Medio Ambiente

Los humedales se consolidan como aliados frente a las lluvias extremas

Mientras las intensas lluvias vuelven a poner a prueba distintas zonas del país, los humedales emergen como uno de los ecosistemas más importantes para enfrentar los efectos del cambio climático. Desde el Altiplano hasta la Patagonia, Chile alberga cerca de 40 mil humedales, de acuerdo con el Inventario Nacional del Ministerio del Medio Ambiente, cubriendo una superficie cercana a los 5,6 millones de hectáreas. Más allá de su riqueza en biodiversidad, estos espacios cumplen una función clave al regular el agua, disminuir el riesgo de inundaciones y ayudar a moderar las temperaturas extremas.

Los humedales comprenden una amplia variedad de ecosistemas donde el agua determina la vida vegetal y animal, incluyendo lagos, ríos, marismas, salares, turberas y zonas costeras. Su capacidad para almacenar agua los convierte en un componente estratégico frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. En ese sentido, el biólogo ambiental y director del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago, Darío Moreira, explica que durante episodios de precipitaciones intensas estos ecosistemas funcionan como verdaderas barreras naturales para reducir el impacto de las crecidas.

“Técnicamente estamos hablando de su capacidad de regulación del flujo hídrico y, por lo tanto, mitigación de inundaciones. Esta capacidad responde a las propiedades físicas, biogeoquímicas y estructurales de este tipo de ecosistema”, señala el especialista. Según explica, los suelos de los humedales contienen grandes cantidades de materia orgánica acumulada en condiciones de escasez de oxígeno, formando una estructura altamente porosa que retiene enormes volúmenes de agua. A ello se suma la vegetación característica, compuesta por juncos, totoras y otras especies que disminuyen la velocidad de las corrientes, favoreciendo la infiltración del agua hacia las napas subterráneas y reduciendo el riesgo de inundaciones aguas abajo.

Pero su aporte no termina cuando cesan las lluvias. Para Moreira, los humedales también desempeñan un rol decisivo durante los episodios de calor extremo. Debido a la capacidad del agua para absorber grandes cantidades de energía sin elevar rápidamente su temperatura, estos ecosistemas funcionan como reguladores térmicos naturales. “Ante el aumento de calor, ese calor evapora el agua generando un efecto de enfriamiento evaporativo que puede reducir la temperatura ambiental local en varios grados respecto a las zonas urbanas o agrícolas adyacentes”, explica el académico, destacando que este fenómeno contribuye a disminuir los efectos de las islas de calor presentes en muchas ciudades.

Pese a estos beneficios, el especialista advierte que conservar los humedales no significa impedir completamente el acceso de las personas. “Proteger un humedal no implica necesariamente aislarlo de la sociedad, sino gestionar el territorio bajo el principio de capacidad de carga e integridad ecológica”, afirma. Para ello propone controlar el ingreso de nutrientes provenientes de actividades agrícolas y urbanas, mantener el flujo natural del agua, evitar la fragmentación causada por obras de infraestructura y desarrollar espacios de uso público mediante pasarelas elevadas y zonas especialmente destinadas a la educación ambiental, sin afectar los sectores más sensibles del ecosistema.

El investigador sostiene que una gestión adecuada también requiere establecer normas claras para proteger la fauna y la flora que habitan estos espacios. Entre ellas menciona la prohibición del ingreso de mascotas, la reducción del ruido y la restricción de actividades motorizadas que puedan alterar el equilibrio ecológico. En un escenario marcado por el cambio climático y la mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, los humedales aparecen como una infraestructura natural indispensable para fortalecer la resiliencia ambiental del país y preservar uno de los patrimonios ecológicos más valiosos de Chile.

La lagartija negroverdosa revela un mapa genético que cambia su conservación

Antes de desaparecer entre los bosques y quebradas de la cordillera de la Costa y de los Andes, la lagartija negroverdosa ha dejado una pista clave para la ciencia. Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Chile reveló que esta especie endémica no constituye una única población homogénea, sino que está dividida en grupos genéticamente diferenciados que habitan las llamadas “islas del cielo”, ecosistemas montañosos aislados donde la conectividad entre individuos es prácticamente inexistente.

