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El tornado que sorprendió a la capital y las condiciones que lo hicieron posible

Santiago vivió un fenómeno meteorológico poco habitual. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el evento que afectó a Estación Central durante la tarde de este martes fue un tornado, clasificado como EF-0, con vientos que alcanzaron los 137 km/h. El episodio provocó daños materiales y volvió a poner sobre la mesa cómo se forman estos eventos y qué tan preparados están los entornos urbanos para enfrentarlos.

Entre los sectores afectados se encuentra la población Villa Francia, donde se registraron daños en viviendas, además de la caída de árboles y postes en distintos puntos de la comuna. En el Terminal Sur también se reportaron techumbres levantadas por la fuerza del viento. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, señaló que el fenómeno “no estaba dentro de los pronósticos” y confirmó que una mujer sufrió lesiones en sus piernas producto del evento.

Aunque la confirmación de la DMC marca un hito para la capital, existen antecedentes históricos de un fenómeno similar en el territorio que hoy forma parte de Santiago. Según los registros mencionados en el comunicado, el 14 de mayo de 1893 se produjo un tornado en la comuna de Conchalí, hace 133 años. El evento de Estación Central vuelve a mostrar que, aunque los tornados no son habituales en la ciudad, no son completamente ajenos a las condiciones meteorológicas de la zona central.

¿Por qué se forman? El investigador del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, Raúl Cordero, explicó que estos fenómenos requieren condiciones atmosféricas específicas y que suelen presentarse con mayor frecuencia durante la primavera y el otoño. “Durante estas temporadas intermedias se da más frecuentemente el encuentro de masas de aire frío y masas de aire cálido. La diferencia de temperatura entre estas masas de aire favorece las inestabilidades que, a su vez, permiten la formación de tornados”, explicó a Diario Usach. El contraste entre masas de aire puede generar condiciones de inestabilidad, aunque no toda tormenta con estas características termina produciendo un tornado.

La relación entre estos eventos y el cambio climático todavía requiere cautela. Si bien el calentamiento global está intensificando distintos fenómenos extremos, no existe claridad suficiente para afirmar que los tornados hayan aumentado significativamente en frecuencia a escala global. Cordero advirtió que “está aumentando la frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Sin embargo, en el caso de los tornados, no está claro que se haya registrado ya un aumento significativo de la frecuencia con la que estos eventos destructivos se dan”.

El investigador también apuntó a antecedentes de Norteamérica, donde se ha observado una posible transformación en la forma en que se presentan estos fenómenos. “Al menos en el caso de Norteamérica, parece existir evidencia de que el número de tornados por brote ha aumentado en las últimas décadas. Eso significa que, cuando las condiciones meteorológicas particulares que favorecen la formación de tornados están presentes, no se forma uno, sino varios tornados”, sostuvo. El caso de Estación Central no permite, por sí solo, atribuir el fenómeno al cambio climático, pero sí recuerda la importancia de fortalecer la observación meteorológica, la prevención y la capacidad de respuesta ante eventos inesperados en ciudades densamente pobladas.

Aluvión en Las Condes expone las brechas de Chile para anticipar emergencias

El aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, tras el desborde de la Quebrada Honda, dejó cerca de 2.000 viviendas afectadas, 55 inmuebles con anegamientos severos y seis personas lesionadas, según el balance oficial citado en el comunicado. La emergencia, que llevó a declarar a la comuna como zona de catástrofe, también abrió una pregunta incómoda sobre la capacidad del país para anticipar fenómenos extremos y alertar a la población antes de que el agua y el barro lleguen a las zonas habitadas.

Una de las principales críticas surgió por la ausencia de una notificación del Sistema de Alerta de Emergencia en los teléfonos móviles. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se explicó que la reactivación de la quebrada fue un evento “súbito e inesperado”, sin una ventana suficiente para organizar una evacuación. El episodio volvió a poner en discusión las limitaciones de los sistemas de monitoreo meteorológico y la necesidad de conectar la información científica con decisiones oportunas de protección civil.

En declaraciones a Emol, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, señaló que el país no cuenta con radares meteorológicos terrestres y depende de satélites geoestacionarios que registran la temperatura de la parte superior de las nubes. Esta tecnología puede presentar latencias de hasta 15 minutos y no permite observar directamente, con el mismo nivel de detalle, la intensidad de las precipitaciones en las capas bajas de la atmósfera. En eventos que evolucionan rápidamente, esa diferencia puede reducir el tiempo disponible para anticipar sus consecuencias.

