Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina entre 2007 y 2015, quedó oficialmente condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras el fallo unánime de la Corte Suprema que rechazó su recurso y ratificó la sentencia dictada en 2022 por corrupción en la llamada “causa Vialidad”. El caso, que investigó el presunto direccionamiento de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, consideró a Fernández culpable de administración fraudulenta, aunque la absolvió del delito de asociación ilícita.

El fallo no sólo tiene impacto político en Argentina. Según el analista internacional Pablo Lacoste, académico de la Usach, este veredicto representa un hito judicial comparable al histórico juicio contra los militares de la dictadura en 1985. “En ese entonces se dijo nunca más a las violaciones de derechos humanos. Hoy la justicia argentina dice nunca más a la corrupción”, afirmó. Para Lacoste, el proceso contra Fernández podría incluso escalar en tensión social si el peronismo moviliza sus bases, lo que pondría a prueba la fortaleza del poder judicial ante un eventual colapso político.

Fernández, de 72 años, ha calificado el proceso como un caso de lawfare —una persecución judicial con fines políticos— y tenía previsto postularse como diputada provincial por Buenos Aires en las elecciones del 7 de septiembre, plan que ahora queda anulado por la inhabilitación. Aunque existe la posibilidad de detención, es poco probable que cumpla pena en una cárcel común debido a su edad. La vía más probable, según Lacoste, sería la prisión domiciliaria mientras se agotan los recursos legales.

Más allá de su impacto local, el fallo representa un llamado de atención para toda América Latina. “Esta condena puede ser un punto de inflexión. Así como hubo un antes y un después en derechos humanos, ahora estamos frente a un nunca más de la corrupción en la región”, sostuvo Lacoste, subrayando el alcance simbólico del caso.