Publicada en la revista científica Animal Conservation, la investigación “Highly Isolated Populations of a Lizard Inhabiting Sky Islands: A Challenge for Conservation” analizó el ADN de 175 ejemplares provenientes de distintas cumbres de Chile central. Los resultados muestran que, aunque las lagartijas mantienen intercambio genético entre sectores cercanos de una misma montaña, ese flujo desaparece casi por completo entre cordones montañosos distintos. Esto significa que cada población ha seguido una trayectoria evolutiva propia, un hallazgo que obliga a replantear las estrategias de conservación de la especie.

“En las cumbres se producen verdaderos microclimas que están aislados de las zonas inferiores. Si cambian sus condiciones, las especies que viven allí no tienen hacia dónde escapar. No es simplemente bajar, cruzar un área intervenida o una vegetación a la que no están acostumbradas y subir a otra montaña”, explica Jorge Mella-Romero, autor principal del estudio. A partir del análisis genético, el equipo identificó cinco poblaciones que deberían ser consideradas de forma independiente: El Roble, Cantillana, Los Caracoles, Farellones y El Yeso. “Al analizar una escala más reciente aparecen cinco unidades de las que deberíamos preocuparnos. Esto permite establecer prioridades, porque los recursos para conservación siempre son limitados y no todas las poblaciones enfrentan hoy el mismo nivel de amenaza”, sostiene el investigador.

Uno de los casos que más preocupa es el de Altos de Cantillana. Según el estudio, esta población presenta un prolongado descenso en su tamaño poblacional efectivo durante los últimos mil años, una disminución que se intensificó en los dos siglos más recientes y que se suma al fuerte aislamiento geográfico y a la creciente intervención humana de su entorno. Además, los modelos climáticos proyectan que este será uno de los hábitats más afectados por el cambio climático, convirtiéndolo en la principal prioridad para futuras acciones de protección.

Frente a este escenario, los investigadores plantean que la conservación deberá considerar medidas mucho más específicas que las aplicadas hasta ahora. Entre las alternativas aparece la migración asistida, una estrategia que consistiría en trasladar ejemplares hacia ecosistemas donde puedan sobrevivir bajo las futuras condiciones climáticas. Sin embargo, advierten que esta opción requiere una evaluación científica exhaustiva antes de implementarse. “No es llegar y trasladarlas, antes deben realizarse estudios para evaluar si esos ambientes son apropiados, qué riesgos existen y cuáles podrían ser las consecuencias. La migración asistida es una posibilidad que debemos investigar para saber si puede ser útil frente a un cambio global acelerado”, enfatiza Mella-Romero.

Más allá de la lagartija negroverdosa, la investigación abre una nueva mirada sobre la conservación de la biodiversidad chilena. Al integrar genética, ecología y proyecciones climáticas, el trabajo propone que proteger una especie implica reconocer la diversidad que existe dentro de ella y diseñar estrategias diferenciadas para cada población. “Estamos generando información que permite identificar qué poblaciones necesitan acciones urgentes. Proteger una especie no puede significar tratar a todos sus grupos como si fueran iguales, porque en cada uno existe una parte distinta de su historia”, concluye el investigador.

El avance del pino pone en jaque al bosque maulino

El verano de 2017 quedó marcado en la memoria colectiva de Chile por los megaincendios que arrasaron cientos de miles de hectáreas entre las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío. Ocho años después, las llamas siguen dejando huellas visibles en algunos de los ecosistemas más frágiles del país. Una nueva investigación científica advierte que el verdadero peligro para el ruil, una de las especies arbóreas más amenazadas de Chile, no terminó cuando se apagó el fuego.

