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El costo invisible de la menstruación en Chile

La menstruación sigue siendo, para miles de niñas, adolescentes y mujeres en Chile, una experiencia atravesada por el dolor, la incomodidad y la desigualdad. Así lo confirman los resultados de la Encuesta de Salud Menstrual presentada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, un estudio que pone cifras concretas a una realidad históricamente invisibilizada y que hoy se instala con fuerza en la agenda pública como un problema de equidad y salud.

La investigación, desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y Academia La Tribu, con el apoyo de Softys, evidencia que la menstruación continúa limitando la participación plena de mujeres en espacios educativos, sociales y laborales. Lejos de ser un tema íntimo o meramente biológico, el estudio revela cómo el ciclo menstrual impacta directamente en la vida cotidiana y en las trayectorias personales.

Los datos son elocuentes. Un 66% de las mujeres declara experimentar dolor abdominal, pélvico o uterino antes o durante el período menstrual, mientras que un 63% ha dejado de participar en actividades sociales debido a la menstruación o a sus síntomas. A ello se suman experiencias de estigmatización: un 11% se ha sentido discriminada, rechazada o acosada; un 10% ha optado por ocultarse mientras menstrúa; y un 7% ha sentido vergüenza, confirmando que el tabú sigue operando con fuerza.

En el ámbito educativo, las brechas se profundizan. Solo 4 de cada 10 mujeres considera que el colegio fue un espacio seguro durante la menstruación, y apenas un 54% evalúa los baños escolares como adecuados para cambiar productos menstruales. Estas condiciones precarias no son anecdóticas: un 39% dejó de asistir al colegio por algunos días, un 68% no pudo realizar actividades deportivas o recreativas y un 48% vio restringida su vida social durante el período menstrual.

La encuesta también pone el foco en el acceso desigual a la salud. Solo 4 de cada 10 mujeres declara contar siempre o casi siempre con profesionales o servicios especializados en salud menstrual, mientras que un 16% nunca ha accedido a este tipo de atención. Este déficit dificulta el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de patologías asociadas al ciclo menstrual, perpetuando la normalización del dolor extremo.

El impacto no es solo físico. El 70% de las mujeres reporta síntomas de salud mental durante la fase premenstrual, como baja energía, ansiedad, angustia, irritabilidad o cansancio, afectando su desempeño académico, laboral y social. En este contexto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, fue enfática al señalar que “estos datos refuerzan la importancia de derribar la idea de que el dolor extremo es normal, y de avanzar en detección temprana y acceso a información y atención oportuna, para que la menstruación no limite las trayectorias educativas ni la calidad de vida de las personas”.

Desde una mirada experta, Camila Herrera Sepúlveda, docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago y magíster en Nutrición, Medicina y Salud de la Mujer, advierte que los resultados reflejan un problema estructural. “La menstruación es un proceso fisiológico que tiene implicancias en múltiples determinantes sociales de la salud”, explica, subrayando que factores educativos, culturales y económicos condicionan profundamente cómo se vive el ciclo menstrual en Chile y en América Latina.

Para la especialista, uno de los datos más alarmantes es que un 63% de las encuestadas haya dejado de participar en actividades sociales. “Muchas personas dejan de participar porque experimentan dolor menstrual que se ha normalizado y no se trata adecuadamente. A eso se suma el estigma del miedo a mancharse, la vergüenza y la idea de que la menstruación debe ocultarse. También influye la falta de infraestructura adecuada y la dificultad para acceder a insumos en contextos de pobreza menstrual. En conjunto, estos factores generan inseguridad y limitan la participación plena”, comenta.

La brecha en el acceso a atención especializada también responde, según Herrera, a falencias del sistema de salud. “La atención primaria tiene una alta carga asistencial y muchas veces no dispone de profesionales capacitados en salud hormonal o dolor pélvico”, explica, agregando que la desigual distribución territorial de especialistas golpea con mayor fuerza a zonas rurales y regiones extremas. A ello se suma, sostiene, una deuda histórica en políticas públicas: “Falta integrar la salud menstrual como un eje formativo y asistencial en todos los niveles del sistema”.

La Encuesta de Salud Menstrual no solo entrega cifras, sino que interpela directamente a un país que aún arrastra silencios, prejuicios y desigualdades en torno al cuerpo y la experiencia de menstruar. Visibilizar estos datos es un primer paso; el desafío ahora es traducirlos en políticas, educación y acceso real, para que menstruar en Chile deje de ser un obstáculo y pase a ser, simplemente, parte de la vida.

