Los estudios buscan descartar la presencia de agentes nocivos, en especial del Sars-CoV-2, en los vagones del Metro Valparaíso y por primera vez se analizará la calidad microbiológica del aire circulante al interior de los trenes, análisis que se sumará al muestreo de las superficies de mayor contacto de los viajeros.

La doctora Claudia Ibacache, directora del CMBi,  Centro de Micro Bioinnovación de la Facultad de Farmacia de la U. de Valparaíso y académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UV, explicó que “para la muestra de aire se utiliza un equipo que hace un ingreso forzado del aire, que al estar cuantificado permite conocer el volumen exacto de la muestra que estamos tomando. Luego hacemos la cuantificación de los microorganismos en el laboratorio. Por lo tanto, vamos a evaluar diferentes tipos de microorganismos para determinar el riesgo”.

El estudio, pionero en Chile, permitirá contar con la información precisa sobre la presencia o no de Covid-19 en la red de metro de la Región. La doctora Ibacache agrega que “este acuerdo de colaboración nos abre la puerta tanto para evaluar también cómo desarrollar nuevas metodologías que tengan un impacto directo en la comunidad, que es una de nuestras prioridades en el CMBi, y que contribuya a ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y de nuestro entorno”.

Esta viernes el rector subrogante de la U. de Valparaíso, Christian Corvalán; la decana de la Facultad de Farmacia, Marcela Alviña; el gerente de Metro Valparaíso, Víctor Marshall; y la directora del CMBi, Claudia Ibacache, dieron inicio oficial del convenio suscrito por ambas instituciones con la toma muestra que se realizó en el andén 1 de la estación Puerto.

Christian Corvalán señaló que para la Universidad de Valparaíso es muy importante esta alianza de cooperación con Metro Valparaíso. “Creo que somos dos instituciones vertebrales de nuestra región y efectivamente estamos haciendo un esfuerzo importante por apoyarnos en esta etapa que tiene que ver con cómo desarrollamos estrategias para enfrentar la pandemia”, sostuvo.

“Hemos sido capaces de desarrollar algunos procesos de innovación en esta materia, que tiene que ver con medir cargas virales en espacios de aire, lo que ha comprobado el Centro de Micro Bioinnovación y la Facultad, por lo tanto, nos parece relevante aportarle a Metro Valparaíso desde nuestra experiencia en esa perspectiva”, agregó.

Víctor Marshall, Gerente del Metro de Valparaíso, por su parte explicó que “lo que estamos haciendo ahora es dar un paso más en la estrategia de prevención que ha implementado Metro Valparaíso y hoy día, junto con la Universidad de Valparaíso, queremos poder medir la eficacia de nuestras medidas”.

Al mismo tiempo Marshall agregó que “estamos hace mucho tiempo trabajando en medidas de prevención. Seguimos estudiándolas y analizándolas. No se trata solo de medidas que hay que implementar en la cuarentena, sino también de manera permanente en el servicio. La participación de la Universidad de Valparaíso en esta estrategia es muy relevante para nosotros, porque nos permite trabajar con una institución de sólido prestigio en esta materia, para poder medir de manera innovadora y pionera cuál es la eficacia de la sanitización no sólo en las superficies táctiles, sino también en el aire”.

Finalmente, la decana de la Facultad de Farmacia de la U. de Valparaíso, Marcela Alviña expresó que “creo que somos uno de los primeros que estamos tomando muestras de aire para ver la carga viral y analizando a través del material genético la presencia de este virus para poder hacer un estudio cualitativo, es decir, saber si está o no, y cuantitativo para poder determinar cuál es la magnitud de la carga viral”.

Al cumplirse un año desde el inicio de las manifestaciones sociales más masivas que se hayan registrado en  Chile, académicas y académicos de la Universidad de Santiago, analizaron el fenómeno con la perspectiva del tiempo, abordaron sus causas y se refirieron a la posible proyección de este movimiento social, a días de un plebiscito que podría conllevar al cambio de la constitución en el país.