Un estudio publicado en la revista especializada Frontiers in Plant Science reveló que los bosques maulinos costeros están enfrentando una transformación acelerada tras los incendios. El problema no radica únicamente en la pérdida de vegetación nativa, sino en la rápida expansión de Pinus radiata, una especie exótica que ha colonizado masivamente las zonas afectadas. El fenómeno está modificando la estructura ecológica de estos bosques relictos y comprometiendo seriamente la capacidad de recuperación del ruil, árbol endémico que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

La investigación identificó escenarios especialmente críticos en sectores donde el fuego alcanzó una alta severidad. En algunos de estos lugares, la densidad de pinos llegó a los 9.760 individuos por hectárea cinco años después del incendio. Esta invasión genera una competencia desigual por recursos fundamentales como agua, luz y nutrientes, precisamente en las etapas más sensibles para la regeneración de las especies nativas. Mientras el bosque intenta recuperarse, el pino avanza con rapidez ocupando los espacios disponibles.

Claudia Leal, ingeniera en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, doctorante de la Universidad de Freiburg y autora principal del estudio, advierte sobre la magnitud del problema. “Se ha registrado que las plántulas de ruil crecen rodeadas de pino en una proporción alarmante: por cada plántula de ruil pueden establecerse hasta diez de pino en su entorno inmediato, limitando severamente su capacidad de recuperar el espacio perdido tras el fuego”, explicó.

Aunque el ruil posee mecanismos naturales de resiliencia, como la capacidad de rebrotar desde su base y generar regeneración por semillas, estos procesos resultan insuficientes frente a una especie diseñada para prosperar después de los incendios. El Pinus radiata libera grandes cantidades de semillas que germinan rápidamente tras el fuego, consolidando un ciclo que favorece su expansión. Cada nuevo incendio facilita aún más su establecimiento, aumentando la acumulación de combustible vegetal y elevando las probabilidades de futuras emergencias forestales.

Mauro González, académico de la Universidad Austral de Chile, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y coautor del estudio, sostiene que esta dinámica amenaza directamente la supervivencia del bosque nativo. “Los que son capaces de recuperarse después del incendio son los pinos. Además, no solo el pino genera un problema, obstaculizando la recuperación del bosque maulino, sino que este también se ve afectado por las condiciones climáticas actuales, a diferencia del pino, que está más adaptado a condiciones más secas y cálidas”, señaló.

El escenario se vuelve aún más complejo debido a la fragmentación histórica del paisaje. Los remanentes de bosque de ruil sobreviven rodeados por extensas plantaciones forestales de pino, lo que facilita la dispersión de semillas invasoras y aumenta la vulnerabilidad frente a nuevos incendios. Para los investigadores, el riesgo ya no es solamente ecológico, sino también patrimonial. El ruil forma parte de un ecosistema único en el mundo y su desaparición representaría una pérdida irreparable para la biodiversidad chilena.

La advertencia de los científicos es clara. Sin medidas de manejo y restauración, la extinción local del ruil podría convertirse en una realidad durante las próximas décadas. “En este contexto, la extinción local se convierte en un escenario altamente probable si no se implementa un manejo de control y erradicación de las especies invasoras en el hábitat de estos bosques relictos”, advirtió Claudia Leal.

Frente a este panorama, el estudio propone actuar con urgencia mediante monitoreo satelital, control temprano de pinos invasores, restauración ecológica y una coordinación efectiva entre comunidades locales, organismos públicos y empresas forestales. En un contexto marcado por el cambio climático, la sequía y el aumento de los incendios forestales, el futuro del ruil dependerá de la capacidad de intervenir a tiempo. Lo que está en juego no es únicamente la supervivencia de un árbol, sino la permanencia de uno de los últimos vestigios del bosque maulino costero.

La batalla por el mar que trasciende la Ley Lafkenche

La discusión sobre el futuro del borde costero chileno volvió al centro de la agenda política tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. El anuncio de eventuales modificaciones a la Ley Indígena y el avance de conversaciones para reformar la Ley Lafkenche han generado inquietud en comunidades indígenas desde Atacama hasta Los Lagos, que observan con preocupación cómo el debate público se ha concentrado en cuestionar mecanismos de protección territorial sin considerar la experiencia acumulada en los territorios donde ya operan los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

La controversia se intensificó luego de la visita del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, a Puerto Montt, donde participó en el taller “Diálogo por el futuro del borde costero”. Allí se adelantó que los cambios en estudio podrían abordar aspectos como las solicitudes de ECMPO, la proporcionalidad de las áreas y los criterios para acreditar el uso consuetudinario. Sin embargo, desde distintas comunidades sostienen que la conversación se está desarrollando desde una lógica administrativa y productiva que deja fuera dimensiones culturales, ambientales y sociales fundamentales.

