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Por qué algunas casas gastan más energía y siguen estando frías

by 11 agosto, 2026 in Salud y bienestar Comments are Disabled

Cada invierno, miles de hogares chilenos enfrentan la misma paradoja: gastar cada vez más en luz, gas, leña o parafina y, aun así, seguir viviendo en casas frías. El problema no estaría únicamente en el precio de los combustibles, sino también en una infraestructura habitacional que, en muchos casos, deja escapar rápidamente el calor. Un nuevo análisis de la Universidad de Chile plantea que mejorar la aislación térmica de las viviendas debería ser parte central de las políticas contra la pobreza energética.

El Policy Paper “Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habitabilidad”, elaborado por la Red de Pobreza Energética y publicado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, propone mirar el problema desde una perspectiva más amplia. El documento, desarrollado por 18 investigadores y especialistas, plantea que las políticas de vivienda y energía no pueden continuar funcionando como agendas separadas, ya que las condiciones de una vivienda determinan cuánto deben gastar las familias para alcanzar niveles mínimos de confort térmico.

Pero ¿qué significa exactamente pobreza energética? Paz Araya, investigadora de la Red de Pobreza Energética, explica que “Según la definición coconstruida desde la Red de Pobreza Energética, un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, es decir, que sean adecuados, confiables, seguros y no contaminantes, para cubrir las necesidades de energía que le permiten sostener el desarrollo humano y económico de sus integrantes”. El concepto, por tanto, no se reduce a no poder pagar una cuenta: también considera la posibilidad real de vivir en condiciones adecuadas.

El problema comienza en las paredes, techos y ventanas. Una parte importante del parque habitacional chileno fue construida bajo estándares térmicos insuficientes o antes de que existieran exigencias relevantes en esta materia. Como consecuencia, buena parte del calor producido por una estufa termina escapando rápidamente hacia el exterior. Para las familias, esto significa mantener los sistemas de calefacción funcionando durante más tiempo, elevar el gasto mensual y, en algunos casos, reducir el consumo hasta niveles que afectan directamente el confort y la salud.

La situación tampoco termina en el bolsillo. Araya advierte que “la incapacidad de satisfacer adecuadamente necesidades humanas básicas y fundamentales tiene implicancias en la salud física, como enfermedades cardiovasculares y respiratorias asociadas al frío, y contaminación intradomiciliaria por combustión a leña; afectaciones psicológicas provocadas por el estrés crónico, la precariedad y la incertidumbre energética; impactos socioemocionales en las relaciones personales y en el clima familiar, y también efectos en las oportunidades educativas y laborales, como la imposibilidad de estudiar de noche por falta de luz o calefacción y la postergación de la atención médica debido a la reasignación del presupuesto, por ejemplo”.

Por eso, el documento plantea que la respuesta no debería concentrarse exclusivamente en subsidiar combustibles o reemplazar estufas. Si una vivienda pierde calor por sus muros, techos y ventanas, cualquier sistema de calefacción tendrá que trabajar más para mantener una temperatura confortable. La alternativa propuesta pasa por avanzar hacia un mejoramiento térmico masivo de las viviendas existentes, mediante aislación de muros y techos, sellado de ventanas y programas de reacondicionamiento que permitan elevar la calidad del parque habitacional que ya está construido.

La discusión también apunta hacia las viviendas que todavía no existen. El estudio propone estándares de construcción más exigentes que permitan garantizar condiciones mínimas de temperatura, eficiencia energética y ventilación desde el momento en que se diseña una nueva vivienda. Para lograrlo, los investigadores plantean una mayor coordinación entre organismos como los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Energía, entendiendo que la habitabilidad térmica forma parte de una política de vivienda adecuada y no simplemente de una decisión individual sobre cómo calefaccionar.

Y el desafío no termina cuando llega septiembre. En un contexto marcado por eventos climáticos cada vez más extremos, mejorar la vivienda significa prepararla tanto para el frío como para el calor. Araya sostiene que “Las mejoras en habitabilidad implican abordar la pobreza energética considerando sus impactos en hogares que no están preparados para las bajas temperaturas, como las del invierno en la zona centro y sur del país, pero también los impactos de las olas de calor durante el verano”. La casa del futuro, plantea el informe, no debería ser solamente aquella que consuma menos energía, sino aquella capaz de proteger a quienes viven dentro de ella.

La ley que incomoda al negocio del suelo

by 2 mayo, 2026 in Medio Ambiente Comments are Disabled

Lo que partió como una discusión por vivienda en Valdivia terminó reabriendo uno de los debates más incómodos del urbanismo chileno: qué se protege primero, el suelo para construir o el ecosistema que todavía sostiene a muchas ciudades. El cruce entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el senador Alfonso De Urresti, durante una reunión en Serviu por el proyecto Guacamayo 3, volvió a poner en el centro la Ley de Humedales Urbanos y su rol en la crisis habitacional.

La tensión explotó cuando, en medio de la conversación sobre disponibilidad de suelo, alguien recordó que Valdivia está reconocida como ciudad humedal. La respuesta de Poduje fue inmediata y sin filtro: “esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años”. La frase no tardó en viralizarse y empujó una discusión que va mucho más allá del timing político: si proteger humedales está frenando viviendas o si el problema es otro y más estructural.

