Más de 11 mil kilómetros separan a la Universidad de Chile de la Universidad de Manchester, sin embargo, la distancia es relativa cuando hablamos de colaboración para abordar desafíos globales. Así lo destaca el video de lanzamiento del programa de doctorado/PHD en Ingeniería Eléctrica que, de ahora en adelante, ambas instituciones ofrecerán en conjunto, una iniciativa que busca profundizar la colaboración científica existente entre ambos planteles. La ceremonia de lanzamiento contó con la participación de la Presidenta y vicerrectora de la Universidad de Manchester, Nancy Rothwell; el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Aisén Etcheverry; y los embajadores Louise De Sousa y David Gallagher, entre otras autoridades, académicos y académicas.

Nancy Rothwell destacó que este programa busca consolidar la investigación conjunta de ambas instituciones en el área eléctrica. “En Manchester, una piedra angular de nuestra estrategia internacional son las asociaciones. Ningún país tiene el monopolio del talento y solo a través de asociaciones globales podemos abordar los principales desafíos para nuestro planeta y nuestra sociedad. Estas asociaciones también son esenciales para producir futuras generaciones de ciudadanos globales capacitados, capaces de llevar adelante nuestros valores y garantizar la paz mundial”, comentó.

El Rector Ennio Vivaldi, en tanto, valoró esta iniciativa que forma parte de una colaboración a largo plazo sustentada en una investigación conjunta para mejorar la resiliencia del suministro eléctrico nacional frente a desastres socionaturales, un trabajo que fue distinguido el año 2018 por el prestigioso Newton Prize que otorga el gobierno Británico.

“Creemos que este tipo de actividades colaborativas son la mejor contribución que podemos hacer en este momento de incertidumbre que enfrenta la humanidad. El trabajo transdisciplinario, la relación de las universidades y la complementariedad de nuestros esfuerzos para avanzar en el compromiso social son fundamentales para brindar soluciones en este contexto”, afirmó al respecto.

La directora nacional de ANID, Aisén Etcheverry, señaló además que “estas iniciativas también son una experiencia de aprendizaje para nuestra Agencia. Hoy nos encontramos acá como un actor en el ecosistema que aprende de nuestras instituciones que nos guían para crear una ciencia y tecnología más fuerte. Nosotros como país estamos pasando por un período de cambios profundos. Estamos discutiendo cómo crear una mejor sociedad para nuestros ciudadanos y en ese proceso la ciencia y el conocimiento tienen que desempeñar un papel clave. La Universidad de Chile ha sido líder en esas conversaciones al generar conocimiento para nuestro país y también al desplazar las fronteras del conocimiento y de las capacidades, y el lanzamiento de este programa de doble grado doctoral es un ejemplo de ello”.

Uno de los principales focos de esta nueva plataforma consistirá en el desarrollo de soluciones para una mayor resiliencia de los sistemas eléctricos, tema central de la investigación conjunta distinguida con el Newton Prize. Este proyecto, liderado desde Chile por el académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Rodrigo Moreno, fue además un estudio de referencia para el nuevo “Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de Planificación de la Transmisión”, promulgado el pasado mes de marzo por el Ministerio de Energía. 

La investigación, mediante modelos matemáticos, realizó un diagnóstico de los puntos vulnerables de nuestro sistema eléctrico ante desastres naturales y entregó directrices para contribuir a una mayor resiliencia frente a este tipo de eventos y formas “inteligentes” de restaurar el suministro eléctrico. El trabajo también ha dado lugar a aplicaciones globales, incluidos varios países ubicados alrededor del Cinturón de Fuego del Pacífico que están expuestos al riesgo de terremotos y tsunamis.

De esta forma, el doctorado o PHD dual permitirá a jóvenes científicos de ambos planteles trabajar -entre otras líneas de investigación- en el desarrollo de soluciones en torno a este y otros desafíos comunes y globales asociados a la sustentabilidad eléctrica, como la descarbonización y desarrollo de las energías renovables no convencionales o en el ámbito de las telecomunicaciones. El programa fortalecerá el trabajo colaborativo en torno a proyectos que serán supervisados por académicos de ambas instituciones. Este contempla una duración de cuatro años en total, período en el que los investigadores deberán realizar dos años en la Universidad de Chile y dos años en la Universidad de Manchester.

