originarias que históricamente han resguardado los pulmones de nuestro planeta”. 

Las conclusiones de este estudio muestran la enorme magnitud de las violaciones de los derechos indígenas asociadas a los modos de vida industriales y recuerdan que instrumentos internacionales como el Convenio C169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desempeñan un papel importante en la promoción de sus derechos. 

“Sin embargo, los niveles actuales de ratificación, aplicación y supervisión son insuficientes para garantizar el respeto de estos derechos”, remarcan. Para Álvaro Fernández-Llamazares, co autor del estudio e investigador del ICTA-UAB “El acaparamiento de tierras provocado por la agroindustria y otros sectores extractivos sigue siendo una gran amenaza para los pueblos indígenas”. “Es por ello que comunidades indígenas de todo el planeta llevan décadas movilizándose para que se reconozcan y respeten sus derechos”, añade.

Por ello, inciden en la necesidad de que los gobiernos apliquen medidas que promuevan los derechos indígenas y apoyen la justicia ambiental garantizando el cumplimiento real de los convenios existentes y la protección de los derechos sobre sus tierras. “Los gobiernos deben aplicar una política de tolerancia cero respecto a las violaciones de los derechos indígenas y buscar acuerdos comerciales que estén condicionados al cumplimiento de las responsabilidades de la Declaración de las Naciones Unidas por parte de las empresas implicadas”.

Especialistas abordan relevancia de las normas alimentarias que “salvan vidas”

“Las normas alimentarias salvan vidas” es el lema de este año del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos (DMIA) y que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, detección y gestión de riesgos a través de la inocuidad alimentaria, promoviendo debates, soluciones y formas de mejorar la salud humana, el comercio, la agricultura y el desarrollo sostenible.

El doctor en Nutrición y Alimentos y académico del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Andrés Bustamante, explica que “el concepto de inocuidad alimentaria se refiere a la garantía de que un alimento no causará daños al consumidor cuando sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso al que se destine”.

“En términos prácticos, representa las condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos para garantizar que no tengan agentes físicos, químicos o biológicos en niveles que pongan en riesgo la salud de la población”, señaló el académico.

Por su parte, sobre la importancia de que los Gobiernos se involucren en la inocuidad alimentaria, la académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Angélica Reyes, aseguró que “es fundamental”.

“Las pérdidas económicas asocias a enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) supera los US $100.000 millones al año, estos incluyen costos asociados a la salud de las personas como los costos por pérdida a nivel de producción”, aseguró Reyes.

La académica del INTA añade que “en términos de seguridad alimentaria, lo vivido en la pandemia nos dio lecciones sobre lo relevante que es asegurar el suministro de alimentos. Siempre los sectores con menos recursos son los más desfavorecidos, y el aseguramiento del acceso a alimentos debe ir de la mano con la inocuidad de estos. Investigaciones asociadas a una optimización de los recursos, mejores diseños de envases de alimentos, optimización del uso de agua entre otros sin duda impactará en la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos”.

Además, la académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Paola Cáceres, explicó que “inocuidad de alimentos a veces se tiende a confundir con el término seguridad alimentaria, de hecho, en inglés, cuando se habla de inocuidad alimentaria se habla de food safety, entonces la traducción tiende a confundirse, pero cuando hablamos de alimentación y nutrición y de seguridad estamos refiriéndonos al hecho de que todas las personas en todo momento tengan acceso a alimentos saludables e inocuos, es decir, la condición de inocuidad es una parte de los requisitos de los alimentos que deben estar disponibles para todas las personas que viene siendo el término de seguridad alimentaria”.

Y, agrega que, “estos dos términos están íntimamente relacionados porque si lo vemos desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ambas apuntan al objetivo número 2 de Hambre Cero y al objetivo de salud y bienestar porque, en el fondo, no puede haber seguridad alimentaria si es que no existe inocuidad”.

Efectivamente, según datos de la OMS, cada año, 600 millones de personas se enferman debido a los 200 tipos diferentes de enfermedades que pueden ser transmitidas por los alimentos, siendo la población con menos recursos y los jóvenes los más afectados. En total, las enfermedades transmitidas por los alimentos causan 420.000 muertes evitables al año. 

Colaboración regional son necesarias para enfrentar amenazas y aplacar impactos en la seguridad alimentaria

Un llamado a articular una agenda regional conjunta para enfrentar los riesgos y desastres realizó el Subdirector General y Representante Regional de FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, durante su participación en la Primera Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur, celebrada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

Durante la sesión sobre Cooperación internacional en la gestión integral de riesgos y desastres, Lubetkin presentó las acciones que la FAO actualmente ejecuta en coordinación con los gobiernos en materia de prevención y respuesta frente a diferentes amenazas climáticas en los sistemas agroalimentarios y aseguró que es necesario fortalecer aún más estos mecanismos.  

