Este lunes, la Superintendencia de Pensiones entregó un balance sobre el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. El trámite, con apenas un día en vigencia, ya había superado 3,2 millones de solicitudes.

Para el ex Tesorero General de la República y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Usach, Hernán Frigolett, la gran cantidad de solicitudes evidencia una fuerte caída de ingresos en grupos amplios de la población. 

Aunque reconoció que las pensiones quedarán debilitadas, indicó que lo que tenían acumulado muchas personas “ya era completamente insuficiente para autofinanciar una pensión”.

“Lo que se nos viene a futuro, obviamente, es una reforma profunda del sistema de pensiones”, consideró. “Obviamente, será imposible pedirles a esas personas que tengan una autosuficiencia de ingresos, basada solamente en sus pensiones”, sostuvo.

A su juicio, la situación presionará las finanzas públicas y el sistema contributivo de pensiones, por lo que será necesaria una reforma “con un cambio de paradigma brutal”. Es decir, “un modelo que responda a los cánones de la seguridad social”.

Por eso, consideró que el aporte de los empleadores será clave en la solución y deberá ir dirigido a un fondo único, que sea de capitalización colectiva y que permita administrar solidaridad interna dentro del proceso.

Finalmente, concluyó que se debe mejorar “el adicional que paga el fisco a los pensionados del sistema de AFP, para dejarles una pensión que esté en niveles de dignidad mínimos, por sobre la línea de pobreza”, reforzando el Pilar Solidario.

La pandemia por COVID-19 ha traído consigo un importante impacto en la vida de las personas. En este contexto, los jóvenes son el grupo etario que se ha visto más afectado en su salud mental, donde el alejamiento físico de sus pares, estudios a distancia y pérdida de algunos ritos significativos serían factores que influirían negativamente en un período crítico de la vida. Síntomas como la angustia, ansiedad y el estrés han aumentado debido a las medidas de restricción impuesta por la autoridad, elementos que se configuran como estresores y pueden generar un mayor riesgo de suicidio.

En Chile, según datos del Ministerio de Salud, 1.800 personas mueren al año por suicido, y por cada uno de estos, alrededor de 20 personas realizan un intento. Sin embargo, la mortalidad por suicidio en Chile se ha estabilizado durante los últimos años, presentando tasas de suicidio menores al promedio de la OCDE. A pesar de ello, el suicidio sigue siendo la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, por lo que los esfuerzos, sobre todo en el actual contexto que vivimos, deben dirigirse a este grupo, que se encuentra en una etapa clave de la vida y, además, considerando que se trata de muertes prevenibles.

Un reciente estudio publicado en la revista Lancet Psychiatry, respecto a las tasas de suicidio registradas en 21 países de alto y mediano ingreso desde el inicio de la pandemia, dio cuenta que no ha existido un incremento significativo de las tasas de suicidio durante este período. En nuestro país, los datos demostraron que hubo una reducción de los suicidios, sin embargo, los autores destacaron la importancia de mantenerse alerta sobre los posibles efectos que la pandemia podría provocar a largo plazo en la salud mental de la población.

La Dra. Vania Martínez, académica de CEMERA de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay, afirma que, según estudios, de todos los grupos etarios, los jóvenes son una de las poblaciones con mayores problemas de salud mental en pandemia. “Se ha demostrado en estudios internacionales que ha aumentado la prevalencia de problemas de salud mental en jóvenes respecto a los datos registrados antes de la pandemia. Por otra parte, sabemos que gran parte de los problema de salud mental de la vida adulta se inician en la adolescencia”, explicó la Dra. Martínez.

En este contexto, la directora de Imhay asegura que a pesar de que los casos de suicidio se han visto disminuidos, “se ha creado una tormenta perfecta para que estos aumenten postpandemia, donde es necesario que las comunidades educativas asuman este desafío y vean que tienen una gran oportunidad para detectar y actuar preventivamente. El problema es que muchos establecimientos refieren que les faltan las herramientas y, en muchos casos, desconocen la forma de abordar estos temas”, puntualiza.