Rodrigo Moreno subrayó la importancia de esta iniciativa conjunta que reúne a dos instituciones líderes y que a futuro busca extenderse hacia otras áreas y disciplinas. Sobre la Universidad de Manchester, el académico de la U. de Chile recalcó que es una institución pionera en la investigación eléctrica y en la formación avanzada en esta área, al ser la primera en el mundo en realizar un programa formal de postgrado en sistemas de potencia/energía hace más de 50 años y ser la cuna de avances significativos como el flujo de potencia desacoplado rápido. Destacó además que cuenta con 23 Premio Nobel en su historia y, actualmente, mantiene la mayor cantidad de profesores galardonados con este premio investigando y enseñando en sus aulas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzaron este lunes 14 de junio la edición N⁰ 24 de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (junio 2021), disponible desde ahora en internet, en la cual analizan el efecto de la crisis provocada por el COVID-19 en los principales indicadores del mercado laboral en 2020.

Según el documento, los mayores impactos se observaron en el segundo trimestre del año pasado cuando se implementaron las medidas de confinamiento y contención de la pandemia. Estas medidas produjeron una fuerte caída en la actividad económica, en el empleo y en las horas trabajadas. Muchos trabajadores, principalmente informales no pudieron continuar con sus labores productivas y debieron retirarse del mercado lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar en forma contra-cíclica como en crisis anteriores. Asimismo, el cierre de los servicios de cuidado y de las escuelas implicó una fuerte carga de trabajo al interior de los hogares, que en general se reparte desequilibradamente sobrecargando especialmente a las mujeres. 

A partir del tercer trimestre del año se observa un regreso de los trabajadores al mercado laboral y un paulatino aumento del empleo. Sin embargo, el año 2020 finalizó con niveles inferiores de participación y ocupación y niveles superiores de desocupación respecto a los observados previo a la pandemia.

“Dada la profundidad del impacto de la crisis en 2020 en los mercados laborales de la región, los países deberán implementar políticas que estimulen la generación de empleos particularmente en los grupos más vulnerables como los jóvenes y las mujeres”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y  Vinícius Pinheiro, Director Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, en el prólogo del documento. También ambos directivos destacaron la importancia de regular las nuevas formas de contratación a través de plataformas digitales.

Según el informe, la contracción del empleo en 2020 fue mucho más profunda en sectores como hotelería (19,2%), construcción (11,7%), comercio (10,8%) y transporte (9,2%), que en conjunto concentran cerca del 40% del empleo regional. A su vez, la industria (8,6%) y otros servicios (7,5%) también registraron contracciones, mientras que en agricultura la pérdida de empleos fue comparativamente menor (2,4%).

Ambos organismos de las Naciones Unidas enfatizan que resulta primordial pensar en estrategias que permitan sentar las bases para un retorno con mejores condiciones laborales para todos los trabajadores. Esto implica apuntalar la recuperación del empleo en las categorías y sectores altamente afectados, mejorar aspectos institucionales referidos a la salud y seguridad en el trabajo, la formalización de trabajadores, la promoción de la inclusión laboral de las mujeres y la regulación adecuada a nuevas modalidades de trabajo.

En la presente edición de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, CEPAL y OIT examinan además aspectos claves del trabajo decente para los trabajadores intermediados por plataformas digitales. Durante la pandemia, estos trabajadores constituyeron una fuente de empleo muy importante debido a la necesidad de reducir los contactos personales y de mantener el reparto de bienes esenciales. Sin embargo, la evidencia sugiere que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas de trabajo, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación.

El informe destaca la necesidad de diseñar marcos regulatorios adecuados para que se cumpla con el objetivo de establecer y proteger los derechos sociales y laborales para estas nuevas modalidades de trabajo en expansión.

La Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresaron su preocupación luego de un nuevo proceso de expulsión de migrantes desde el país, llevado a cabo el pasado 6 de junio.

Para la experta en migraciones y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Daisy Margarit, el modo como se concretan las expulsiones limitan el acceso de las personas a la justicia. “Es un proceso y una medida que no les permite a las personas extranjeras ejercer sus derechos”, consideró.

La doctora en sociología y trabajadora social apuntó a que los extranjeros son notificados un jueves o viernes, y ya el domingo ya son expulsados, lo que no les permite acceder a abogados ni presentar pruebas para establecer su caso en cortes de justicia que no sesionan los fines de semana.

“Desconocer, con la expulsión, la crisis sanitaria y económica que viven en los países de origen, implica, como señaló el fallo de la Corte Suprema, atentar contra la integridad física, psíquica y emocional de las personas. Las razones, entonces, son de orden humanitario”, indicó.