En medio de un escenario marcado por la presión sobre los recursos naturales y la creciente demanda por espacios costeros, dirigentes indígenas insisten en aclarar uno de los puntos que consideran más distorsionados en la discusión pública: los ECMPO no representan privatización del mar ni exclusión de otros usuarios. Desde Carelmapu, la Comunidad Indígena Encura Mapu asegura que estos instrumentos han permitido generar modelos de gobernanza compartida donde conviven la pesca artesanal, actividades productivas y la conservación de los ecosistemas.

“Se ha instalado la idea de que los ECMPO privatizan el mar o frenan el desarrollo, y eso ha generado temor y desinformación en muchos territorios, dificultando el diálogo. Pero nuestra experiencia demuestra todo lo contrario: la gobernanza comunitaria puede convivir con actividades productivas y aportar a modelos de desarrollo más sostenibles, donde exista equilibrio entre economía, ecosistemas y comunidades”, señala José Alberto Molina Hueichán, líder de la Comunidad Indígena Encura Mapu.

Más al sur, en los territorios australes de la Patagonia, la discusión adquiere una dimensión aún más profunda. Para las comunidades Kawésqar, el mar no es únicamente un espacio económico, sino una parte esencial de su historia, identidad y memoria colectiva. “Para nuestra comunidad Kawésqar el mar no es un recurso separado de nuestra vida o nuestra cultura. Es parte de nuestra memoria, de nuestra forma de habitar el territorio y de nuestra identidad. Por eso cuando defendemos estos espacios no lo hacemos desde una discusión técnica o económica, sino desde la experiencia de quienes han vivido históricamente vinculados al mar. La protección territorial no puede quedar subordinada únicamente a intereses industriales”, afirma Leticia Caro, representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar.

Las organizaciones indígenas coinciden en que el debate sobre la Ley Lafkenche trasciende una discusión legal. En regiones como Aysén y La Araucanía, advierten que la conversación pública se ha polarizado y que temas como la protección de ecosistemas, la crisis climática y la participación de las comunidades en la toma de decisiones han quedado relegados. En ese contexto, el llamado es a construir una mirada de largo plazo que permita compatibilizar desarrollo económico, conservación ambiental y derechos territoriales. Como resume Andrea Soledad Reuca Neculman, representante de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, “Lo que está en discusión no es solo una ley. Lo que está en juego es cómo Chile decide relacionarse con el mar, con los territorios y con las comunidades que históricamente los han cuidado”.

Separar residuos no salvará al planeta si el sistema sigue fallando

Separar botellas, aplastar latas o lavar envases de yogurt se volvió parte del mood eco de una generación que intenta vivir con más conciencia ambiental. Pero en Chile, reciclar todavía se parece más a una misión individual que a una política realmente integrada. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, especialistas de la Universidad de Chile advierten que el problema no termina cuando alguien deja sus residuos en un punto limpio: recién ahí empieza una cadena que muchas veces simplemente no existe.

La cifra golpea fuerte. Según la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales publicada este 2025, el 86% de los residuos del país termina en rellenos sanitarios o sitios de eliminación final. En otras palabras, la mayoría de la basura sigue teniendo el mismo destino de siempre, pese al auge del reciclaje, las campañas verdes y la instalación de una estética sustentable que domina redes sociales, marcas y estilos de vida urbanos.

Para la antropóloga María Elena Acuña, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, el reciclaje doméstico implica mucho más trabajo del que suele reconocerse. “Este cambio de práctica implica, a veces, mucho esfuerzo para las unidades domésticas”, explica. Y es que reciclar no solo significa separar residuos: también implica lavar envases, secarlos, guardarlos, conocer las reglas y muchas veces trasladarlos personalmente hasta puntos de reciclaje que ni siquiera existen en todos los barrios.