El Representante Regional de FAO destacó que la Cooperación Sur-Sur Triangular (CSST) ha sido un importante instrumento para facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos, metodologías, innovaciones y recursos en diferentes áreas en América Latina y el Caribe.  Además, permitiendo fortalecer acciones en favor del desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, la reducción de la pobreza y la mejora de la nutrición.  

Datos globales señalan que uno de cada cuatro desastres en el mundo ocurre en América Latina y el Caribe, evidenciando un alta exposición y fragilidad de la región antes estos fenómenos. 

Estudios realizados por la FAO muestran que la agricultura y sus subsectores absorben una gran parte del impacto de los desastres relacionados con el clima: el 26 % de todos los daños y pérdidas causados por desastres de mediana a gran escala en países en desarrollo o de ingresos medios – bajos. Estos estudios también demuestran que cuando se trata de desastres por sequía esta cifra sube al 82 %. 

Todo lo anterior incide de manera directa en la disponibilidad y precios de los alimentos, en el empleo y en otros factores clave para la recuperación de las comunidades afectadas por otras crisis, generando así una confluencia de choques o amenazas naturales, y socioeconómicas a las que, además, se suman otras de índole biológica como la fiebre aviar y enfermedades fitosanitarias. 

Según el Reporte Global de Crisis Alimentarias recientemente publicado, en 2022 el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en América Latina y el Caribe alcanzó los 17,8 millones (4,72 millones en Haití). Esta situación, principalmente vinculada a problemas socioeconómicos y desastres asociados al clima, ha llevado a la población regional afectada a tener que tomar medidas extremas, como vender animales, consumir semillas, liquidar la casa o incluso mendigar para comer. 

En su alocución, Lubetkin enfatizó que las sequías, inundaciones, tormentas y plagas han existido desde siempre, pero en los últimos años, está sucediendo con mayor frecuencia e intensidad. La necesidad de adoptar medidas efectivas para mitigar los efectos de estas amenazas en la agricultura es imperante; y la cooperación sur-sur y la cooperación sur-sur y triangular brindan grandes oportunidades de soluciones compartidas más eficientes e innovadoras. 

“Estamos frente a grandes desafíos que requieren una combinación de enfoques que van desde la investigación y la educación hasta la implementación de políticas; y debemos actuar de manera preventiva y colaborativa” señaló.  

En el encuentro participaron múltiples representantes de la región, del Sistema de las Naciones Unidas y de organismos regionales e internacionales, comprometidos en abordar los retos que enfrenta la región en torno a la gestión de riesgos y cómo responder a través de acciones complementarias. 

 El trabajo de la FAO sobre la Cooperación Sur-Sur (CSS) y Cooperación Sur-Sur Triangular (CSST), se remonta a finales del decenio de 1970, fortaleciendo acciones en favor del desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, la reducción de la pobreza y la nutrición. 

A través de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular, la FAO implementó hasta 2021 un total de 137 proyectos en 107 países, con la ejecución hasta el momento de un presupuesto en torno a los 280 millones de USD. Los proyectos de CSST han apoyado la transmisión de conocimientos, el intercambio de conocimientos técnicos, el aprendizaje entre pares y el diálogo sobre las políticas en los planos mundial, regional, nacional y local.     

La resiliencia por encima de todo en el Perú

En septiembre de 1991, Rosalinda Shamayre Elías escuchó explosiones y gritos en su comunidad. 

“¡Terroristas, terroristas!”, gritó.

Su pueblo, los ashaninkas, un grupo de indígenas que ha vivido por miles de años en las selvas lluviosas del Perú y el Brasil, sufrió una emboscada por parte del antiguo grupo terrorista denominado Sendero Luminoso.

Esa noche una granada fue lanzada a la casa de Rosalinda, que logró huir con sus tres hijos y se refugió en el bosque de Mazamari por cuatro meses.

Rosa —como la llaman cariñosamente— y Héctor Luna Jacopo, su esposo, no solo perdieron su hogar, sino también a decenas de familiares y amigos durante los prolongados años de conflicto.

Pese a la pérdida y el dolor inmensos, Rosa y Héctor lograron perseverar y sanar. En la lengua ashaninka, el término que se utiliza para describir esta situación es notsimancaque, que significa resiliencia o, más precisamente, la capacidad de sanar el alma y seguir adelante por el bien de la comunidad. 

Dos decenios más tarde, se encontraron nuevamente ante el miedo, la pérdida y la incertidumbre.

El 15 de marzo de 2020, las autoridades del Perú anunciaron un confinamiento por la propagación de la COVID 19, una enfermedad nueva y desconocida en ese momento.

