El trabajo sexual sigue siendo uno de los temas más controvertidos dentro de las discusiones sobre derechos, feminismo y políticas públicas. Ahora, una nueva investigación publicada en Humanities & Social Sciences Communications, de Nature Portfolio, vuelve a instalar el debate desde otra perspectiva. El artículo “Towards Multidimensional Justice for Sex Workers: Redistribution, Recognition, and Participation”, del profesor Pablo Aguayo-Westwood, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, propone analizar la regulación del trabajo sexual utilizando un marco de justicia social que va más allá de la clásica dicotomía entre prohibición y legalización.

El estudio se basa en la teoría de la filósofa estadounidense Nancy Fraser, quien plantea que la justicia debe abordarse desde tres dimensiones: redistribución económica, reconocimiento social y participación política. A partir de ese enfoque, Aguayo-Westwood sostiene que la discusión no puede reducirse a posturas absolutas, sino que debe considerar las condiciones materiales y sociales que enfrentan quienes ejercen esta actividad. “No es que uno promueva el trabajo sexual, que es la crítica habitual. No creo que alguien quiera promoverlo. Lo que uno busca, a largo plazo, es que deje de existir. Sin embargo, en lo inmediato, la mejor respuesta no es prohibirlo ni castigarlo, porque eso termina generando una doble victimización de la trabajadora sexual, que ya es víctima de condiciones iniciales de desigualdad material y económica”, explica.

El académico señala que la investigación surge también desde el diálogo con organizaciones y sindicatos de trabajadoras sexuales, experiencia que modificó su propia mirada sobre el tema. En lugar de defender una posición cerrada, el artículo expone las fortalezas y limitaciones de los distintos modelos regulatorios existentes y plantea que las políticas públicas deben construirse escuchando a las propias personas involucradas en el debate.

Uno de los ejes centrales de la investigación cuestiona la idea de que el trabajo sexual constituye una excepción dentro de los empleos marcados por la precariedad económica. Aguayo-Westwood sostiene que muchas ocupaciones desarrolladas por personas de la clase trabajadora también están condicionadas por la falta de alternativas, especialmente en el caso de las mujeres. Esa comparación abre una discusión sobre las desigualdades estructurales que atraviesan múltiples formas de trabajo y sobre por qué el juicio social suele concentrarse exclusivamente en el trabajo sexual.

El estudio también analiza las consecuencias que tiene la criminalización de esta actividad. “Cuando está prohibido el trabajo sexual, las condiciones de precariedad del ejercicio son peores que cuando está permitido”. Según el investigador, la prohibición dificulta el acceso al sistema financiero, al arriendo de espacios de trabajo, a la organización sindical y a mecanismos de protección social, mientras que también fortalece la presencia de redes de explotación y crimen organizado.

Finalmente, el artículo aborda las diferencias que existen dentro del propio feminismo respecto a este tema, alejándose de la idea de que existe una única postura. “Mi interés también ha sido mostrar que dentro del feminismo hay diferentes posiciones, no hay un feminismo, hay varios feminismos, y en esta variedad también hay diferentes posiciones sobre el debate”. Con un proyecto legislativo que permanece estancado desde hace más de una década en Chile, la investigación busca aportar nuevos elementos para una conversación que continúa abierta y que cruza derechos humanos, igualdad, autonomía y justicia social.