Desregular para crecer y las alertas que surgen desde la academia

En un auditorio lleno de trajes oscuros y expectativas de reactivación, Jorge Quiroz, uno de los nombres que más fuerte suena para asumir el Ministerio de Hacienda en un eventual gobierno de José Antonio Kast, presentó ante el mundo empresarial las bases de la política económica que busca imprimir el candidato republicano. El escenario fue Icare, donde el economista delineó una hoja de ruta marcada por la desregulación, la aceleración de inversiones y un golpe directo a lo que calificó como un exceso de trabas administrativas.

Según Quiroz, Chile arrastra una carga regulatoria que mantiene paralizados cerca de US$12.000 millones en proyectos, una cifra que, en su diagnóstico, explica buena parte del estancamiento económico. El objetivo planteado es ambicioso: que todos los proyectos ingresados hace más de dos años al sistema de evaluación ambiental queden resueltos durante el primer año de mandato. El mensaje, leído entre líneas, apunta a un Estado que deje de ser cuello de botella y pase a ser facilitador de la inversión.

El foco se trasladó rápidamente al sector de la construcción, uno de los motores tradicionales de empleo y crecimiento. Ahí, Quiroz anunció su intención de desmantelar la “maraña regulatoria” que, a su juicio, encarece artificialmente el precio de las viviendas. La propuesta contempla una simplificación radical de la estructura administrativa, con la eliminación de 15.000 instructivos y la reducción de las circulares desde 1.500 a apenas 11 documentos. En palabras del propio economista, “vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile”.

Las reacciones no tardaron en aparecer desde el mundo académico. Américo Ibarra, director del Centro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile, puso paños fríos al entusiasmo. Frente a la posibilidad de una poda masiva de normativas, explicó que “siempre es posible suponer que la simplificación normativa puede traer beneficios claros en algunos ámbitos. Por ejemplo, agilizar trámites, reducir costos administrativos y acelerar la inversión en proyectos de construcción, lo que dinamiza el sector y facilita el acceso a nuevas viviendas”.

Sin embargo, el especialista advirtió que el riesgo está en el detalle. “El riesgo está en que al eliminar masivamente instructivos y circulares se pierdan regulaciones esenciales para la seguridad estructural, la calidad de las obras, el desarrollo armónico de las ciudades, la sostenibilidad urbana y rural, y un largo etc. El efecto podría ser positivo en términos de eficiencia, pero negativo si se traduce, por ejemplo, en construcciones inseguras o en un debilitamiento de la confianza ciudadana e inversionista. Entonces, la cuestión es evaluar lo que se pretende simplificar para tener una posición más objetiva de una medida de tal naturaleza”, sostuvo.

Una de las principales inquietudes gira en torno a las normas sísmicas, un tema sensible en uno de los países más telúricos del planeta. Ibarra fue claro en señalar que “en principio, me imagino que la idea siempre será mantener lo bueno y mejorar lo malo. En esos términos, la experiencia chilena en materia de normas de construcción es de un estándar mundial y no me imagino que se esté pensando desregularizar en esa línea”. Aun así, advirtió que “en un país altamente sísmico como Chile, cualquier desregulación que afecte normas técnicas de construcción representa un riesgo grave: podría comprometer la resistencia de edificios y aumentar la vulnerabilidad de la población frente a terremotos”.

Así, mientras el discurso económico promete destrabar inversiones y dinamizar la economía a golpe de desregulación, el debate se instala en un terreno más complejo, donde eficiencia, seguridad y ciudad se cruzan. La pregunta ya no es solo cuánto crecer, sino a qué costo y bajo qué reglas se quiere construir el próximo ciclo urbano y económico del país.

Pantallas bajo la lupa y la infancia en disputa

Mirar un celular antes de dormir, deslizar videos infinitos o responder mensajes hasta que el sueño pierda la batalla se ha vuelto una escena cotidiana en miles de hogares chilenos. Lo que antes parecía una excepción hoy es hábito: la última Encuesta Longitudinal de Primera Infancia 2024 reveló que el 54% de los adolescentes usa redes sociales por más de tres horas diarias y que un 42,7% revisa su smartphone o tablet todas las noches después de acostarse. Una rutina silenciosa que, lejos de ser neutra, empieza a encender alertas sobre sus efectos en la salud mental y el desarrollo.

