La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acaba de lanzar un informe que arroja luces; y muchas alertas, sobre el rol de las mujeres en los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe. Bajo el título La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, esta edición regional actualiza el análisis global presentado en 2023 y revela una constante: aunque las mujeres son esenciales para el funcionamiento del mundo rural, siguen relegadas del acceso igualitario a los recursos, las decisiones y los beneficios.

Según el reporte, las mujeres representan un 36 % de la fuerza laboral en el sector agroalimentario de la región. Pero más de dos tercios de ellas están concentradas en tareas no agrícolas, como el procesamiento de alimentos, la venta y comercialización, mientras que su presencia en rubros mejor remunerados, como el transporte, es casi marginal. En otras palabras, hacen funcionar la cadena alimentaria, pero se mantienen lejos de sus eslabones más rentables.

Un dato contundente que recoge el informe es que la inseguridad alimentaria golpea más a las mujeres que a los hombres. En 2022, la brecha de género en el acceso a una alimentación suficiente alcanzó los 9,1 puntos porcentuales. La pandemia no solo agudizó estas diferencias, sino que dejó al descubierto la fragilidad de un sistema que recarga a las mujeres con labores no remuneradas de cuidado y del hogar, dificultando su acceso a empleos estables o capacitaciones productivas.

Las cifras revelan que el 55 % de quienes trabajan en manufactura de alimentos y el 52 % en comercio dentro del sector agroalimentario son mujeres. Sin embargo, esta alta participación no se refleja en una mejora real de su acceso a tierras, agua, financiamiento o tecnologías. La desigualdad estructural también se evidencia en la baja representación femenina en la toma de decisiones, tanto en organizaciones campesinas como en la formulación de políticas públicas.

Paradójicamente, América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde ha aumentado la participación de mujeres en la agricultura en los últimos 20 años. Pero ese crecimiento no se ha traducido en un mayor poder económico ni en mejores condiciones laborales. La mayoría de las mujeres rurales sigue enfrentando trabajos temporales, a tiempo parcial o en condiciones de informalidad.

Maya Takagi, Líder del Programa Regional de la FAO, fue clara durante el lanzamiento del documento: “Necesitamos políticas públicas transformadoras que reconozcan los múltiples roles de las mujeres rurales, desde la producción y el comercio hasta el cuidado. No se trata de integrar a las mujeres en un sistema desigual, sino de transformar ese sistema desde sus cimientos”.

Una de las grandes preocupaciones del informe es la falta de voluntad política reflejada en las normativas vigentes. Solo el 26 % de las políticas agrarias analizadas en la región incluye la igualdad de género como un objetivo explícito, y menos del 15 % aborda temas clave como normas sociales discriminatorias, el cambio climático o la resiliencia. Aun así, hay un punto de optimismo: América Latina y el Caribe ha liderado la integración del enfoque de género en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), lo que podría marcar un punto de inflexión para avanzar hacia políticas más justas e inclusivas.

Entre las recomendaciones, el informe propone reformas legales que garanticen la propiedad conjunta de tierras, el diseño de programas con enfoque de género transformador, el acceso equitativo a tecnologías, servicios financieros y capacitación, y el fortalecimiento de la acción colectiva como herramienta para ampliar el poder de negociación de las mujeres frente a crisis y desafíos estructurales.

El informe de la FAO no solo evidencia la invisibilidad de las mujeres rurales en los datos y decisiones, sino que también posiciona su empoderamiento como una condición clave para alcanzar la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la justicia social en toda la región. Mientras ellas sigan siendo una mayoría sin voz ni propiedad, los sistemas agroalimentarios seguirán operando en desequilibrio.