Un grupo de científicos y científicas de distintos países se unieron para lograr cuantificar, por primera vez, los impactos negativos que las actividades extractivas tienen sobre las formas de vida, los derechos y las tierras de los pueblos originarios a nivel global. Entre ellos, está la profesora Grettel Navas, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, quien participa como co-autora de este estudio liderado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB).
La Casa de Bello es la única institución latinoamericana y de todo el “sur global” que participa en esta investigación, realizada en colaboración con otras nueve universidades, que evidencia las violaciones de los derechos indígenas. El estudio, publicado en la revista Science Advances, se basa en los datos recopilados durante la última década por el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), una iniciativa de la cual la profesora Navas ha sido parte en los últimos 6 años y que, hasta el 2023, ha identificado y mapeado un total de 3.081 conflictos socioambientales en todo el mundo.
En el estudio en cuestión, se muestra que a pesar de que los pueblos indígenas representan solo el 6,2 % de la población mundial y sus tierras ocupan una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, se ven afectados por el 34 % de todos los conflictos ambientales documentados sobre proyectos de extracción y desarrollo industrial. El estudio documenta más de 740 comunidades indígenas diferentes que se ven afectadas por este tipo de actividades, lo que supone el 15 % de los casi 5.000 grupos que existen en el mundo. Entre las comunidades indígenas identificadas en Chile se encuentran los pueblos Mapuche, Kolla, Atacama, Diaguita y Aymara.
A nivel global, las comunidades Quechua, Mapuche, Gond, Aymara, Nahua, Ijaw, Munda, Kichwa, Guaraní y Karen son los diez grupos indígenas que aparecen con más frecuencia en el conjunto de datos del EJAtlas. No obstante, consideran que el número real de grupos indígenas afectados podría ser mucho mayor ya que “sigue habiendo importantes lagunas en los datos, sobre todo en Asia Central, Rusia y el Pacífico, donde la cobertura de datos es más limitada”, explica Arnim Scheidel, investigador del ICTA-UAB y coautor del estudio.
Otro de los hallazgos es que ocho de cada diez conflictos ambientales hacen referencia a solo cuatros sectores, y es la minería el sector que más frecuentemente impacta en la población indígena (24,7 %), por delante del sector de los combustibles fósiles (20,8 %), el sector de la agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería (17,5 %) y el de la construcción y explotación de represas hidráulicas (15,2 %). La profesora Navas destaca que, aunque el estudio es a nivel global, Chile no es la excepción a esta tendencia. De los 23 casos analizados en Chile, los principales conflictos socioambientales están asociados al sector minero y al sector hidroeléctrico. No obstante, también hay varios casos relacionados a la transición energética como, por ejemplo, la minería de litio en el Salar de Atacama o la construcción de parques eólicos.
En este sentido, de acuerdo a la académica de la Universidad de Chile “para pensar políticas sustentables y ecologistas, no basta con limitarse a la transformación energética y a la descarbonización, es crucial voltear la mirada hacia la justicia social y ambiental e implementar políticas reconociendo los derechos, dar reconocimiento y participación a las comunidades originarias que históricamente han resguardado los pulmones de nuestro planeta”.
Las conclusiones de este estudio muestran la enorme magnitud de las violaciones de los derechos indígenas asociadas a los modos de vida industriales y recuerdan que instrumentos internacionales como el Convenio C169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desempeñan un papel importante en la promoción de sus derechos.
“Sin embargo, los niveles actuales de ratificación, aplicación y supervisión son insuficientes para garantizar el respeto de estos derechos”, remarcan. Para Álvaro Fernández-Llamazares, co autor del estudio e investigador del ICTA-UAB “El acaparamiento de tierras provocado por la agroindustria y otros sectores extractivos sigue siendo una gran amenaza para los pueblos indígenas”. “Es por ello que comunidades indígenas de todo el planeta llevan décadas movilizándose para que se reconozcan y respeten sus derechos”, añade.
Por ello, inciden en la necesidad de que los gobiernos apliquen medidas que promuevan los derechos indígenas y apoyen la justicia ambiental garantizando el cumplimiento real de los convenios existentes y la protección de los derechos sobre sus tierras. “Los gobiernos deben aplicar una política de tolerancia cero respecto a las violaciones de los derechos indígenas y buscar acuerdos comerciales que estén condicionados al cumplimiento de las responsabilidades de la Declaración de las Naciones Unidas por parte de las empresas implicadas”.