Para el doctor en Psicología, antropólogo y académico de la Universidad de Santiago, Sergio González, a un año del inicio de las movilizaciones no es posible hablar de una celebración, sino de una conmemoración del estallido. “Centenares de personas perdieron sus ojos. Es un doloroso símbolo: por manifestarse perdieron la vista y la posibilidad de seguir atestiguando el agobio, la angustia, la desigualdad y el oprobio”, afirmó.

A su juicio, el fenómeno social vino a materializar un cambio que el país ya venía experimentando, producto de la deslegitimación creciente de instituciones como la Presidencia, el Congreso, los Tribunales de Justicia y las Fuerzas de Orden y Seguridad. “Con el estallido, Chile cambió, pero en su capacidad de respuesta, de salir del letargo. Hay una expresión emocional-política y afectivo-social muy importante”, sostuvo.

“La discusión por una nueva Constitución es un gran logro de la movilización político-ciudadana, a través de diferentes expresiones fragmentadas de la sociedad que se expresaron y generaron una agenda”, consideró el académico de la Escuela de Psicología de la Usach.

Por último, el investigador especialista en Psicología Social y Cultural indicó que la relevancia del estallido social radica en que se trató de una “expresión socioemocional” de la ciudadanía, la cual se manifestó sin intermediarios. Es decir, sin participación de partidos ni liderazgos políticos. “El estallido social fue una expresión ciudadana nacida desde las emociones y sentimientos. Una reacción de gran impacto frente a los abusos, al desinterés de la élite y la clase política, y a un Gobierno tecnocrático que reprodujo la exclusión”, enfatizó González.

En opinión del académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Igor Goicovic, el estallido social de hace un año, representa “el punto de llegada de un proceso ascendente de movilizaciones sociales que ponen en discusión tanto el modelo económico neoliberal como el sistema político, en cuanto al desgaste y erosión que éste ha venido experimentando desde hace ya bastante tiempo”.

De acuerdo con el profesor de Historia y Gegrafía, “Chile no cambia a partir del 18 de octubre, sino que viene cambiando desde el año 2006, en términos de que las movilizaciones populares se inician con la denominada revolución pingüina de ese año, el 2006, sigue con la movilización de los trabajadores subcontratistas del cobre, forestales, de las salmoneras, las movilizaciones regionales, las movilizaciones de las comunidades indígenas, el movimiento no más AFP, el movimiento feminista y las movilizaciones esrtudiantiles a partir del 2011, etcétera”.

Respecto a la actual situación del movimiento social, Goicovic estimó que, evidentemente las manifestaciones se ven afectadas por el contexto de pandemia, pero, a su juicio, las protestas podrían incrementarse, incluso considerando el llamado a plebiscito. 

“Si bien la convocatoria a plebiscito opera como una suerte de salida política a la crisis de arrastre que veníamos teniendo, no es menos efectivo que no constituye la respuesta que muchas personas esperaban. Los cambios que la gente espera, tienen que ver con cambios en la estructura económica, con cambios en la distribución del ingreso, y, si bien también refieren a la institucionalidad, esos cambios se esperaban con una asamblea constituyente plenamente soberana y eso no es lo que necesariamente se va a manifestar en el plebiscito del 25 de octubre”, subrayó el autor de “Cultura de izquierda, violencia y política en América Latina”.

La Doctora en Historia y directora del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Cristina Moyano, consideró el 18 de octubre como un evento “muy relevante” porque, “vino a poner en evidencia una serie de desigualdades estructurales que vivía la sociedad chilena y que, de una u otra manera, la gente comenzó a identificar con el modelo neoliberal, con las herencias dictatoriales, con la gestión y administración del neoliberalismo durante la Concertación”. 

“Todo eso generó, por primera vez, un contexto y una enunciación política de una dimensión de molestia que estaba instalada en la sociedad en múltiples planos y que se reúne en ese momento que se denomina estallido social”, señaló la académica.

No obstante, Cristina Moyano aclara que el término estallido social no es de su preferencia, “porque es como que no lo hubiésemos podido ver”.

