A pesar del exitoso proceso de vacunación que vive actualmente el país, un 70% de la ciudadanía tiene “ninguna” o “poca confianza” en la información entregada por el gobierno sobre la pandemia. Los resultados de la última encuesta Data Influye, de la consultora de opinión pública Tú Influyes, se conocen en medio de la compleja situación sanitaria del país, con un nuevo record de más de 8 mil nuevos casos y un endurecimiento de las restricciones de movilidad.

Solo el 11% tiene mucha confianza y el 19% algo de confianza, alternativas que suman 30%, lo que representa una caída de 15 puntos respecto a la medición del mes anterior, cuando las personas que decían confiar en la información proporcionada por el Ejecutivo llegaban a un 45%.

Pese a eso, un 43% admite que ya fue inoculado, un 26% indica que intentará vacunarse lo antes posible, y un 15% asegura que esperará el tiempo que sea necesario por la vacuna más efectiva. En tanto, un 9% reconoce que no participará de este proceso sanitario.

En la gestión del proceso de vacunación, los equipos de salud son evaluados con nota entre 6 y 7 por el 82% de los consultados, mientras que el Colegio Médico recibe esa calificación en un 42% de los casos. El 73% le pone nota entre 1 y 4 al presidente Sebastián Piñera, misma calificación que otorga el 60% al ministro Enrique Paris y el 59% al gobierno, tres actores que no logran capitalizar la rápida inoculación contra el covid-19.

Lo que sí ha concitado confianza es la priorización de los grupos de vacunación, la que tiene un 63% de confianza entre los consultados.

Por otra parte, a pesar de las diferentes posiciones que hay en el Congreso Nacional y entre los actores económicos del país, un tercer retiro de dinero de los fondos de pensiones es ampliamente respaldado por la ciudadanía. Frente a la pregunta “ante la posibilidad de quedar en cero ¿realizaría de todas formas este retiro?”, un 77% respondió que “sí, absolutamente”, un 9% “sí, tal vez”, un 6% “no estoy seguro (a)” y solo un 8% “no lo haría”.

El sondeo también muestra que los tres principales destinos que le darían los afiliados a las AFP a este dinero sería el pago de deudas generales (33%), compra de alimentos o artículos de primera necesidad (21%) y ahorro o inversión (20%).

“Esto demuestra que la mayoría de los ciudadanos se encuentran en una situación económica difícil producto de lo extensos que han sido los efectos de la pandemia. La gente está preocupada por su futuro, en especial por el regreso de las cuarentenas y el aumento del desempleo”, señala Axel Callís, sociólogo y director ejecutivo de Tu Influyes.

El analista agrega que la encuesta grafica este temor, ya que un 39% de los encuestados califica su situación económica como “mala” o “muy mala”, cuatro puntos más que en el estudio del mes anterior y recalca que las expectativas no son las mejores. La idea de que Chile progresará cayó 17 puntos, quedando en que solo 1 de cada 4 personas cree que se avanzará. Esa visión se trasladó casi en su totalidad a quienes creen que decaerá, subiendo 14 puntos desde el sondeo anterior. “El 47% de los entrevistados cree que la economía del país se estancará durante este año y un 27% piensa que decaerá”, destaca Callís.

En la consulta también se pregunta ¿cómo se debería distribuir el 6% de cotización adicional que el gobierno propone en su reforma previsional? Ante ello, un 36% responde que la totalidad debiese ir a un fondo individual, mientras que un 24% cree que debe ir a un fondo solidario. En tanto, un 27% cree que esta cotización debe dividirse en partes iguales.

“Esto es una señal que los actores políticos debieran tomar en cuenta, ya que en la oposición se ha instalado la idea de que la cotización adicional vaya en su totalidad a un fondo solidario. Los datos muestran que la idea del ahorro individual tiene más adhesión de lo que se pensaba y eso hace que cobre sentido una fórmula mixta”, analiza el director de Tú Influyes.

Luego de tres semanas de iniciada la franja electoral para el proceso constituyente, el 26% de la ciudadanía reconoce que no ha visto el espacio, mismo porcentaje que asegura que la visto “casi nada”. En tanto, un 31% la mira “de vez en cuando” y un 17% lo hace “diariamente”.

“Más que para cambiar un voto, las franjas electorales sirven para reafirmar la posición que tienen los televidentes. De todas formas, es preocupante que casi la mitad de las personas no les interese este espacio democrático, más aún cuando esta elección ha sido considerada como la más importante de la historia de nuestro país”, recalca Axel Callís. De hecho, en el mismo sondeo se revela que el 60% de los entrevistados cree que la franja no colabora “en nada” con la decisión de cambiar su voto, mientras que un 37% piensa que lo hace parcialmente.

