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El costo invisible de la menstruación en Chile

La menstruación sigue siendo, para miles de niñas, adolescentes y mujeres en Chile, una experiencia atravesada por el dolor, la incomodidad y la desigualdad. Así lo confirman los resultados de la Encuesta de Salud Menstrual presentada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, un estudio que pone cifras concretas a una realidad históricamente invisibilizada y que hoy se instala con fuerza en la agenda pública como un problema de equidad y salud.

La investigación, desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y Academia La Tribu, con el apoyo de Softys, evidencia que la menstruación continúa limitando la participación plena de mujeres en espacios educativos, sociales y laborales. Lejos de ser un tema íntimo o meramente biológico, el estudio revela cómo el ciclo menstrual impacta directamente en la vida cotidiana y en las trayectorias personales.

Los datos son elocuentes. Un 66% de las mujeres declara experimentar dolor abdominal, pélvico o uterino antes o durante el período menstrual, mientras que un 63% ha dejado de participar en actividades sociales debido a la menstruación o a sus síntomas. A ello se suman experiencias de estigmatización: un 11% se ha sentido discriminada, rechazada o acosada; un 10% ha optado por ocultarse mientras menstrúa; y un 7% ha sentido vergüenza, confirmando que el tabú sigue operando con fuerza.

En el ámbito educativo, las brechas se profundizan. Solo 4 de cada 10 mujeres considera que el colegio fue un espacio seguro durante la menstruación, y apenas un 54% evalúa los baños escolares como adecuados para cambiar productos menstruales. Estas condiciones precarias no son anecdóticas: un 39% dejó de asistir al colegio por algunos días, un 68% no pudo realizar actividades deportivas o recreativas y un 48% vio restringida su vida social durante el período menstrual.

La encuesta también pone el foco en el acceso desigual a la salud. Solo 4 de cada 10 mujeres declara contar siempre o casi siempre con profesionales o servicios especializados en salud menstrual, mientras que un 16% nunca ha accedido a este tipo de atención. Este déficit dificulta el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de patologías asociadas al ciclo menstrual, perpetuando la normalización del dolor extremo.

El impacto no es solo físico. El 70% de las mujeres reporta síntomas de salud mental durante la fase premenstrual, como baja energía, ansiedad, angustia, irritabilidad o cansancio, afectando su desempeño académico, laboral y social. En este contexto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, fue enfática al señalar que “estos datos refuerzan la importancia de derribar la idea de que el dolor extremo es normal, y de avanzar en detección temprana y acceso a información y atención oportuna, para que la menstruación no limite las trayectorias educativas ni la calidad de vida de las personas”.

Desde una mirada experta, Camila Herrera Sepúlveda, docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago y magíster en Nutrición, Medicina y Salud de la Mujer, advierte que los resultados reflejan un problema estructural. “La menstruación es un proceso fisiológico que tiene implicancias en múltiples determinantes sociales de la salud”, explica, subrayando que factores educativos, culturales y económicos condicionan profundamente cómo se vive el ciclo menstrual en Chile y en América Latina.

Para la especialista, uno de los datos más alarmantes es que un 63% de las encuestadas haya dejado de participar en actividades sociales. “Muchas personas dejan de participar porque experimentan dolor menstrual que se ha normalizado y no se trata adecuadamente. A eso se suma el estigma del miedo a mancharse, la vergüenza y la idea de que la menstruación debe ocultarse. También influye la falta de infraestructura adecuada y la dificultad para acceder a insumos en contextos de pobreza menstrual. En conjunto, estos factores generan inseguridad y limitan la participación plena”, comenta.

La brecha en el acceso a atención especializada también responde, según Herrera, a falencias del sistema de salud. “La atención primaria tiene una alta carga asistencial y muchas veces no dispone de profesionales capacitados en salud hormonal o dolor pélvico”, explica, agregando que la desigual distribución territorial de especialistas golpea con mayor fuerza a zonas rurales y regiones extremas. A ello se suma, sostiene, una deuda histórica en políticas públicas: “Falta integrar la salud menstrual como un eje formativo y asistencial en todos los niveles del sistema”.

La Encuesta de Salud Menstrual no solo entrega cifras, sino que interpela directamente a un país que aún arrastra silencios, prejuicios y desigualdades en torno al cuerpo y la experiencia de menstruar. Visibilizar estos datos es un primer paso; el desafío ahora es traducirlos en políticas, educación y acceso real, para que menstruar en Chile deje de ser un obstáculo y pase a ser, simplemente, parte de la vida.

