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El recorte fiscal que tensiona el arranque el gobierno de Kast

La economía asoma como el terreno donde se medirá, desde el primer minuto, la impronta del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Durante los primeros 90 días de administración, el foco estará puesto en un paquete de medidas que promete rebajas de impuestos a las grandes empresas, la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda y la reintegración del sistema tributario. Todo esto ocurre mientras las proyecciones del Banco Central de Chile anticipan un escenario de mayor crecimiento para 2026, con un techo cercano al 3%, un dato que abre expectativas, pero también tensiones.

El punto de partida, sin embargo, es menos frágil de lo que muchos imaginan. En conversación con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, planteó que Chile llega al cambio de mando en una posición relativamente sólida. “El crecimiento del año pasado fue de 2,6% del PIB, con un crecimiento del empleo importante y también de las remuneraciones, y estas cifras son bastante parecidas al cerrar el 2025”, señaló, describiendo un desempeño “razonable” que se ha sostenido por dos años consecutivos.

Ese escenario es, según Martner, la consecuencia de un ciclo económico abrupto y cambiante. Desde la recesión pandémica hasta la “súper expansión” de 2021, seguida por la contracción de 2022 y una posterior fase de recuperación, el país parece haber encontrado un ritmo más estable. “Esa recuperación es la que nos tiene con este ritmo ya de 2,5 o 3% de crecimiento y que permite que el próximo gobierno entre en condiciones mucho mejores en términos de crecimiento, producción, empleo e inflación, que está estrictamente bajo control”, afirmó el académico.

La advertencia aparece cuando se mira hacia adelante. Para Martner, el efecto real del programa económico de Kast dependerá de cuán rápido y profundo se implementen sus anuncios. En el corto plazo, el economista prevé un impacto contractivo. “Serían medidas que tenderían más bien a comprimir un poco la economía, porque quieren bajar gastos y bajar impuestos, compensando con una reducción del gasto y no con un aumento de impuestos en otros ámbitos”, explicó, sumando a ese cuadro las propuestas de flexibilización laboral incluidas en el programa.

El punto más sensible del debate es la idea impulsada por Jorge Quiroz, jefe del equipo económico del presidente electo, de reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares en apenas 18 meses. Martner no duda en calificarla como “un choque fiscal enorme” y pone en cuestión su real alcance. “Corregir ineficiencias o gastos inútiles siempre es positivo, pero en esa magnitud solo tiene sentido con un giro muy fuerte en la política económica”, sostuvo.

En el trasfondo, según el académico, está la rebaja del impuesto a las empresas, especialmente a las de mayor tamaño. “No estamos hablando de bajar el IVA ni de ampliar el impuesto a la renta, sino de reducir el impuesto a las empresas”, dijo, advirtiendo que, sin un aumento de impuestos a las personas de altos ingresos, el ajuste recaerá inevitablemente en el gasto público. “La única manera de bajar esos 6.000 millones de dólares en 18 meses implica reducir alguna parte del gasto social”, afirmó, apuntando a áreas como pensiones, educación y salud. El dilema, concluye, no es solo técnico, sino profundamente político: cómo equilibrar crecimiento, responsabilidad fiscal y cohesión social en un nuevo ciclo de poder.

Rosalía como arquitecta cultural del siglo XXI

Cuando Rosalía anuncia un nuevo proyecto, el impacto ya no se mide solo en cifras, charts o récords de streaming. En los últimos años, su figura se ha convertido en un fenómeno cultural que sintetiza moda, identidad, experimentación y narrativa visual, capaz de desplazar tendencias e instalar discusiones sobre el rumbo de la cultura pop contemporánea. Con la llegada de LUX TOUR 2026, esa influencia alcanza un nuevo nivel, expandiendo el imaginario de la artista hacia territorios aún más ambiciosos.

LUX no es un disco cualquiera: es un artefacto cultural. Desde las colaboraciones con iconos como Björk y la Escolania de Montserrat, hasta la grabación con la Orquesta Sinfónica de Londres, el álbum propone un puente entre lo clásico y lo futurista. Esa mezcla es justamente lo que ha convertido a Rosalía en una artista que actúa más como arquitecta cultural que como simple intérprete.

La expansión de su figura en los últimos años refuerza esta lectura. Tras el éxito de MOTOMAMI, Rosalía no solo conquistó la música: irrumpió con fuerza en la moda global, con apariciones como su imponente look de Balmain en la Gala Met 2025, campañas para Calvin Klein o su rol como embajadora de New Balance. Su debut como actriz en Euphoria (2026) terminó de confirmar que su propuesta estética ya no pertenece únicamente al mundo de la música, sino a una narrativa cultural transversal.

