Lo que partió como una discusión por vivienda en Valdivia terminó reabriendo uno de los debates más incómodos del urbanismo chileno: qué se protege primero, el suelo para construir o el ecosistema que todavía sostiene a muchas ciudades. El cruce entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el senador Alfonso De Urresti, durante una reunión en Serviu por el proyecto Guacamayo 3, volvió a poner en el centro la Ley de Humedales Urbanos y su rol en la crisis habitacional.
La tensión explotó cuando, en medio de la conversación sobre disponibilidad de suelo, alguien recordó que Valdivia está reconocida como ciudad humedal. La respuesta de Poduje fue inmediata y sin filtro: “esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años”. La frase no tardó en viralizarse y empujó una discusión que va mucho más allá del timing político: si proteger humedales está frenando viviendas o si el problema es otro y más estructural.
Para Jorge Aranda, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y experto en derecho ambiental, la ley cumple una función básica que por años fue ignorada por la planificación urbana chilena. “es importante, porque en Chile, los instrumentos de ordenamiento territorial, como planos reguladores comunales, planes interseccionales, o planes metropolitanos, han desatendido estás fuentes y reservas de agua dulce, que tienen beneficios para el ecosistema y para el disfrute de un medio ambiente sano de la población”. En otras palabras, el problema no sería la ley, sino haber urbanizado durante décadas como si los humedales no existieran.
Y ese punto no es menor, sobre todo en ciudades como Valdivia. Aranda advierte que “cuidar humedales es muy importante para contener crecidas de ríos, y evitar inundaciones”. No es solo conservación por estética o discurso verde. Es infraestructura natural. Proteger estos espacios significa reducir riesgos climáticos, amortiguar crecidas y mantener servicios ecosistémicos que, aunque no siempre se vean, sostienen la vida urbana mucho más de lo que suele admitir el mercado inmobiliario.
También desarma una de las críticas más repetidas desde el mundo político: que la ley bloquea proyectos. Según Aranda, “esa afirmación es engañosa”. Lo que hace la normativa, explica, no es prohibir construir, sino exigir que los proyectos pasen por evaluación ambiental cuando se emplazan en humedales urbanos. Eso implica más tiempo, más costos y más regulación, sí. Pero no una prohibición automática. El punto no es impedir viviendas, sino evitar que se construyan en zonas que después terminan agravando inundaciones, degradación ambiental y crisis urbanas más caras de corregir.
Para Aranda, culpar a los humedales por el déficit habitacional es una simplificación cómoda. El problema, insiste, también pasa por tasas hipotecarias imposibles, especulación inmobiliaria y abandono de barrios ya existentes. “el déficit de vivienda no pasa por destruir humedales y edificar sobre ellos”. La discusión de fondo, entonces, no es si Chile necesita más viviendas. Es si quiere seguir construyéndolas como en el siglo pasado o empezar, de una vez, a pensar ciudad con algo de futuro.
