Mirar un celular antes de dormir, deslizar videos infinitos o responder mensajes hasta que el sueño pierda la batalla se ha vuelto una escena cotidiana en miles de hogares chilenos. Lo que antes parecía una excepción hoy es hábito: la última Encuesta Longitudinal de Primera Infancia 2024 reveló que el 54% de los adolescentes usa redes sociales por más de tres horas diarias y que un 42,7% revisa su smartphone o tablet todas las noches después de acostarse. Una rutina silenciosa que, lejos de ser neutra, empieza a encender alertas sobre sus efectos en la salud mental y el desarrollo.
El debate no es exclusivo de Chile. En Australia, el Estado decidió ir más allá y prohibió por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país del mundo en aplicar una restricción de ese calibre. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ya anunció su intención de seguir el mismo camino a partir de 2026, con advertencias explícitas al momento de ingresar a estas plataformas. El argumento es claro: proteger a niños y adolescentes de una sobreexposición digital que puede dejar huellas profundas.
¿Funcionaría una medida así en Chile? Para Roberto Vera, académico de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Neurociencia, la respuesta no es binaria. “No es una solución mágica, pero sí puede funcionar como barrera de contención del mismo modo que existen límites de edad para el consumo de alcohol, el tabaco o la conducción”, explica. A su juicio, cualquier restricción podría tener efectos protectores “siempre que se acompañe de educación digital, fiscalización real y alternativas de socialización”.
La advertencia tiene base científica. Vera recuerda que “sabemos con bastante certeza que el cerebro adolescente, especialmente la corteza prefrontal (responsable del control inhibitorio, la planificación y la evaluación de riesgos) no alcanza su madurez funcional sino bien entrada la adultez temprana”. El problema es que las redes sociales juegan en desventaja: están diseñadas, dice, “para explotar circuitos dopaminérgicos de recompensa inmediata, comparación social y validación externa”, generando una brecha evidente entre el poder del estímulo y la capacidad de autorregulación de los menores.
A eso se suma un diseño algorítmico optimizado para maximizar el tiempo de permanencia y la activación emocional, no necesariamente el bienestar. “Desde las neurociencias, resulta difícil no concluir en la existencia de responsabilidades morales, y potencialmente jurídicas, de las plataformas”, afirma Vera, subrayando que la evidencia sobre los efectos en cerebros en desarrollo es conocida. En ese contexto, insiste en que “la regulación estatal no es una censura, sino una protección a una población vulnerable, un principio básico de la ética pública”.
La discusión se cruza además con el aula. La eventual prohibición del uso de celulares en colegios a partir de 2026 podría ayudar, según el especialista, siempre que se aplique “con criterio pedagógico”. “El aula es uno de los pocos espacios donde el cerebro joven puede entrenar la atención sostenida, la interacción social cara a cara y la tolerancia a la frustración”, habilidades que se erosionan cuando la pantalla está siempre presente. Pero advierte que la medida debe ir acompañada de formación docente, uso pedagógico planificado de tecnología y una explicación clara a estudiantes y familias.
El cierre del debate no es complaciente. “Cuando existe evidencia robusta del daño potencial en población vulnerable, la inacción también es una forma de negligencia”, concluye Vera. Regular, en este escenario, no sería retroceder, sino asumir que el mundo digital también necesita límites cuando lo que está en juego es el desarrollo de las próximas generaciones.