A nivel simbólico, LUX representa el inicio de una nueva etapa en la conversación cultural latinoamericana. Rosalía, española pero profundamente integrada en las estéticas globales que cruzan lo urbano, lo transatlántico y lo experimental, se vuelve un espejo de un momento donde la música en español es parte fundamental de la cultura pop mundial. Su éxito en países históricamente herméticos al idioma confirma que la cultura hispanohablante ya no es periferia: es centro.

Con LUX, Rosalía no solo lanza una gira. Presenta un manifiesto estético que desafía categorías y propone una sensibilidad expansiva, emocional y radicalmente moderna. En un mundo saturado de estímulos, su apuesta por lo monumental y lo íntimo a la vez aparece como un gesto cultural que marca época y redefine cómo pensamos la música, la performance y la identidad global.

Pantallas bajo la lupa y la infancia en disputa

Mirar un celular antes de dormir, deslizar videos infinitos o responder mensajes hasta que el sueño pierda la batalla se ha vuelto una escena cotidiana en miles de hogares chilenos. Lo que antes parecía una excepción hoy es hábito: la última Encuesta Longitudinal de Primera Infancia 2024 reveló que el 54% de los adolescentes usa redes sociales por más de tres horas diarias y que un 42,7% revisa su smartphone o tablet todas las noches después de acostarse. Una rutina silenciosa que, lejos de ser neutra, empieza a encender alertas sobre sus efectos en la salud mental y el desarrollo.

El debate no es exclusivo de Chile. En Australia, el Estado decidió ir más allá y prohibió por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país del mundo en aplicar una restricción de ese calibre. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ya anunció su intención de seguir el mismo camino a partir de 2026, con advertencias explícitas al momento de ingresar a estas plataformas. El argumento es claro: proteger a niños y adolescentes de una sobreexposición digital que puede dejar huellas profundas.

¿Funcionaría una medida así en Chile? Para Roberto Vera, académico de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Neurociencia, la respuesta no es binaria. “No es una solución mágica, pero sí puede funcionar como barrera de contención del mismo modo que existen límites de edad para el consumo de alcohol, el tabaco o la conducción”, explica. A su juicio, cualquier restricción podría tener efectos protectores “siempre que se acompañe de educación digital, fiscalización real y alternativas de socialización”.

La advertencia tiene base científica. Vera recuerda que “sabemos con bastante certeza que el cerebro adolescente, especialmente la corteza prefrontal (responsable del control inhibitorio, la planificación y la evaluación de riesgos) no alcanza su madurez funcional sino bien entrada la adultez temprana”. El problema es que las redes sociales juegan en desventaja: están diseñadas, dice, “para explotar circuitos dopaminérgicos de recompensa inmediata, comparación social y validación externa”, generando una brecha evidente entre el poder del estímulo y la capacidad de autorregulación de los menores.

A eso se suma un diseño algorítmico optimizado para maximizar el tiempo de permanencia y la activación emocional, no necesariamente el bienestar. “Desde las neurociencias, resulta difícil no concluir en la existencia de responsabilidades morales, y potencialmente jurídicas, de las plataformas”, afirma Vera, subrayando que la evidencia sobre los efectos en cerebros en desarrollo es conocida. En ese contexto, insiste en que “la regulación estatal no es una censura, sino una protección a una población vulnerable, un principio básico de la ética pública”.

La discusión se cruza además con el aula. La eventual prohibición del uso de celulares en colegios a partir de 2026 podría ayudar, según el especialista, siempre que se aplique “con criterio pedagógico”. “El aula es uno de los pocos espacios donde el cerebro joven puede entrenar la atención sostenida, la interacción social cara a cara y la tolerancia a la frustración”, habilidades que se erosionan cuando la pantalla está siempre presente. Pero advierte que la medida debe ir acompañada de formación docente, uso pedagógico planificado de tecnología y una explicación clara a estudiantes y familias.

El cierre del debate no es complaciente. “Cuando existe evidencia robusta del daño potencial en población vulnerable, la inacción también es una forma de negligencia”, concluye Vera. Regular, en este escenario, no sería retroceder, sino asumir que el mundo digital también necesita límites cuando lo que está en juego es el desarrollo de las próximas generaciones.