Los radares meteorológicos terrestres permiten observar la lluvia y el viento en tres dimensiones, mediante impulsos electromagnéticos que detectan la intensidad y el movimiento de las precipitaciones. Según el académico de la Universidad de O’Higgins, Raúl Valenzuela, estos equipos pueden realizar escaneos de la atmósfera cada cinco minutos y cubrir radios de hasta 300 kilómetros, dependiendo de las condiciones y características del sistema. Sin embargo, contar con esa información no garantiza por sí solo una evacuación segura. Como advierte Ayaz Alam, doctor en Geología y académico de la Universidad de Santiago de Chile, “un radar meteorológico efectivamente es importante (…), pero no basta por sí solo, porque lo que hace es simplemente medir en tiempo real cuánta agua cae, dónde cae y con qué intensidad. Por lo tanto, ante una quebrada pequeña, nos da tiempo para reaccionar cuando el fenómeno ya está en desarrollo; a veces puede dar solo minutos y a veces horas, lo que permite realizar una evacuación, pero sin ninguna mitigación”.

La discusión sobre la infraestructura meteorológica tampoco es nueva. El climatólogo de la Usach, Raúl Cordero, denunció en CNN Chile que, después de los tornados registrados en 2019, se planteó dotar a la DMC de entre ocho y doce radares Doppler entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. De acuerdo con los antecedentes expuestos, esa propuesta técnica continúa paralizada por falta de presupuesto. La ausencia de una red de este tipo limita la capacidad de observar con mayor precisión sistemas de lluvia intensa y otros fenómenos que pueden desencadenar emergencias en distintas zonas del país.

Para Alam, la detección debe formar parte de una estrategia más amplia que combine radares con pluviómetros, fluviómetros y sensores capaces de monitorear el movimiento de las laderas. “Este sistema siempre se utiliza en combinación con otros tipos de tecnología. Por ejemplo, pluviómetros para medir las lluvias, fluviómetros para la medición de caudales y distintos tipos de sensores para monitorear el movimiento en las laderas”, explicó a Diario Usach. Estos instrumentos permiten reunir información complementaria sobre la lluvia, el comportamiento de los cauces y las condiciones del terreno, elementos relevantes para anticipar riesgos.

Experiencias en ciudades como Medellín, Río de Janeiro y otras zonas de Estados Unidos, Japón y Taiwán muestran cómo las herramientas de monitoreo pueden apoyar la alerta temprana y la evacuación de comunidades expuestas. No obstante, el académico recalca que la tecnología no reemplaza la prevención territorial. En sus palabras, estos sistemas “ha demostrado ser efectiva, pero solo para alertar a la población en las zonas bajas y facilitar su evacuación a tiempo; de ninguna forma constituye una mitigación. Para mitigar se necesita una labor continua y de largo plazo en terreno”. El desafío para Chile, por tanto, no es solo detectar mejor los eventos extremos, sino conectar esa información con protocolos de alerta, planificación urbana y medidas de reducción del riesgo que protejan a quienes viven cerca de quebradas y cauces.

Por qué algunas casas gastan más energía y siguen estando frías

Cada invierno, miles de hogares chilenos enfrentan la misma paradoja: gastar cada vez más en luz, gas, leña o parafina y, aun así, seguir viviendo en casas frías. El problema no estaría únicamente en el precio de los combustibles, sino también en una infraestructura habitacional que, en muchos casos, deja escapar rápidamente el calor. Un nuevo análisis de la Universidad de Chile plantea que mejorar la aislación térmica de las viviendas debería ser parte central de las políticas contra la pobreza energética.

El Policy Paper “Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habitabilidad”, elaborado por la Red de Pobreza Energética y publicado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, propone mirar el problema desde una perspectiva más amplia. El documento, desarrollado por 18 investigadores y especialistas, plantea que las políticas de vivienda y energía no pueden continuar funcionando como agendas separadas, ya que las condiciones de una vivienda determinan cuánto deben gastar las familias para alcanzar niveles mínimos de confort térmico.

Pero ¿qué significa exactamente pobreza energética? Paz Araya, investigadora de la Red de Pobreza Energética, explica que “Según la definición coconstruida desde la Red de Pobreza Energética, un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, es decir, que sean adecuados, confiables, seguros y no contaminantes, para cubrir las necesidades de energía que le permiten sostener el desarrollo humano y económico de sus integrantes”. El concepto, por tanto, no se reduce a no poder pagar una cuenta: también considera la posibilidad real de vivir en condiciones adecuadas.

El problema comienza en las paredes, techos y ventanas. Una parte importante del parque habitacional chileno fue construida bajo estándares térmicos insuficientes o antes de que existieran exigencias relevantes en esta materia. Como consecuencia, buena parte del calor producido por una estufa termina escapando rápidamente hacia el exterior. Para las familias, esto significa mantener los sistemas de calefacción funcionando durante más tiempo, elevar el gasto mensual y, en algunos casos, reducir el consumo hasta niveles que afectan directamente el confort y la salud.