Para Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y experto en derecho ambiental, la ley cumple una función básica que por años fue ignorada por la planificación urbana chilena. “es importante, porque en Chile, los instrumentos de ordenamiento territorial, como planos reguladores comunales, planes interseccionales, o planes metropolitanos, han desatendido estás fuentes y reservas de agua dulce, que tienen beneficios para el ecosistema y para el disfrute de un medio ambiente sano de la población”. En otras palabras, el problema no sería la ley, sino haber urbanizado durante décadas como si los humedales no existieran.

Y ese punto no es menor, sobre todo en ciudades como Valdivia. Aranda advierte que “cuidar humedales es muy importante para contener crecidas de ríos, y evitar inundaciones”. No es solo conservación por estética o discurso verde. Es infraestructura natural. Proteger estos espacios significa reducir riesgos climáticos, amortiguar crecidas y mantener servicios ecosistémicos que, aunque no siempre se vean, sostienen la vida urbana mucho más de lo que suele admitir el mercado inmobiliario.

También desarma una de las críticas más repetidas desde el mundo político: que la ley bloquea proyectos. Según Aranda, “esa afirmación es engañosa”. Lo que hace la normativa, explica, no es prohibir construir, sino exigir que los proyectos pasen por evaluación ambiental cuando se emplazan en humedales urbanos. Eso implica más tiempo, más costos y más regulación, sí. Pero no una prohibición automática. El punto no es impedir viviendas, sino evitar que se construyan en zonas que después terminan agravando inundaciones, degradación ambiental y crisis urbanas más caras de corregir.

Para Aranda, culpar a los humedales por el déficit habitacional es una simplificación cómoda. El problema, insiste, también pasa por tasas hipotecarias imposibles, especulación inmobiliaria y abandono de barrios ya existentes. “el déficit de vivienda no pasa por destruir humedales y edificar sobre ellos”. La discusión de fondo, entonces, no es si Chile necesita más viviendas. Es si quiere seguir construyéndolas como en el siglo pasado o empezar, de una vez, a pensar ciudad con algo de futuro.

Desregular para crecer y las alertas que surgen desde la academia

by 12 enero, 2026 in Nacional Comments are Disabled

En un auditorio lleno de trajes oscuros y expectativas de reactivación, Jorge Quiroz, uno de los nombres que más fuerte suena para asumir el Ministerio de Hacienda en un eventual gobierno de José Antonio Kast, presentó ante el mundo empresarial las bases de la política económica que busca imprimir el candidato republicano. El escenario fue Icare, donde el economista delineó una hoja de ruta marcada por la desregulación, la aceleración de inversiones y un golpe directo a lo que calificó como un exceso de trabas administrativas.

Según Quiroz, Chile arrastra una carga regulatoria que mantiene paralizados cerca de US$12.000 millones en proyectos, una cifra que, en su diagnóstico, explica buena parte del estancamiento económico. El objetivo planteado es ambicioso: que todos los proyectos ingresados hace más de dos años al sistema de evaluación ambiental queden resueltos durante el primer año de mandato. El mensaje, leído entre líneas, apunta a un Estado que deje de ser cuello de botella y pase a ser facilitador de la inversión.

El foco se trasladó rápidamente al sector de la construcción, uno de los motores tradicionales de empleo y crecimiento. Ahí, Quiroz anunció su intención de desmantelar la “maraña regulatoria” que, a su juicio, encarece artificialmente el precio de las viviendas. La propuesta contempla una simplificación radical de la estructura administrativa, con la eliminación de 15.000 instructivos y la reducción de las circulares desde 1.500 a apenas 11 documentos. En palabras del propio economista, “vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile”.

Las reacciones no tardaron en aparecer desde el mundo académico. Américo Ibarra, director del Centro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile, puso paños fríos al entusiasmo. Frente a la posibilidad de una poda masiva de normativas, explicó que “siempre es posible suponer que la simplificación normativa puede traer beneficios claros en algunos ámbitos. Por ejemplo, agilizar trámites, reducir costos administrativos y acelerar la inversión en proyectos de construcción, lo que dinamiza el sector y facilita el acceso a nuevas viviendas”.

Sin embargo, el especialista advirtió que el riesgo está en el detalle. “El riesgo está en que al eliminar masivamente instructivos y circulares se pierdan regulaciones esenciales para la seguridad estructural, la calidad de las obras, el desarrollo armónico de las ciudades, la sostenibilidad urbana y rural, y un largo etc. El efecto podría ser positivo en términos de eficiencia, pero negativo si se traduce, por ejemplo, en construcciones inseguras o en un debilitamiento de la confianza ciudadana e inversionista. Entonces, la cuestión es evaluar lo que se pretende simplificar para tener una posición más objetiva de una medida de tal naturaleza”, sostuvo.

Una de las principales inquietudes gira en torno a las normas sísmicas, un tema sensible en uno de los países más telúricos del planeta. Ibarra fue claro en señalar que “en principio, me imagino que la idea siempre será mantener lo bueno y mejorar lo malo. En esos términos, la experiencia chilena en materia de normas de construcción es de un estándar mundial y no me imagino que se esté pensando desregularizar en esa línea”. Aun así, advirtió que “en un país altamente sísmico como Chile, cualquier desregulación que afecte normas técnicas de construcción representa un riesgo grave: podría comprometer la resistencia de edificios y aumentar la vulnerabilidad de la población frente a terremotos”.

Así, mientras el discurso económico promete destrabar inversiones y dinamizar la economía a golpe de desregulación, el debate se instala en un terreno más complejo, donde eficiencia, seguridad y ciudad se cruzan. La pregunta ya no es solo cuánto crecer, sino a qué costo y bajo qué reglas se quiere construir el próximo ciclo urbano y económico del país.