El invierno europeo vuelve a encender las alertas sanitarias

El cierre temporal de escuelas, el uso voluntario de mascarillas y el refuerzo de recomendaciones preventivas en Reino Unido activaron una memoria colectiva todavía fresca. Para muchos, las imágenes que llegan desde Europa remiten de inmediato a la experiencia del Covid-19. Sin embargo, el brote que hoy tensiona a los sistemas de salud no es nuevo: se trata de una variante de la gripe A, conocida como influenza H3N2, que ya está golpeando con fuerza a países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España.

Según informó la BBC, varios establecimientos educacionales en Reino Unido han debido suspender sus actividades de manera preventiva, mientras que datos publicados por The Guardian revelan que los ingresos hospitalarios por gripe en Inglaterra alcanzan un promedio diario de 1.717 personas, con 69 pacientes en cuidados intensivos. Son cifras récord para el periodo invernal y, aunque el riesgo individual de desarrollar cuadros graves no ha aumentado de forma significativa, la magnitud del brote está generando una presión considerable sobre la red hospitalaria.

La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un nuevo virus? Para el infectólogo y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach, Ignacio Silva, la respuesta es clara. En conversación con Diario Usach, explicó que “es muy importante destacar que no estamos ante un virus nuevo, este es el virus de la influenza que conocemos bien y que nos afecta todos los años”. Una aclaración clave en un contexto donde la comparación con la pandemia aparece casi de manera automática.

Silva detalló que las principales variantes que circulan a nivel global son la influenza H1N1 y la influenza H3N2, responsables de la mayoría de las campañas de invierno. “Ya lo vivimos en nuestro país en el invierno recién pasado que tuvimos un peak importante de influenza H1N1 y este segundo peak que vivimos en Chile en este último periodo, ahora en primavera, que fue justamente por influenza H3N2”, señaló. Para el especialista, lo que ocurre hoy en Europa responde a una lógica similar.

El fenómeno, explicó, tiene que ver con un adelantamiento en el inicio del aumento de los casos respiratorios. “Un adelantamiento en la fecha de inicio del ascenso de los casos de infección respiratoria. Muy similar a lo que vimos en Chile, donde se adelantó el inicio de la campaña de invierno y tuvimos un peak de casos más precoces que en años previos. Esto mismo se está viendo ahora en Europa”, afirmó el académico, subrayando que no se trata de un escenario excepcional, sino de una variación en los tiempos epidemiológicos.

Respecto a la variante específica que circula en el hemisferio norte, Silva explicó que la diferencia está en el subtipo. “La principal diferencia está en que el subtipo, la variante de H3N2 que está afectando a Europa, es una variante diferente a la que habitualmente nos afecta, que es esta famosa variante o subclado K, por lo que podría tener una respuesta un poco más agresiva que la H3N2 que circula habitualmente”. Esto podría traducirse en cuadros algo más graves o en una mayor capacidad de contagio, pero lejos de un escenario pandémico.

El infectólogo fue enfático en marcar esa distancia. “Podría causar cuadros de un poco mayor gravedad, podría ser más contagiosa y podría evadir de cierta manera al sistema inmune y la respuesta a las vacunas, pero esto no significa que estemos expuestos a una situación similar a la pandemia del Covid-19, porque el Sars-Cov-2, el virus que causó la pandemia, era un virus absolutamente nuevo para el cual no teníamos ni vacunas ni una respuesta inmune propia capaz de defendernos de esta enfermedad”. En la misma línea, recalcó que “bajo ninguna circunstancia estaríamos en una situación de vulnerabilidad como la que vivimos para la pandemia del Covid-19”.

De cara a Chile, el escenario no es ajeno. Silva advirtió que “por supuesto que podría afectar a Chile en nuestro próximo invierno”, considerando que el país suele replicar los patrones de circulación viral del hemisferio norte. Frente a ese panorama, el llamado vuelve a ser uno conocido, pero no menos urgente: reforzar las medidas de prevención y, sobre todo, la vacunación. “Contamos a nivel mundial con una amplia disponibilidad de vacunas contra la influenza que siguen siendo tremendamente útiles para prevenir particularmente los cuadros graves de influenza”, sostuvo, recordando que la experiencia acumulada sigue siendo una de las principales herramientas para enfrentar lo que viene.

Responsabilidad parental en cifras

A poco más de tres años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el balance que entrega el gobierno es claro: una política pública que incomodó, tensionó y finalmente empezó a mover una estructura cultural profundamente arraigada. Así lo sostuvo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, donde abordó los impactos concretos de una herramienta que ha permitido identificar deudores, forzar pagos y transferir recursos directamente a niños, niñas y adolescentes.