Sandía en modo verano y ciencia en la mesa

La sandía se instala cada verano como un clásico transversal, presente en ferias, mesas familiares y escapadas a la playa. Fresca, jugosa y fácil de compartir, esta fruta de pulpa roja suele asociarse solo al placer inmediato del calor, pero su perfil nutricional la convierte en algo más que un simple antojo estacional. Con más del 90% de agua y apenas 60 calorías por porción, la sandía aparece como un aliado silencioso en tiempos de altas temperaturas.

Para profundizar en sus propiedades, Diario Usach conversó con Marcela Zamorano, experta en análisis de alimentos y composición química, y académica de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. Desde una mirada científica, la especialista explicó que el principal atributo de la sandía es su capacidad de hidratación, clave en jornadas donde el calor se vuelve extremo y el cuerpo exige líquidos de forma constante.

“La sandía es ideal para combatir esos días de intenso calor”, señaló Zamorano, subrayando que “su gran característica es su gran contenido de agua. Alrededor de 100 gramos de sandía es parte comestible. Además, la parte roja que nosotros comemos tiene cerca de 91% de agua”. Este alto porcentaje la transforma en una fruta liviana, refrescante y fácil de digerir, especialmente valorada en épocas donde el apetito suele disminuir.

Pero no todo es agua. La académica detalló que la sandía contiene cerca de un 7% de azúcares y alrededor de un 0,9% de proteína, además de minerales relevantes. “Su gran aporte es ser un hidratante importante y tiene algunos minerales importantes, siendo una buena fuente de potasio”, complementó, apuntando a su rol en el equilibrio electrolítico del organismo.

El consumo, sin embargo, también tiene límites. Pese a su perfil saludable, Zamorano aclaró que la porción recomendada se sitúa entre los 150 y 200 gramos. “Significa un trozo aproximadamente de espesor de unos 2 a 3 centímetros”, precisó. En términos de frecuencia, la recomendación es una o dos porciones diarias, dentro del marco general de cinco raciones de frutas y verduras al día.

Existen, eso sí, grupos que deben prestar mayor atención. La especialista advirtió que en personas con diabetes o resistencia a la insulina, el consumo debe ser moderado. “Debido al alto contenido de azúcares que tiene, debe ser limitada”, afirmó, recordando que incluso los alimentos naturales requieren una mirada consciente según cada condición de salud.

En clave energética, la sandía también suma puntos. Gracias a su alto contenido de agua y a la fructosa de rápida absorción, funciona como un energizante natural. Zamorano confirmó esta idea al señalar que es un alimento que “no tiene tanta caloría y cuenta con una cantidad de fibra de alrededor de 0,4%, lo que también las hace bastante adecuadas como fruta de su consumo”. A esto se suman electrolitos como magnesio y potasio, que ayudan a mejorar el rendimiento físico y la recuperación tras la actividad deportiva.

El cierre lo aporta la ciencia antioxidante. La sandía contiene licopeno, un compuesto bioactivo presente también en los tomates, ampliamente estudiado por sus efectos positivos en la salud. “Se dice que previene algunos cánceres y enfermedades cardiovasculares cuando se come en su porción adecuada”, concluyó Zamorano. Así, esta fruta veraniega confirma que su popularidad no es solo cuestión de sabor, sino también de evidencia.

Experto explica baja en índices de pobreza que confirmó nueva medición social

Chile cerró 2024 con una radiografía social que obliga a leer entre líneas. Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional Casen 2024, la pobreza por ingresos alcanzó el 17,3%, mientras que la pobreza extrema se situó en 6,9%. En paralelo, la pobreza multidimensional llegó al 17,7% y la pobreza severa descendió a 6,1%. Las cifras fueron presentadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en una entrega marcada por un giro metodológico que el Ejecutivo no dudó en calificar como más exigente y acorde a los cambios sociales de la última década.

El dato no pasó desapercibido en La Moneda. El Presidente Gabriel Boric subrayó que la Casen sigue siendo una herramienta clave para elevar los estándares con los que el Estado observa su propia realidad, aunque puso el acento en la tensión de fondo que persiste. “En Chile sigue habiendo muchas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes”, advirtió, reconociendo que detrás de los porcentajes hay trayectorias de vida que aún no logran despegar.

Uno de los hitos centrales de la Casen 2024 fue la incorporación de una nueva metodología para medir la pobreza, construida a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, cuyo informe final se entregó en julio de 2025. Ese trabajo fue posteriormente afinado por una mesa técnica integrada por organismos del Estado y entidades internacionales, en un intento por actualizar una medición que, para muchos expertos, había quedado desfasada frente a la realidad cotidiana de los hogares.