Es por ello que, el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), con el financiamiento de la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), realizará de forma gratuita el curso online “Abordaje del riesgo suicida en jóvenes estudiantes”, iniciativa que busca capacitar a la comunidad educativa de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, colegios y liceos, sobre el abordaje, identificación precoz e intervención oportuna del riesgo suicida. El curso se realizará en mayo de este año a través de la plataforma EOL de la Universidad de Chile.

El curso, en este sentido, desarrollará conocimientos para que las comunidades educativas puedan reconocer elementos para un clima educacional protector de riesgo suicida y adquirir herramientas para la detección y calificación del riesgo suicida en estudiantes, más aun pensando en las dificultades que se presentan actualmente debido a las nuevas formas de estudio online, donde se hace todavía más difícil detectar estas señales de riesgo.

Quienes quieran participar en este curso sin costo, pueden acceder a él entre el 26 de abril y el 31 de mayo en el siguiente link: https://eol.uchile.cl/

Latinoamérica es una de las regiones con más inequidades en sus centros urbanos de todo el mundo y que, además, presenta grandes desigualdades en la longevidad de su población. Es decir, la gente de nivel socioeconómico más bajo muere antes que las personas de situación acomodada. Así lo confirma el estudio internacional “COVID-19 y el agravamiento de las inequidades en salud en Santiago de Chile”, publicado en el International Journal of Epidemiology.

Esta investigación, en la que participó la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, a través de la académica Tania Alfaro, reveló que durante la pandemia las cifras han empeorado. El documento utilizó datos de mortalidad registrados por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) del MINSAL, datos censales y datos de proyecciones de población del INE, para mostrar un empeoramiento de inequidades preexistentes en mortalidad en los municipios que conforman la Región Metropolitana de Santiago durante la pandemia de COVID-19.

Para medir esto, se analizaron 36 comunas del Gran Santiago y se utilizaron como indicadores, la mortalidad por edad entre el 2016-2020; las proyecciones por edad en el mismo periodo y; con datos del Censo, se observó la escolaridad promedio en adultos de más de 25 años y la proporción de hogares en situación de hacinamiento, es decir, más de 2,5 personas por dormitorio. 

A diferencia de la postura escéptica respecto a la relación entre pobreza y mortalidad -planteada incluso por autoridades de gobierno- el documento arrojó que sí aumentaron las brechas ya existentes de mortalidad en Santiago durante la pandemia. Para la Dra. Tania Alfaro, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en nuestro país existe un daño estructural y “por eso estas desigualdad se han agudizado durante la pandemia. Esta situación es general en términos de las tasas de mortalidad por todas las causas de muerte, por eso es importante destacar que no es solamente por efecto de COVID, ya que también tenemos inequidades en otras enfermedades por ejemplo cáncer”.

La académica agregó que los datos, además, “permitieron ver cómo han variado las tasas de mortalidad de acuerdo al promedio de educación de una comuna, o a la cantidad de hogares con hacinamiento. Eso nos permite ver que a mayor hacinamiento y a menor nivel de años de escolaridad, mayores son las tasas de mortalidad y esas brechas han ido aumentado en el 2020, es decir nosotros tenemos un escenario basal que era malo, y ahora ha empeorado”.

Otro de los aspectos abordados por el estudio tiene que ver con las  inequidades dadas por el nivel socioeconómico, el acceso a la salud y la filiación a Fonasa o Isapre. Ante esto, el estudio indica que se deben mejorar las condiciones sanitarias para evitar que aumenten estas brechas.

Por otro lado, acota el documento, se hacen necesarias medidas para mejorar las condiciones laborales más precarias y las ayudas para quienes han perdido el trabajo y así se evite la movilidad.