“A muchas personas se les está expulsando por haber ingresado por pasos no habilitados. Aunque el hecho que atenta contra la ley migratoria, no es comparable a un delito penal”, enfatizó Margarit. “No podemos separar familias. Muchas personas que se han expulsado tienen hijos en Chile”, agregó.

Finalmente, la especialista sostuvo que debiesen haberse tomado otras medidas. “Se podrían haber analizado de manera individual cada uno de los casos y no hacer expulsiones colectivas, teniendo en consideración las reunificaciones familiares y poder generar visas temporarias, dada la crisis sanitaria que vivimos”, sintetizó.

En el Día Mundial de los Océanos, Greenpeace alerta respecto de la creciente amenaza que el plástico está siendo para los ecosistemas marinos del planeta, cuestión que ha quedado en evidencia al haberse encontrado restos plásticos en la Antártida y hasta en las fosas más profundas del planeta, a más de 10 kilómetros de distancia de la superficie.

“Hace unas semanas se aprobó en la cámara la Ley que regula los plásticos de un solo uso,  que debería ayudar a disminuir la contaminación por plásticos en nuestros mares, pero no es suficiente. Desde Greenpeace esperamos reducir los residuos que generamos y apostar por un modelo mucho más sostenible que el actual, donde los supermercados comiencen a ofrecer alternativas a sus consumidores, sostiene Soledad Acuña, vocera de Chile sin Plásticos, de Greenpeace.

Cada vez se producen más objetos de plástico, todo viene envuelto en paquetes de plástico: frutas, verduras, tallarines. Cuando nos deshacemos de ellos pueden acabar en un vertedero, ser incinerados o reciclados. Sin embargo, debido a la acción del viento y la lluvia, estos residuos también pueden llegar al mar incluso cuando los tiramos a la basura.   

“Muchas veces somos parte de la problemática ocasionada por el consumismo, porque carecemos de la información necesaria para ser capaces de sopesar los impactos que nuestro consumo tiene en el medioambiente. Debemos exigir alternativas a las empresas. Hoy en día solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado, el 12% se ha incinerado, y la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente,  indican desde Greenpeace.

Debido a que el plástico es muy persistente y se dispersa fácilmente, se pueden encontrar en todos los rincones del planeta, desde el Ártico hasta la Antártida. Una vez los objetos de plástico llegan al mar pueden ser ingeridos por la fauna marina y acumularse en su interior, pueden quedarse en suspensión o flotando en la superficie, pueden finalmente hundirse y permanecer en el fondo marino, o incluso pueden quedar atrapados en el hielo del Ártico.

 “Los plásticos que encontramos en la superficie de los océanos son la punta del iceberg, ya que representan menos del 15% de todos los plásticos que hay en el mar. Actualmente se han identificado cinco zonas de concentración conocidas como “sopas” de plásticos: una en el Índico, dos en el Atlántico (Norte y Sur) y dos en el Pacífico (Norte y Sur)”, indica Soledad Acuña.

Resulta difícil estimar el tiempo de degradación de los plásticos en el mar. Lo claro es que demoran más que en tierra, debido a que quedan cubiertos por materia orgánica o inorgánica. Durante todo este tiempo hasta que se degraden, todos los objetos de plástico que llegan al mar pueden causar graves daños a la fauna marina.

“Un 68% está de acuerdo con que, después de un rato, toda la información sobre COVID-19 empieza a sonar igual”. Ese es uno de los principales resultados del ‘Estudio sobre acceso y uso de información sobre COVID-19 en Chile’ (EIS Covid-19), dirigido por las académicas de la UDP, Macarena Peña y Lillo, y de la Universidad de Santiago, Verónica Rocamora.

El trabajo, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, a través de un concurso de asignación rápida de recursos para proyectos de investigación sobre el coronavirus, también revela que un 46% de las personas consultadas presenta algún grado de sobrecarga informativa.

Ambos resultados son parte de una encuesta nacional de carácter cuantitativo que comprendió el estudio, la cual fue aplicada a 3.592 personas mayores de 18 años residentes en Chile. Los datos fueron recogidos entre septiembre y noviembre del año 2020. Como conclusión, los autores llaman a “mantener y refrescar campañas” y “no dejar de lado la TV”.

EIS Covid-19 también contempló un sondeo cualitativo, de 90 entrevistas y enfocado en grupos de mayor riesgo ante el virus. En este, la mayor parte de las personas expresan que, para enfrentar la sobrecarga informativa, recurren a la “evitación de la información sobre COVID o selección de determinadas fuentes/medios, comprobación de información, búsqueda selectiva, etcétera”.