Los cambios no son menores. En la medición de la pobreza por ingresos se eliminó el alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos de los hogares y se establecieron líneas de pobreza diferenciadas entre hogares arrendatarios y no arrendatarios, reconociendo que el acceso a la vivienda pesa de manera distinta según la condición habitacional. A esto se sumó la incorporación de una canasta de alimentos saludables, que reduce en un 50% la presencia de productos ultraprocesados y alinea la medición con estándares nutricionales más actuales.

Al presentar los resultados, Boric insistió en que la nueva metodología “es más exigente, fue trabajada durante mucho tiempo por un panel de expertos independiente y eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país”. En esa misma línea, sostuvo que las cifras reflejan “decisiones que pusieron a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente en momentos económicos difíciles”, en un contexto donde el crecimiento no ha sido precisamente el motor del período.

Desde el mundo académico, la lectura también fue positiva, aunque matizada. René Fernández, economista y académico de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, valoró tanto los resultados como el cambio metodológico. “Los datos de la Casen en 2024 son una excelente noticia, reflejan un avance sostenido en la superación de la pobreza. Se ha incorporado una nueva metodología, pero es relevante mencionar que incluso si se hubiera mantenido la metodología anterior, la pobreza por ingresos habría seguido bajando, así como las otras variables también habrían tenido una mejora notable”, señaló a Diario Usach.

Fernández fue más allá y planteó que estas cifras representan “un logro no tan destacado, pero un logro importante para el Gobierno que está despidiéndose”, en alusión a la tendencia a la baja de los indicadores sociales pese a un escenario económico complejo. En un país donde la discusión sobre pobreza suele oscilar entre el triunfalismo y la catástrofe, la Casen 2024 instala una lectura incómoda pero necesaria: se avanza, sí, pero bajo una lupa más estricta que deja en evidencia cuánto falta todavía para que el crecimiento social se sienta en la vida diaria.

Desregular para crecer y las alertas que surgen desde la academia

En un auditorio lleno de trajes oscuros y expectativas de reactivación, Jorge Quiroz, uno de los nombres que más fuerte suena para asumir el Ministerio de Hacienda en un eventual gobierno de José Antonio Kast, presentó ante el mundo empresarial las bases de la política económica que busca imprimir el candidato republicano. El escenario fue Icare, donde el economista delineó una hoja de ruta marcada por la desregulación, la aceleración de inversiones y un golpe directo a lo que calificó como un exceso de trabas administrativas.

Según Quiroz, Chile arrastra una carga regulatoria que mantiene paralizados cerca de US$12.000 millones en proyectos, una cifra que, en su diagnóstico, explica buena parte del estancamiento económico. El objetivo planteado es ambicioso: que todos los proyectos ingresados hace más de dos años al sistema de evaluación ambiental queden resueltos durante el primer año de mandato. El mensaje, leído entre líneas, apunta a un Estado que deje de ser cuello de botella y pase a ser facilitador de la inversión.

El foco se trasladó rápidamente al sector de la construcción, uno de los motores tradicionales de empleo y crecimiento. Ahí, Quiroz anunció su intención de desmantelar la “maraña regulatoria” que, a su juicio, encarece artificialmente el precio de las viviendas. La propuesta contempla una simplificación radical de la estructura administrativa, con la eliminación de 15.000 instructivos y la reducción de las circulares desde 1.500 a apenas 11 documentos. En palabras del propio economista, “vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile”.

Las reacciones no tardaron en aparecer desde el mundo académico. Américo Ibarra, director del Centro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile, puso paños fríos al entusiasmo. Frente a la posibilidad de una poda masiva de normativas, explicó que “siempre es posible suponer que la simplificación normativa puede traer beneficios claros en algunos ámbitos. Por ejemplo, agilizar trámites, reducir costos administrativos y acelerar la inversión en proyectos de construcción, lo que dinamiza el sector y facilita el acceso a nuevas viviendas”.

Sin embargo, el especialista advirtió que el riesgo está en el detalle. “El riesgo está en que al eliminar masivamente instructivos y circulares se pierdan regulaciones esenciales para la seguridad estructural, la calidad de las obras, el desarrollo armónico de las ciudades, la sostenibilidad urbana y rural, y un largo etc. El efecto podría ser positivo en términos de eficiencia, pero negativo si se traduce, por ejemplo, en construcciones inseguras o en un debilitamiento de la confianza ciudadana e inversionista. Entonces, la cuestión es evaluar lo que se pretende simplificar para tener una posición más objetiva de una medida de tal naturaleza”, sostuvo.