Ante esto, la experta enfatiza en que el sistema de salud debería amortiguar las diferencias que no tienen que ver necesariamente con salud, “como es el nivel educacional, la pobreza o las malas condiciones de empleo y de vivienda. Cuando esto no se ha sido resuelto y genera inequidades de salud, lo que uno esperaría es que el sistema sea capaz de amortiguar esas inequidades”.

“Si ya sabemos que las personas con menos años de escolaridad tienen más factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, lo que el sistema debiera hacer es dar la opción para que esas personas tengan una mejor atención de sus patologías en la atención primaria, que sean tratados oportunamente y al ser derivados al hospital, reciban una mejor atención que les ayude a compensar esa deficiencia”, acotó la especialista de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile.

Para ello, advirtió la especialista, tiene un rol clave la atención primaria de salud, la cual debe “justamente de ser la mejor puerta de entrada para que la población que asiste a ella, que es la menos favorecida, pueda tener mejores condiciones de salud gracias a la acción del sistema, y no solamente tener que esperar que se resuelvan estos determinantes estructurales que puede ser más difícil abordar desde salud”, concluye la Dra. Alfaro.

La investigación fue realizada por Tania Alfaro, académica de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile; Usama Bilal, epidemiólogo y profesor en la Drexel University; y Alejandra Vives profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la U. Católica.

Durante más de dos décadas, el relato generalizado sobre nuestro país era que el desarrollo había permitido que una gran mayoría de la población dejara atrás la pobreza, constituyendo una fisonomía social dominada por una amplia “clase media”, ubicada entre una minoría millonaria, y quienes aún viven en la pobreza.

Sin embargo, la revuelta social del 2019 y las consecuencias de la crisis económica generada por la pandemia, han puesto duramente en cuestión esta propuesta, develando las tensiones y limitaciones de esta idea, alguna vez tan popular entre analistas y medios de comunicación.

Así lo explicó el profesor Giorgio Boccardo, de la Facultad de Ciencias Sociales, para quien si bien existe “un sector de la sociedad que se emplea en el sector de servicios, obtuvo un título técnico o profesional, y está asociado a esta idea de una nueva clase media que habría surgido con el neoliberalismo, en realidad hablamos de una clase trabajadora con mayor certificación, muy heterogénea, pero que no se articula como clase”. 

Consultado sobre por qué no se podría hablar de una clase media cuando para muchos la mayoría del país pertenecía a esta categoría, Boccardo afirmó que “las clases sociales se relacionan con relaciones de producción y de poder, con una visión de mundo compartida, no con los ingresos recibidos por un individuo. Cualquier aproximación desde los ingresos en verdad es un error conceptual”.

En este sentido, el académico recordó que en Chile existió una clase media tradicional hasta los años ’70, vinculada al empleo público, a grupos profesionales y a posiciones gerenciales en empresas privadas, que se reproducía en ciertos barrios, liceos y universidades públicas y que sirvieron como base para el imaginario de lo público, y que se ubicaba al lado de una clase trabajadora organizada en partidos políticos, sindicatos y organizaciones de masas estructuradas nacionalmente, con una cultura y una visión compartida sobre la sociedad.

Sin embargo, “la dictadura lo que hace es destruir todo esto: las organizaciones, la cultura y los partidos que habían hasta 1973, subjetivamente en términos de sus símbolos y cultura, pero también objetivamente a partir de las transformaciones neoliberales en el mercado del trabajo, instaurando este otro imaginario, donde es con la tarjeta de crédito, el colegio subvencionado y una vivienda alejada de la toma de terrenos que se sale de la pobreza hacia la clase media”. 

Para Boccardo una idea clave es que si bien hoy en día la gente no entra al sindicato o a los partidos políticos, que eran las herramientas que proporcionaba el imaginario en torno a la clase trabajadora antes de los años ’70 para salir adelante, la actual “clase media” no ofrece una alternativa. “Esta idea de supuesta clase no está vinculada a barrios, organizaciones ni colegios, no se accede a nada al pasar a integrar esta categoría, sólo que no eres pobre”, profundiza.