La situación tampoco termina en el bolsillo. Araya advierte que “la incapacidad de satisfacer adecuadamente necesidades humanas básicas y fundamentales tiene implicancias en la salud física, como enfermedades cardiovasculares y respiratorias asociadas al frío, y contaminación intradomiciliaria por combustión a leña; afectaciones psicológicas provocadas por el estrés crónico, la precariedad y la incertidumbre energética; impactos socioemocionales en las relaciones personales y en el clima familiar, y también efectos en las oportunidades educativas y laborales, como la imposibilidad de estudiar de noche por falta de luz o calefacción y la postergación de la atención médica debido a la reasignación del presupuesto, por ejemplo”.

Por eso, el documento plantea que la respuesta no debería concentrarse exclusivamente en subsidiar combustibles o reemplazar estufas. Si una vivienda pierde calor por sus muros, techos y ventanas, cualquier sistema de calefacción tendrá que trabajar más para mantener una temperatura confortable. La alternativa propuesta pasa por avanzar hacia un mejoramiento térmico masivo de las viviendas existentes, mediante aislación de muros y techos, sellado de ventanas y programas de reacondicionamiento que permitan elevar la calidad del parque habitacional que ya está construido.

La discusión también apunta hacia las viviendas que todavía no existen. El estudio propone estándares de construcción más exigentes que permitan garantizar condiciones mínimas de temperatura, eficiencia energética y ventilación desde el momento en que se diseña una nueva vivienda. Para lograrlo, los investigadores plantean una mayor coordinación entre organismos como los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Energía, entendiendo que la habitabilidad térmica forma parte de una política de vivienda adecuada y no simplemente de una decisión individual sobre cómo calefaccionar.

Y el desafío no termina cuando llega septiembre. En un contexto marcado por eventos climáticos cada vez más extremos, mejorar la vivienda significa prepararla tanto para el frío como para el calor. Araya sostiene que “Las mejoras en habitabilidad implican abordar la pobreza energética considerando sus impactos en hogares que no están preparados para las bajas temperaturas, como las del invierno en la zona centro y sur del país, pero también los impactos de las olas de calor durante el verano”. La casa del futuro, plantea el informe, no debería ser solamente aquella que consuma menos energía, sino aquella capaz de proteger a quienes viven dentro de ella.

Los humedales se consolidan como aliados frente a las lluvias extremas

Mientras las intensas lluvias vuelven a poner a prueba distintas zonas del país, los humedales emergen como uno de los ecosistemas más importantes para enfrentar los efectos del cambio climático. Desde el Altiplano hasta la Patagonia, Chile alberga cerca de 40 mil humedales, de acuerdo con el Inventario Nacional del Ministerio del Medio Ambiente, cubriendo una superficie cercana a los 5,6 millones de hectáreas. Más allá de su riqueza en biodiversidad, estos espacios cumplen una función clave al regular el agua, disminuir el riesgo de inundaciones y ayudar a moderar las temperaturas extremas.

Los humedales comprenden una amplia variedad de ecosistemas donde el agua determina la vida vegetal y animal, incluyendo lagos, ríos, marismas, salares, turberas y zonas costeras. Su capacidad para almacenar agua los convierte en un componente estratégico frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. En ese sentido, el biólogo ambiental y director del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago, Darío Moreira, explica que durante episodios de precipitaciones intensas estos ecosistemas funcionan como verdaderas barreras naturales para reducir el impacto de las crecidas.

“Técnicamente estamos hablando de su capacidad de regulación del flujo hídrico y, por lo tanto, mitigación de inundaciones. Esta capacidad responde a las propiedades físicas, biogeoquímicas y estructurales de este tipo de ecosistema”, señala el especialista. Según explica, los suelos de los humedales contienen grandes cantidades de materia orgánica acumulada en condiciones de escasez de oxígeno, formando una estructura altamente porosa que retiene enormes volúmenes de agua. A ello se suma la vegetación característica, compuesta por juncos, totoras y otras especies que disminuyen la velocidad de las corrientes, favoreciendo la infiltración del agua hacia las napas subterráneas y reduciendo el riesgo de inundaciones aguas abajo.

Pero su aporte no termina cuando cesan las lluvias. Para Moreira, los humedales también desempeñan un rol decisivo durante los episodios de calor extremo. Debido a la capacidad del agua para absorber grandes cantidades de energía sin elevar rápidamente su temperatura, estos ecosistemas funcionan como reguladores térmicos naturales. “Ante el aumento de calor, ese calor evapora el agua generando un efecto de enfriamiento evaporativo que puede reducir la temperatura ambiental local en varios grados respecto a las zonas urbanas o agrícolas adyacentes”, explica el académico, destacando que este fenómeno contribuye a disminuir los efectos de las islas de calor presentes en muchas ciudades.