Una de las principales inquietudes gira en torno a las normas sísmicas, un tema sensible en uno de los países más telúricos del planeta. Ibarra fue claro en señalar que “en principio, me imagino que la idea siempre será mantener lo bueno y mejorar lo malo. En esos términos, la experiencia chilena en materia de normas de construcción es de un estándar mundial y no me imagino que se esté pensando desregularizar en esa línea”. Aun así, advirtió que “en un país altamente sísmico como Chile, cualquier desregulación que afecte normas técnicas de construcción representa un riesgo grave: podría comprometer la resistencia de edificios y aumentar la vulnerabilidad de la población frente a terremotos”.

Así, mientras el discurso económico promete destrabar inversiones y dinamizar la economía a golpe de desregulación, el debate se instala en un terreno más complejo, donde eficiencia, seguridad y ciudad se cruzan. La pregunta ya no es solo cuánto crecer, sino a qué costo y bajo qué reglas se quiere construir el próximo ciclo urbano y económico del país.

Leche infantil bajo la lupa tras alerta por toxina en Chile

El Ministerio de Salud encendió las alarmas tras emitir una alerta alimentaria por la presencia de una toxina en Alfamino, una leche de fórmula destinada a niños y niñas con necesidades especiales, particularmente aquellos con alergias alimentarias severas. El producto es elaborado e importado por Nestlé y se distribuye en Chile a través del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, lo que eleva la preocupación por su alcance dentro del sistema público de salud.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Salud, los lotes involucrados presentan riesgo de contaminación con una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus. La autoridad fue enfática en advertir que quienes tengan el producto en sus hogares no deben consumirlo y deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, mientras se activan los protocolos para frenar su distribución y comercialización en el país.

La sustancia detectada corresponde a la cereulida, una toxina asociada a brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético, cuyos síntomas principales son los vómitos. Se trata de un compuesto altamente estable, lo que significa que es muy poco probable que se inactive mediante procesos térmicos habituales. Este detalle no es menor, considerando que hablamos de una fórmula infantil que suele ser preparada bajo estrictas normas de higiene doméstica, pero que en este caso escapa al control de las familias.

Desde el Minsal también se recalcó que, ante la eventualidad de que un niño o niña haya consumido alguno de los lotes afectados y presente síntomas compatibles, se debe acudir de inmediato a un centro de salud. El mensaje busca evitar la normalización de señales de alerta que podrían confundirse con cuadros alérgicos previos, retrasando una atención oportuna.

La relevancia del caso fue abordada por el pediatra y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Tito Pizarro, quien explicó que, aunque se trata de un grupo reducido de pacientes, la alerta es crítica. “La alergia a la proteína de leche de vaca afecta aproximadamente a un 1 por ciento de los niños y niñas que nacen en Chile. Pero dentro de ese grupo hay un porcentaje más pequeño que presenta una alergia más severa y que requiere este tipo de productos. No son muchos, pero son importantes, y por eso es clave que se avise a las mamás y papás para que revisen sus productos y consulten en su centro de salud”, señaló.

Pizarro detalló que Alfamino es una leche especialmente formulada para lactantes que no pueden consumir leches habituales derivadas de la leche de vaca. “Es una fórmula con proteínas hidrolizadas, con los aminoácidos separados, de muy fácil absorción, diseñada para no provocar reacciones alérgicas en estos niños”, explicó, subrayando que su uso responde a indicaciones médicas precisas y no a una elección de consumo general.

El académico también puso énfasis en el impacto social de esta alerta, recordando que se trata de productos de alto costo que son entregados gratuitamente por el Estado. “Son leches extremadamente caras y se entregan solo a niños con alergias alimentarias graves, que suelen manifestarse en los primeros dos o tres años de vida, con rechazo a la leche, vómitos, diarrea y dificultad para subir de peso. El Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Ministerio de Salud las entrega gratuitamente, tanto a pacientes de Fonasa como de Isapre, siempre con diagnóstico médico”, indicó.

Respecto al origen del problema, Pizarro relató que la primera señal no vino de un laboratorio, sino de las propias familias. “Algunos niños comenzaron a presentar vómitos y malestar, como si les hubiera reaparecido la alergia. Las mamás y papás avisaron en los consultorios, se estudiaron las leches y se descubrió que estaban contaminadas con una toxina producida por una bacteria”, afirmó. Un recordatorio incómodo de que, incluso en productos diseñados para proteger a los más vulnerables, la vigilancia sanitaria y la escucha activa de la comunidad siguen siendo claves.