En contraposición, para el académico si existe una clase social conformada como tal, esta es la “del gran empresariado, que cuenta con sus organizaciones, sus clubes; que actúa de manera coordinada, condiciona la economía, financia la política e interviene en la coyuntura política, ha generado sus instituciones como universidades y centros de pensamiento. Eso es una clase social, no es solo ser propietario”.

De todas maneras, el profesor Boccardo alertó que el estallido y la posterior crisis económica, junto con hacer tambalear la idea de Chile como un país de clase media, también ha abierto la posibilidad de que reconfiguren las otras clases sociales.

“Veo esfuerzos paulatinos por organizar sectores de profesionales en sus asociaciones gremiales, de construir nuevos espacios, también de grupos de trabajadores y trabajadoras por conformar sindicatos, pero es algo paulatino, que se vislumbra desde los estallidos sociales de la última década. Seguimos teniendo un país donde el individuo está solo, donde el Estado ayuda poco o nada, y si bien se ve que algo nuevo se está conformando, no hay garantía de la dirección que tomará en la próxima década”, finalizó

En 2021, siguiendo las tendencias internacionales de elaboración de destilados, Catad’Or inaugura el primer Concurso Internacional de Espirituosos de América del Sur: Catad’Or World Spirits Awards, que evaluará productos como pisco, brandy, gin, ron, cachaza, tequila, mezcal, whiskey, vodka, aguardientes, cócteles, licores y cremas, entre otros.

Catad’Or World Wine Awards, con 26 años de trayectoria es el concursointernacional de vinos más antiguo y prestigioso de América Latina. Cuenta con el alto patrocino de la OIV, Organización Internacional de la Viña y el Vino, de la Unión Internacional de Enólogos y es miembro de VINOFED, Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Licores.

Desde el año 2014, dicho concurso evalúa también espirituosos, categoría que ha ido creciendo sostenidamente. Por este motivo, en 2021, Catad’Or en conjunto con la ANIAE (Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile) convoca a un panel de expertos en diversas bebidas espirituosas y en concursos internacionales, y elabora las bases técnicas del primer Catad’Or World Spirits Awards.

En esta ocasión, se reunirá un selecto jurado internacional integrado por reconocidos profesionales, maestros destiladores, enólogos, sommeliers, periodistas y cronistas especializados, con vasta trayectoria en concursosinternacionales y de los mercados consumidores y productores más importantes para la industria de espirituosos, el cual evaluará los productos bajo las estrictas normas de concursos internacionales. Las sesiones de catas serán a ciegas y premiarán la calidad de los productos con rigor e imparcialidad.

La competencia premia y luego difunde la excelencia de los espirituosos a través del sello Catad’Or World Spirits Awards, el cual garantiza la calidad de los productos premiados y goza de un merecido prestigio y reconocimiento internacional en América, Asia y Europa. 

La edición 2021 de Catad’Or World Spirits Awards está abierta a todos los productores, cooperativas, comerciantes, importadores de espirituosos de todo el mundo, en las siguientes categorías:

•    Aguardientes de frutas
•    Aperitivos, digestivos y amargos
•    Bebidas asiáticas
•    Bebidas espirituosas de agave
•    Bebidas espirituosas de frutos secos, hierbas, raíces, semillas y otros
•    Cócteles
•    Destilados de uva
•    Destilados en base a azúcar de caña o melazas
•    Otras bebidas espirituosas destiladas
•    Licores y cremas
•    Whiskey / Whisky

Se entregarán medallas Gran Oro, Oro y Plata, así como trofeos especiales por categorías. 

Las inscripciones están abiertas a partir del 1 de mayo en: www.catador.cl.

La lista de Movimientos Sociales: Unidad de Independientes del D10 se pronunció ante la serie de hechos que han amenazado la libertad de prensa por parte del actuar del gobierno. Entre las situaciones irregulares denuncian: el silencio gubernamental ante los casos de espionaje del Ejército a periodistas, la evidente represión a reporteros tras la revuelta popular y los fallidos telefonazos por parte del ejecutivo a canales de televisión, situación que gatilló a que la Red diera cuenta que recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar antecedentes. 