Su comunidad —El Milagro— tenía motivos para estar atemorizada, puesto que a pesar de que existía un centro de salud, no disponía de médicos, suministros médicos ni medicinas.

En un primer momento, el pueblo ashaninka adoptó medidas para protegerse del virus denegando el acceso a su territorio a personas ajenas a la comunidad y aislándose. Sin embargo, con el paso del tiempo la comunidad tuvo que lidiar con el hambre y una disminución de los suministros.

Para hacer frente a la cada vez mayor escasez de alimentos, seleccionaron a un grupo que se aventuraría a salir al mundo exterior y comerciar para obtener suministros. Por desgracia, no tuvo que pasar mucho tiempo para que la COVID 19 se empezara a introducir en la comunidad y que muchos cayeran enfermos. 

“Muchos de nuestros hermanos y hermanas se enfermaron y algunos no lograron sobrevivir”, relataron Rosa y Héctor.

La pandemia también les arrebató la oportunidad que recientemente se les había presentado de mejorar la nutrición y los medios de vida en la comunidad. En 2018, las autoridades locales habían ayudado a 18 familias en El Milagro a instalar explotaciones acuícolas y criar alevines.

El grupo de indígenas tenía la esperanza de poder mejorar y prevenir la malnutrición infantil, que en las comunidades del Amazonas en ocasiones llega hasta el 20,3 %, según las cifras gubernamentales.

La llegada de la pandemia puso fin a esta iniciativa de manera abrupta.

Tan pronto como la situación de salud mejoró a finales de 2021, la FAO, con el apoyo del Gobierno del Canadá, realizó evaluaciones rápidas del mercado local y de los alimentos para fortalecer las organizaciones rurales y agrícolas del ámbito comunitario.

La iniciativa tenía por objeto mejorar la nutrición y los medios de vida, centrándose a la vez en el empoderamiento de las mujeres indígenas y respaldando los programas públicos de protección con perspectiva de género.

La FAO visitó El Milagro, donde la comunidad manifestó de manera clara la necesidad de restablecer y ampliar el proyecto de explotaciones acuícolas que la pandemia les había arrebatado. 

Rosa asumió el liderazgo de esta iniciativa. Su labor consistía en coordinar los flujos de trabajo y promover la participación de más mujeres en la cría de alevines.

“Aprendimos a preparar los piensos para peces, mejorar la circulación del agua y a organizarnos mejor”, explica, y además añade que los peces han ayudado también a mejorar la nutrición de su pueblo.

“Sueño con una comunidad donde la malnutrición sea cosa del pasado y las mujeres puedan tejer y reír sin temor”, apuntó.

Gracias al apoyo de la FAO y del Gobierno del Canadá, El Milagro y otras 42 comunidades de las provincias de Atalaya en la región de Ucayali y Satipo pudieron restablecer sus explotaciones acuícolas y otros proyectos agrícolas, incluida la producción de cultivos como el café y el cacao.

Rosa reconoce que el empoderamiento de las mujeres es fundamental para garantizar un mejor futuro para sus hijos y la comunidad.

Junto con las otras mujeres de su comunidad, Rosa asistió a las actividades de capacitación semanales que impartió la FAO no solo en materia de mejores técnicas de acuicultura sino también sobre liderazgo, derechos de las mujeres y derechos humanos.

Además de impulsar la productividad, estas sesiones de capacitación también se centraron en el empoderamiento de las mujeres de la comunidad, muchas de las cuales viven en situación de extrema pobreza y en algunos casos sobreviven con menos de 1,90 USD al día, según la Organización Internacional del Trabajo.

Rosa reconoce que ser madre y líder es una tarea complicada y que la principal limitación para algunas mujeres es que no reciben el apoyo de sus maridos, algo que por fortuna no ocurre en su caso.

Con el apoyo de su marido, Rosa se ha desempeñado como una líder capaz y dinámica, asumiendo diferentes funciones desde jefa de la cocina comunitaria hasta tesorera de la junta comunal. Además, le gustaría en algún momento llegar a ser líder de El Milagro, motivo por el que su marido y ella trabajan conjuntamente para lograrlo.

Durante todo 2022, en el marco del Programa de la FAO de respuesta y recuperación de la COVID‑19, la FAO y el Canadá apoyaron a más de 23 000 pequeños agricultores, en especial jóvenes y Pueblos Indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia, Honduras, Nicaragua y el Perú.

La resilencia de Rosa, quien está a punto de cumplir 60 años, se mantiene inquebrantable. Haber soportado los horrores del conflicto, la enfermedad y la pobreza le ha permitido aprender a aprovechar cada oportunidad que la vida le presenta, incluida la iniciativa de la FAO, así como a sanar, comenzar de nuevo y a notsimancaque.

