“Es muy grave el que grupos de civiles decidan ejecutar acciones de desalojo de dichas tomas, que sólo competen a las autoridades competentes, y que estas no actúen oportunamente. Por lo mismo, hacemos un llamado a que se investiguen estas situaciones y se identifique a las personas responsables”.
Esta fue parte de la declaración que emitió, a través de un comunicado, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) respecto a lo ocurrido en La Araucanía en los últimos días, tras el desalojo ejecutado por civiles a algunas municipalidades de la región tomadas por grupos de personas de origen mapuche.
A juicio de la académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago, Elisa Loncon Antileo, estos episodios de violencia, “han ocurrido antes y son evidencia de la ausencia de políticas de diálogo, pero, más allá, revelan la ausencia de políticas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que no tendrían que tomarse la municipalidad si es que esa municipalidad reconociera los derechos que son nuestros”.
Uno de los orígenes del conflicto actual, en opinión de Loncon, se encuentra en el carácter colonialista de las instituciones nacionales.
“Los pueblos indígenas son, prácticamente, pequeñas colonias, del Estado. El comportamiento sigue siendo de negación de quienes son los pueblos indígenas. Las instituciones como la municipalidad, la intendencia o la policía, gobiernan para el pueblo no indígena; a través de una lengua, legislación y programas que no son indígenas. Entonces ¿qué hace la gente de aquí de Malleco? ¿Qué han hecho toda la vida? Han reclamado sus derechos”, planteó la profesora.
De acuerdo con Elisa Loncon, el Gobierno tiene una responsabilidad importante en el brote de violencia, ocurrido en la zona tras la visita del ministro del Interior, Víctor Pérez.
“El Gobierno no es inocente ni ignorante. El Gobierno está haciendo prevalecer su interés de modelo económico de explotación de la naturaleza y, en función de eso, está actuando, pero no para resolver los problemas profundos que tienen los pueblos indígenas en cuanto al reconocimiento de sus derechos colectivos; el derecho a territorio o a tener agua”, señaló la también investigadora y Doctora en Lingüística por la Universidad de Leiden, Holanda.
Para el historiador mapuche y académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Fernando Pairican, “lo sucedido durante los últimos días en Wallmapu manifiesta que hay actores que se resisten al ejercicio de nuestros derechos colectivos y cruzan el cerco al hacer uso de la violencia racial”.
Sin embargo, el investigador en pueblos y movimientos indígenas señaló que el proceso constituyente permite la posibilidad de canalizar los derechos de los pueblos originarios. “Es indispensable para ello atender la situación de los prisioneros políticos, revertir la militarización de Wallmapu y comprometernos en un nuevo pacto en las relaciones interculturales”, sostuvo.
“El Convenio 169 de la OIT de pueblos originarios y tribales sumada a la Declaración de los pueblos originarios de la ONU son recomendaciones para tener en consideración. Ambos documentos permiten canalizar la demanda de los mapuche en huelga de hambre. Estos no solicitan la libertad, sino atender a un cambio de las medidas cautelares”, explicó.
Con todo, el historiador consideró que las movilizaciones del fin de semana en La Araucanía representan a un grupo minoritario, si se compara con las manifestaciones en apoyo al cambio constitucional que, entre otras demandas, expresaron la necesidad de que exista una nueva Carta Magna para el país con perspectiva intercultural.
“Los actos de violencia sucedidos en los últimos días contra la población mapuche expresan que el racismo aún existe en un porcentaje de la población. El racismo que susurraba en silencioso, ante la crisis de COVID 19, nos demuestra que aún debemos avanzar bastante en los derechos y la educación intercultural en la población no indígena”, advirtió.
En tanto, el historiador mapuche, académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Pedro Canales Tapia, consideró que las acciones de civiles que intentaron atacar a personas de origen mapuche, “son expresiones de racismo puro y público, que no dan ninguna posibilidad de entender lo que está sucediendo en La Araucanía en estos tiempos de pandemia, a través de hechos como quemas de camiones, descarrilamiento de trenes y otras acciones que se han ido sumando. En ese contexto, lo que sucedió en Curacautín, el grito racista de ‘el que no salta es mapuche’, lo que hace es complicar más la situación”.
“Esta es una situación histórica de violencia estructural en contra del pueblo mapuche; en contra de sus organizaciones y en contra de sus demandas históricas, legítimas por lo demás”, opinó Canales.
Para el académico, las preguntas de fondo, ante el episodio de violencia son, “qué Chile queremos construir, qué Chile es el que se está comenzando a pensar y elaborar, en qué quedó la propuesta plurinacional para la posible asamblea constituyente luego del plebiscito que se va a desarrollar en octubre”.
“¿Son solo discursos? ¿Es sólo retórica política? ¿Son anhelos, ilusiones, imposibles de cumplir? ¿Por qué en este momento, en esta coyuntura tan compleja en la cual tenemos que lamentar la muerte de más de 13 mil personas producto del COVID-19, el Gobierno de Chile desarrolla este tipo de estrategias respecto de las demandas mapuche? ¿Por qué los mapuche son tomados presos luego de ser desalojados de varias municipalidades? ¿Y por qué la población chilena que apoyó a la policía en este proceso de desalojo y que se enfrentó a otros chilenos, en un capítulo inusual de la historia de este país, no recibieron ninguna sanción ni fueron encarcelados?”, cuestionó el académico.