Pese a estos beneficios, el especialista advierte que conservar los humedales no significa impedir completamente el acceso de las personas. “Proteger un humedal no implica necesariamente aislarlo de la sociedad, sino gestionar el territorio bajo el principio de capacidad de carga e integridad ecológica”, afirma. Para ello propone controlar el ingreso de nutrientes provenientes de actividades agrícolas y urbanas, mantener el flujo natural del agua, evitar la fragmentación causada por obras de infraestructura y desarrollar espacios de uso público mediante pasarelas elevadas y zonas especialmente destinadas a la educación ambiental, sin afectar los sectores más sensibles del ecosistema.

El investigador sostiene que una gestión adecuada también requiere establecer normas claras para proteger la fauna y la flora que habitan estos espacios. Entre ellas menciona la prohibición del ingreso de mascotas, la reducción del ruido y la restricción de actividades motorizadas que puedan alterar el equilibrio ecológico. En un escenario marcado por el cambio climático y la mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, los humedales aparecen como una infraestructura natural indispensable para fortalecer la resiliencia ambiental del país y preservar uno de los patrimonios ecológicos más valiosos de Chile.

La lagartija negroverdosa revela un mapa genético que cambia su conservación

Antes de desaparecer entre los bosques y quebradas de la cordillera de la Costa y de los Andes, la lagartija negroverdosa ha dejado una pista clave para la ciencia. Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Chile reveló que esta especie endémica no constituye una única población homogénea, sino que está dividida en grupos genéticamente diferenciados que habitan las llamadas “islas del cielo”, ecosistemas montañosos aislados donde la conectividad entre individuos es prácticamente inexistente.

Publicada en la revista científica Animal Conservation, la investigación “Highly Isolated Populations of a Lizard Inhabiting Sky Islands: A Challenge for Conservation” analizó el ADN de 175 ejemplares provenientes de distintas cumbres de Chile central. Los resultados muestran que, aunque las lagartijas mantienen intercambio genético entre sectores cercanos de una misma montaña, ese flujo desaparece casi por completo entre cordones montañosos distintos. Esto significa que cada población ha seguido una trayectoria evolutiva propia, un hallazgo que obliga a replantear las estrategias de conservación de la especie.

“En las cumbres se producen verdaderos microclimas que están aislados de las zonas inferiores. Si cambian sus condiciones, las especies que viven allí no tienen hacia dónde escapar. No es simplemente bajar, cruzar un área intervenida o una vegetación a la que no están acostumbradas y subir a otra montaña”, explica Jorge Mella-Romero, autor principal del estudio. A partir del análisis genético, el equipo identificó cinco poblaciones que deberían ser consideradas de forma independiente: El Roble, Cantillana, Los Caracoles, Farellones y El Yeso. “Al analizar una escala más reciente aparecen cinco unidades de las que deberíamos preocuparnos. Esto permite establecer prioridades, porque los recursos para conservación siempre son limitados y no todas las poblaciones enfrentan hoy el mismo nivel de amenaza”, sostiene el investigador.

Uno de los casos que más preocupa es el de Altos de Cantillana. Según el estudio, esta población presenta un prolongado descenso en su tamaño poblacional efectivo durante los últimos mil años, una disminución que se intensificó en los dos siglos más recientes y que se suma al fuerte aislamiento geográfico y a la creciente intervención humana de su entorno. Además, los modelos climáticos proyectan que este será uno de los hábitats más afectados por el cambio climático, convirtiéndolo en la principal prioridad para futuras acciones de protección.

Frente a este escenario, los investigadores plantean que la conservación deberá considerar medidas mucho más específicas que las aplicadas hasta ahora. Entre las alternativas aparece la migración asistida, una estrategia que consistiría en trasladar ejemplares hacia ecosistemas donde puedan sobrevivir bajo las futuras condiciones climáticas. Sin embargo, advierten que esta opción requiere una evaluación científica exhaustiva antes de implementarse. “No es llegar y trasladarlas, antes deben realizarse estudios para evaluar si esos ambientes son apropiados, qué riesgos existen y cuáles podrían ser las consecuencias. La migración asistida es una posibilidad que debemos investigar para saber si puede ser útil frente a un cambio global acelerado”, enfatiza Mella-Romero.

Más allá de la lagartija negroverdosa, la investigación abre una nueva mirada sobre la conservación de la biodiversidad chilena. Al integrar genética, ecología y proyecciones climáticas, el trabajo propone que proteger una especie implica reconocer la diversidad que existe dentro de ella y diseñar estrategias diferenciadas para cada población. “Estamos generando información que permite identificar qué poblaciones necesitan acciones urgentes. Proteger una especie no puede significar tratar a todos sus grupos como si fueran iguales, porque en cada uno existe una parte distinta de su historia”, concluye el investigador.