La Ley 21.389, que comenzó a regir el 21 de noviembre de 2022, creó un sistema electrónico gratuito administrado por el Registro Civil, destinado a inscribir a quienes adeudan pensiones de alimentos por tres meses continuos o cinco discontinuos, siempre que exista una causa en tribunales de familia. Su alcance no es menor: el registro puede ser consultado por instituciones públicas y privadas obligadas por ley, como tribunales, bancos, notarías, municipalidades y servicios financieros, cerrando espacios históricos de evasión.

Las consecuencias de figurar en este registro no pasan desapercibidas. Retención de devoluciones de impuestos, imposibilidad de obtener o renovar licencia de conducir o pasaporte, y bloqueo de operaciones de crédito desde las 50 UF son parte de las sanciones. Para la ministra, estas medidas dialogan directamente con una normalización cultural del incumplimiento. “Es un fenómeno que está muy arraigado en la cultura de nuestro país. Incluso desde la cultura popular, ‘papito corazón’ para algunos sigue siendo un nombre gracioso, asociado a la pillería de esconderse para no responder ante la justicia”, señaló Orellana.

Las cifras respaldan el impacto. Desde noviembre de 2022 se han inscrito 331.787 deudas, de las cuales 226.680 fueron canceladas o llegaron a acuerdo de pago, lo que equivale a una tasa de resolución del 68,32%. En términos simples, siete de cada diez inscripciones terminan resolviéndose. Hoy existen 295.263 deudores vigentes, de los cuales el 95,3% son hombres y el 4,7% mujeres, un dato que vuelve a poner sobre la mesa la dimensión de género del problema.

La ministra también reconoció que el camino no estuvo exento de ajustes. “Cuando se aprobó la ley durante el gobierno del Presidente Piñera, el registro no permitía salir una vez inscrito. Era como un Dicom histórico. Nosotras lo pusimos en marcha, pese a que no traía recursos, y rápidamente identificamos ese problema”, relató, destacando el rol del Registro Civil para corregir una falla estructural que podía transformar una herramienta de cumplimiento en un castigo permanente.

El verdadero punto de inflexión llegó en mayo de 2023 con la entrada en vigencia de la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo, conocida como Ley Papito Corazón. Esta normativa habilitó a los tribunales para ordenar de oficio el pago de las deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros, APV e incluso, en ciertos casos, desde los fondos previsionales obligatorios del deudor. A noviembre de 2025, el Poder Judicial ha ordenado pagos por más de 2,9 billones de pesos, equivalentes a más de 62 teletones, beneficiando a más de 322 mil familias en todo el país.

“Gracias a este mecanismo, los tribunales han logrado que el pago se ejecute efectivamente. ¿A dónde van estos recursos? A la cuenta de los niños y niñas a quienes se les debía la pensión”, subrayó Orellana. Sin embargo, el desafío persiste: un 26,33% de quienes cancelaron reincidió y volvió a ingresar al registro. Con la mayor concentración de deudores en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso y Biobío, el mensaje del gobierno apunta a consolidar lo avanzado. “Siete de cada diez casos se resuelven. Eso muestra que las herramientas funcionan, pero también que debemos seguir reforzando el cambio cultural y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades parentales”, concluyó la ministra.

Una plataforma nacional para anticipar el clima espacial

En un país donde el transporte, la minería, la logística, la pesca y la agricultura dependen cada vez más de sistemas de posicionamiento satelital y redes de conectividad, el clima espacial dejó de ser un asunto lejano. Las tormentas solares y perturbaciones geomagnéticas pueden alterar la precisión del GNSS, provocar interrupciones en las comunicaciones y afectar sistemas críticos. El problema es conocido por la comunidad científica local, pero hasta ahora Chile no contaba con una tecnología propia capaz de anticipar estos eventos y mitigar sus efectos en tiempo real.

Ese vacío es el que busca abordar el proyecto Fondef “Desarrollo e Implementación de Plataforma de Meteorología Espacial en Chile”, que se desarrolla con participación de la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Adventista de Chile como institución principal, la Universidad de Chile y la Dirección Meteorológica de Chile como entidad asociada. La iniciativa cuenta además con el apoyo institucional de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación de la Usach, a través de su Dirección de Gestión Tecnológica.

La meta es concreta: levantar una plataforma piloto que permita monitorear en tiempo real el clima espacial, generar alertas tempranas y ofrecer una base de datos abierta tanto para la comunidad científica como para organismos públicos y privados. A través de este sistema, los usuarios podrán acceder a reportes sobre eventos solares, tormentas geomagnéticas, impactos esperados y recomendaciones de mitigación, integrando ciencia dura con aplicaciones prácticas.