La desigualdad territorial también aparece como un factor clave. Mientras algunas comunas cuentan con puntos limpios, retiro diferenciado y alianzas con empresas privadas, otras simplemente dejan la responsabilidad completa en manos de los vecinos. “No se trata solo de la voluntad de las personas, sino que tiene que haber una arquitectura de política pública, sobre todo a nivel micro, a nivel barrial, mucho más ágil y clara”, sostiene Acuña. El reciclaje, además, termina convirtiéndose en otra tarea doméstica invisible que muchas veces recae en una sola persona dentro del hogar, especialmente mujeres.

Desde una mirada más estructural, el profesor Hernán Durán, académico del diplomado en Gestión Ambiental y Economía Circular de Residuos Sólidos, plantea que Chile sigue atrapado en un modelo pensado para retirar basura, no para reducirla ni valorizarla. Aunque leyes como la REP marcaron avances, el sistema todavía funciona bajo una lógica lineal: consumir, desechar y enterrar. “El reciclaje es posible, es bueno, hay que fomentarlo, pero hay mucho esfuerzo que hacer, tanto desde el punto de vista normativo y del esquema institucional como desde el punto de vista de la conciencia ciudadana, para que entendamos que estamos frente a un problema grave”, afirma.

En el fondo, el debate ya no pasa solamente por quién recicla y quién no. La pregunta incómoda apunta al nivel de consumo que sostiene la vida cotidiana actual. “Si lo que queremos hacer es que haya menos residuos, entonces seguramente el tema no tiene que ver tan solo con el reciclaje, sino que tiene que ver con el consumismo”, advierte Durán. Porque mientras el reciclaje siga dependiendo casi exclusivamente de la buena voluntad individual, Chile seguirá acumulando basura más rápido de lo que logra hacerse cargo de ella.

Sobregiro ecológico confirma que Chile ya vive en déficit

Chile llegará este 7 de mayo a su sobregiro ecológico, una fecha que en simple significa algo incómodo: el país ya habrá consumido todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año. Lo que viene desde ahí en adelante es déficit. Vivir a crédito, pero con ecosistemas. Y no es un dato aislado. Es la séptima vez consecutiva que Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en entrar en números rojos ambientales.

La medición la realiza la Global Footprint Network y funciona como una especie de termómetro del desgaste global. Lo que calcula es cuándo la demanda humana supera la capacidad de regeneración de la Tierra. En el caso chileno, la señal empeoró: este año el sobregiro se adelantó diez días respecto de 2025. Traducido fuera del lenguaje técnico, estamos consumiendo más rápido de lo que el planeta puede reponer.

La dimensión del problema se vuelve más clara con una cifra brutal. Según el WWF, si todo el mundo viviera con el nivel de consumo de Chile, harían falta 2,9 planetas Tierra para sostener ese ritmo. No es solo sobre reciclar más o usar menos plástico. Es una señal estructural sobre cómo producimos, consumimos y agotamos territorio como si no tuviera límite.

Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, lo resume sin dramatismo, pero sin margen para romantizar el dato. “indicadores como el sobregiro ecológico no capturan cada detalle de la realidad, pero son una de las aproximaciones más robustas disponibles para entender las tendencias”. Y la tendencia, dice, es clara: “estamos ejerciendo una presión creciente sobre los ecosistemas, en un contexto donde la naturaleza tiene límites”.

Desde la academia, Juan José Garcés, jefe de carrera de Ingeniería Civil en Territorio y Medio Ambiente de la Universidad de Santiago de Chile, aterriza el concepto. “El sobregiro ecológico corresponde a un cálculo realizado por el Global Footprint Network, que estima la fecha en la cual la demanda de recursos ecológicos supera la regeneración. Es decir, cuando la humanidad está consumiendo todos los recursos que tiene un territorio o un espacio dado”. La lógica no es simbólica: mide el desfase real entre lo que consumimos y lo que el entorno puede sostener.

Chile no está solo en este colapso, pero sí mal posicionado. A nivel continental, solo Canadá y Estados Unidos llegaron antes al sobregiro este año. El resto de América Latina todavía resiste un poco más. Y esa diferencia importa, porque muestra que no se trata solo de desarrollo o crecimiento, sino de cuánto cuesta sostener un modelo que consume como si el planeta tuviera refill infinito.