Casi la mitad de la población en Haiti padece hambre aguda

Según el último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (CIF, marzo de 2023), 4,9 millones de personas en Haití; casi la mitad de la población del país, está experimentando altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Esta cifra representa un aumento de 200 000 personas en sólo cinco meses. Y del total de personas afectadas, 1,8 millones se encuentran en situación de emergencia (fase 4 de la CIF), cifra superior a los análisis de los últimos tres años. Esto significa que los hogares se enfrentan a grandes carencias que provocan una elevada desnutrición aguda y un exceso de mortalidad, o se ven obligados a adoptar mecanismos de supervivencia negativos para cubrir las necesidades alimentarias, como vender sus activos productivos o consumir semillas en lugar de plantarlas, lo que aumenta su vulnerabilidad. 

Dado que el 75% de la población de Haití vive en zonas rurales, se necesitan medidas urgentes para salvar vidas y restablecer rápidamente los medios de subsistencia agrícolas de los agricultores vulnerables. Por ejemplo, invertir 125 USD en un paquete de semillas para horticultura puede generar 20 veces su valor en las hortalizas de producción, permitiendo a las familias tener acceso a alimentos y generar ingresos mediante la venta de parte del producto obtenido. 

En el marco del Plan de Respuesta Humanitaria 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) solicita 61,7 millones de USD para ayudar a 700 000 personas a mejorar su acceso a los alimentos. Las actividades se centrarán en el suministro de insumos agrícolas (semillas y fertilizantes) para aumentar la producción de alimentos básicos y hortalizas (temporadas de primavera e invierno de 2023), así como para proteger los activos ganaderos, mediante el suministro de aves de corral y cabras, así como vacunas y tratamiento veterinario.   

Las causas estructurales son variadas. Por una parte Haití atraviesa una crisis prolongada que se ha vuelto más aguda y compleja que nunca. A los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 se suman la guerra en Ucrania, el brote de cólera y el impacto de fenómenos extremos como huracanes, inundaciones y terremotos.   

El poder adquisitivo de los hogares sigue viéndose afectado por los altos precios de los alimentos, vinculados a la depreciación de la moneda local frente al dólar estadounidense, y el aumento del coste del transporte. 

Esto, unido a las malas cosechas, ha obligado a la población a recurrir cada vez más a mecanismos negativos para satisfacer sus necesidades básicas.   

La violencia de bandas y grupos armados amenaza la seguridad de las comunidades y sigue dificultando su acceso a insumos agrícolas y alimentos.   

Además, Haití es uno de los países más vulnerables a las catástrofes naturales que han causado grandes daños y pérdidas de vidas humanas. Muchas comunidades siguen luchando por recuperarse de desastres como la tormenta tropical Grace y el terremoto de 2021, que devastaron partes de los departamentos de Grand’Anse, Nippes y Sud. 

Especialistas se refieren a informe de la OMS sobre los edulcorantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó un nuevo estudio sobre los edulcorantes sin azúcar, donde señalaban que éstos no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos no deseados si se usan por bastante tiempo.

Además, estos endulzantes, que sustituyen al azúcar, tampoco ayudarían a reducir las enfermedades no transmisibles (ENT) como el cáncer o la diabetes, se señaló en el estudio.

Para Leonel Rojo, farmacólogo y académico de la Usach, este informe deja dos puntos relevantes: “Este estudio es válido para personas que no están enfermas. Una persona sana, que quiere controlar su peso y entonces toma edulcorantes, puede que no controle su peso y esté en riesgo igual que otra persona que toma azúcar. Y lo otro, para las personas que tienen diabetes o resistencia a la insulina, este estudio no es válido porque se hizo con personas que no están enfermas”.

Bajo ese contexto, también dio a conocer otra arista importante: “Sin lugar a dudas este estudio ha ayudado a que las personas le pongan más atención a estas moléculas, que no son inocuas, o sea, son inertes. La piedra angular es que estas sustancias afectan al microbioma, es decir, es un kilogramo de materia fecal que llevamos con nosotros. Es un órgano en sí mismo y está compuesto por millones de bacterias y esto modifica el microbioma de una forma patológica”.

La clave, dice Leonel Rojo, no es consumir en exceso estos edulcorantes, misma mirada que tiene Marcela Zamorano, especialista en análisis de los alimentos y académica de la Usach.

“Esto está enmarcado en las políticas de salud pública. Lo que indica el estudio más bien es que el uso de este tipo de compuestos no está relacionado con la baja de peso, ni con la prevención de enfermedades, pero en dosis como consumimos no son tóxicos”, apuntó.