Hoy el mundo sigue minuto a minuto el desarrollo del conflicto bélico en Ucrania, el avance de las tropas rusas en este país, la incertidumbre por su escalamiento y amenaza nuclear, las negociaciones iniciadas para alcanzar la paz y el impacto de la guerra sobre la población civil. Medios de comunicación dan cuenta del peligro que enfrentan los habitantes de este país ante ataques que no solo han impactado a blancos militares, situación que ha provocado el desplazamiento de personas a zonas más seguras dentro de Ucrania y el éxodo de más de un millón de personas a países vecinos, principalmente hacia Polonia, de acuerdo al último reporte entregado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Una prolongación del conflicto podría significar el desplazamiento de unos 4 millones de personas fuera de Ucrania o incluso 5 millones, en el peor de los escenarios”, señala Rita Lages, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista en migraciones y asilo. En esta entrevista, la académica explica el sistema internacional de protección vigente tanto para estas personas como para aquellas que aún permanecen en territorio ucraniano y destaca que “la Comisión Europea ha publicado una propuesta para activar un mecanismo que existe en el derecho de la Unión Europea, que es la directiva de la protección temporal, una normativa creada el 2001 a propósito de la Guerra de los Balcanes, que ahora podría ser activada por primera vez”.
En este caso hay una invasión militar a territorio ucraniano que está provocando la salida de población civil del país, pero no necesariamente todas estas personas van a tener el estatuto de refugiado, porque muchas de ellas puede que no cumplan con todos los requisitos que exige la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiado. Por ejemplo, que no sean personas que están siendo objeto directo de una persecución. Sin embargo, aquí se da algo que no ocurrió en Siria: las fronteras no se han cerrado para impedir que las personas salgan. Muchas veces en otros conflictos ocurre eso, se trata de dificultar que las personas salgan, pero aquí las fronteras están abiertas y los países vecinos han tenido cierta coordinación para facilitar el ingreso.
Desde 2008, Ucrania mantiene con la Unión Europea (UE) acuerdos sobre facilitación de visados y readmisión, y desde 2018 sus ciudadanos están exentos de visa de entrada en el espacio europeo para estancias de corta duración, lo que no ocurre -por ejemplo- con la población siria o afgana. Eso ayuda a explicar en parte la menor dificultad que las personas ucranianas han tenido para salir del país. Por otra parte, este 2 de marzo la Comisión Europea propuso activar un mecanismo, la directiva de la protección temporal, una normativa aprobada el 2001 a propósito de la Guerra de los Balcanes que ahora podría ser activada por primera vez. Su aplicación significa que los Estados miembros van a conceder protección inmediata a las personas desplazadas de Ucrania por un año y puede llegar hasta tres años, período en el que incluso pueden acceder a derechos sociales, como derecho a la salud, educación, e incluso trabajar. Hoy 3 de marzo el Consejo de ministros de relaciones exteriores de la UE ha aprobado la propuesta de la Comisión.
Otro factor es que Ucrania ha tenido una gran emigración desde la desintegración de la Unión Soviética, sobre todo desde fines del 90 e inicios del 2000. Cuenta con una diáspora de más de 6 millones de personas y la mayoría está en Europa. Por esta razón, existen muchas comunidades ucranianas a lo largo de toda la región y fuera del continente europeo. Esto permite que muchos países faciliten el ingreso de personas ucranianas que son familiares de extranjeros residentes o de nacionales en alguno de esos países, mediante la reunificación familiar. Lo que probablemente ocurrirá es una reubicación de los desplazados ucranianos por todo el espacio europeo, y también en otros países más lejanos, como Canadá, que declaró su disposición a recibir personas.
Cuando hablamos de la dimensión migratoria o del desplazamiento humano de cualquier conflicto podemos verlo estrictamente desde el punto de vista jurídico. Desde esta perspectiva, cualquier persona puede ser reconocida como refugiada, independiente de la nacionalidad o del lugar de donde esta proviene. Sin embargo, todo conflicto tiene una dimensión geopolítica y, desde este punto de vista, el conflicto de Ucrania no es igual al de Afganistán o Siria. En este caso parece haber un mayor consenso internacional en cuanto a condenar a Rusia por la invasión y de que su actuación es contraria al derecho internacional. Es posible que ese mayor consenso internacional pueda traducirse también en una mayor predisposición de los Estados por entregar protección internacional a través del refugio o figuras afines a los ciudadanos de Ucrania. De esta manera, hacen ver a Rusia que también en esto los Estados de la comunidad internacional están unidos. Esa lectura también explica en parte la mayor disposición de acoger personas de Ucrania que en otros escenarios de guerra. En Siria, por ejemplo, no hubo un consenso claro entre los países respecto del conflicto y eso explica, al menos en parte, también las dificultades para brindar mayor protección a los desplazados sirios.
