Chile vive una de las crisis más duras y profundas de su historia reciente: la protección infantil está en jaque tras el aumento explosivo de denuncias por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entre 2018 y 2024 se han registrado más de 114.000 causas, una cifra que refleja un crecimiento del 186% y que instala un escenario alarmante. Solo en 2023, las denuncias superaron las 40 mil, mientras estudios revelan que uno de cada cuatro niños en el país ha sufrido algún tipo de violencia sexual. En medio del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, conmemorado el pasado 19 de noviembre, la situación ha sido descrita sin medias tintas como una “emergencia nacional”.
Las organizaciones especializadas han insistido en que el fenómeno no es nuevo, sino que simplemente dejó de estar oculto. Juan Pablo Venegas, gerente de Incidencia y Asuntos Públicos de World Vision Chile, lo expresa con crudeza: “No se trata de episodios aislados; hablamos de una problemática que avanza en silencio y que sigue dejando huellas profundas”. Su advertencia no solo apunta a la gravedad del problema, sino al peso cultural que ha permitido que estos delitos se mantengan por décadas fuera de la discusión pública.
Para entender el aumento de denuncias, especialistas explican que las cifras no necesariamente responden a un crecimiento real del abuso, sino a una mayor capacidad para detectarlo. La psicóloga infanto-juvenil y académica de la Usach, Mariela Muñoz, lo plantea con claridad: “Me parece que el aumento de denuncias no responde únicamente a que hay más abusos que antes; sino que podemos estar detectando mejor que antes”. A su juicio, la mayor disponibilidad de información y la sensibilización social han permitido identificar señales que antes eran minimizadas o ignoradas por las familias, los colegios e incluso los organismos del Estado.
La académica insiste en que la violencia sexual no se limita al imaginario más extremo, sino que abarca cualquier conducta de connotación sexual por parte de un adulto hacia un menor. “Estamos accediendo a mayor información, por lo tanto, estamos más atentos a indicadores que nos pueden hacer sospechar y con esto activar alertas y denuncias de abuso sexual infantil”, explica. Sin embargo, advierte que este avance convive con una realidad estructural dolorosa: miles de niños crecen en soledad, sin adultos disponibles que acompañen, escuchen o identifiquen situaciones de riesgo. Jornada laborales extensas, estrés constante y la falta de apoyo estatal generan un caldo de cultivo para dinámicas abusivas que avanzan sin freno.
La falta de escucha hacia la infancia sigue siendo uno de los mecanismos más crueles de perpetuación del abuso. Muñoz lo describe como un problema cultural profundamente arraigado en la visión adultocéntrica: “Cuando nos movemos en visiones adultocéntricas… caemos en discursos de invalidación a niños y niñas, y entonces se generan dinámicas de abuso”. La especialista explica que muchos menores sí intentan revelar lo que les ocurre, pero encuentran respuestas que minimizan, dudan o desconfían, empujándolos a guardar silencio y reforzando una sensación de desesperanza e indefensión. A esto se suma una de las características más estremecedoras del fenómeno: la mayoría de los agresores pertenece al entorno más cercano del niño, dentro de su propia familia o círculo de confianza, lo que dificulta aún más la denuncia y la intervención temprana.
Frente a un escenario tan desolador, los especialistas coinciden en que la protección no puede recaer solo en profesores, psicólogos o médicos. “Todos como ciudadanos y sociedad somos responsables de cuidarnos y cuidar especialmente a niños y niñas”, enfatiza Muñoz. La psicóloga señala que esta responsabilidad involucra a cualquier adulto cercano: vecinos, tíos, apoderados, amigos. Todos pueden convertirse en el punto de ruptura que permite detener un abuso antes de que escale y deje secuelas irreparables.
El primer paso, dice la académica, es creer. “Es muy importante nunca cuestionar, ni dudar, sólo creer”, subraya, recordando que un niño que confiesa haber sido vulnerado ha atravesado un proceso emocional devastador para poder verbalizarlo. Acompañar, transmitir seguridad y actuar de inmediato son acciones cruciales. Dependiendo del rol de cada adulto, la denuncia en Carabineros, PDI, Fiscalía o Tribunales de Familia es indispensable para activar las redes de protección que ofrecen apoyo psicológico, social y jurídico. Estos programas especializados son clave para que los niños puedan resignificar lo vivido y avanzar en su recuperación. “La evidencia es clara sobre la relevancia de este tipo de intervención”, añade Muñoz, destacando el impacto positivo de la psicoterapia en la reparación emocional de las víctimas.
La crisis actual no deja espacio para la indiferencia. El país enfrenta una urgencia impostergable: proteger a la infancia exige educación, políticas públicas robustas y una responsabilidad compartida. La violencia sexual contra niños no puede seguir siendo un tema silenciado ni relegado al ámbito privado. Si Chile quiere mirar de frente su futuro, debe comenzar por cuidar a quienes lo representan.
