Una grave y repudiable profanación tuvo lugar este martes en el Cementerio General de Santiago, donde varios sepulcros fueron vandalizados, incluyendo el mausoleo del expresidente Salvador Allende. El municipio de Recoleta denunció que un grupo de individuos ingresó de forma indebida al recinto, rayó las instalaciones, irrumpió en tumbas, manipuló restos óseos y registró en video estos actos, para luego difundirlos públicamente.
Gracias a la difusión de estos registros, las autoridades pudieron identificar plenamente a los responsables, quienes ya están siendo investigados por la Policía de Investigaciones (PDI). La Municipalidad de Recoleta presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación exhaustiva.
En diálogo con Diario Usach, la abogada penalista y académica de la Universidad de Santiago, Macarena Solis, explicó los posibles delitos cometidos y las penas que podrían enfrentar los involucrados. Solis aclaró que el simple ingreso al cementerio, sin causar daños, no se considera delito. Sin embargo, la profanación de sepulturas sí está penada en el Código Penal chileno, bajo el artículo 322 TER, que contempla penas de reclusión menor en grado medio para quienes ultrajen tumbas, afectando la memoria de los fallecidos.
La manipulación de restos óseos, como ocurrió en este caso, podría constituir un delito más grave, regulado en el artículo 322 BIS N°1, que sanciona la exhumación o manipulación indebida de restos humanos o cenizas. La calificación exacta dependerá de la investigación que realice la Fiscalía.
Además, los rayados con aerosol o grafitis en las tumbas pueden ser considerados como delito de daños, agravado por el desprecio hacia la memoria de los difuntos. Estas acciones, sumadas a la profanación, conforman un cuadro grave de delitos penales con sanciones que podrían alcanzar hasta tres años de prisión.
Macarena Solis enfatizó que, una vez recepcionada la denuncia, el Ministerio Público deberá determinar los cargos específicos según el avance de la investigación, y si se formalizan los responsables, enfrentarán penas que van desde los 541 días a tres años de cárcel.
Este acto de vandalismo no solo hiere la memoria histórica y el respeto por los fallecidos, sino que también sacude profundamente a la comunidad, que espera una sanción ejemplar para quienes atentaron contra un espacio sagrado y simbólico para la nación.