“Lo que está detrás de toda esto es una sociedad que se ha ido transformando en el tiempo y que está dispuesta a repolitizarse de distintas maneras respecto de la relación con el Estado, con las empresas, con la constitución, entre otros”, agregó. 

“En ese sentido político, la salida que le dio el parlamento a la ciudadanía de que parte de esa crisis se podía resolver a través de un cambio constitucional ha sido muy significativa porque ha podido repolitizar, efectivamente, el conjunto de rabias y malestares que estaban instalados en la sociedad y que cuando no se canalizan políticamente, suelen explotar como fenómenos de violencia colectiva que no producen, necesariamente, ni posibilitan acuerdos ni construcciones de sociedades con futuro”, opinó la académica de la Facultad de Humanidades.  

Para la socióloga, doctora en Ciencia Política y académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, el estallido social es decisivo en las definiciones políticas que terminaron provocando el acuerdo para posibilitar el cambio de Constitución a través del Plebiscito del próximo 25 de octubre.

“El estallido permitió que la élite política y económica de Chile reconociera que este es un país con muchas más dificultades de las que quisieron reconocer y que el modelo económico que está implantado no necesariamente lleva por una senda de crecimiento e igualdad, sino por una de segregación y fragmentación”, sostuvo.

La experta en seguridad enfatizó que las protestas que siguieron al 18 de octubre del año pasado también permitieron advertir “la peor cara de la represión policial, que vivieron y siguen viviendo los sectores populares, los estudiantes secundarios y universitarios y el pueblo mapuche. Eso se trasladó a Santiago, fue reconocido por la ciudadanía en su totalidad y abrió la posibilidad de discutir sobre cambios en las policías. Especialmente, en Carabineros”.

Finalmente, advirtió que las protestas que pudieran ocurrir el domingo podrían tener dos repercusiones. Por una parte, “si son violentas, se genera la sensación de una violencia sin sentido y sin objetivo de reclamo, lo que podría impactar en algunos votantes que hoy están más indecisos”, afirmó.

Por otro lado, indicó que la masividad de la manifestación también podría influir en la percepción ciudadana sobre la propagación del coronavirus. “Sin embargo, las últimas encuestas muestran que los chilenos están comprometidos con el proceso y con la intención de ir a votar. Entendería que la población mayor tenga un poco más de temor por los contagios, pero es esperable que en estos comicios vote al menos la misma cantidad de personas que lo hizo en las presidenciales”, consideró.

A partir de un análisis de prensa escrita y radial de 18 medios de circulación nacional y regional, el Observatorio de Conflictos de COES en su informe anual del año 2020, ha estudiado la cobertura de protestas de los últimos once años (2009-2019), haciendo especial hincapié en el estallido social –cuya medición abarca el registro desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019.

La sistematización de esta base de datos (de libre acceso) considera 90 variables con las que se codificaron las acciones contenciosas que cumplen con: i) ocurrir en un espacio y tiempo determinado, ii) expresar una demanda colectiva, y iii) abarcar la participación de un solo individuo, grupos pequeños y/o concentraciones masivas sobre un millón de personas. 

En los últimos once años –hasta el 17 de octubre de 2019–, en Chile ocurrían cinco acciones de protesta en promedio al día. Con el estallido social –desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019–, la explosividad de la protesta superó en demasía los parámetros de conflictividad que se habían observado hasta entonces, multiplicándose por nueve, es decir, hubo 45 acciones de protesta en promedio al día. Lo anterior equivale a reproducir tres veces las movilizaciones del movimiento estudiantil entre junio y agosto de 2011, el segundo período más álgido de movilización de la última década. 

En esta última década la participación en las movilizaciones fue marcada principalmente por parte de estudiantes y trabajadores, pero con el estallido social ésta bajó considerablemente. En cambio, aparecieron tres nuevos grupos con mayor representación en las protestas: vecinos (20%), mujeres (25%) y encapuchados (35%). Los primeros, refieren a personas unidas por una cercanía y arraigo territorial; mientras que las segundas, desde el 2015, con la intensificación de las movilizaciones feministas en contra de la violencia hacia las mujeres, han ido consolidando su protagonismo y articulación. Por otro lado, desde el 18 de octubre las mujeres estuvieron muy presentes en otras demandas, como por ejemplo por una Asamblea Constituyente. Por último, los encapuchados, a quienes se les asocia con las manifestaciones violentas, casi cuadruplicaron su participación en relación a la década anterior y representan a un tercio de los grupos activos movilizados. 