El proyecto articula capacidades que hasta ahora estaban dispersas. “Nuestro aporte como equipo Usach estará centrado en el estudio del viento solar y la magnetósfera, mientras que el Dr. Manuel Bravo, investigador de la Universidad Adventista de Chile y director del proyecto, contribuirá con su experiencia en investigación de la ionósfera, área en la cual es uno de los mayores expertos a nivel latinoamericano”, señala la Dra. Marina Stepanova, directora alterna de la iniciativa. A esto se suma el fortalecimiento de la instrumentación científica local, con repositorios de datos y desarrollo de sensores que permitirán robustecer la observación espacial desde Chile.

Más allá del despliegue tecnológico, el impacto esperado apunta a la autonomía. “Este tipo de proyectos nos permite avanzar desde la ciencia básica hacia soluciones aplicadas con impacto directo en la sociedad. Queremos generar una herramienta que no solo aporte al conocimiento científico, sino que también al desarrollo y la seguridad tecnológica del país”, añade el Dr. Víctor Pinto. En la práctica, la plataforma permitiría reducir la dependencia de mediciones provenientes de Estados Unidos y Europa, y aportar datos propios a las redes globales para mejorar la precisión de las predicciones.

La proyección es multisectorial y de largo plazo. Sectores como el marítimo y aeronáutico podrían anticipar disrupciones en navegación y comunicaciones, mientras que industrias que dependen de la geolocalización tendrían margen para prever errores operativos. Al mismo tiempo, el proyecto fortalece la formación de capital humano avanzado, integrando a estudiantes de pre y postgrado en el desarrollo de modelos científicos. Si todo avanza según lo previsto, el sistema podría operar en conjunto con la Dirección Meteorológica de Chile, marcando un punto de inflexión en la capacidad del país para anticipar riesgos, reducir vulnerabilidades y leer —con mayor precisión— lo que ocurre más allá de la atmósfera.

Valparaíso vuelve a encender la alarma sobre drogas y transporte público

Valparaíso carga otra vez con una herida abierta. El 15 de mayo de 2024, el puerto fue escenario de una tragedia que estremeció a la ciudad: Mauro Alberto Gómez, un adolescente de 14 años, murió tras ser atropellado por un microbús en el Cerro Alegre. El conductor, Humberto Fuenzalida Ojeda, de 54 años, manejaba bajo los efectos de la cocaína y la marihuana. Meses después, el pasado 4 de diciembre, una historia igual de brutal volvió a repetirse con la muerte de Paloma Ulloa, universitaria de 19 años, también atropellada por un chofer de buses que se encontraba drogado.

Ambos casos no solo remecieron a la opinión pública, sino que empujaron nuevamente al centro del debate una iniciativa que llevaba tiempo dormida en el Congreso: el proyecto de ley Alberto, nombrado así en memoria de Mauro Gómez. La seguidilla de muertes terminó por acelerar los tiempos políticos y el Gobierno decidió ponerle urgencia a una propuesta que busca endurecer el control sobre los conductores del transporte público.

El corazón del proyecto es claro y directo. La iniciativa, impulsada por la diputada Carolina Marzán, establece que las empresas de transporte deberán realizar y financiar, cada seis meses, test de detección de drogas a sus conductores. Además, contempla la creación de un registro de estos controles, información que deberá ser puesta a disposición de las autoridades competentes, junto con un régimen de sanciones que va desde multas hasta la revocación de la autorización para operar en caso de reincidencia.

La discusión no es solo legal, sino también sanitaria. En conversación con Diario Usach, el toxicólogo y académico de la Facultad de Química y Biología de la Usach, Leonel Rojo, explicó que los efectos de las drogas al conducir pueden variar ampliamente según la sustancia y su combinación con alcohol. “Algunas sustancias aumentan el efecto depresor del etanol y otras lo contrarrestan. Las anfetaminas tienden a estimular la atención y vigilia de las personas. Los derivados de la morfina, el fentanilo, el diazepam y los antihistamínicos aumentan los efectos depresores del alcohol y, por eso, afectan negativamente a la conducción”, señaló.

Rojo añadió que a este listado se suman medicamentos y drogas de uso relativamente común, como el clonazepam, la clorfenamina, los antiepilépticos, la codeína, la ketamina y distintos opioides, todos con potencial impacto negativo en la capacidad de reacción y toma de decisiones al volante. Un escenario que vuelve especialmente delicada la conducción de vehículos de transporte público, donde el riesgo no es individual, sino colectivo.