La ley que incomoda al negocio del suelo

Lo que partió como una discusión por vivienda en Valdivia terminó reabriendo uno de los debates más incómodos del urbanismo chileno: qué se protege primero, el suelo para construir o el ecosistema que todavía sostiene a muchas ciudades. El cruce entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el senador Alfonso De Urresti, durante una reunión en Serviu por el proyecto Guacamayo 3, volvió a poner en el centro la Ley de Humedales Urbanos y su rol en la crisis habitacional.

La tensión explotó cuando, en medio de la conversación sobre disponibilidad de suelo, alguien recordó que Valdivia está reconocida como ciudad humedal. La respuesta de Poduje fue inmediata y sin filtro: “esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años”. La frase no tardó en viralizarse y empujó una discusión que va mucho más allá del timing político: si proteger humedales está frenando viviendas o si el problema es otro y más estructural.

Para Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y experto en derecho ambiental, la ley cumple una función básica que por años fue ignorada por la planificación urbana chilena. “es importante, porque en Chile, los instrumentos de ordenamiento territorial, como planos reguladores comunales, planes interseccionales, o planes metropolitanos, han desatendido estás fuentes y reservas de agua dulce, que tienen beneficios para el ecosistema y para el disfrute de un medio ambiente sano de la población”. En otras palabras, el problema no sería la ley, sino haber urbanizado durante décadas como si los humedales no existieran.

Y ese punto no es menor, sobre todo en ciudades como Valdivia. Aranda advierte que “cuidar humedales es muy importante para contener crecidas de ríos, y evitar inundaciones”. No es solo conservación por estética o discurso verde. Es infraestructura natural. Proteger estos espacios significa reducir riesgos climáticos, amortiguar crecidas y mantener servicios ecosistémicos que, aunque no siempre se vean, sostienen la vida urbana mucho más de lo que suele admitir el mercado inmobiliario.

También desarma una de las críticas más repetidas desde el mundo político: que la ley bloquea proyectos. Según Aranda, “esa afirmación es engañosa”. Lo que hace la normativa, explica, no es prohibir construir, sino exigir que los proyectos pasen por evaluación ambiental cuando se emplazan en humedales urbanos. Eso implica más tiempo, más costos y más regulación, sí. Pero no una prohibición automática. El punto no es impedir viviendas, sino evitar que se construyan en zonas que después terminan agravando inundaciones, degradación ambiental y crisis urbanas más caras de corregir.

Para Aranda, culpar a los humedales por el déficit habitacional es una simplificación cómoda. El problema, insiste, también pasa por tasas hipotecarias imposibles, especulación inmobiliaria y abandono de barrios ya existentes. “el déficit de vivienda no pasa por destruir humedales y edificar sobre ellos”. La discusión de fondo, entonces, no es si Chile necesita más viviendas. Es si quiere seguir construyéndolas como en el siglo pasado o empezar, de una vez, a pensar ciudad con algo de futuro.

Glaciares en riesgo y una alerta que cruza la cordillera

Lo que está pasando en Argentina con sus glaciares no es solo un tema local. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei que podría cambiar el mapa ambiental de la cordillera. El punto más crítico es este: ahora serán las provincias las que podrán redefinir las zonas periglaciares, abriendo espacio para proyectos de minería de litio, cobre y oro en territorios que hasta ahora estaban bajo resguardo.

La señal encendió alertas inmediatas, no solo en Argentina, también en Chile. Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en derecho ambiental, advierte que el problema no está solo en la reforma, sino en quién la ejecuta. “Las leyes en Argentina que dependen de las provincias no siempre tienen una buena aplicación. Por ejemplo, hace ya varios años tienen una ley de presupuestos mínimos para proteger bosques, y no todas las provincias o muy pocas han logrado cumplir la meta y el objetivo social”, acotó.

El riesgo, según Aranda, no es abstracto. Tiene que ver con una posible fragmentación en la protección ambiental, donde cada provincia podría interpretar el resguardo glaciar según sus propios intereses económicos. “si me dicen ahora vamos a tener una ley que le va a asignar competencias provinciales sobre protección de glaciares, yo tendría a pensar que vamos a tener realidades dispares, no necesariamente va a haber una protección quizá adecuada conforme a estos precedentes en otras leyes. Creo que podría haber una desprotección y un retroceso en protección ambiental”.