“Las mujeres expresan una mayor saturación respecto a la información sobre COVID-19. Como principal estrategia para enfrentarla señalan la evitación de información, especialmente aquella que consideran “negativa” con el objetivo de preservar su salud mental”, puntualiza la investigación.

El trabajo revela que los grupos de riesgo prefieren seleccionar información proporcionada por “expertos”. Además, advierte que los más afectados por esta saturación de información son los habitantes de la Región Metropolitana, quienes recurren a evitarla motivados por sentimientos como el miedo.

Finalmente, el estudio, donde también participan como investigadores Patricia Junge, Cecilia Prieto y Pablo Guzmán, y cuyo trabajo de campo fue realizado por la empresa Feedback, concluye la “importancia de tener en cuenta las diferencias en la población afectada y la necesidad de segmentar las campañas de comunicación”. 

Los resultados del proyecto serán presentados en el seminario ‘Comunicación de la salud en contexto de pandemia’, este martes 25 de mayo a partir de las 18.00 horas, por las investigadoras Peña y Lillo y Rocamora. El evento contará con la participación de Gary Kreps, experto en comunicación de la salud de la U. George Mason (EE.UU.) y asesor de la OMS, y Ximena Aguilera.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), acaba de publicar su informe anual centrado este año en el rol de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo y según uno de sus autores principales, el académico e investigador de la U. Austral de Chile, Alberto Coddou, el informe llega en un momento donde este tipo de plataformas ha crecido exponencialmente a nivel mundial, de hecho el  mismo informe revela que  “las plataformas digitales de trabajo se multiplicaron por cinco en una década”.

El Doctor en Derecho Alberto Coddou señala que el informe busca orientar el camino que deben recorrer distintos países que están tratando de regularizar la economía digital, en el marco de una creciente oferta y demanda de bienes y servicios a través de tecnologías digitales, “y que si bien puede tener efectos positivos como la generación de arreglos más flexibles como conectarse a la aplicación y trabajar cuando puedas y quieras, en la práctica, sin embargo ha generado jornadas extenuantes y situaciones riesgosas como trabajadores que están manejando más de 12 horas diarias para generar ingresos decentes”.

“Las nuevas oportunidades creadas por las plataformas digitales están volviendo cada vez más difusa la distinción que solía haber entre asalariados y autónomos”, describió la OIT en el informe.

Frente a esto Coddou explica que aquí cambian todos los conceptos y derechos básicos de un trabajador “porque aquí no existen las licencias, ni las vacaciones pagadas, nadie paga las cotizaciones, ni te despiden, ni te contratan, lo que genera un desamparo absoluto para este tipo de trabajadores, considerando que esta economía va a seguir creciendo”.  

En este tipo de trabajo en vez de un contrato de trabajo las actividades laborales se realizan a través de prestaciones de servicios, el problema agrega el investigador de la U. Austral es que “cualquier responsabilidad tiene que ver con el trabajador y no con la empresa mandante- lo que desprende varias narrativas empresariales que hablan de ser tu propio jefe o que ustedes son nuestros partner o socios, pero sin condiciones laborales mínimas”.

Asimismo, Coddou agrega que en la práctica, hay una serie de indicadores a nivel mundial que han obligado a las cortes del mundo a encontrar que en todos estos casos existen relaciones laborales. “De hecho en Chile, ya hay una sentencia de primera instancia en un Juzgado del Trabajo en Concepción, que consideró que más allá de lo que digan los términos y condiciones de estas aplicaciones, en los hechos hay una relación real que obliga al empleador hacerse cargo de todo lo que supone tener un contrato de trabajo”.

El Académico de Derecho Constitucional de la  Facultad de Ciencias Jurídicas de la U. Austral de Chile explica que durante la investigación encontraron casos terribles en que cuando trabajadores se han tratado de organizar colectivamente para defender sus derechos, ha derivado en desconexiones arbitrarias desde la aplicación como que “al día siguiente que te trataste de juntar por Facebook para una asamblea para la defensa de tus derechos como trabajador de plataforma fuiste desconectado y no tienes ni con quien ni cómo reclamar. No hay un empleador que de la cara”. 