Desde el punto de vista normativo, la legislación chilena ya establece prohibiciones explícitas. La Ley de Tránsito 18.290 sanciona la conducción bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Sin embargo, para Daniel Arancibia, ingeniero civil en Geografía y académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial de la Usach, el problema no es solo la existencia de la norma, sino su aplicación efectiva. “La legislación chilena estipula penas de cárcel, multas y la suspensión o cancelación de la licencia, todo de acuerdo y al nivel de la falta”, explicó, agregando que las atenuantes se evalúan en función de “la peligrosidad para la sociedad que puede tener un conductor”.

La urgencia legislativa impuesta por el Ejecutivo busca precisamente cerrar esa brecha. Según Arancibia, la señal es inequívoca: “La Moneda le está exigiendo al Congreso su discusión y despacho en un plazo no mayor al de los 15 días”. Una carrera contra el tiempo que, para muchos, responde a una sensación de deuda acumulada frente a tragedias que ya no se perciben como hechos aislados.

Para Leonel Rojo, el foco debe estar en la prevención sistemática. En el cierre de la discusión, el académico fue enfático al señalar que, frente a la realidad que vive el país, es fundamental “que los empleadores implementen controles periódicos de drogas en orina para sus conductores”. Una frase que resume el espíritu del proyecto Alberto y que hoy, tras dos muertes que marcaron a Valparaíso, suena menos a advertencia y más a urgencia impostergable.

La ruta de sideshows que marca el pulso alternativo de Lollapalooza 2026

La antesala de Lollapalooza Chile 2026 ya empezó a tomar forma y, como viene siendo costumbre, lo hizo con el pulso acelerado. Cinco fechas, cinco estilos y un solo impulso: expandir la experiencia del festival más allá del Parque Cerrillos y convertir a Santiago en una ciudad donde el indie, el post-punk, el pop alternativo y la electrónica se cruzan sin pedir permiso. La producción del festival anunció una nueva serie de sideshows que traerá a algunos de los nombres más influyentes de la escena global actual, abriendo una semana que promete sonar más fuerte que nunca.

La ruta comenzará el 11 de marzo en Sala Metrónomo con Viagra Boys, el colectivo sueco que ha reescrito las reglas del post-punk moderno a punta de ironía, ruido y un descaro escénico que bordea lo performático. Con discos como Street Worms y Cave World, el grupo ha logrado un lugar privilegiado dentro del rock actual, conquistando Europa y Estados Unidos mientras se transforman en uno de los actos más analizados, citados y celebrados de la última década. Su arribo a Chile anticipa una jornada sudorosa y catártica, de esas que dejan huella en el público. Las entradas ya están disponibles vía PassLine.

Un día después, el 12 de marzo, la misma sala recibirá una vibra completamente distinta. Men I Trust, el proyecto canadiense que se ha vuelto sinónimo del dream pop minimalista de la nueva era, aterriza con su sonido suave, atmosférico y construido con una precisión casi artesanal. Emma Proulx, con su voz etérea, encabeza una banda que pasó del circuito autodidacta de Quebec a convertirse en un referente global, acumulando millones de reproducciones y presencia en los festivales más prestigiosos del mundo. En la misma fecha, pero al otro extremo de la ciudad, Interpol tomará el Teatro Caupolicán con su elegancia oscura y su legado ya inscrito en los genes del rock de los 2000. Con discos insignes como Antics y Turn On the Bright Lights, Paul Banks y compañía regresan a Chile en un momento de plena vigencia, confirmando que su influencia sigue tan afilada como siempre. Las entradas se encuentran disponibles a través de Puntoticket.

La agenda continúa el 16 de marzo con una noche doble marcada por la estética digital y la nostalgia pop. En Blondie se presentará TV Girl, el trío estadounidense que convirtió el pop retro y la electrónica suave en un fenómeno global gracias a canciones que arrasan en TikTok como “Lovers Rock” y “Not Allowed”. Su mezcla de sampleos lo-fi, melodías cálidas y una identidad visual reconocible les ha permitido destacarse dentro del océano indie contemporáneo. Ese mismo día, en Teatro Coliseo, DJO —el proyecto musical de Joe Keery— desplegará el synth-pop psicodélico que ha conquistado tanto a la crítica especializada como al fandom que lo sigue desde su faceta actoral. Con discos como Twenty Twenty y DECIDE, Keery ha demostrado que su propuesta musical no es un anexo, sino una evolución natural hacia un sonido envolvente, cuidado y sorprendentemente maduro. Las entradas están disponibles en Puntoticket.

