La discusión sobre el futuro del borde costero chileno volvió al centro de la agenda política tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. El anuncio de eventuales modificaciones a la Ley Indígena y el avance de conversaciones para reformar la Ley Lafkenche han generado inquietud en comunidades indígenas desde Atacama hasta Los Lagos, que observan con preocupación cómo el debate público se ha concentrado en cuestionar mecanismos de protección territorial sin considerar la experiencia acumulada en los territorios donde ya operan los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
La controversia se intensificó luego de la visita del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, a Puerto Montt, donde participó en el taller “Diálogo por el futuro del borde costero”. Allí se adelantó que los cambios en estudio podrían abordar aspectos como las solicitudes de ECMPO, la proporcionalidad de las áreas y los criterios para acreditar el uso consuetudinario. Sin embargo, desde distintas comunidades sostienen que la conversación se está desarrollando desde una lógica administrativa y productiva que deja fuera dimensiones culturales, ambientales y sociales fundamentales.
En medio de un escenario marcado por la presión sobre los recursos naturales y la creciente demanda por espacios costeros, dirigentes indígenas insisten en aclarar uno de los puntos que consideran más distorsionados en la discusión pública: los ECMPO no representan privatización del mar ni exclusión de otros usuarios. Desde Carelmapu, la Comunidad Indígena Encura Mapu asegura que estos instrumentos han permitido generar modelos de gobernanza compartida donde conviven la pesca artesanal, actividades productivas y la conservación de los ecosistemas.
“Se ha instalado la idea de que los ECMPO privatizan el mar o frenan el desarrollo, y eso ha generado temor y desinformación en muchos territorios, dificultando el diálogo. Pero nuestra experiencia demuestra todo lo contrario: la gobernanza comunitaria puede convivir con actividades productivas y aportar a modelos de desarrollo más sostenibles, donde exista equilibrio entre economía, ecosistemas y comunidades”, señala José Alberto Molina Hueichán, líder de la Comunidad Indígena Encura Mapu.
Más al sur, en los territorios australes de la Patagonia, la discusión adquiere una dimensión aún más profunda. Para las comunidades Kawésqar, el mar no es únicamente un espacio económico, sino una parte esencial de su historia, identidad y memoria colectiva. “Para nuestra comunidad Kawésqar el mar no es un recurso separado de nuestra vida o nuestra cultura. Es parte de nuestra memoria, de nuestra forma de habitar el territorio y de nuestra identidad. Por eso cuando defendemos estos espacios no lo hacemos desde una discusión técnica o económica, sino desde la experiencia de quienes han vivido históricamente vinculados al mar. La protección territorial no puede quedar subordinada únicamente a intereses industriales”, afirma Leticia Caro, representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar.
Las organizaciones indígenas coinciden en que el debate sobre la Ley Lafkenche trasciende una discusión legal. En regiones como Aysén y La Araucanía, advierten que la conversación pública se ha polarizado y que temas como la protección de ecosistemas, la crisis climática y la participación de las comunidades en la toma de decisiones han quedado relegados. En ese contexto, el llamado es a construir una mirada de largo plazo que permita compatibilizar desarrollo económico, conservación ambiental y derechos territoriales. Como resume Andrea Soledad Reuca Neculman, representante de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, “Lo que está en discusión no es solo una ley. Lo que está en juego es cómo Chile decide relacionarse con el mar, con los territorios y con las comunidades que históricamente los han cuidado”.
