Tras la aprobación de la megarreforma en el Congreso, el Gobierno de José Antonio Kast puso la seguridad pública en el centro de su agenda con el anuncio de la nueva “Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)”. Entre las medidas que comienzan a tomar forma aparece una propuesta especialmente dura: crear un régimen penitenciario especial para los internos de mayor peligrosidad, particularmente aquellos que continúan dirigiendo organizaciones criminales desde las cárceles.
El modelo que aparece como referencia es el artículo 41-bis de la legislación italiana, un régimen creado en 1975 y endurecido durante los años noventa, en plena ofensiva del Estado italiano contra las organizaciones mafiosas. La lógica detrás de esta herramienta es directa: cortar las comunicaciones entre los líderes encarcelados y las estructuras criminales que permanecen operativas fuera de los recintos penitenciarios. En Chile, Kast ya había planteado estudiar esta alternativa durante una visita a Italia en febrero, bajo la idea de “recuperar el control de las cárceles”.
El 41-bis, conocido también como régimen de “cárcel dura”, contempla condiciones de aislamiento mucho más estrictas que las del sistema penitenciario ordinario. Entre sus principales características se encuentran hasta 21 horas diarias dentro de la celda, restricciones a las visitas y comunicaciones y un máximo de tres horas de salida al patio. La medida busca limitar los canales mediante los cuales los internos pueden transmitir órdenes, coordinar acciones o mantener vínculos con las organizaciones criminales que operan en el exterior.
La discusión no es solamente política. Durante un seminario realizado en la Universidad Diego Portales, donde se analizó la eventual aplicación de un sistema similar en Chile, Angela Della Bella, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Estatal de Milán, explicó el origen de la experiencia italiana. “La incapacidad del presidio ordinario para neutralizar la peligrosidad de los presos de la delincuencia organizada (italiana) era clara. La necesidad de romper los vínculos entre el preso y la asociación criminal exterior, para evitar que siguiera dando órdenes, es lo que llevó al nacimiento del régimen del 41 bis en Italia”.
En Chile, uno de los problemas que complejiza cualquier intento de trasladar este modelo es la propia estructura de las cárceles. El académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Mauricio Olavarría, advierte que durante décadas se ha desarrollado una cultura penitenciaria marcada por espacios colectivos de alta concentración de internos. “Esto ha llevado a que muchos internos vivan en los llamados ‘carretes’ o ‘piezones’, que son grandes espacios colectivos donde conviven decenas de personas”, describió.
Olavarría reconoce que la experiencia italiana “ha contribuido a limitar la capacidad operativa de las mafias y a reducir determinadas expresiones de violencia”, pero advierte que el modelo no puede entenderse como una fórmula definitiva. “No existe una solución definitiva. El crimen organizado es un fenómeno dinámico que permanentemente adapta sus estrategias frente a las medidas adoptadas por el Estado. En ese sentido, ninguna política constituye una respuesta permanente”, afirmó.
La eventual creación de un régimen de estas características abre así un debate que va más allá de aumentar el nivel de aislamiento de determinados presos. El desafío será determinar si Chile cuenta con la infraestructura, los mecanismos de control y las capacidades institucionales necesarias para evitar que los líderes del crimen organizado continúen operando desde las cárceles, sin convertir la política penitenciaria en una respuesta aislada frente a un fenómeno que cambia constantemente.
Para el académico de la Usach, esa es precisamente la principal incógnita. La “eficacia de cualquier modelo penitenciario sólo puede evaluarse con el paso del tiempo y a partir de su capacidad para adaptarse a una realidad criminal que también evoluciona de manera permanente”, concluyó Olavarría. La experiencia italiana puede servir como referencia, pero la discusión chilena recién comienza y tendrá que resolver cómo adaptar una herramienta nacida en el combate contra la mafia a las particularidades del crimen organizado local.