Sabemos que hay un gran desplazamiento interno dentro de Ucrania, sobre todo de personas de la parte más oriental que están tratando de ir a la zona occidental. Ellos no tienen necesariamente una intención de salir de Ucrania, sino que salir de la zona de los bombarderos, por ejemplo. Esas personas igualmente van a necesitar de ayuda mientras tratan de encontrar áreas seguras dentro del país. En este ámbito, es importante destacar que Ucrania y Rusia son parte del Consejo de Europa. A causa del conflicto, se suspendió la participación de Rusia del Comité de Ministros y de la Asamblea Parlamentaria, pero no del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es posible que a través del Consejo de Europa se vaya evaluando lo que está ocurriendo en esta zona en materia de protección de derechos. Por ejemplo, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha afirmado que la invasión rusa representa una violación clara al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ucrania, además, presentó una solicitud de procedimiento contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, invocando particularmente la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 y solicitó medidas provisionales para cesar los ataques armados. Al mismo tiempo, el fiscal de la Corte Penal Internacional iniciará una investigación respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania.
Eventualmente, hay delitos que pueden estar ocurriendo, como los crímenes contra la paz, de guerra o de lesa humanidad, que son competencia de la Corte Penal Internacional. Por esa vía se podría llegar a la responsabilidad individual de personas rusas. Esa vía y la de la Corte Internacional de Justicia ya están activadas. En la Corte Internacional de Justicia la responsabilidad es sobre el Estado, pero en el caso de la Corte Penal Internacional las responsabilidades son individuales, contra individuos en concreto. Puede haber coincidencia en los hechos, pero el responsable será distinto. Además, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todo el sistema del Consejo de Europa, que también puede monitorear y ver lo que está pasando en la región. Después, las propias Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos y otros órganos, también pueden ver lo ocurrido en Ucrania. Ahora todo está concentrado en poner término al conflicto lo más rápido posible por la vía diplomática para llegar a un acuerdo de paz.
La situación del Presidente Putin es jurídicamente más discutible, porque es jefe de Estado (y por ello en principio tiene inmunidad) de un país (Rusia) que no ha ratificado el Estatuto de Roma. Sin embargo, esto no obsta a que esa discusión jurídica se puede dar ante la Corte Penal Internacional. En este caso, sabemos de ataques que están ocurriendo a zonas residenciales contra personas y bienes civiles que pueden constituir una vulneración al derecho internacional humanitario, que establece que los civiles en un conflicto tienen que estar protegidos y no pueden ser atacados. Lo que vemos es que algunos de los bombardeos no han sido a blancos militares, sino que a zonas residenciales que han generado muertes y heridos civiles. Ese tipo de hechos pueden ayudar a construir un caso ante la Corte Penal Internacional.
Cuando una persona está en un país tercero, lo que hace es solicitar ante el servicio de extranjería o migración su condición de refugiado. Esta solicitud debe dar lugar a una entrevista personal para que su caso sea analizado y se pueda llegar a una decisión. Mientras esa decisión no llegue, la persona solicita el asilo y puede quedarse en el país, ya bajo un estatuto de protección internacional. En algunos países incluso se les permite trabajar. Una vez que la persona es reconocida como refugiada, se le otorga una visa correspondiente, quedando en el país en esa condición, y tiene acceso a derechos fundamentales en condiciones de igualdad y no discriminación respecto a los nacionales y demás extranjeros residentes en Chile. La Convención de Ginebra no dice expresamente que para ser considerado refugiado, el conflicto o la razón para la persecución ya debe ocurrir al momento de salir de su país. Entonces, es posible que una persona haya salido de su país mucho antes de que haya ocurrido el evento que genera la persecución (por ejemplo, una guerra) y puede posteriormente solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. A estas personas, en la academia, las designamos refugiados in situ.