Por otra parte, la ciudadanía considera que la participación de alcaldes en la franja de los candidatos a Constituyentes es la única que se acerca a ser un aporte. Un 38% dice que suman, mientras que opinan lo contrario, el restante 62%. Pero la participación de presidenciables es considerada un aporte solo por un 25%; en el caso de los parlamentarios por un 18%; en el de los presidentes o presidentas de partidos, por un 17% y de exautoridades o exministros, solo en un 13%.

Esta cifra es preocupante según Callís, ya que los mismos encuestados revelan, en un 49%, que están desinformados ante las elecciones de constituyentes, cifra que aumenta a 52% respecto de los concejales y a 54% cuando hablamos de gobernadores regionales. En tanto, para la elección de alcaldesun 69% dice estar informado.

Por último, el apoyo ciudadano al presidente Sebastián Piñera no logra repuntar, ya que su aprobación cayó en 4 puntos, llegando a 9%, mientras que la desaprobación se empina en 76%.    

La encuesta Data Influye es un estudio de tipo cuantitativo no probabilístico y utiliza la metodología de paneles on line. El universo corresponde a población mayor de 18 años de todas las regiones de Chile con acceso a internet. El tamaño de la muestra es de 1.890 participantes, se realizó entre los días 26 y 29 de marzo y su margen de error es de 2,25%.

Esta semana las autoridades nacionales informaron que se restringirán los viajes al extranjero por el plazo de 30 días, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes. Solo en caso de motivos urgentes y calificados de carácter humanitario, tratamientos de salud o gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país, se permitirá una autorización extraordinaria para el viaje de personas que podrá ser solicitada a través de Comisaría Virtual.

Se prohibirá durante 30 días, el ingreso de extranjeros no residentes en Chile, con excepción de aquellos debidamente autorizados por la autoridad consular chilena en el país de origen, bajo criterios sanitarios fundados emitidos por la autoridad sanitaria, mirando siempre el interés general del país.

Por otra parte, se exigirá que los choferes de camiones que ingresen por frontera terrestre, cuenten con un PCR negativo de máximo 72 horas. Además, se realizarán de exámenes aleatorios de antígenos por parte del personal de Salud a choferes que ingresan al país. En el caso de que uno de ellos tenga examen positivo al Coronavirus, ingresará a una residencia sanitaria y la empresa transportista deberá hacerse cargo de la operación de la carga y del camión.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció una serie de modificaciones, respecto de las actividades y permisos que rigen actualmente y que se aplicarán desde el lunes 5 de abril a las 05:00 horas:

Se limitarán los permisos de desplazamiento individual. Para comunas en Fase 1, se autorizarán dos permisos semanales y solo uno de ellos se podrá utilizar los fines de semana y festivos.

Respecto del aforo para cultos religiosos, para las comunas en cuarentena se permitirá un máximo de cinco personas que puedan asistir al ministro de culto.

Para la obtención del Permiso Único Colectivo (PUC), será deberá informar el total de trabajadores de la empresa, el número de trabajadores esenciales que requieren de dicho permiso y la labor esencial que realiza ese funcionario.

Para efectos de lo anterior, se entenderá como actividad esencial aquellas que no pueden ser realizadas telemáticamente y que son imprescindibles. Por lo que quedan fuera labores administrativas, contables, financieras y de asesorías y de consultorías. Esto rige, tanto para trabajadores del sector público como privado.

Por otra parte, se eliminarán de manera temporal los giros esenciales referidos a la venta al por menor de prendas y accesorios de vestir; calzado en comercio especializado; y venta al por mayor de perfumes, tocador y cosméticos. Esta medida regirá por 15 días y luego de ellos se evaluará su continuidad.

Se restringirá la definición de bienes esenciales de uso doméstico, quedando como aquellos bienes o servicios que tienen por fin ser utilizados por las personas dentro del domicilio, en comunas que se encuentren en fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso, y que son imprescindibles para la subsistencia (alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal), el teletrabajo, la educación a distancia y la conservación y seguridad del inmueble”.

También se limitarán los productos comercializados en supermercados en comunas en fase 1 y 2, permitiendo la venta de productos que califiquen dentro de la nueva definición de bienes y servicios esenciales de uso doméstico (incluidos los supermercados).

Además, los comercios deberán exigir el permiso de desplazamiento general o PUC de mayorista esencial a aquellas personas que deseen ingresar a los mismos.

Por otra parte, se terminó adelantar para las 13:00 horas de este jueves 1 de abril el cordón sanitario que se instalará en la Región Metropolitana, Valparaíso, en la zona urbana del gran Concepción y en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía. Dicha medida se mantendrá hasta las 22:00 horas del domingo 4 de abril.