A propósito de esto, Coddou señala que en las encuestas una de las demandas más frecuentes de los trabajadores de plataformas digitales fue “la ausencia de alguien, una persona a quien yo llamo y le reclamo, porque la impotencia que te conteste una línea automática es la distopía perfecta, habla que este sueño tecnológico es más una distopía que una utopía”, dijo Coddou.  

Con la pandemia, se acentuó aún más el desamparo en que se encuentran los trabajadores de las apps, visibilizando los riesgos y desigualdades a las que se enfrentan diariamente. Siete de cada diez aseguró según las encuestas del informe que si contraía el virus, no tendría derecho a tomarse una licencia o recibir una compensación. Las jornadas son más largas que en los trabajos tradicionales, de 65 horas semanales, y en el 79 por ciento de los casos mencionaron sufrir estrés por el trabajo, como el riesgo de sufrir lesiones físicas, el tránsito, la remuneración o la presión por conducir rápido. 

“La pandemia ha visibilizado aún más la precariedad en la que están los trabajadores de plataforma, considerando la facilidad con que estas personas pueden ingresar al mercado laboral sin la necesidad de un contrato, lo que ha incrementado la participación de la población migrante, en Chile se calcula que los trabajadores de app podrían llegar a ser 70% solo venezolanos, podría porque también es desconocido el número real de trabajadores de aplicaciones”, advierte Coddou.  

El académico de la U. Austral añade que resulta “chocante el contraste que hay entre trabajadores esenciales que al principio de la pandemia se le otorgaron permisos especiales con esta desprotección total en la que están.  Se consideran esenciales pero cualquier cosa que les pase, es responsabilidad de ellos, por ejemplo no tenían licencias médicas por enfermedad en caso de tener covid y tampoco las empresas tenían la obligación de pasarles mascarillas ni alcohol gel”

En Chile existen dos proyectos de ley que intentan regular esta precaria y difusa relación laboral entre los trabajadores de las app y un empleador, que nunca ven ni hablan: “Mi jefe es una App”, que se encuentra en la Cámara de Diputados y otra que partió en el Senado que versa sobre las garantías básicas para trabajadores de plataformas digitales. 

Coddou quien ha participado en la redacción de las dos, cree que “si bien son un avance para las garantías básicas de las personas trabajadoras que están tras las apps, la pregunta es si son los adecuados para hacerse cargo de los problemas laborales, sobretodo porque los problemas son globales, porque la mayor parte de estas compañías no son chilenas, están registradas en otros países, incluso pagan impuestos en paraísos fiscales”.

La OIT a lo que aspira con este informe global es que existan estándares internacionales que sean un mínimo entre todos los países. “Si se dan los indicadores de una relación laboral, esta tiene que reconocerse y es un compromiso que todos los países reconocen en sus códigos del trabajo que ante la existencia de indicadores de subordinación y dependencia hay contrato de trabajo, independiente de lo que diga el papel, esa es la premisa básica”. 

La reestructuración, renegociación y alivio de la deuda en los actuales tiempos de pandemia es un tema de interés tanto público como privado. “Necesitamos nivelar el campo de juego entre los acreedores y deudores. Ambos deben compartir la carga”, señaló hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante el Foro sobre el Financiamiento para el Desarrollo 2021 que se realiza esta semana bajo la organización del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

La reunión de alto nivel congregó virtualmente a jefes de Estado, ministros y autoridades de gobierno,  destacados especialistas de organismos internacionales, así como representantes de la sociedad civil y del sector privado, con el fin de avanzar en un diálogo sobre las soluciones para financiar la recuperación pos COVID-19 y el desarrollo sostenible con miras a 2030. 

La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en el panel 3 del evento titulado “Fortalecimiento de la contribución de los acreedores privados y las agencias de calificación crediticia a la respuesta y recuperación de la pandemia”, en donde hizo un fuerte llamado a transparentar las reglas y establecer un sistema multilateral de reestructuración de la deuda que evite, sobre todo en tiempos como el actual caracterizado por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, agudizar la difícil situación económica de muchos países, especialmente en la región de América Latina y el Caribe.

“El principal obstáculo para la participación del sector privado en la renegociación y reestructuración de la deuda ha sido la ausencia de un equilibrio adecuado entre el interés público y el privado. Urge nivelar el campo de juego”, enfatizó Bárcena. “Es necesario garantizar una estrategia comunicacional eficaz entre los gobiernos y el sector privado para fijar objetivos y expectativas comunes”, agregó.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL indicó también que se hace urgente contar con un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana que vaya de la mano con la creación de una agencia de calificación crediticia multilateral, que pueda actuar como un contrapeso al actual oligopolio de las agencias de calificación crediticia.