Petróleo, poder y transición forzada en Venezuela

La abrupta captura de Nicolás Maduro alteró de golpe el ya frágil equilibrio político venezolano. En cuestión de horas, el rostro del chavismo cambió y la continuidad del poder quedó en manos de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras jurar ante la Asamblea Nacional. Abogada formada en la Universidad Central de Venezuela y con especialización en Derecho Laboral en París, Rodríguez se convirtió en la figura clave de un régimen que busca demostrar control institucional en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.

Durante su juramento, la nueva mandataria marcó el tono de su administración con un discurso que apeló al agravio externo y al dolor social. “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima”, afirmó, en una señal clara de que el relato oficial seguirá anclado en la denuncia de la intervención extranjera. La escena no fue menor: su hermano renovó simultáneamente su cargo al frente del Parlamento, reforzando la imagen de cohesión interna del chavismo.

Horas antes, Rodríguez ya había dado una señal de mando efectivo. La noche del domingo encabezó su primer Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores, acompañada por Diosdado Cabello, considerado el número dos del oficialismo, y por el jefe de la Defensa Nacional, Vladimir Padrino López. El mensaje fue directo: el aparato político y militar sigue alineado y operativo.

Mientras tanto, al norte del continente, el propio Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se declararon no culpables de todos los cargos. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró el exmandatario. El contraste entre la escena judicial en Estados Unidos y la reorganización del poder en Caracas alimenta la sensación de estar frente a un conflicto que se juega en varios tableros a la vez.

Para el analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, el escenario está marcado por una “gran incertidumbre”. Sin embargo, su lectura es clara respecto a la continuidad del régimen. “Venezuela sigue con su gobierno constitucional. O sea, salió Maduro, que fue secuestrado, pero asumió su vicepresidenta. Por lo tanto, el régimen del Partido Socialista Unificado, que es el régimen que gobierna Venezuela, está intacto y está funcionando”, indicó a Diario Usach.

En ese marco, el rol de la oposición aparece severamente limitado. Estenssoro fue tajante al evaluar las posibilidades de figuras como María Corina Machado o Edmundo González. “Más allá de movilizarse, si el régimen de Maduro llega a un acuerdo con el régimen de Trump, donde los Estados Unidos se les garantice que van a tener lo que ellos quieren, no va a haber cambio político en Venezuela”, sostuvo. A su juicio, la oposición “no tiene ninguna capacidad de nada” y solo existe por el apoyo internacional y la visibilidad mediática.

La figura de Donald Trump aparece como un actor central en esta nueva etapa. Según el académico, el mandatario estadounidense busca una transición sin sobresaltos que garantice estabilidad y acceso a recursos. “Necesita una Venezuela que no le dé gastos, que no los obligue a movilizarse, una Venezuela donde ellos puedan obtener el petróleo venezolano sin más gastos para Estados Unidos”, afirmó, subrayando que, en ese esquema, el régimen actual es el único capaz de asegurar orden social y político.

La advertencia sobre un eventual gobierno opositor es aún más cruda. Estenssoro sostuvo que un escenario encabezado por Machado podría derivar en confrontaciones armadas e incluso en una guerra civil, lo que forzaría a Estados Unidos a una ocupación militar costosa y políticamente inviable. En ese contexto, la figura de Delcy Rodríguez adquiere un peso estratégico: “Ella va a tratar de defender los intereses venezolanos. Trump va a tratar de imponer sus criterios, pero hay un espacio de que puedan o no puedan llegar a un acuerdo. Eso no lo sabemos”.

El petróleo, como casi siempre en la historia venezolana, vuelve a ser el centro de gravedad. Tras el arresto de Maduro, Trump declaró que uno de los objetivos de la operación militar era poner el sector petrolero bajo control estadounidense. Para Estenssoro, este tipo de afirmaciones responden más a una lógica comunicacional que a un plan cerrado. “Estamos recién en el proceso de negociaciones y vamos a ver una cantidad de declaraciones rimbombantes, espectaculares, porque Donald Trump nunca pierde”, explicó, recordando que la guerra mediática es parte esencial de su estrategia interna.

En esa línea, el académico fue categórico al descartar que la democracia o los derechos humanos sean prioridades reales para Washington o Bruselas. “Ni la Unión Europea ni Estados Unidos están preocupados por la democracia”, señaló, agregando que el objetivo es asegurar el acceso al crudo venezolano. “De lo que estamos hablando es de recursos naturales, no de democracia”, concluyó. Así, Venezuela entra en una nueva fase donde el poder cambia de manos, pero las reglas del juego —marcadas por el petróleo y la geopolítica— parecen mantenerse intactas.