Con este lineup de sideshows, Lollapalooza Chile 2026 posiciona nuevamente la semana del festival como un ecosistema musical propio, donde la ciudad completa se convierte en un escenario extendido. La mezcla de generaciones, estilos y procedencias funciona como una cápsula del estado actual de la música global: diversa, impredecible y en permanente mutación. La oferta no solo complementa el festival principal, sino que amplía su alcance emocional y cultural, conectando directamente con audiencias que buscan experiencias más íntimas, más cercanas y más inmersivas que las de un gran parque repleto de asistentes.

La antesala ya está encendida y las expectativas crecen. Con estos anuncios, la edición 2026 reafirma que el pulso musical de Santiago no se queda contenido en un solo fin de semana, sino que vibra durante toda una semana que promete ser inolvidable.

Relaciones afectivas en un país políticamente fracturado

En tiempos donde la política parece dividir hasta a los grupos de WhatsApp familiares, algunas parejas jóvenes están demostrando que las diferencias ideológicas no necesariamente quiebran los vínculos afectivos. Daniela, psicóloga, y Gustavo, ingeniero, son ejemplo de ello. Comparten fines de semana entre cerros, viajes y sobremesas con amigos, pero cuando llega la hora de votar, se paran en veredas distintas. Ella eligió a Jeannette Jara en la primera vuelta del 16 de noviembre y repetirá su voto este 14 de diciembre. Él, en cambio, marcó por Evelyn Matthei y ahora apoya a José Antonio Kast. Lo sorprendente es que, pese a la polarización del país, la relación no se erosiona. “No estaría con alguien que es acérrimo fanático de Kast, sé que vota porque lo ve como la opción menos mala, pero no porque siga sus mismos ideales”, explica Daniela. Ese matiz —y el respeto— ha marcado la diferencia.

El fenómeno no es aislado. Las elecciones chilenas, cada vez más volátiles, están permeando la vida cotidiana y ofreciendo un retrato íntimo de cómo se negocian los desacuerdos en una sociedad tensionada. El académico y sociólogo Dante Castillo, de la Facultad de Humanidades de la Usach, confirma que la disparidad ideológica dentro de las parejas es más común entre generaciones recientes. “En la actualidad, la interacción de aspectos personales e individuales ha disminuido la influencia de la opción política en la consolidación de una relación de pareja”, señala. Es decir, hoy el amor no está condicionado a la papeleta. Lo que pesa es la conexión emocional, la compatibilidad cotidiana y la capacidad de construir un proyecto común sin la exigencia de pensar igual.

Pero no todo es simple. La política, especialmente cuando se entrelaza con valores morales, puede convertirse en un campo minado. Psychology Today lo describe como una “tensión emocional donde entran en juego identidades, valores y experiencias previas”. Castillo agrega que esas diferencias pueden esconder dinámicas mucho más profundas. “Las diferencias en las opciones políticas pueden esconder dinámicas de poder que artificialmente se expresan como diferencias políticas”, sostiene. A veces, votar por otro candidato no es un gesto ideológico, sino una forma de marcar límites, independencia o incluso resistencia dentro de la relación.

A medida que el debate electoral se hace más agresivo en redes sociales, también se intensifica la discusión privada. Videos virales de “parejas de izquierda y derecha” se multiplican, poniendo en escena la pregunta de qué tan sostenible puede ser un vínculo afectivo cuando la política opera como un sello identitario. Castillo advierte que ese cruce puede transformarse en un problema serio. “Las diferencias políticas pueden sentirse como un ataque o una traición a nivel personal, transformando el desacuerdo en una crisis de valores e identidad”, comenta. Esa sensación puede activar un círculo de decepción, resentimiento o silencios estratégicos.

Frente a ese ruido, algunas parejas han optado por blindar ciertos espacios. Conversan, sí, pero sin entrar en el “modo debate”. Otras han delimitado horarios sin política, especialmente en semanas críticas como la previa al balotaje. Están quienes aceptan que nunca van a convencer al otro y que el foco debe estar en la relación, no en ganar una discusión que podría durar años. Castillo insiste en que la clave es el cuidado mutuo. “La pareja debe comprometerse a prohibir la burla o el insulto. Cuestionar una postura política no debe confundirse con un ataque a la relación”. Sin respeto, dice, la conversación se vuelve trinchera.

Para el académico, la ruta hacia una convivencia sana no pasa por coincidir, sino por desacordar mejor. Separar la política del valor moral permite que ambos entiendan que pueden querer lo mismo —seguridad, justicia, estabilidad— aunque difieran en cómo alcanzarlo. Practicar la escucha activa sin reducir al otro a una etiqueta es fundamental. Y no perder de vista el proyecto común también sostiene el vínculo en medio del caos electoral. Como sintetiza Castillo, el verdadero desafío es “aceptar la diferencia con respeto y evitar que la opción política afecte la intimidad de la pareja”. En un país cada vez más crispado, tal vez ahí se esconda una lección mayor: si el amor sobrevive a la polarización, quizás la sociedad también pueda hacerlo.

