El ruido urbano volvió al centro del debate público. Esta vez no como una molestia pasajera, sino como un problema estructural que impacta directamente en la salud y la calidad de vida en las ciudades chilenas. El Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, anunció el inicio del proceso de revisión del Decreto Supremo N°7, la norma que regula la emisión de ruido de vehículos livianos, medianos y motocicletas, con un foco claro en un vacío histórico de la regulación: las motocicletas en circulación.

Desde el Ejecutivo, el diagnóstico es contundente. “El ruido es un contaminante invisible que afecta la salud, el descanso y el bienestar de las personas”, afirmó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, al presentar la iniciativa. Una definición que conecta con una experiencia cotidiana en Santiago y otras grandes urbes del país, donde el tránsito vehicular se ha consolidado como la principal fuente de contaminación acústica.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, puso el acento en las limitaciones del marco actual y en la necesidad de avanzar hacia mecanismos de control más efectivos. “Este trabajo busca analizar nuevas maneras para controlar el cumplimiento de los niveles de ruido de un vehículo, especialmente si consideramos que hoy sólo podemos certificar ese aspecto, cuando el vehículo ingresa al país y es homologado”, explicó, subrayando que la revisión abre la puerta a herramientas como controles en plantas de revisión técnica u otras instancias de fiscalización en terreno.

Desde el mundo académico, la advertencia es clara respecto a los efectos del ruido prolongado. “La contaminación acústica puede generar efectos graves en la salud de las personas, desde estrés y trastornos del sueño hasta pérdida auditiva y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente cuando existe una exposición prolongada a altos niveles de ruido”, señaló Daniel Arancibia, académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago. Una realidad que, según el experto, obliga a tratar el ruido con la misma seriedad que otros contaminantes ambientales.

Arancibia enfatiza que la solución no pasa por una única medida, sino por una combinación de acciones coordinadas. “Efectivamente se pueden disminuir los niveles de emisión acústica y existen varios ámbitos de acción”, afirmó, mencionando desde la mantención y fiscalización de los vehículos, hasta la gestión del tránsito, la instalación de pantallas acústicas en sectores sensibles y una transición decidida hacia la electromovilidad como horizonte de largo plazo.

El foco inicial de la revisión normativa estará puesto en las motocicletas, un parque vehicular que ha crecido un 40% en apenas cuatro años. Estudios del propio Ministerio del Medio Ambiente revelan diferencias de hasta 20 decibeles entre motocicletas nuevas homologadas y esas mismas unidades en uso, una brecha asociada principalmente a modificaciones irregulares o al deterioro de los sistemas de escape. Hoy, la norma solo controla el ruido al momento de la homologación, dejando sin herramientas efectivas el control posterior.

La publicación del decreto en el Diario Oficial marca el inicio de una etapa técnica y regulatoria que buscará cerrar ese vacío, en un contexto donde cerca del 70% de los niveles de ruido ambiental se concentran en Santiago. Más que un ajuste burocrático, la revisión del Decreto Supremo N°7 aparece como una señal política y sanitaria: el ruido dejó de ser el telón de fondo de la ciudad y pasó a ser un problema que exige respuesta.