Una de las particularidades del estallido social refiere a que no hubo una organización articuladora convocante, como antes lo había sido la Confech o la Coordinadora No + AFP, por ejemplo. Previo al 18 de octubre, el 56% de las protestas reportaba la presencia de, al menos, una organización, y el 14% en dos o más organizaciones. Luego del 18 de octubre, esta cifra se redujo a un 22% y a un 8%, respectivamente. No obstante, las organizaciones que más participaron del estallido social son: la Mesa de Unidad Social, la Federación Nacional de Recolectores (FENARCHI), la Unión Portuaria, el Movimiento “No Más Tag” y el FENPRUSS (Confederación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud). 

Una explicación es que “tal como lo han expresado muchas encuestas, en Chile hay una tasa decreciente en la afiliación a organizaciones de todo tipo, las que hoy cumplen un rol menos protagónico en la sociedad. En su lugar, la sociedad se está estructurando cada vez más a partir de vínculos y redes informales (grupos de amigos, familiares y vecinales, compañeros de curso o colegas de trabajo), que no cuajan con las estructuras organizacionales piramidales, en que el rol de los líderes está bastante desprestigiado”, explica Nicolás Somma, investigador del Observatorio de Conflictos, también director y profesor asociado del Instituto de Sociología (ISUC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Al mismo tiempo, solo el 25% de las protestas durante el estallido social empujó una demanda específica, en comparación a los años anteriores en que éstas representaban el 92%. En este periodo, la única que tuvo un aumento significativo fue la asamblea constituyente o el cambio constitucional, que hasta antes del 18 de octubre prácticamente no existía. Para el politólogo Tomás Campos, coordinador del Observatorio de Conflictos, el estallido social es una explosión de protestas y de expresiones que permiten una apertura del sistema político, lo que se conoce como una “ventana de oportunidad”, y agrega que: “esto permitió que volvieran a levantarse y posicionarse demandas que venían gestándose hace una década atrás, como el precio de los medicamentos, la deuda universitaria y el ingreso mínimo; que si bien no tenían una relación directa con la evasión del Metro liderada por los secundarios, terminó por canalizar dichas demandas en el proceso actual del posible cambio constitucional”.

A su vez, las demandas por temas laborales y de educación disminuyeron notablemente –aún así, siguen siendo las más frecuentes–, mientras que las demandas ecologistas-territoriales presentaron una baja significativa, hasta casi desaparecer del mapa. Las demandas por salud, previsión social, vivienda y género se mantienen o aumentan levemente, siendo las dos primeras las que permitieron visibilizar los problemas materiales de grupos vulnerables como las personas de tercera edad.    

Según detalla el informe, las organizaciones (vinculadas a movimientos sociales o no) difícilmente pudieron movilizar a tantas personas en tantas acciones. Para el sociólogo Nicolás Somma, la desarticulación de las demandas, en parte, facilitó que se dieran distintas dinámicas, como la difusión informal de la protesta por grupos concéntricos con una inclinación muy fuerte hacia la violencia. “Esto termina abarcando a una población que probablemente no estaba predispuesta a la violencia, pero que se suma porque hay un clima de violencia (…) Hay energía y emociones colectivas que se producen en actos que buscan superar la institucionalidad con la transgresión, y que tiene una mezcla de miedo, excitación y entusiasmo que se autopropulsan”, señala.

Además, en el 40% de las protestas del estallido social ocurrieron actos violentos, tanto por la acción represiva de las fuerzas armadas y de orden –uso de carros lanzaaguas, bombas lacrimógenas o armas de fuego, y el enfrentamiento y/o detenciones de los manifestantes– como por las tácticas violentas por parte de los manifestantes –destrucción de la propiedad pública y privada; saqueo de tiendas, oficinas y supermercados; ataques a las fuerzas policiales; y quema de autos y edificios.