El avance del pino pone en jaque al bosque maulino

El verano de 2017 quedó marcado en la memoria colectiva de Chile por los megaincendios que arrasaron cientos de miles de hectáreas entre las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío. Ocho años después, las llamas siguen dejando huellas visibles en algunos de los ecosistemas más frágiles del país. Una nueva investigación científica advierte que el verdadero peligro para el ruil, una de las especies arbóreas más amenazadas de Chile, no terminó cuando se apagó el fuego.

Un estudio publicado en la revista especializada Frontiers in Plant Science reveló que los bosques maulinos costeros están enfrentando una transformación acelerada tras los incendios. El problema no radica únicamente en la pérdida de vegetación nativa, sino en la rápida expansión de Pinus radiata, una especie exótica que ha colonizado masivamente las zonas afectadas. El fenómeno está modificando la estructura ecológica de estos bosques relictos y comprometiendo seriamente la capacidad de recuperación del ruil, árbol endémico que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

La investigación identificó escenarios especialmente críticos en sectores donde el fuego alcanzó una alta severidad. En algunos de estos lugares, la densidad de pinos llegó a los 9.760 individuos por hectárea cinco años después del incendio. Esta invasión genera una competencia desigual por recursos fundamentales como agua, luz y nutrientes, precisamente en las etapas más sensibles para la regeneración de las especies nativas. Mientras el bosque intenta recuperarse, el pino avanza con rapidez ocupando los espacios disponibles.

Claudia Leal, ingeniera en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, doctorante de la Universidad de Freiburg y autora principal del estudio, advierte sobre la magnitud del problema. “Se ha registrado que las plántulas de ruil crecen rodeadas de pino en una proporción alarmante: por cada plántula de ruil pueden establecerse hasta diez de pino en su entorno inmediato, limitando severamente su capacidad de recuperar el espacio perdido tras el fuego”, explicó.

Aunque el ruil posee mecanismos naturales de resiliencia, como la capacidad de rebrotar desde su base y generar regeneración por semillas, estos procesos resultan insuficientes frente a una especie diseñada para prosperar después de los incendios. El Pinus radiata libera grandes cantidades de semillas que germinan rápidamente tras el fuego, consolidando un ciclo que favorece su expansión. Cada nuevo incendio facilita aún más su establecimiento, aumentando la acumulación de combustible vegetal y elevando las probabilidades de futuras emergencias forestales.

Mauro González, académico de la Universidad Austral de Chile, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y coautor del estudio, sostiene que esta dinámica amenaza directamente la supervivencia del bosque nativo. “Los que son capaces de recuperarse después del incendio son los pinos. Además, no solo el pino genera un problema, obstaculizando la recuperación del bosque maulino, sino que este también se ve afectado por las condiciones climáticas actuales, a diferencia del pino, que está más adaptado a condiciones más secas y cálidas”, señaló.

El escenario se vuelve aún más complejo debido a la fragmentación histórica del paisaje. Los remanentes de bosque de ruil sobreviven rodeados por extensas plantaciones forestales de pino, lo que facilita la dispersión de semillas invasoras y aumenta la vulnerabilidad frente a nuevos incendios. Para los investigadores, el riesgo ya no es solamente ecológico, sino también patrimonial. El ruil forma parte de un ecosistema único en el mundo y su desaparición representaría una pérdida irreparable para la biodiversidad chilena.

La advertencia de los científicos es clara. Sin medidas de manejo y restauración, la extinción local del ruil podría convertirse en una realidad durante las próximas décadas. “En este contexto, la extinción local se convierte en un escenario altamente probable si no se implementa un manejo de control y erradicación de las especies invasoras en el hábitat de estos bosques relictos”, advirtió Claudia Leal.

Frente a este panorama, el estudio propone actuar con urgencia mediante monitoreo satelital, control temprano de pinos invasores, restauración ecológica y una coordinación efectiva entre comunidades locales, organismos públicos y empresas forestales. En un contexto marcado por el cambio climático, la sequía y el aumento de los incendios forestales, el futuro del ruil dependerá de la capacidad de intervenir a tiempo. Lo que está en juego no es únicamente la supervivencia de un árbol, sino la permanencia de uno de los últimos vestigios del bosque maulino costero.

El Niño se activa y Chile entra en fase de incertidumbre climática

Tras meses de señales en el océano Pacífico ecuatorial, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó oficialmente la presencia de condiciones asociadas a El Niño costero. El fenómeno, conocido por alterar patrones globales de temperatura y precipitación, vuelve a instalarse como una pieza clave en el tablero climático de un país que lleva más de una década bajo estrés hídrico.