El debate no es exclusivo de Chile. En Australia, el Estado decidió ir más allá y prohibió por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país del mundo en aplicar una restricción de ese calibre. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ya anunció su intención de seguir el mismo camino a partir de 2026, con advertencias explícitas al momento de ingresar a estas plataformas. El argumento es claro: proteger a niños y adolescentes de una sobreexposición digital que puede dejar huellas profundas.

¿Funcionaría una medida así en Chile? Para Roberto Vera, académico de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Neurociencia, la respuesta no es binaria. “No es una solución mágica, pero sí puede funcionar como barrera de contención del mismo modo que existen límites de edad para el consumo de alcohol, el tabaco o la conducción”, explica. A su juicio, cualquier restricción podría tener efectos protectores “siempre que se acompañe de educación digital, fiscalización real y alternativas de socialización”.

La advertencia tiene base científica. Vera recuerda que “sabemos con bastante certeza que el cerebro adolescente, especialmente la corteza prefrontal (responsable del control inhibitorio, la planificación y la evaluación de riesgos) no alcanza su madurez funcional sino bien entrada la adultez temprana”. El problema es que las redes sociales juegan en desventaja: están diseñadas, dice, “para explotar circuitos dopaminérgicos de recompensa inmediata, comparación social y validación externa”, generando una brecha evidente entre el poder del estímulo y la capacidad de autorregulación de los menores.

A eso se suma un diseño algorítmico optimizado para maximizar el tiempo de permanencia y la activación emocional, no necesariamente el bienestar. “Desde las neurociencias, resulta difícil no concluir en la existencia de responsabilidades morales, y potencialmente jurídicas, de las plataformas”, afirma Vera, subrayando que la evidencia sobre los efectos en cerebros en desarrollo es conocida. En ese contexto, insiste en que “la regulación estatal no es una censura, sino una protección a una población vulnerable, un principio básico de la ética pública”.

La discusión se cruza además con el aula. La eventual prohibición del uso de celulares en colegios a partir de 2026 podría ayudar, según el especialista, siempre que se aplique “con criterio pedagógico”. “El aula es uno de los pocos espacios donde el cerebro joven puede entrenar la atención sostenida, la interacción social cara a cara y la tolerancia a la frustración”, habilidades que se erosionan cuando la pantalla está siempre presente. Pero advierte que la medida debe ir acompañada de formación docente, uso pedagógico planificado de tecnología y una explicación clara a estudiantes y familias.

El cierre del debate no es complaciente. “Cuando existe evidencia robusta del daño potencial en población vulnerable, la inacción también es una forma de negligencia”, concluye Vera. Regular, en este escenario, no sería retroceder, sino asumir que el mundo digital también necesita límites cuando lo que está en juego es el desarrollo de las próximas generaciones.

La otra cara del aire limpio en Chile

Chile lleva dos décadas avanzando en su batalla contra la contaminación del aire, y por primera vez existe un panorama tan completo como incómodo sobre lo que realmente respiramos. Un estudio publicado en junio de 2025 en la revista científica Atmosphere —titulado Current Status, Trends, and Future Directions in Chilean Air Quality: A Data-Driven Perspective— ofrece la radiografía más extensa hasta ahora: más de 180 millones de datos horarios recopilados desde 191 estaciones de monitoreo a lo largo del país, analizados por un equipo de la Universidad de Chile, el CR2, el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad del Desarrollo. La conclusión general es clara: la calidad del aire ha mejorado, pero el mapa sigue mostrando heridas abiertas, especialmente en el sur y en zonas industriales del norte y centro.

El académico Manuel A. Leiva, uno de los autores del paper, sintetiza la evolución con precisión quirúrgica: “Aquí ha mejorado la calidad del aire a lo largo de los años y la única forma de verificar eso es a través de información y monitoreo”. Su afirmación se respalda con cifras que hablan por sí solas. Santiago logró reducir en casi un 40% sus concentraciones máximas de material particulado fino desde comienzos de los 2000, mientras que la caída del dióxido de azufre ha sido especialmente notoria en polos industriales como Huasco y Quintero-Puchuncaví. El país, comparado consigo mismo, respira un poco más limpio. Pero comparado con sus propios desafíos, aún está lejos de un aire justo.