El calor que no deja apagar la mente

Las noches de verano en Chile se han vuelto un campo de resistencia cotidiana. Cuerpos que giran sin encontrar postura, sábanas abandonadas a mitad de la madrugada, ventiladores funcionando como mantra y termómetros que se niegan a bajar de los 23 grados cuando ya pasó la medianoche. Dormir bien, en este escenario, dejó de ser un hábito automático para transformarse en un desafío de salud pública silencioso, pero persistente.

El problema no es solo la incomodidad. Según explica Daniel Sánchez, médico cirujano y director del Departamento de Promoción Integral de la Salud de la Universidad de Santiago, el descanso nocturno depende de un mecanismo fisiológico clave que el calor extremo interrumpe. “La evidencia científica demuestra que el inicio y mantenimiento del descanso nocturno dependen, en gran parte, de la capacidad del organismo para disminuir su temperatura corporal central, proceso que se ve dificultado cuando el ambiente es demasiado cálido”, advierte.

Desde la medicina, el rango ideal para dormir está claro. En adultos sanos, la temperatura ambiental óptima se sitúa entre los 18 y 22 grados. Fuera de ese margen, el cuerpo entra en conflicto. “En este rango se facilita la termorregulación normal del cuerpo y se favorece un sueño más profundo y continuo. Temperaturas por sobre los 24–25 °C se asocian a mayor número de despertares nocturnos, menor tiempo de sueño profundo y sensación de cansancio al día siguiente”, aclara Sánchez, poniendo cifras a una experiencia que muchos ya conocen en carne propia.

El entorno del dormitorio juega un rol decisivo. Ventilar durante la noche y evitar que el calor se acumule durante el día, usando cortinas o persianas, puede marcar la diferencia. “La utilización de ventiladores puede ayudar a disminuir la sensación térmica al favorecer la evaporación del sudor, siempre evitando el flujo directo sobre el cuerpo. Cuando se dispone de aire acondicionado, su uso moderado y regulado hacia el rango recomendado puede ser beneficioso”, explica el especialista, bajando la ansiedad tecnológica a un uso más consciente.

También hay detalles que suelen pasarse por alto y que influyen directamente en el descanso. “La ropa de cama y el pijama deben ser livianos y de fibras naturales, como algodón o lino, que permiten una mejor transpiración”, señala Sánchez. A eso se suma una práctica simple, pero efectiva: la ducha previa al sueño. “Favorece la vasodilatación periférica y la posterior pérdida de calor, facilitando la conciliación del sueño”, comenta el médico, desmontando el mito de que el agua fría es la única aliada contra el calor.

La alimentación y los hábitos nocturnos completan el mapa. Cenar liviano, idealmente dos o tres horas antes de acostarse, evitar el alcohol, la cafeína y las comidas muy condimentadas no es una recomendación estética, sino fisiológica. “Las comidas abundantes, el alcohol, la cafeína y los alimentos muy condimentados aumentan la activación metabólica y la temperatura corporal, lo que interfiere con el sueño, especialmente en noches calurosas”, detalla el profesional.

En este contexto, la higiene del sueño vuelve a cobrar protagonismo. Horarios regulares, menos pantallas antes de dormir y técnicas simples de relajación ayudan a bajar las revoluciones de un cuerpo que ya viene exigido por el calor. Y si aun así el descanso no llega, la recomendación es clara: consultar con un especialista. Dormir bien no es un lujo estacional, es una necesidad básica para la salud física y mental, especialmente en un país que enfrenta olas de calor cada vez más intensas y prolongadas.

Hacer comunidad a través del relato

La historia de Jephte Jeantelus no se cuenta desde el éxito pulido ni desde la épica fácil. Se arma, más bien, desde la constancia, el acento que no se borra y la urgencia de existir en un país que no siempre está preparado para escuchar. Haitiano, migrante, cantante, estudiante de comunicación audiovisual y fundador de JBC 24, Jephte encarna una de las tantas trayectorias de la diáspora africana en Chile: la de quienes llegan sin idioma, sin red y sin garantías, pero con una convicción clara de no desaparecer.

“Me cuesta mucho hablar español porque cuando llegué a Chile yo no había hablado nada”, dice sin rodeos. Aun así, insiste. “Hasta ahora no hablo perfecto, pero entendí algo. Pero yo creo que Chile me sigue bien”. La frase, sencilla y quebrada, condensa una experiencia compartida por miles de personas afrodescendientes que han hecho de Chile su lugar de residencia, aun cuando ese lugar no siempre devuelva la bienvenida de manera explícita. Para Jephte, el agradecimiento convive con la conciencia del esfuerzo: “El chileno nos ayuda, nos da oportunidad de estudiar, de todo. Gracias, a Chile”.