“Miren lo que ha sucedido en América Latina y el Caribe. De acuerdo a las calificaciones de Fitch, la región ha sido objeto de 19 rebajas en la calificación de crédito soberano. En el 2021, incluso algunos países como Chile que tienen fundamentos económicos sólidos, han sufrido una rebaja en su calificación crediticia. Esto no se entiende… ¡Estamos en una pandemia!”, argumentó.

En su intervención, Alicia Bárcena puso como ejemplo cuatro casos recientes de reestructuración y renegociación de la deuda en la región: Argentina (2020), Barbados (2018-2019), Granada (2013-2015) y Ecuador (2020), y enumeró las lecciones aprendidas de esas experiencias.

En primer lugar, la ya mencionada necesidad de nivelar la cancha y compartir la carga entre acreedores y deudores. Por ejemplo, Ecuador y Granada lograron realizar recortes al valor original de los bonos que emitieron. Segundo, garantizar una efectiva estrategia de comunicación entre los gobiernos y los acreedores de manera periódica. “Deben fijar objetivos y expectivas comunes, así como compartir datos de manera regular”, explicó.

En tercer lugar, Bárcena señaló que la elección del momento oportuno y la rapidez son esenciales para el éxito de las iniciativas de reestructuración y renegociación de deuda. Estas deben ser lideradas por los acreedores oficiales y luego atraer a los acreedores privados. Asimismo, la participación de los acreedores y sus intereses deben estar alineados. Esto puede hacerse a través de cláusulas de acción colectivas, las que son esenciales para alinear al sector privado y agilizar los procesos. Tanto Argentina como Barbados, Ecuador y Granada incluyeron cláusulas de acción colectivas en sus negociaciones de deuda, indicó.

Enfatizó además que el respaldo de las Instituciones Financieras Internacionales es fundamental para facilitar la renegociación y reestructuración de la deuda, pero esto no debe involucrar una compensación (trade-off) entre estas iniciativas y las metas de crecimiento, empleo y bienestar de los gobiernos.

“La reestructuración (de la deuda) debe ir acompañada de iniciativas innovadoras que permitan desarrollar nuevos instrumentos de financiamiento, como las cláusulas sobre huracanes por ejemplo, que enlazan la capacidad de pago de los países con su exposición al riesgo a los desastres naturales. De igual manera, los bonos ligados al ingreso pueden tomar en consideración las restricciones que impone el sector externo, que son uno de los principales problemas que enfrentan muchos países de renta media”, puntualizó Alicia Bárcena.

El Gobierno de Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), firmaron un acuerdo que oficializa a dicho país como país sede de la próxima Conferencia Regional luego de ser sede hace 73 años atrás, en septiembre de 1949.  

El Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, el Canciller del Ecuador, Manuel Mejía Dalmau, y el Ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, firmaron un memorándum de entendimiento. 

La Conferencia de la FAO tendrá lugar el primer trimestre del 2022 y reunirá a los ministros de Agricultura y altos funcionarios de los 33 Países Miembros de la FAO en América Latina y el Caribe, junto al sector privado, la sociedad civil, la academia y a otros miembros del sistema de las Naciones Unidas. 

Durante la Conferencia, los Países Miembros buscan soluciones conjuntas a los retos prioritarios de la alimentación y la agricultura y fijan las prioridades de la FAO para dos años. 

Ecuador, junto a la Secretaría de la Conferencia, presidirá la reunión regional y contribuirá con sus recursos y capacidades para alcanzar los objetivos comunes, en beneficio del sector agroalimentario de la región y de la seguridad alimentaria de sus habitantes. 

“Necesitamos la voz y el liderazgo de Ecuador para señalar una ruta clara de reconstrucción con transformación de los sistemas agroalimentarios”, afirmó Julio Berdegué, recordando que Ecuador buscó ser sede de la conferencia “con vigor e inteligencia”, logrando el apoyo de todos los países de la región.  

El Canciller del Ecuador indicó que, “Ecuador como sede de la próxima Conferencia constituirá una oportunidad para reactivar el compromiso de los países con la misión de la FAO y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030”. 

El ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, agradeció el apoyo de la FAO en la construcción del Plan de Desarrollo Agropecuario para 10 años, y en programas como Súper Mujer Rural y Mano de la Mano. “Solo con políticas públicas y un verdadero plan como el que se estableció con FAO podemos sacar a la gente de la pobreza”, dijo el ministro.  

