Cada invierno, miles de hogares chilenos enfrentan la misma paradoja: gastar cada vez más en luz, gas, leña o parafina y, aun así, seguir viviendo en casas frías. El problema no estaría únicamente en el precio de los combustibles, sino también en una infraestructura habitacional que, en muchos casos, deja escapar rápidamente el calor. Un nuevo análisis de la Universidad de Chile plantea que mejorar la aislación térmica de las viviendas debería ser parte central de las políticas contra la pobreza energética.
El Policy Paper “Vivienda y pobreza energética en Chile: hacia una política integral de habitabilidad”, elaborado por la Red de Pobreza Energética y publicado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, propone mirar el problema desde una perspectiva más amplia. El documento, desarrollado por 18 investigadores y especialistas, plantea que las políticas de vivienda y energía no pueden continuar funcionando como agendas separadas, ya que las condiciones de una vivienda determinan cuánto deben gastar las familias para alcanzar niveles mínimos de confort térmico.
Pero ¿qué significa exactamente pobreza energética? Paz Araya, investigadora de la Red de Pobreza Energética, explica que “Según la definición coconstruida desde la Red de Pobreza Energética, un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, es decir, que sean adecuados, confiables, seguros y no contaminantes, para cubrir las necesidades de energía que le permiten sostener el desarrollo humano y económico de sus integrantes”. El concepto, por tanto, no se reduce a no poder pagar una cuenta: también considera la posibilidad real de vivir en condiciones adecuadas.
El problema comienza en las paredes, techos y ventanas. Una parte importante del parque habitacional chileno fue construida bajo estándares térmicos insuficientes o antes de que existieran exigencias relevantes en esta materia. Como consecuencia, buena parte del calor producido por una estufa termina escapando rápidamente hacia el exterior. Para las familias, esto significa mantener los sistemas de calefacción funcionando durante más tiempo, elevar el gasto mensual y, en algunos casos, reducir el consumo hasta niveles que afectan directamente el confort y la salud.
La situación tampoco termina en el bolsillo. Araya advierte que “la incapacidad de satisfacer adecuadamente necesidades humanas básicas y fundamentales tiene implicancias en la salud física, como enfermedades cardiovasculares y respiratorias asociadas al frío, y contaminación intradomiciliaria por combustión a leña; afectaciones psicológicas provocadas por el estrés crónico, la precariedad y la incertidumbre energética; impactos socioemocionales en las relaciones personales y en el clima familiar, y también efectos en las oportunidades educativas y laborales, como la imposibilidad de estudiar de noche por falta de luz o calefacción y la postergación de la atención médica debido a la reasignación del presupuesto, por ejemplo”.
Por eso, el documento plantea que la respuesta no debería concentrarse exclusivamente en subsidiar combustibles o reemplazar estufas. Si una vivienda pierde calor por sus muros, techos y ventanas, cualquier sistema de calefacción tendrá que trabajar más para mantener una temperatura confortable. La alternativa propuesta pasa por avanzar hacia un mejoramiento térmico masivo de las viviendas existentes, mediante aislación de muros y techos, sellado de ventanas y programas de reacondicionamiento que permitan elevar la calidad del parque habitacional que ya está construido.
La discusión también apunta hacia las viviendas que todavía no existen. El estudio propone estándares de construcción más exigentes que permitan garantizar condiciones mínimas de temperatura, eficiencia energética y ventilación desde el momento en que se diseña una nueva vivienda. Para lograrlo, los investigadores plantean una mayor coordinación entre organismos como los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Energía, entendiendo que la habitabilidad térmica forma parte de una política de vivienda adecuada y no simplemente de una decisión individual sobre cómo calefaccionar.
Y el desafío no termina cuando llega septiembre. En un contexto marcado por eventos climáticos cada vez más extremos, mejorar la vivienda significa prepararla tanto para el frío como para el calor. Araya sostiene que “Las mejoras en habitabilidad implican abordar la pobreza energética considerando sus impactos en hogares que no están preparados para las bajas temperaturas, como las del invierno en la zona centro y sur del país, pero también los impactos de las olas de calor durante el verano”. La casa del futuro, plantea el informe, no debería ser solamente aquella que consuma menos energía, sino aquella capaz de proteger a quienes viven dentro de ella.