JBC 24 nace desde esa necesidad de narrarse. Primero como un proyecto colectivo, luego como una responsabilidad personal. “Al principio nosotros éramos tres… pero los dos se abandonaron la idea y bueno, ahora soy Jephte JBC 24”. Hoy, el nombre significa Jephte Broadcasting Channel y funciona como una plataforma que escribe sobre lo que ocurre en la comunidad haitiana en Chile, visibilizando artistas, procesos y luchas que rara vez entran en la agenda central. Este año, además, el proyecto dio un giro simbólico: pasar de destacar a “el mejor artista” a premiar a “la gente que hace algo bueno en Chile”.

Nada de eso ocurre sin costo. La octava edición del evento —la primera con premiación formal— se levantó sin sponsors, sin animadores y sin equipo completo. “Yo tenía que hacer todo para allá, para acá porque el evento tenía que hacer hoy”, relata. El financiamiento tampoco apareció como promesa cumplida. “Plan A era con los sponsor… no dice nada. Plan B era sacar el dinero en el sitio web… no se alcanza. Entonces plan C: mi plata”. La frase no busca victimizar, sino dejar constancia de una realidad habitual en los proyectos afrodescendientes: autogestión, desgaste y fe. “Gasto todo mi energía en este evento”, resume.

Pero hay heridas más profundas que el cansancio. Ser afrodescendiente en Chile implica, muchas veces, enfrentar el prejuicio directo. Jephte lo recuerda con nitidez. En la universidad, una profesora no le permitió rendir una evaluación práctica por llegar tarde, mientras que a una estudiante chilena sí. “Eso me marcó mucho. Yo me pregunto si por qué soy negro”. Antes, en Las Condes, mientras trabajaba arreglando casas, escuchó a una niña decirle a su madre: “Ay, mamá, ahí viene un perro negro”. No hubo insulto explícito, pero sí una violencia cotidiana que se incrusta. “Eso me quedó mal ese tiempo”, dice, sin dramatizar, pero sin olvidar.

Frente a ese escenario, la respuesta no ha sido el repliegue, sino la comunidad. “Lo más bueno es la unión de la comunidad afro”, afirma. Haitianos, venezolanos, colombianos, afrodescendientes que se reconocen en una historia compartida. “No importa si venimos de Haití, de Venezuela, de Colombia. Tenemos que unirnos, somos misma sangre”. En esa frase se cruza la memoria africana con la experiencia migrante en Chile, y se configura una identidad que no pide permiso para existir.

El cierre de su relato no es ingenuo ni grandilocuente. Es una advertencia y, al mismo tiempo, una invitación. “Si quieres hacer algo, dale todo tu alma y vas para adelante”, dice, recordando a su madre y el miedo de estudiar periodismo en un país donde ejercerlo puede costar la vida. Para las nuevas generaciones afrodescendientes que crecen o migran a Chile, su mensaje es claro: aprender de quienes van delante, insistir incluso cuando el camino se vuelve hostil y no soltar la voz. Porque en un país que todavía está aprendiendo a mirarse diverso, contar la propia historia también es una forma de resistencia.

Corredores humanitarios y la difusa frontera entre control y protección

La propuesta del presidente electo José Antonio Kast de impulsar corredores humanitarios para enfrentar la crisis migratoria que vive Chile volvió a encender un debate que cruza la política, la academia y el terreno social. La idea tomó forma tras su viaje relámpago a Quito, con escala en Lima, y su reunión con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, donde planteó la necesidad de coordinar a los países de la región para facilitar el retorno de personas migrantes en situación irregular a sus países de origen, principalmente Venezuela.

Antes de regresar a Santiago, Kast fue explícito en el planteamiento. “Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador, puedan volver a su patria”, señaló, agregando que, pese a no reconocer al gobierno venezolano, espera que ese país “reciba a sus connacionales”. El énfasis en la coordinación regional busca instalar la iniciativa como una respuesta ordenada a un fenómeno que ha tensionado las capacidades del Estado chileno.

Sin embargo, la propuesta no tardó en generar reparos desde el mundo académico. En conversación con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, la socióloga Daisy Margarit, directora del Magíster en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, puso en duda tanto la viabilidad como el carácter humanitario del concepto aplicado al contexto migratorio latinoamericano.

