Tras el inicio de la pandemia de COVID-19 y la rápida expansión de la enfermedad a escala global, los diferentes Estados tomaron una serie de medidas para contenerla, entre ellas, algunas que restringieron la movilidad de las personas y cierre de fronteras y de escuelas.Pero no solo la movilidad fue un aspecto trastocado. También se evidenciaron consecuencias que afectaron de manera diferenciada a grupos más vulnerables dentro de la población general, profundizando las desigualdades pre-existentes, ante lo cual los Estados adoptaron una serie de medidas con el objetivo de enfrentarlas y disminuirlas.
Con el objetivo de conocer los efectos de estas medidas en las realidades de Chile y Argentina, particularmente las referidas a la violencia de género, un equipo liderado por la profesora de la U. de Chile, Tatiana Rein, y de la Universidad de San Martín, Fernanda Page, analizó ambos casos, llegando a la conclusión de que, aunque ambos países realizaron importantes esfuerzos para responder a esta situación extraordinaria, fueron insuficientes y adolecieron de una serie de limitaciones que les impidieron ser exitosas.
Al respecto, el proyecto “Medidas estatales para prevenir la violencia contra las mujeres en tiempos de Covid-19”,financiado por ANID y el Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile, se basa en un análisis de contenido y estadístico de 1360 artículos de prensa y 45 entrevistas semi estructuradas con funcionarias de organismos de los Estados involucrados y de referentes de la sociedad civil. Entre sus resultados, el estudio identificó una serie de diferencias entre ambos país.
La primera contempla la definición de violencia: El trabajo identifica que, si bien Argentina cuenta con una ley integral que abarca de manera amplia diversos tipos y modalidades de violencia, Chile tiene sólo una ley de violencia intrafamiliar, que regula un tipo específico, dejando restringida la acción del Estado. En el contexto de la pandemia, aunque las medidas adoptadas por ambos Estados se supone que abarcan la violencia en todas sus dimensiones, el énfasis estuvo en la violencia intrafamiliar, desatendiendo o no considerando otras situaciones como violencia sexual, obstétrica, económica, callejera o digital.
Otra diferencia es el peso de la sociedad civil. La presión de las organizaciones sociales fue clave en el proceso de definición de las medidas que el Estado implementó en Argentina, pero en Chile no se las incorporó hasta muy avanzada la situación, y con las medidas ya definidas, teniendo más peso la experiencia de otros países.
Uno de los hechos que llamó la atención es que durante la pandemia aumentó el número de llamadas de auxilio, pero disminuyeron las denuncias, lo que de acuerdo a la profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile, Tatiana Rein, se puede deber a factores como la confinación de las mujeres con sus agresores debido a las restricciones sanitarias, al desconocimiento de las medidas que les permitían salir de sus casas si eran víctimas de violencia o de los mecanismos de denuncia virtual, y al “impacto económico que tuvo la pandemia en la población, que afectó en forma desproporcionada a las mujeres. Esto tiene una implicancia en que si las mujeres no tienen sustento económico ni redes a las que recurrir, probablemente se mantengan con su agresor, ya que no encuentran una salida a su situación”.
La profesora Rein destacó que tanto Chile como Argentina adoptaron numerosas medidas para contener la violencia, con especial énfasis en la entrega de información como la línea 144 en Argentina y la 1455 en Chile; la adopción de canales silenciosos, como chat, o el Barbijo rojo en Argentina y la mascarilla 19 en Chile. Sin embargo, si bien estas medidas son importantes “no dan una respuesta integral a la violencia: no apoyan a las mujeres con las denuncias, con la necesidad de salir del hogar, con apoyo sicológico, entre otros, y por supuesto no contribuyen a la prevención de la violencia”.
“Las medidas implementadas debieran haber sido diseñadas y especialmente implementadas considerando la diversidad que existe dentro de la categoría mujeres, es decir, mujeres indígenas, migrantes, adultas mayores, de sectores socioeconómicos desventajados, niñas, mujeres lesbianas o trans, entre otras, a fin de dar respuesta adecuada a sus situaciones específicas. Las medidas también debieron ser implementadas considerando la diversidad territorial y asegurar que pudieran llegar de forma adecuada a todas las localidades”, sigue la académica de la U. de Chile.
Para el estudio, las medidas fueron analizadas desde las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En cuanto al primero, señalan que partiendo de la base de que ya había elementos restringidos por la definición estrecha de violencia, en el caso argentino las líneas telefónicas no dieron abasto y en algunas provincias se debió incorporar líneas adicionales.
En ambos países la investigación determinó que la capacidad de los/as funcionarios/as en ámbitos como el judicial, de salud o policial está poco desarrollada por lo que la atención de víctimas no es óptima.
Respecto a la accesibilidad, ni en Chile ni en Argentina las medidas llegaron a toda la población. En el caso de Argentina, el tamaño del territorio y el carácter federal del Estado provocaron dificultades requiriéndose además una mayor coordinación para que fueran efectivas, cosa que no sucedió. A nivel local, a pesar de que las medidas se toman de manera centralizada, la necesaria coordinación interinstitucional fue deficiente en ámbitos como el judicial, el funcionamiento de las casas de la mujer o de las policías.
Otro factor que afectó es que las medidas no contemplaron a la mujer en toda su diversidad, por lo que quienes contaban con algún tipo de discapacidad no necesariamente lograron informarse de las medidas, las mujeres de estratos socioeconómicos más bajos tenían mayores dificultades para acceder a internet o a recursos para sobrevivir en caso de agresión. Tampoco se consideró a la población LGBTIQ+ o a las mujeres migrantes o indígenas.
Sobre aceptabilidad, si bien las medidas se enfocaron en la violencia intrafamiliar, que aumentó considerablemente en el contexto de la pandemia, no hubo respuesta a otros problemas, como la entrega de servicios relacionados a salud reproductiva o ciber violencia. No hubo reforzamiento en la prevención, la atención integral y a dar respuesta a otras formas de violencia. No se incorporó formas de evaluación que den cuenta de la situación de violencia ni de la calidad de la respuesta estatal adoptada.
Finalmente, respecto a la adaptabilidad, no se consideró una adaptación de las medidas a las particularidades de cada territorio, como zonas rurales o remotas, ni tampoco a grupos culturales como migrantes o pueblos indígenas. Tampoco estuvieron presentes grupos especiales de mujeres con situaciones especiales de vulnerabilidad: niñas, adolescentes, adultas mayores, con alguna discapacidad, etc.
Las integrantes del proyecto propusieron una serie de recomendaciones de manera de superar las limitaciones identificadas. Entre estas se encuentra planificar e implementar políticas contra la violencia hacia las mujeres que abarquen todas las formas de violencia y que incorporen de forma importante la prevención.
Se suma garantizar el alcance nacional de las políticas por violencias en razón de género, tomando en consideración las consideraciones territoriales particulares y las necesidades específicas de los grupos poblacionales.
Apuntaron también a implementar formación específica y orientada a operadores judiciales, personal policial y personas que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia. Además, relevaron la necesidad de adoptar medidas para eliminar los sesgos que limitan el acceso de las mujeres a la justicia.
Adoptar medidas que contribuyan a acortar la brecha digital, disminuyendo la desigualdad en el acceso a internet y las tecnologías de la información y la comunicación; fortalecer y elaborar políticas de corresponsabilidad de cuidado para favorecer el acceso y permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo; establecer encuestas permanentes sobre todos los tipos de violencia de género, que incorporen una perspectiva interseccional; y elaborar mecanismos de evaluación constante de las políticas públicas y medidas implementadas, también fueron parte de las propuestas.