ABB publicó su Informe de Sostenibilidad 2020 en el que se describe el impacto que la empresa y sus soluciones tienen en el medio ambiente y en las comunidades. En un año dominado por los efectos de la pandemia global, ABB superó la mayoría de sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza que abarcan las tres áreas de tecnología líder, operaciones y relaciones responsables. Cada área tiene un impacto directo o indirecto en el éxito empresarial de ABB.

2020 marcó el año final de la estrategia de sostenibilidad adoptada por ABB en el decenio anterior. Los importantes logros alcanzados en los últimos 10 años constituyen la base sólida de la nueva estrategia de sostenibilidad de la compañía para 2030 lanzada en noviembre de 2020, con objetivos aún más ambiciosos. Hay un claro enfoque en las áreas con mayor impacto: permitir una sociedad baja en carbono mediante la reducción de emisiones, la preservación de los recursos y la promoción del progreso social sustentado en un fuerte compromiso con la integridad y la transparencia. Como parte de la estrategia de 2030 y a partir de 2021, ABB también está añadiendo objetivos específicos relacionados con la sostenibilidad en la remuneración de su alta dirección.

“Durante un año atípico dominado por la pandemia global, el manejo de COVID-19 por parte de ABB refleja nuestra larga historia de prácticas comerciales sostenibles y responsables, sobre las que comenzamos a informar en 1994. Estoy orgulloso de que hayamos logrado un buen desempeño con relación a nuestros objetivos ambientales, sociales y de gobernanza y superemos la mayoría de ellos”, dijo Björn Rosengren, CEO de ABB. “Con nuestro fantástico equipo, tecnologías líderes y el apoyo de nuestras partes interesadas, confío en que cumpliremos nuestras nuevas metas para 2030 y seremos un contribuyente líder al desarrollo sostenible y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.”

El objetivo de ABB para 2020 para la acción climática era reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento con respecto a una línea de base de 2013. En 2020, las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la compañía (alcance 1 y 2) ascendieron a 561 kilotones, lo que representa una reducción del 58% con respecto a 2013. La transición a la electricidad verde contribuye cada vez más a estas reducciones, con un aumento del 27 por ciento sólo de 2019 a 2020. Otro logro notable fue la reducción del consumo de agua en las zonas con poca disponibilidad de este recurso y la disminución de los residuos enviados a vertederos.

Theodor Swedjemark, Director de Comunicaciones y Sostenibilidad, dijo: “Nuestra trayectoria de sostenibilidad en la última década es fuerte, pero ahora estamos buscando elevar la barrera, centrándonos en dónde podemos tener el mayor impacto. Para ayudar a permitir el desarrollo de una sociedad baja en carbono, trabajaremos con nuestros proveedores para reducir sus emisiones, volvernos carbono neutrales en nuestras propias operaciones y permitir a nuestros clientes reducir sus emisiones de CO2 en 100 megatones al año a través de nuestras tecnologías líderes. Nuestra nueva y ambiciosa estrategia beneficiará a todas nuestras partes interesadas, en toda nuestra cadena de valor”.

ABB también mejoró sus indicadores en diversidad de género, aumentando el número de mujeres en puestos directivos a más del 13,5 por ciento y gracias al fuerte enfoque de la empresa en la seguridad, el número de lesiones graves en el trabajo entre empleados y contratistas continuó disminuyendo en 2020. Además, la compañía también superó su objetivo relacionado con la integridad, ya que casi el 98 por ciento de sus empleados habían participado en capacitaciones de integridad.

El desempeño de sostenibilidad de ABB continuó siendo reconocido en todo el mundo con la inclusión de la compañía en el Corporate Knights Global 100 Index 2020, la FTSE4Good Index Series de 2020, el Ethibel Sustainability Index Excellence Global and Europe 2020 y el ISS ESG Prime Status 2021.

Como empresa global con operaciones en más de 100 países, ABB también ayudó a abordar la crisis covid-19 en todo el mundo con la salud y la seguridad como la primera prioridad para todas las partes interesadas, y sobre todo sus empleados. La Junta Directiva de ABB, el Comité Ejecutivo y más de 200 altos directivos decidieron donar voluntariamente el 10 por ciento de sus honorarios o salarios durante un período de seis meses durante 2020, y así recaudar más de $3 millones para apoyar a sus colegas de ABB y compensar los impactos de la crisis covid-19.