En torno a la revuelta social de octubre del 2019 y al llamado “despertar” de Chile, personas, comunidades, organizaciones, desde los más diversos espacios se autoconvocaron con el propósito de comprender el origen de los problemas expuestos por la ciudadanía. En este proceso, desde “Unidad Social”, plataforma que reúne a múltiples colectivos de organizaciones sociales y gremiales, se realizó un llamado y se aportó con metodología para la sistematización de registros generados en la discusión proponiendo tres preguntas gatilladoras: ¿Cuáles son las causas? ¿Existen demandas prioritarias para la ciudadanía? ¿Cómo es posible avanzar en mayor justicia social?.

En ese sentido, se acogió la información que se generó desde el Estallido Social del 18 de octubre de 2019 y hasta pasadas las movilizaciones de las mujeres del 8 de marzo del 2020. Se levantó la información desde los múltiples formatos en que la comunidad registró sus cabildos, y posterior a este trabajo se logró con la Universidad de Chile, un acuerdo para sistematizar y analizar la información, con la finalidad de generar informes a nivel distrital.

La urgencia de hacer de público conocimiento los resultados territoriales de los cabildos para el desarrollo de los procesos de participación en curso hacia el proceso constituyente, y el llamado a colaborar desde Unidad Social, generaron la constitución de una coordinación de equipos académic@s de 12 universidades a lo largo del país, las que incluyen profesionales de la Universidad de Chile, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad Católica del Norte, Universidad de Valparaíso, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Santiago, Universidad Católica del Maule, Universidad de Concepción, Universidad de la Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral.

Estos equipos fueron los encargados del análisis de los datos y de la redacción del presente informe, el cual entre sus resultados indica que las principales exigencias tienen cerca de un 70% de coincidencia entre cabildos. Se demanda una Nueva Constitución (70%) y se plantea como mecanismo para llegar ella una Asamblea Constituyente; dentro de los ámbitos de mayor relevancia se encuentran Educación (73%), Pensiones (69%) y Salud (68%), y le siguen las exigencias en Empleo y trabajo (47%), Medio ambiente (45%), con casi la mitad de los cabildos, y con casi un 40% los cambios al modelo (38%).

En el caso de Educación aparece la gratuidad (313 cabildos) y la calidad (348 cabildos), el fin del endeudamiento en la educación superior y condonación (CAE) (148 cabildos). En Salud, por su parte, un sistema único, universal (149), salud pública de calidad, incluido un mejor trato (237) y acceso equitativo a las prestaciones de salud (125) son demandas principales.

Estos son algunos de los resultados del análisis de 1.233 cabildos sostenidos en todo el país durante octubre del 2019 y marzo del 2020, que corresponden específicamente a aquellos cabildos que decidieron enviar su información a Unidad Social; desplegados en todas las regiones, en 211 comunas.

Según detalla  Pamela Eguiguren, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, “el informe no abarca  la totalidad de los cabildos realizados en el país, sino sólo aquellos que enviaron su información a través de Unidad Social. Estos registros disponibles están concentrados en las Regiones Metropolitana (502), Valparaíso (136) y Bío Bío (132), con una participación registrada que va desde localidades muy pequeñas y rurales hasta las grandes ciudades. En este sentido, el reporte consigna la participación de más de 35 mil personas, 56% mujeres y 44% hombres. En 42 cabildos (3,4%) se declaró la participación de personas de pueblos indígenas. También fue reportada la participación de 1951 niños, niñas y niñes”.

El documento llamado “Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: Sistematización de 1233 cabildos ciudadanos”, será presentado en forma oficial el día martes 06 de abril a partir de las 18:00 hrs. en el canal de Youtube de la Universidad de Chile y será comentado por la destacada periodista Alejandra Matus.

La fuerza laboral en Chile ha ido envejeciendo desde 2010, llegando en 2019 a registrar un 50% de trabajadores con edad igual o superior a los 41,2 años, una cifra superior a lo que registran países como Uruguay y Argentina, y muy lejos de Brasil, Bolivia o Colombia, que no superaban los 38 años.

Además, hacia 2031 la población en edad de trabajar llegará a su máximo estimado de 13.77 millones de personas, para luego iniciar una disminución nominal, hasta llegar en 2050 a 13.13 millones de personas, un 27.7% mayor a la de 2002, pero aproximadamente 640.000 personas menos que las del año 2031.

Así lo refleja el reporte “¿Está Chile Preparado para Envejecer?”, presentado esta mañana en el seminario organizado por el Observatorio del Envejecimiento para un Chile con futuro, que surge de la alianza entre Compañía de Seguros Confuturo y la Pontificia Universidad Católica.

En la actividad participó Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales, Mariane Krause, decana de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad Católica, Eduardo Valenzuela, miembro del Consejo Consultivo del Observatorio del Envejecimiento, Gerardo Fasce, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y Christian Abello, gerente general de Confuturo.