La investigación profundiza en una tensión que Chile no ha sabido resolver del todo: la desigualdad territorial del aire. Kevin Basoa, investigador del CR2 y funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, lo expone sin eufemismos: “En el sur del país, el uso intensivo de la leña sigue siendo la principal causa de los altos niveles de material particulado, y no es un problema que se resuelve solo con tecnología”. Aunque existen normas recientes como la Ley de Biocombustibles, su implementación avanza con lentitud y se enfrenta a un arraigo cultural difícil de reemplazar. A eso se suma la compleja geoclimática del país, donde la influencia permanente del anticiclón del Pacífico genera estabilidad atmosférica y limita las opciones de dispersión. Tal como recuerda Leiva, “podemos reducir las emisiones, pero tenemos barreras geográficas y climáticas que no dependen de nosotros”.

Uno de los elementos más llamativos del estudio es la mirada crítica hacia la red de monitoreo del país, considerada la más grande de América Latina. Chile cuenta con más de 200 estaciones, pero solo 125 cumplieron el estándar mínimo de datos en 2024. Hay ciudades subrepresentadas, estaciones que miden apenas uno o dos contaminantes y territorios con sobrecarga de monitoreo debido a exigencias industriales. “Tenemos una red robusta, pero con oportunidades de mejora”, insiste Leiva, dejando claro que disponer de datos no es lo mismo que disponer de información significativa. Basoa suma otra capa al análisis al valorar el rol del Estado: “Esta red se construyó gracias a políticas públicas y decisiones del Estado. Es una herramienta excepcional, pero debemos cuidarla y mejorarla”.

El paper también revisita una discusión que Chile arrastra hace años: las llamadas “zonas de sacrificio” y la urgencia de volver a mirarlas desde la justicia ambiental. La investigadora Zoë Fleming destaca que, pese a los avances, los episodios críticos no han desaparecido y requieren un monitoreo más sofisticado: “La combinación de emisiones industriales y de quema de leña en Coronel y Talcahuano hace que todavía se superen las normas de PM2.5 en algunas ocasiones del año”. Basoa refuerza la dificultad de controlar episodios de SO₂ vinculados a procesos industriales que no muestran patrones regulares y demandan nuevas estrategias de fiscalización. Las brechas territoriales —entre norte minero, sur leñero y centro urbano— son parte estructural del problema.

Más allá del diagnóstico, el estudio propone un mensaje incómodo pero necesario: sin ciencia aplicada, no hay política pública efectiva. “Después de 20 años, recién estamos logrando que los estudios científicos no queden en un paper, sino que lleguen a la sociedad y a los tomadores de decisiones”, afirma Leiva, subrayando que esta investigación busca ser una herramienta real para actualizar planes de descontaminación, mejorar la red de monitoreo y orientar nuevas inversiones. Basoa añade un recordatorio para tiempos de negacionismo climático: “En tiempos de negacionismo climático, es importante valorar el rol del Estado y de las universidades públicas. Esta red, estos datos y estas políticas existen gracias al trabajo coordinado de lo público y lo académico”.

El equipo liberó su base de datos completa en la plataforma Zenodo, convirtiéndola en un recurso abierto que otros investigadores podrán utilizar, replicar y comparar. Para Leiva, este es un aporte exportable: “Tenemos un laboratorio natural que puede ayudar a mejorar la gestión de calidad de aire en la región”. Chile, pese a sus contradicciones, vuelve a situarse como referente en monitoreo ambiental. Pero la pregunta que queda flotando es si será capaz de transformar esos datos en aire limpio para todas las comunidades, no solo para algunas.

Educación tributaria con enfoque de género llega a emprendedoras y diversidades

En Peñalolén se lanzó oficialmente el programa “Más educación tributaria, más equidad”, una iniciativa impulsada por la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, destinada a entregar herramientas básicas en materia tributaria a mujeres y diversidades sexo-genéricas. El objetivo es claro: fortalecer su autonomía económica, facilitar la formalización de sus emprendimientos y acompañarlas en el desarrollo sostenible de sus negocios.

El programa contempla capacitaciones a cargo de profesionales de Dedecon, quienes orientan a las participantes sobre sus derechos y deberes como contribuyentes, además de difundir beneficios estatales para Pymes y actividades económicas emergentes. La iniciativa forma parte de compromisos institucionales de género como los Compromisos Ministeriales 2022-2026 y el Programa de Trabajo de Género de Dedecon 2024-2025, que impulsan políticas públicas con perspectiva inclusiva.