Si bien hubo mucha violencia por parte de la policía y de los manifestantes, Somma destaca que no hay que perder de vista que, dentro de las tácticas de protestas utilizadas, el grueso responde a tácticas pacíficas (40%), seguidas por las disruptivas –huelgas, paros, tomas de predios o establecimientos, ocupaciones de plazas, entre otras– (34%), las que no necesariamente fueron violentas; y en último lugar, las tácticas violentas (26%).

Otro resultado relevante es que, en términos generales, la protesta violenta aumenta la represión policial, pero lo mismo ocurre a la inversa: la represión policial aumenta las tácticas violentas, en vez de disuadirlas “produciendo espirales de violencia generalizada que se retroalimentan”, señala el estudio. A su vez, según la evidencia reportada, los manifestantes reaccionan más rápido con tácticas violentas a una represión policial pasada, que policía reprimiendo protestas violentas. Por último, a nivel desagregado, en la Región Metropolitana y, en menor medida, en la Región del Bío Bío, existe mayor represión policial a causa de la violencia en las manifestaciones; mientras que en la Región de La Araucanía hay una alta estimulación recíproca entre tácticas violentas de protestas y represión policial, con una alta significancia estadística.

¿Qué pasa en las regiones? Si bien las protestas que han tenido mayor alcance masivo han ocurrido en la Región Metropolitana, seguidas por Valparaíso y por Bío Bío, al considerar el número de acciones contenciosas por cada diez mil habitantes, se observa una mayor actividad contenciosa en el norte y en el sur. Esto se debe a que en el norte, predominan las industrias extractivas que ofrecen bajos salarios (exceptuando las empresas mineras, especialmente CODELCO) y, en ciertos casos, precarias condiciones de trabajo. Mientras que en el sur, particularmente en las regiones de La Araucanía y de Aysén, se observa una alta frecuencia de protestas por mayor autonomía regional, caracterizadas por las demandas mapuche y por movimientos regionalistas, respectivamente.

En las regiones de La Araucanía y Aysén, se multiplicaron tres veces las protestas durante el estallido social en relación al periodo analizado. De hecho, Aysén es la región que presenta la tasa de protestas más alta por habitantes del país, y la que se encuentra en una condición de mayor aislamiento geográfico en Chile continental. Si en la Región Metropolitana las protestas se multiplicaron por nueve, su efecto fue aún mayor en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y El Maule (x11), Valparaíso (x12), siendo todas estas superadas por Ñuble, donde las protestas se multiplicaron por 18. Finalmente, cabe señalar que hacia el sur, las acciones contenciosas van disminuyendo su efecto multiplicador: Los Lagos (x8), O’Higgins (x8), Magallanes (x7), Los Ríos (x6), La Araucanía (x3) y Aysén (x3).

Para recabar de forma íntegra la información acerca de acciones contenciosas, se identifica y describe de forma sistemática y estructurada la información en tres niveles. Primero, reportes de prensa de acciones contenciosas, que pueden ser únicas, repetidas en dos o más medios de prensa, o formar parte de un “episodio contencioso”.

Segundo, acciones contenciosas únicas (descontando las repeticiones de prensa) que ocurren en un espacio y tiempo específico que pueden gestarse de forma autónoma o ser concurrentes a un episodio o a una convocatoria común a mayor escala.

Tercero, episodios contenciosos que aglomeran a dos o más acciones específicas, que ocurren en distintos lugares de forma simultánea, dentro de un mismo día. Según el foco de investigación, estos niveles se pueden agregar o desagregar de forma inequívoca mediante el uso de las variables correspondientes. Potencialmente, existe un cuarto nivel, que correspondería a procesos contenciosos más dilatados en el tiempo y que pueden construirse a partir del nivel de episodios contenciosos con concurrencia, pero requiere un análisis específico según el objetivo de investigación y determinar caso a caso las fechas de inicio o término de estos procesos.