Para Andrea Gutiérrez,  de la Red de Actrices Chilenas (RACH) lo que ocurre con el canal  La Red, “resulta una acción y precedente muy relevante, puesto que la vulneración a la libertad de expresión se ha agudizado desde el estallido social y posteriormente en el manejo de la pandemia, y esto que releva es algo que han acusado permanentemente medios independientes”. 

“Esto es lo que debemos hacer en Chile cuando se atenta a la democracia, denunciarlo, porque vulnerar la libertad de expresión y con ello del derecho a la información es un atentado a la Democracia”, añade Gutiérrez.

Por su parte, Francisca Fernández del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), señaló que “la libertad de prensa es un eje fundamental de todo quehacer democrático, no sólo por el libre acceso y difusión de información sino como base de todo pensamiento crítico y reflexivo de los pueblos”. 

Karina Nohales, de la Coordinadora 8M enfatizó en que “Sebastián Piñera constituye un peligro para la democracia, para la salud y vida de la población,  y su permanencia en el poder, pone en riesgo las condiciones sanitarias, económicas y políticas más elementales que exige el proceso constituyente y resulta incompatible que este proceso se lleve a cabo bajo el mandato de un Presidente que se ha hecho más rico mientras el pueblo se empobrece y que ha bloqueado todas las medidas económicas que van en beneficio de las grandes mayorías”. 

“Un gobierno bajo cuyo mandato se han violado sistemáticamente los derechos humanos y que hoy además pretende imponer censura a los medios de prensa que han visibilizado esta situación. La variante Piñera se ha tornado insostenible y es necesario por el bien del país que salga del poder”, denunció Nohales. 

Pablo Sepúlveda Allende, candidato a constituyente y médico brigadista, puntualizó en que  “estando presente en Plaza Dignidad, he sido testigo de la ascendente represión estatal, primero a los manifestantes, luego a la prensa independiente, a quienes grafican la violencia estatal y que en casos ha servido como arma de justicia”. 

Además,  Sepúlveda aseguró que “esto no es nuevo, hoy es más visible y existe ese empoderamiento para decir basta, lo cierto es que Sebastián Piñera con cada medida, cada llamado, en este caso a la prensa oficial, lo que hace realmente es limitar una democracia ya limitada desde su concepción y no debemos callarnos y quedarnos impávidos. La libertad de prensa y de expresión son esenciales cuando el abuso estatal se auto supera día a día.”

Luis Mesina, de la Coordinadora Nacional No+AFP, hizo énfasis en que “Piñera, al igual que en los peores tiempos de la tiranía, comete un falta gravísima: Ahogar la libertad de expresión de la prensa y, con ello, atacar fuertemente a la democracia. El intento de Piñera de silenciar a aquellos canales que han denunciado las prácticas del propio Piñera, es la manifestación más clara de un sujeto que no va a reparar en buscar por todos los medios ahogar la democracia y eso pretende conseguirlo ahogando la libertad de prensa”. 

“Nuestra absoluta solidaridad con los periodistas que se resisten a capitular a un régimen autoritario más propio de la tiranía. Creo que es menester que todos y todas solidaricemos con los periodistas que están siendo objeto de ataques virulentos por parte del Estado y particularmente por parte del gobierno de Piñera”, agregó Mesina. 

En la misma línea, Pía Meza Ilabaca de Territorio Constituyente, dijo que “el maltrato que el gobierno le ha dado a la libertad del ejercicio del periodismo en Chile es sumamente antidemocrático y no podemos permitirlo”. 

“Desde lo movimientos sociales apoyamos a nuestros compañeros y compañeras vulnerados en sus derechos y no dejaremos de denunciar y visibilizar cualquier acción que los censure, discrimine y/o violente, y ante los graves hechos que hemos sido testigues, es urgente que el gobierno rinda cuentas”, culminó Meza.