Desde su análisis, Margarit advierte que hablar de corredores humanitarios en migración puede ser confuso y hasta riesgoso si se importan modelos pensados para otras realidades. “No podemos aplicar medidas que funcionan en Europa de la misma forma que en América Latina. Las geografías, las distancias, las historias y las trayectorias migratorias son completamente distintas”, señaló, recordando recorridos extremos como el cruce del Darién o las caminatas que atraviesan Colombia, Ecuador y Perú rumbo al sur del continente.

Uno de los puntos más críticos, según la académica, es que estos corredores tienden a crear lo que denomina “espacios de la espera”, zonas donde las personas quedan detenidas en un limbo administrativo. “Son espacios que pueden volverse eternos y que también vulneran derechos. Aunque se garantice cierta protección, las personas pierden su derecho a la movilidad, y la movilidad es un derecho humano”, afirmó, marcando distancia con la narrativa de solución rápida que suele acompañar estas iniciativas.

En ese marco, Margarit plantea que estabilizar la migración a través de corredores puede derivar más en una lógica de control que en una respuesta genuinamente humanitaria. “Pensar en ‘tener controladas’ a las personas a través de un corredor migratorio es una medida que requiere un sentido mucho más humanitario y un análisis profundo de sus consecuencias”, sostuvo. La advertencia apunta a un dilema de fondo: cómo enfrentar la crisis migratoria sin vaciar de contenido los principios que dicen defenderse.

Chile revisa su normativa para enfrentar la contaminación acústica

El ruido urbano volvió al centro del debate público. Esta vez no como una molestia pasajera, sino como un problema estructural que impacta directamente en la salud y la calidad de vida en las ciudades chilenas. El Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, anunció el inicio del proceso de revisión del Decreto Supremo N°7, la norma que regula la emisión de ruido de vehículos livianos, medianos y motocicletas, con un foco claro en un vacío histórico de la regulación: las motocicletas en circulación.

Desde el Ejecutivo, el diagnóstico es contundente. “El ruido es un contaminante invisible que afecta la salud, el descanso y el bienestar de las personas”, afirmó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, al presentar la iniciativa. Una definición que conecta con una experiencia cotidiana en Santiago y otras grandes urbes del país, donde el tránsito vehicular se ha consolidado como la principal fuente de contaminación acústica.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, puso el acento en las limitaciones del marco actual y en la necesidad de avanzar hacia mecanismos de control más efectivos. “Este trabajo busca analizar nuevas maneras para controlar el cumplimiento de los niveles de ruido de un vehículo, especialmente si consideramos que hoy sólo podemos certificar ese aspecto, cuando el vehículo ingresa al país y es homologado”, explicó, subrayando que la revisión abre la puerta a herramientas como controles en plantas de revisión técnica u otras instancias de fiscalización en terreno.

Desde el mundo académico, la advertencia es clara respecto a los efectos del ruido prolongado. “La contaminación acústica puede generar efectos graves en la salud de las personas, desde estrés y trastornos del sueño hasta pérdida auditiva y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente cuando existe una exposición prolongada a altos niveles de ruido”, señaló Daniel Arancibia, académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago. Una realidad que, según el experto, obliga a tratar el ruido con la misma seriedad que otros contaminantes ambientales.

Arancibia enfatiza que la solución no pasa por una única medida, sino por una combinación de acciones coordinadas. “Efectivamente se pueden disminuir los niveles de emisión acústica y existen varios ámbitos de acción”, afirmó, mencionando desde la mantención y fiscalización de los vehículos, hasta la gestión del tránsito, la instalación de pantallas acústicas en sectores sensibles y una transición decidida hacia la electromovilidad como horizonte de largo plazo.

El foco inicial de la revisión normativa estará puesto en las motocicletas, un parque vehicular que ha crecido un 40% en apenas cuatro años. Estudios del propio Ministerio del Medio Ambiente revelan diferencias de hasta 20 decibeles entre motocicletas nuevas homologadas y esas mismas unidades en uso, una brecha asociada principalmente a modificaciones irregulares o al deterioro de los sistemas de escape. Hoy, la norma solo controla el ruido al momento de la homologación, dejando sin herramientas efectivas el control posterior.

La publicación del decreto en el Diario Oficial marca el inicio de una etapa técnica y regulatoria que buscará cerrar ese vacío, en un contexto donde cerca del 70% de los niveles de ruido ambiental se concentran en Santiago. Más que un ajuste burocrático, la revisión del Decreto Supremo N°7 aparece como una señal política y sanitaria: el ruido dejó de ser el telón de fondo de la ciudad y pasó a ser un problema que exige respuesta.