Durante el lanzamiento, el defensor nacional del contribuyente, Ricardo Pizarro, recalcó que “ayudar a emprender desde el conocimiento tributario puede ser clave en la vida de muchas mujeres y personas de las diversidades”. La Seremi de la Mujer, Ana Martínez, también valoró la medida como un paso concreto hacia la igualdad, mientras que el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, destacó el esfuerzo de las mujeres de la comuna y la urgencia de brindarles condiciones reales para avanzar sin arriesgar su trabajo por desconocimiento legal.

El programa está dirigido tanto a quienes aún no han formalizado sus actividades como a quienes ya tienen iniciación, y apunta a derribar las barreras de género que aún existen en el mundo económico. Las interesadas pueden acceder a más información en www.dedecon.cl o mediante las redes de SernamEG y Prodemu a nivel nacional.

El camino hacia un envejecimiento saludable en Chile

Chile es uno de los países con mayor esperanza de vida en América, con un promedio de 81 años, destacándose las mujeres con una esperanza de 83 años y los hombres con 78. Esta longevidad, que lo posiciona en el segundo lugar del continente después de Canadá, plantea nuevos desafíos para las personas que alcanzan esta edad, tanto a nivel físico como emocional. Especialistas de la Universidad de Chile han compartido valiosas recomendaciones sobre cómo llegar a una vejez plena, manteniendo la autonomía, la movilidad y la salud cognitiva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe el envejecimiento como un proceso gradual de cambios que afecta las capacidades físicas y mentales, y que se acelera conforme avanzamos en la vida. Se espera que, en 2030, más de 1.400 millones de personas mayores de 60 años habiten el planeta, un aumento del 34% respecto a 2019. Ante esta realidad, los especialistas subrayan la importancia de adquirir hábitos saludables desde la niñez para lograr un envejecimiento saludable.

Según Daniela Thumala, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, es fundamental que los niños y jóvenes comprendan que sus hábitos alimenticios y la actividad física impactarán directamente en la calidad de su vejez. “Debemos empezar a hablar más de longevidad que solo de envejecimiento”, afirma Thumala. Esta visión integral es respaldada por Lorena Rodríguez, directora de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, quien asegura que el envejecimiento saludable debe construirse a lo largo de toda la vida. “Es una construcción vital, no algo que pueda planificarse a último minuto”, explica.

Por otro lado, el doctor Felipe Salech, geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, sostiene que un envejecimiento saludable implica la preservación de la funcionalidad de las personas, incluso si padecen enfermedades como la hipertensión o la diabetes, siempre y cuando estas condiciones estén controladas. Asimismo, la profesora Alejandra Fuentes-García enfatiza que los cuidados varían según la etapa de la vida, pero es fundamental fomentar políticas públicas que aseguren una vejez digna y saludable, como una jubilación adecuada y espacios públicos inclusivos.

Para alcanzar una vejez saludable, los expertos destacan varios pilares fundamentales. La alimentación juega un rol esencial, recomendando una dieta variada, sin excesos de productos ultraprocesados, y la incorporación de proteínas en las comidas diarias. Además, mantener un propósito en la vida, cultivar una red de apoyo emocional, realizar ejercicio físico de manera regular y evitar hábitos nocivos como el consumo de alcohol y tabaco son claves para una longevidad plena.

Uno de los aspectos más importantes es la actividad física, especialmente ejercicios que fortalezcan los músculos y mejoren el equilibrio, fundamentales para evitar caídas y mantener la movilidad. Según los especialistas, no se trata de practicar deportes intensos, sino de caminar regularmente y realizar actividades que impliquen esfuerzo físico sin riesgo de lesión.

Finalmente, la educación continua y el estímulo cognitivo son factores determinantes para mantener la salud cerebral. Leer, escribir y mantener la mente activa son prácticas recomendadas para garantizar un envejecimiento mentalmente saludable. “La educación es un determinante clave de cómo funcionará el cerebro en la vejez”, concluye el doctor Salech.

Con estos consejos, los especialistas nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos vivir los años de nuestra vejez de la mejor forma posible, cuidando tanto nuestro cuerpo como nuestra mente.