Las variables que se consideran al momento de codificar las acciones contenciosas se pueden resumir en las siguientes: fecha de la acción, tipo de noticia (versión impresa o versión web), ubicación (región, provincia, comuna, localidad o ciudad), lugar objetivo de la demanda, eventos concurrentes, número de participantes (por acción y por evento concurrente), grupos sociales participantes, target de la protesta, sector del actor demandado y demandante (categoría PNUD), organizaciones participantes, elementos de demanda, campo de conflictividad (categoría PNUD), presencia de carabineros y su acción (detenidos, heridos y muertos) y tácticas de protesta.

La obra surge como resultado de un extenso trabajo de investigación que entrecruza historia, antropología y memoria en Chile, España e Inglaterra en torno a las “juventudes de Estado” leales a la dictadura cívico-militar chilena: Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) y el Frente Juvenil de Unidad Nacional (FJUN).  A través de relatos de vida de militantes de base y dirigentes máximos, además de diversas fuentes documentales y archivísticas desclasificadas en Chile y España.

En ese contexto, el académico U. Austral dio a conocer que, el libro reconstruye la relación directa de estas entidades juveniles con sus símiles franquistas (OJE y DNJ) y, fundamentalmente, analiza su accionar e impacto en la producción de nuevas subjetividades juveniles y en la identidad política del propio régimen de Pinochet. 

“Desde el punto de vista teórico, el libro rehabilita la noción de fascismo como categoría heurística para leer la dictadura en su tentativa de adoctrinar, movilizar y fidelizar a las nuevas generaciones a través de sus entidades juveniles, las que se erigen como uno de los únicos casos en América Latina de “juventudes de Estado”, es decir, aquellas organizaciones de jóvenes incardinadas en el aparato estatal, creadas como respuesta y estrategia totalitaria para sostener los regímenes de las que dependían, expandir o proteger a la nación de los “enemigos” externos e internos y ser ejemplo, corazón e hipérbole del “nuevo orden” a edificar”, expresó.

Asimismo, el Dr. Yanko González indicó que, en el texto se demuestra a través de archivos documentales y Relatos de Vida de los principales dirigentes de la Delegación Nacional de Juventud y la Organización Juvenil Española –el “Frente de Juventudes”-, sosteniendo que las orgánicas chilenas son herederas directas de las juventudes de Estado franquistas y, a través de ellas, de la Hitlerjugend y Balillas italianos.

“Entre las tesis fundamentales, el libro postula que en la primera década del régimen dictatorial, Chile vivió un proceso real de fascistización –“fascismo en progreso”- a través de sus políticas juveniles expresadas, en lo sustantivo, en las acciones institucionalizadas de adoctrinamiento y puesta en marcha de una religión política destinada a generar una adhesión “mística” y “combativa” al régimen y asegurar su reproducción, como la organización de los actos de masas de Chacarillas, pero también los desconocidos “Chacarillas Regionales”, organizados en todo el país”, señaló el autor. 

Junto a ello y en su parte final, el libro incluye y analiza documentación inédita de Jaime Guzmán –artífice de la materialización tanto de la SNJ como del FJUN- dirigida a la Junta de Gobierno en 1973; un corpus de imágenes inéditas de los máximos dirigentes de las juventudes de Estado franquistas de visita de trabajo en el país con los generales Pinochet, Leigh y Mendoza, documentación oficial de intercambio entre las organizaciones hispanas y chilenas, entre otras fuentes visuales y documentales”, puntualizó el académico.

Este libro fue realizado en el marco del proyecto de Investigación “De las juventudes de Estado a las culturas juveniles hegemónicas: Dictadura, fascistización y conexiones generacionales (España y Chile 1973–1981)” financiado por el programa Postdoctorado en el Extranjero Becas Chile de CONICYT;  y el proyecto “Cultural Narratives of Crisis & Renewal” (CRIC), financiado a través de Horizon 2020 Marie Skłodowska–Curie Actions, Reserach Innovation and Staff Exchanges con base en la Universidad de Newcastle, Reino Unido.