El evento ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan de forma anómala y se acoplan con la atmósfera, modificando la circulación de vientos y humedad a escala planetaria. Pablo Sarricolea, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile e investigador del CR2, lo sintetiza así: “la declaración se hace cuando se cumplen dos condiciones a la vez: las temperaturas del Pacífico ecuatorial superan el promedio en 0,5 °C y el componente atmosférico acompaña. Esto refleja un acoplamiento océano-atmósfera, que es lo que distingue El Niño real de un simple calentamiento superficial del mar”.

Según el informe de la NOAA, existe un 63% de probabilidad de que este evento alcance una categoría muy fuerte entre noviembre y enero, lo que lo posicionaría entre los episodios más intensos desde 1950. Sin embargo, los especialistas insisten en evitar lecturas automáticas sobre sus impactos en Chile, donde la relación con las lluvias es compleja y no lineal.

En el país, El Niño suele asociarse a un aumento de precipitaciones en la zona centro y centro-sur, pero el vínculo no es directo. Sarricolea lo aclara con precisión: “No es correcto asociar automáticamente El Niño con más lluvias en Chile, porque hay otras condiciones que las modulan. La relación es probabilística y no de causa-efecto. El mensaje correcto es que El Niño mueve la aguja hacia más lluvia, no que garantiza lluvia”.

Más allá del volumen de precipitaciones, el verdadero punto crítico está en cómo esa agua se comporta en un territorio ya tensionado por la megasequía. El especialista advierte que el fenómeno puede elevar la isoterma cero, lo que implica que parte de la nieve en cordillera podría transformarse en lluvia. “El punto crítico para el agua es que más lluvia no equivale automáticamente a más reservas utilizables. El Niño tiende a elevar la isoterma cero, así que parte de lo que normalmente sería nieve podría caer como lluvia líquida en cordillera”, explica.

Ese cambio altera directamente la forma en que Chile almacena agua. Menos nieve significa menos reservas naturales para primavera y verano, mientras que lluvias más intensas pueden generar crecidas rápidas, turbidez en ríos y riesgos de aluviones. En paralelo, el investigador recuerda que un solo evento no revierte la crisis hídrica acumulada: “La megasequía lleva más de una década de déficit estructural en Chile central. Un invierno húmedo de El Niño es una pausa, no una reversión de la sequía. La recuperación de acuíferos y aguas subterráneas va muy por detrás de lo que aporta una sola temporada”.

El escenario, entonces, no es de solución, sino de preparación. Sarricolea insiste en que el mayor riesgo no es solo la escasez de agua, sino su exceso concentrado en poco tiempo, con consecuencias urbanas y naturales: “El principal riesgo no es solo la falta de agua, sino la posibilidad de mucha agua junta: aluviones, anegamientos y marejadas”. En ese marco, la atención se concentra en zonas como la región Metropolitana, Valparaíso, el centro-sur agrícola y el borde costero, donde los impactos suelen amplificarse.

Lejos del alarmismo o de la idea de un “super El Niño” determinista, los expertos llaman a leer el fenómeno como lo que es: un modulador de probabilidades en un sistema ya alterado por el cambio climático. “Más probabilidad de lluvia, sí; solución a la sequía, no; motivo para prepararse, claramente”, resume Sarricolea, en una frase que condensa el tono con el que Chile deberá enfrentar los próximos meses.

El agua se vuelve urgente y América Latina aún no logra ponerse al día

Mientras el discurso global habla de sostenibilidad como si fuera tendencia, en América Latina el acceso al agua sigue siendo una deuda estructural. En la novena reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizada por la CEPAL, el foco se puso en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, ese que apunta a garantizar agua limpia y saneamiento. Lo que salió de esa mesa no fue optimismo, sino una alerta: el ritmo actual no alcanza.

Rene Orellana Halkyer, representante regional de la FAO, lo planteó sin rodeos. “En relación con el ODS 6, si bien se observan avances en la región, estos siguen siendo insuficientes para alcanzar las metas al 2030 y reflejan persistentes desigualdades. El 20% de la población con menores ingresos destina proporcionalmente 1,6 veces más de sus recursos a agua y saneamiento que el 20% con mayores ingresos, con rezagos más pronunciados en hogares vulnerables, comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres y territorios rurales y periféricos”. La brecha no es solo hídrica, es social.

Las cifras refuerzan el diagnóstico. “Al ritmo actual, solo el 19% de las metas del ODS 6 se alcanzaría, mientras el 42% avanza lentamente y el 39% se mantiene estancado o en retroceso”, advirtió Orellana Halkyer. El dato más crítico conecta directamente con la producción de alimentos: la agricultura consume cerca del 72% del agua dulce disponible a nivel mundial. En ese escenario, hablar de desarrollo sostenible sin transformar los sistemas agroalimentarios es, básicamente, un discurso vacío.