Y Chile no está fuera de ese radar. Compartir cordillera también significa compartir riesgos. Sobre un posible impacto en cuencas hídricas transfronterizas, Aranda fue claro: “podría haber afectación”. En ese escenario, el académico plantea que Chile no puede mirar desde lejos. “correspondería a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), que es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, evaluar cuáles podrían ser las acciones que tomaría cada provincia en el caso y activar los mecanismos que tiene para evitar impactos transfronterizos aplicando estos tratados internacionales que Chile ha suscrito previamente con Argentina”.

La preocupación no es solo jurídica. También es ecológica. Un informe técnico elaborado por organizaciones como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y WCS Argentina advierte que debilitar la protección glaciar podría desencadenar impactos profundos sobre biodiversidad, disponibilidad hídrica y equilibrio climático. El dato más duro es también el más simple: más de la mitad de las especies evaluadas en Argentina vive en regiones alimentadas por agua de glaciares.

Ahí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve urgente. El informe advierte que el 56% de las especies evaluadas depende de ecosistemas sostenidos por agua glaciar, una cifra que escala al 86% en mamíferos y al 83% en anfibios amenazados. En otras palabras, intervenir glaciares no solo habilita minería: también reconfigura ecosistemas completos. Y cuando el agua cruza fronteras, el impacto también.

El agua se vuelve urgente y América Latina aún no logra ponerse al día

Mientras el discurso global habla de sostenibilidad como si fuera tendencia, en América Latina el acceso al agua sigue siendo una deuda estructural. En la novena reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizada por la CEPAL, el foco se puso en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, ese que apunta a garantizar agua limpia y saneamiento. Lo que salió de esa mesa no fue optimismo, sino una alerta: el ritmo actual no alcanza.

Rene Orellana Halkyer, representante regional de la FAO, lo planteó sin rodeos. “En relación con el ODS 6, si bien se observan avances en la región, estos siguen siendo insuficientes para alcanzar las metas al 2030 y reflejan persistentes desigualdades. El 20% de la población con menores ingresos destina proporcionalmente 1,6 veces más de sus recursos a agua y saneamiento que el 20% con mayores ingresos, con rezagos más pronunciados en hogares vulnerables, comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres y territorios rurales y periféricos”. La brecha no es solo hídrica, es social.

Las cifras refuerzan el diagnóstico. “Al ritmo actual, solo el 19% de las metas del ODS 6 se alcanzaría, mientras el 42% avanza lentamente y el 39% se mantiene estancado o en retroceso”, advirtió Orellana Halkyer. El dato más crítico conecta directamente con la producción de alimentos: la agricultura consume cerca del 72% del agua dulce disponible a nivel mundial. En ese escenario, hablar de desarrollo sostenible sin transformar los sistemas agroalimentarios es, básicamente, un discurso vacío.

El debate también aterrizó en experiencias concretas. Desde Colombia, Ruth Quevedo expuso que la mayoría de los conflictos en la región están vinculados al agua, empujando a repensar la gestión desde la equidad más que desde la escasez. La idea es clara: el problema no es solo cuánto recurso hay, sino cómo se distribuye. En Paraguay, David Fariña apuntó a la presión creciente sobre las aguas subterráneas y a la necesidad de construir sistemas de monitoreo en tiempo real que superen las fronteras políticas, especialmente en ecosistemas compartidos como el acuífero Guaraní.

Chile también apareció en la conversación desde la innovación aplicada. Hernán Chiriboga, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, mostró avances que mezclan tecnología y sentido práctico, desde sistemas de captación de agua hasta técnicas de riego que reducen en casi un 50% el uso hídrico en cultivos como el arroz. Incluso soluciones más simples, como huertas con vasijas porosas enterradas, están demostrando que la eficiencia no siempre depende de grandes infraestructuras, sino de creatividad aplicada al territorio.

Desde la academia, James McPhee, de la Universidad de Chile, puso el foco en el rol del conocimiento. La ciencia, dijo, tiene que ser útil, traducible y precisa para quienes toman decisiones. Hoy, con herramientas que permiten monitorear el planeta desde el espacio y entender mejor la variabilidad climática, el problema ya no es la falta de información. Es qué se hace con ella.