El reporte analizó las implicancias del envejecimiento poblacional en Chile, entregando información contextual y resaltando los desafíos que vienen. Eduardo Valenzuela, que presentó sus principales puntos, destacó que, en los últimos años nuestro país ha experimentado un incremento sostenido de la esperanza de vida y con ello, un mayor envejecimiento poblacional, tendencia que se intensificará. Para el año 2050, se estima que la población sobre 60 años será del 32,1%, es decir, 3 de cada 10 habitantes serán personas mayores.

“Es muy importante el trabajo que está haciendo el Observatorio del Envejecimiento, porque tras este primer año de existencia han estado monitoreando sistemáticamente la situación de los adultos mayores en Chile: en este minuto somos un país que no tiene plena conciencia de que en el 2050 un tercio de la población va a tener más de 60 años. Nuestro desafío más urgente es lograr un cambio en esa percepción, preocupándonos de una buena integración social y económica de este segmento”, dijo Mariane Krause, decana de la Facultad de Ciencias Sociales UC.

En el ámbito laboral, el estudio también destaca que, en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo, en 2019 el 6.28% de un total de 9.087.132 personas ocupadas fueron personas mayores, quienes se desempeñan principalmente en el sector de comercio, agricultura e industria manufacturera, señalando además que el grupo 60+ fue el rango etario con mayor tasa de ocupación informal.

En ese sentido, la manera en que se construyen las ciudades, los incentivos a la inserción laboral y la integración a otros espacios de la vida cotidiana, así como la salud, son aspectos que pasan a ser centrales y que precisamente son abordados en el reporte.

“Es necesario enfrentar el desafío y buscar mecanismos que permitan al mercado laboral acoger a los adultos mayores. Debemos acercar a nuestro país a conceptos como la Silver economy o economía plateada, que se refiere a cómo un sector de la economía se desarrolla incorporando el cambio demográfico a causa del envejecimiento de la población. Es clave que tanto el sector público como privado pongan más en el centro a los adultos mayores para el diseño de estrategias, actividades y políticas para el presente y el futuro”, subrayó Christian Abello, gerente general de Confuturo.

Otro de los puntos que aborda el reporte es el de las ciudades amigables, para el que se realizó un focus group previo al período de pandemia, en el que personas mayores compartieron sus opiniones respecto a las comunas donde viven y las dificultades a las que se enfrentan.

Uno de sus hallazgos fue que las ciudades en nuestro país son percibidas como poco amigables por los adultos mayores y en ese contexto, uno de los aspectos peor evaluados son la falta de adaptabilidad en el transporte público, así como la infraestructura de paraderos y el estado de pavimentos y veredas, lo que dificulta su día a día. Asimismo, destaca la necesidad de generar políticas que permitan mejorar las condiciones de infraestructura de las ciudades, pero no desde una lógica asistencialista del adulto mayor, sino considerando a las personas mayores como sujetos de derecho.

En relación a la dimensión de salud, el estudio pone en evidencia el déficit de personal médico y con especialización en geriatría, señalando que, si bien ha habido un alza importante de geriatras en los últimos años -alcanzando actualmente a 143- no es suficiente pensando en que para el año 2050 se necesita contar con 1.389 especialistas.

Para facilitar el acceso en tiempo real a datos sobre la pandemia, el Ministerio de Ciencia presentó hoy un Robot de Datos Abiertos que a través de la cuenta en Twitter @min_ciencia_IA, informa a la ciudadanía qué información de la Base de Datos COVID-19 se ha actualizado y cuándo.

El bot consiste en una serie de comandos programados en código abierto que automatizan el reporte de las actualizaciones de más de 80 set de datos como número de contagios, capacidad del sistema de salud, cifras de vacunación, movilidad y estado de las comunas en el plan Paso a Paso, para facilitar el análisis de la comunidad científica, académica y de otras personas que desarrollan visualizaciones sobre el impacto del COVID-19 en Chile.

“Desde el inicio de la pandemia nos comprometimos con  facilitar el acceso a información para el avance del conocimiento sobre el COVID-19, y este Bot de Datos es una nueva herramienta para promover el análisis y monitoreo de más de 40 iniciativas que se alimentan de nuestra Base de Datos Abiertos”, destacó el ministro de Ciencia, Andrés Couve.

Según informó la autoridad, la Base de Datos Abiertos COVID-19 que cuenta con el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud, a la fecha registra más de 1 millón visitas y un promedio de entre 200 y 300 descargas diarias.

“A través del mejoramiento continuo de esta plataforma, que reúne de manera integrada y estandarizada toda la información del reporte diario del Ministerio de Salud, del informe epidemiológico, de universidades, centros de investigación, sector privado y otros de ministerios, queremos apoyar el necesario seguimiento de una pandemia que nos exige mantener las medidas de prevención, mientras avanza el proceso de vacunación”, señaló el ministro.