El debate también aterrizó en experiencias concretas. Desde Colombia, Ruth Quevedo expuso que la mayoría de los conflictos en la región están vinculados al agua, empujando a repensar la gestión desde la equidad más que desde la escasez. La idea es clara: el problema no es solo cuánto recurso hay, sino cómo se distribuye. En Paraguay, David Fariña apuntó a la presión creciente sobre las aguas subterráneas y a la necesidad de construir sistemas de monitoreo en tiempo real que superen las fronteras políticas, especialmente en ecosistemas compartidos como el acuífero Guaraní.

Chile también apareció en la conversación desde la innovación aplicada. Hernán Chiriboga, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, mostró avances que mezclan tecnología y sentido práctico, desde sistemas de captación de agua hasta técnicas de riego que reducen en casi un 50% el uso hídrico en cultivos como el arroz. Incluso soluciones más simples, como huertas con vasijas porosas enterradas, están demostrando que la eficiencia no siempre depende de grandes infraestructuras, sino de creatividad aplicada al territorio.

Desde la academia, James McPhee, de la Universidad de Chile, puso el foco en el rol del conocimiento. La ciencia, dijo, tiene que ser útil, traducible y precisa para quienes toman decisiones. Hoy, con herramientas que permiten monitorear el planeta desde el espacio y entender mejor la variabilidad climática, el problema ya no es la falta de información. Es qué se hace con ella.

Al cierre, la conclusión fue incómoda pero honesta. América Latina tiene conocimiento, тәжіencia y soluciones para avanzar en el ODS 6. El freno no es técnico. Es político, institucional y de escala. Porque en un contexto donde el cambio climático ya no es futuro sino presente, el agua dejó de ser un recurso más. Es el eje donde se juega todo.

Incendios forestales y el negocio de la catástrofe en Chile

En el Aeródromo de Tobalaba, el Presidente Gabriel Boric presentó el Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales, un programa que destina 160 mil millones de pesos para enfrentar uno de los problemas más persistentes del país. Durante la actividad, el mandatario fue enfático: “la prevención es un deber, una responsabilidad compartida, porque como hemos dicho año tras año, el 99% de los incendios son por causa humana”. La frase resonó en un contexto en el que Chile acaba de registrar su peor temporada en más de una década, con 5.815 incendios forestales durante 2024, la cifra más alta desde 2010.

Sin embargo, para muchos especialistas, las causas del fuego no se apagan con discursos ni cifras récord de inversión. El académico Jorge Morales, exdirector regional de Conaf en la Región del Biobío y actual docente de la Universidad de Santiago, fue categórico al evaluar el anuncio presidencial: “En Chile no se hace prevención de incendios forestales”. En conversación con Diario Usach, el experto explicó que la verdadera prevención no se mide por campañas comunicacionales, sino por la reducción efectiva de los siniestros. “El único indicador real es el número de incendios ocurridos. Y esos números no dejan de crecer”, enfatizó.

Morales critica el enfoque superficial con el que el país ha enfrentado el problema. Según él, el concepto de “campaña” es obsoleto, y los esfuerzos actuales no van más allá del marketing político. “La prevención de incendios es una rama de la Ingeniería Forestal y una labor que dura todo el año. Pero Chile todavía cree que prevenir es hacer spots de verano”, sostuvo. Para el especialista, la raíz del problema está en la inacción estructural, más que en la falta de conocimiento ciudadano. “No es que la gente no sepa que los incendios son malos; es que los provoca de forma intencional o accidental. Esto no se resuelve con charlas escolares”, añadió.

El diagnóstico es lapidario: Chile trata los incendios como si fueran desastres naturales cuando en realidad son fallas humanas y políticas. “Cada vez que ocurre un incendio, significa que la prevención fracasó”, apunta Morales. En su análisis, la Senapred sigue actuando bajo la lógica de la emergencia y no de la anticipación. “Somos fantásticos para apagar incendios, tenemos bomberos, brigadistas, aviones y camiones aljibe. Pero no hacemos nada para prevenirlos. El negocio es el incendio, no la prevención”, sentencia el académico, con una ironía que refleja frustración más que cinismo.

Sobre el proyecto de Ley de Incendios presentado en 2023, Morales tampoco se guarda críticas. “Esa es una ley que no sirve para nada. Chile no necesita una ley para prevenir incendios forestales, lo que necesita es hacerlo”, afirmó. Para él, las respuestas legislativas tras cada catástrofe son una constante histórica. “En nuestro país, cuando hay un problema, se crea una ley. Tenemos vocación de catástrofe: sabemos cómo apagar incendios, cómo hacer colectas y hasta cómo vender más en ferreterías después de un desastre. Pero seguimos sin invertir en evitar que ocurran”.