Al cierre, la conclusión fue incómoda pero honesta. América Latina tiene conocimiento, тәжіencia y soluciones para avanzar en el ODS 6. El freno no es técnico. Es político, institucional y de escala. Porque en un contexto donde el cambio climático ya no es futuro sino presente, el agua dejó de ser un recurso más. Es el eje donde se juega todo.

¿Cómo el cambio climático redefine el calendario de las alergias?

Durante años, la primavera se instaló como la estación oficial de las alergias. Una especie de consenso cultural donde el cambio de estación traía consigo estornudos en cadena, picazón persistente y esa sensación incómoda de vivir con un pañuelo en la mano. Pero ese relato, tan repetido como asumido, hoy comienza a resquebrajarse. El otoño, silencioso y menos mediático, también se ha convertido en un terreno fértil para las crisis alérgicas.

El fenómeno no es casual ni aislado. Cambios en las condiciones climáticas han modificado los patrones tradicionales. Hoy, el otoño se presenta más seco que en décadas anteriores, lo que permite que los pólenes —habitualmente asociados a la primavera— extiendan su presencia hasta abril. Este desplazamiento estacional ha generado que personas sensibles continúen experimentando síntomas que antes desaparecían con el fin del verano.

Desde el mundo clínico, el diagnóstico es claro. En esta época, el polvo y el moho toman protagonismo como principales gatillantes. La caída de hojas y el aumento de la humedad generan el escenario perfecto para que estos agentes se acumulen en ambientes cotidianos, especialmente en espacios cerrados. Esto se traduce en congestión nasal, irritación ocular, tos y dolor de garganta, síntomas que muchas veces se confunden con resfríos comunes.

La médica broncopulmonar Rosa Roldán, académica de la Universidad de Santiago, advierte que este tipo de alergias “afectan principalmente a los asmáticos y riniticos”. Además, explica que en Chile conviven dos perfiles predominantes: “Los que son polínicos tendrán más crisis en primavera, pero los alérgicos a ácaros (dermatophagoides) y hongos son los que tienen alergias en otoño e invierno”. Es decir, el problema no es la estación, sino el tipo de alérgeno.

A esto se suma un factor estructural que muchas veces pasa desapercibido: la vida indoor. Con la baja de temperaturas, las personas tienden a cerrar ventanas, encender calefacción y pasar más tiempo dentro de sus casas. Este cambio de hábito incrementa la exposición a alérgenos intradomiciliarios como ácaros, polvo acumulado en alfombras o incluso peluches. Roldán lo resume sin rodeos: “Por calefacción, por estar más en su casa con todo cerrado por frío y condiciones como pisos de alfombras, peluches etc.”.

Desde la vereda pediátrica, el broncopulmonar infantil Pedro Estudillo refuerza esta idea y descarta mitos persistentes. “Efectivamente, en el periodo del otoño, hay cuadros alérgicos y han sido siempre comunes y quizá algunos años esto se exacerba un poco”, señala. Y aclara algo clave en medio de la confusión estacional: “las alergias por hongos, y por algunos alérgenos internos de la casa, son frecuentes que tengan aparición en esta época del año”.

El especialista también pone en perspectiva el relato dominante sobre las alergias. “Siempre es más frecuente tener información por los medios de las alergias estacionales de la primavera, porque afectan a una cantidad muy grande de gente, pero es común que veamos alergias en el otoño y esto es algo que ocurre todos los años. Así que las alergias no aparecen en una sola época del año, depende de a qué cosa uno es alérgico”. En otras palabras, el calendario no manda, lo hace la biología.

Frente a este escenario, el llamado es claro y directo. Ante síntomas persistentes, lo recomendable es acudir a un especialista y realizar un diagnóstico completo. Los tratamientos existen y suelen ser efectivos, desde antihistamínicos de uso diario hasta inhaladores nasales que ayudan a desinflamar las vías respiratorias. Pero el punto de partida sigue siendo el mismo: entender que el otoño también respira alergia.