ABB sirve a la sociedad suministrando y manteniendo infraestructura crítica para muchos bienes y servicios esenciales. Para apoyar aún más a sus clientes, ABB decidió ofrecer algunos de sus servicios de software de forma gratuita para garantizar la energía ininterrumpida para aplicaciones críticas de atención médica y para fortalecer la gestión de instalaciones comerciales e industriales. En 2020, la compañía también trabajó con los gobiernos para apoyar la fabricación de equipos críticos, como ventiladores y máscaras, así como para apoyar otros aspectos de la respuesta a la pandemia.

Además de proteger a su gente y apoyar a los clientes, ABB también ayudó a los esfuerzos para limitar la propagación y el impacto del COVID-19 en comunidades de todo el mundo. Esto incluyó donaciones al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Fundación Mundial de la Infancia.

El informe completo de sostenibilidad y más detalles sobre la estrategia de sostenibilidad de 2030 están disponibles en el sitio web de ABB.

La Universidad de Chile será parte de la Encuesta Para evaluar el Impacto de la crisis sanitaria Covid-19 en entornos comunitarios (EPIC). El proyecto es un esfuerzo multicéntrico, liderado y financiado por la organización francesa Coalición Internacional sobre el SIDA (Coalition PLUS), que se implementará en diversos países, entre los que se cuentan Chile, Argentina, Brasil, Francia, Portugal, Marruecos, Bolivia y Perú.

En nuestro país, la investigadora principal del estudio es la Dra. Valeria Stuardo Ávila, académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien explica que “el objetivo del proyecto para Chile es estudiar el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en las personas viviendo con VIH (PVVIH), incluyendo acceso a medicamentos, controles, salud sexual y diversos aspectos relacionados a la vacunación COVID-19”.

Con el fin de respetar el enfoque de investigación de base comunitaria, y adaptarse a las diferentes necesidades de las comunidades y de los países en este período de crisis sanitaria, “la metodología del proyecto incluye un instrumento de recolección de la información (cuestionario) que está organizado en diferentes módulos. Cada país participante ha tenido la posibilidad de aplicar los módulos que correspondan a sus intereses de estudio. En el caso de Chile, se aplicará el módulo destinado a las PVVHI a través de una encuesta on-line que no toma más de 15 minutos en ser respondida”, detalla la investigadora.

La Dra. Stuardo explica que las poblaciones clave identificadas en el marco de la lucha contra el VIH también pueden ser más vulnerables a los efectos del virus SARS-CoV-2, al igual que las personas que viven con el VIH (PVVIH). Esto es debido a las condiciones económicas y sociales que hacen difícil la adopción de las medidas de protección y el posible deterioro preexistente de su estado de salud.

Por eso, la experta en VIH enfatiza que “es muy importante que las personas que viven con VIH puedan participar en esta encuesta, recordar que es absolutamente confidencial, que en ningún momento se solicitan datos personales. La información que se genere permitirá, entre otras cosas, conocer datos relevantes sobre la confidencialidad en el proceso de vacunación, aspectos relacionados a la coinfección VIH/SARS-CoV-2, discriminación, comunicación de riesgos, entre otros. Además, se podrán comparar estos resultados con otros países de la Región Latinoamericana”

La Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres Gay, otros Hombres que-tienen sexo con hombres y Personas Trans (RIGHT-Plus) también son parte de esta iniciativa. A nivel nacional, la contraparte de la sociedad civil que participa de EPIC es la Fundación SAVIA (Salud, Vida y Acción Social), a través de su Observatorio de Políticas Públicas del VIH con enfoque de DD.HH. Además, diversas organizaciones de base comunitaria colaboran con el proyecto, entre ellas el circulo de estudiantes viviendo con VIH (CEVVIH) incluyendo el capítulo juvenil de mujeres VVIH perteneciente a la ICW, la Fundación Chile Positivo, Agrupación por la Vida, Mesa Intersectorial Suroriente, OTD, Crealuz, Plataforma Social en VIH-SIDA y Los Derechos Humanos – Chile, ARPEVIH, Fundación Acceso y, el programa radial sobre VIH y diversidad Siempre Viva en Vivo.

“Invitamos a participar y compartir esta encuesta a todas, todes y todos los que se identifiquen con estos desafíos. En tiempos de cambios sociales las poblaciones más vulnerables deben tener un papel protagónico y la información, sin duda, es un instrumento para la reivindicación” enfatiza la Dra. Stuardo.

Para acceder a la encuesta pinche aquí