Mientras tanto, los riesgos crecen con el calor. Morales advierte que “donde haya una persona, puede haber un incendio forestal”. Según sus datos, las regiones de Valparaíso y O’Higgins concentran los siniestros más graves entre noviembre y diciembre, mientras que en enero y febrero el fuego se traslada al sur del país. Pero también hay una nota de esperanza en medio del caos: junto al académico Leoncio Briones, Morales trabaja en un proyecto de inteligencia artificial capaz de predecir incendios forestales mediante modelos de gemelos digitales y una base de datos de más de 150 mil siniestros. “Estamos probando algoritmos que permiten anticipar con un alto grado de certeza dónde podrían iniciarse nuevos incendios. Como estos son provocados por humanos, se pueden presagiar”, concluye.

El desafío está sobre la mesa: transformar la “vocación de catástrofe” en una cultura real de prevención. Porque si algo demuestran las cifras y las cenizas, es que en Chile el fuego no se extingue con promesas, sino con acciones concretas y una voluntad política que aún no termina de encenderse.

Científicos chilenos y europeos buscan el pasado climático del desierto más árido del mundo

Por siglos, el desierto de Atacama ha sido un símbolo de extremos: un paisaje donde la vida resiste lo imposible y donde la sequedad parece eterna. Pero la historia geológica cuenta otra versión. Este territorio, considerado el desierto cálido más árido del planeta, no siempre fue tan seco. Su pasado está marcado por ciclos de humedad y aridez que aún intrigan a la ciencia. Hoy, un grupo internacional de investigadores busca descifrar esas huellas ocultas bajo el mar, en una misión científica sin precedentes que podría cambiar lo que sabemos sobre el clima del norte de Chile.

La expedición ‘Sonne’ —a bordo de uno de los buques de investigación oceanográfica más modernos del mundo— zarpó con un objetivo ambicioso: entender cómo las corrientes del Pacífico, especialmente la corriente de Humboldt, influyeron en los cambios climáticos que moldearon al desierto de Atacama durante millones de años. En otras palabras, la misión busca conectar el pulso del océano con la respiración del desierto.

El Dr. Cyrus Karas, académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago, forma parte del equipo de científicos que participan en esta travesía. “Vamos a reconstruir las corrientes y temperaturas de la columna de agua, desde la superficie hasta el mar profundo; un lugar interesante donde podemos rastrear los cambios climáticos en el desierto es, por ejemplo, el mar donde desemboca el río Loa. Esto es porque los sedimentos transportados al océano por este río dependen de la precipitación en el continente”, explicó el investigador.

El plan de trabajo incluye la recuperación de núcleos de sedimentos desde el fondo marino, verdaderos archivos naturales que registran la historia climática del planeta. Cada capa de sedimento funciona como una página de un libro, acumulando información sobre lluvias, temperaturas y procesos ambientales que ocurrieron hace miles o incluso millones de años. Antes de extraerlos, los investigadores deben mapear con precisión el fondo marino mediante tecnología hidroacústica para localizar los puntos más prometedores. “La recuperación puede incluir tubos cortos, de menos de un metro, hasta núcleos de varios metros. Luego abriremos estos núcleos y describiremos la sedimentología y tomaremos muestras para análisis geoquímicos posteriores”, detalló Karas.

El equipo está compuesto por especialistas en geología, microbiología, micropaleontología y oceanografía, provenientes de Chile, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. En total, el buque Sonne cuenta con 17 laboratorios y una tripulación científica de hasta 40 personas. La coordinación principal está a cargo del Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina (AWI), junto a la Universidad de Colonia, que lidera la jefatura científica de la expedición. El propio Karas subraya el valor del trabajo colaborativo: “El tiempo en el barco es muy caro y tiene que ser utilizado eficazmente. No se trata de una investigación individual, sino de un esfuerzo colectivo que une distintas disciplinas”.

Más allá del aspecto técnico, la relevancia de esta investigación es profundamente contemporánea. Comprender los mecanismos que impulsaron los cambios climáticos del pasado en el norte de Chile puede ofrecer pistas cruciales sobre el presente del calentamiento global. En un contexto donde los patrones meteorológicos se vuelven cada vez más erráticos, descifrar la relación entre el mar y el desierto es una manera de leer el futuro.

El Sonne no solo transporta instrumentos y científicos, sino también la esperanza de entender cómo la historia natural del Atacama puede ayudar a anticipar las transformaciones que ya enfrenta el planeta. La ciencia, en este caso, no busca solo conocimiento: busca memoria.