Visibles marca un nuevo estándar de apoyo para personas LGBTIQA+ en Santiago

En un país donde la discriminación aún marca el ritmo de muchas experiencias cotidianas, la Universidad de Santiago vuelve a mover el piso desde la política pública y la inclusión. Esta vez lo hace con Visibles, un programa que ofrece orientación social y jurídica gratuita a personas LGBTIQA+ de toda la Región Metropolitana, en una alianza inédita entre la Dirección de Género, Equidad y Diversidad (DGDE) de la Usach y el Gobierno de Santiago. No se trata solo de trámites ni de formularios. Es una puerta real a derechos que, para miles, siguen siendo demasiado difíciles de alcanzar.

El programa está dirigido a todas las personas LGBTIQA+, incluyendo orientaciones sexuales diversas, identidades de género no normativas y cuerpos con variaciones en sus características sexuales, como las personas intersex. Visibles nace tras dos años de trabajo de base, investigación cualitativa y escucha activa. “Durante dos años se levantaron necesidades, demandas y propuestas de estas actorías sociales, insumos que permitieron estructurar los componentes que hoy ejecutamos desde la academia”, explicó Johanna Chacón, directora del Departamento de Género, Diversidad y Equidad de la Usach. Ese diagnóstico, recogido desde experiencias concretas y no desde la teoría, se transformó en un programa con impacto directo en la vida de las personas.

La iniciativa se levanta con un objetivo claro: reducir las barreras que históricamente han enfrentado las disidencias sexuales y de género en el acceso a beneficios estatales, justicia, empleo y acompañamientos especializados. “A través de sus distintos componentes, buscamos que estas comunidades accedan a apoyos concretos, fortalezcan su autonomía y enfrenten menos situaciones de discriminación en una región tan diversa como la nuestra”, puntualizó Chacón. En un contexto donde las violencias y la burocracia siguen operando como filtros de acceso, este tipo de programas son un contrapeso necesario y urgente.

El lema que articula Visibles —Ver personas, no prejuicios— opera como una declaración política y ética. Es una invitación frontal a desmontar estigmas que se reproducen incluso en instituciones que deberían proteger. “La frase busca transmitir que las personas LGBTIQA+ son, ante todo, personas con derechos, con protección legal y merecedoras de un trato digno. Invita a dejar atrás prejuicios basados en la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales, y a comprender que vivimos en una región diversa en la que ninguna persona debe ser objeto de discriminación”, enfatizó Chacón. En un Chile donde aún se discuten derechos básicos, el mensaje cobra una fuerza que incomoda, pero necesaria para avanzar.

El programa ya está en funcionamiento y ofrece servicios como orientación en beneficios sociales, procesos de transición, postulación a becas y subsidios, apoyo en programas de inclusión, así como asesorías jurídicas gratuitas en casos de discriminación, cambio de nombre legal o formalización de emprendimientos LGBTIQA+. Las personas interesadas pueden solicitar hora a través de los formularios oficiales disponibles en sus plataformas. Más allá del acceso puntual, lo que ofrece Visibles es acompañamiento informado, libre de prejuicios y con un enfoque de derechos.

El 2025 traerá una expansión significativa. Se sumará apoyo psicológico especializado para personas LGBTIQA+, un servicio largamente esperado en comunidades donde la salud mental sigue siendo una urgencia. Además, se realizará la primera Feria de Empleos sin prejuicios, un espacio donde empresas comprometidas con la inclusión recibirán currículums sin filtros discriminatorios y donde se ofrecerá orientación laboral y charlas sobre empleabilidad, entrevistas y LinkedIn. La agenda también incluye el podcast Voces Visibles, transmitido los miércoles y sábados a las 14:00 horas por Radio Usach y radios comunitarias, disponible en línea para llegar a más territorios. Con una narrativa ágil y voces diversas, el espacio se proyecta como un soporte clave para visibilizar experiencias, relatos y desafíos de la comunidad.

Lo que construye Visibles no es solo un programa universitario, sino un modelo posible de acceso a derechos para una ciudad que todavía arrastra estructuras excludentes. Es una invitación a mirar distinto, a escuchar con más cuidado y a actuar con responsabilidad colectiva. Porque en una región tan diversa como Santiago, la igualdad real no puede seguir siendo una promesa aplazada.