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Desregular para crecer y las alertas que surgen desde la academia

En un auditorio lleno de trajes oscuros y expectativas de reactivación, Jorge Quiroz, uno de los nombres que más fuerte suena para asumir el Ministerio de Hacienda en un eventual gobierno de José Antonio Kast, presentó ante el mundo empresarial las bases de la política económica que busca imprimir el candidato republicano. El escenario fue Icare, donde el economista delineó una hoja de ruta marcada por la desregulación, la aceleración de inversiones y un golpe directo a lo que calificó como un exceso de trabas administrativas.

Según Quiroz, Chile arrastra una carga regulatoria que mantiene paralizados cerca de US$12.000 millones en proyectos, una cifra que, en su diagnóstico, explica buena parte del estancamiento económico. El objetivo planteado es ambicioso: que todos los proyectos ingresados hace más de dos años al sistema de evaluación ambiental queden resueltos durante el primer año de mandato. El mensaje, leído entre líneas, apunta a un Estado que deje de ser cuello de botella y pase a ser facilitador de la inversión.

El foco se trasladó rápidamente al sector de la construcción, uno de los motores tradicionales de empleo y crecimiento. Ahí, Quiroz anunció su intención de desmantelar la “maraña regulatoria” que, a su juicio, encarece artificialmente el precio de las viviendas. La propuesta contempla una simplificación radical de la estructura administrativa, con la eliminación de 15.000 instructivos y la reducción de las circulares desde 1.500 a apenas 11 documentos. En palabras del propio economista, “vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile”.

Las reacciones no tardaron en aparecer desde el mundo académico. Américo Ibarra, director del Centro Observatorio de Políticas Públicas del Territorio y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile, puso paños fríos al entusiasmo. Frente a la posibilidad de una poda masiva de normativas, explicó que “siempre es posible suponer que la simplificación normativa puede traer beneficios claros en algunos ámbitos. Por ejemplo, agilizar trámites, reducir costos administrativos y acelerar la inversión en proyectos de construcción, lo que dinamiza el sector y facilita el acceso a nuevas viviendas”.

Sin embargo, el especialista advirtió que el riesgo está en el detalle. “El riesgo está en que al eliminar masivamente instructivos y circulares se pierdan regulaciones esenciales para la seguridad estructural, la calidad de las obras, el desarrollo armónico de las ciudades, la sostenibilidad urbana y rural, y un largo etc. El efecto podría ser positivo en términos de eficiencia, pero negativo si se traduce, por ejemplo, en construcciones inseguras o en un debilitamiento de la confianza ciudadana e inversionista. Entonces, la cuestión es evaluar lo que se pretende simplificar para tener una posición más objetiva de una medida de tal naturaleza”, sostuvo.

Una de las principales inquietudes gira en torno a las normas sísmicas, un tema sensible en uno de los países más telúricos del planeta. Ibarra fue claro en señalar que “en principio, me imagino que la idea siempre será mantener lo bueno y mejorar lo malo. En esos términos, la experiencia chilena en materia de normas de construcción es de un estándar mundial y no me imagino que se esté pensando desregularizar en esa línea”. Aun así, advirtió que “en un país altamente sísmico como Chile, cualquier desregulación que afecte normas técnicas de construcción representa un riesgo grave: podría comprometer la resistencia de edificios y aumentar la vulnerabilidad de la población frente a terremotos”.

Así, mientras el discurso económico promete destrabar inversiones y dinamizar la economía a golpe de desregulación, el debate se instala en un terreno más complejo, donde eficiencia, seguridad y ciudad se cruzan. La pregunta ya no es solo cuánto crecer, sino a qué costo y bajo qué reglas se quiere construir el próximo ciclo urbano y económico del país.

El recorte fiscal que tensiona el arranque el gobierno de Kast

La economía asoma como el terreno donde se medirá, desde el primer minuto, la impronta del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Durante los primeros 90 días de administración, el foco estará puesto en un paquete de medidas que promete rebajas de impuestos a las grandes empresas, la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda y la reintegración del sistema tributario. Todo esto ocurre mientras las proyecciones del Banco Central de Chile anticipan un escenario de mayor crecimiento para 2026, con un techo cercano al 3%, un dato que abre expectativas, pero también tensiones.

El punto de partida, sin embargo, es menos frágil de lo que muchos imaginan. En conversación con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, planteó que Chile llega al cambio de mando en una posición relativamente sólida. “El crecimiento del año pasado fue de 2,6% del PIB, con un crecimiento del empleo importante y también de las remuneraciones, y estas cifras son bastante parecidas al cerrar el 2025”, señaló, describiendo un desempeño “razonable” que se ha sostenido por dos años consecutivos.

Ese escenario es, según Martner, la consecuencia de un ciclo económico abrupto y cambiante. Desde la recesión pandémica hasta la “súper expansión” de 2021, seguida por la contracción de 2022 y una posterior fase de recuperación, el país parece haber encontrado un ritmo más estable. “Esa recuperación es la que nos tiene con este ritmo ya de 2,5 o 3% de crecimiento y que permite que el próximo gobierno entre en condiciones mucho mejores en términos de crecimiento, producción, empleo e inflación, que está estrictamente bajo control”, afirmó el académico.

La advertencia aparece cuando se mira hacia adelante. Para Martner, el efecto real del programa económico de Kast dependerá de cuán rápido y profundo se implementen sus anuncios. En el corto plazo, el economista prevé un impacto contractivo. “Serían medidas que tenderían más bien a comprimir un poco la economía, porque quieren bajar gastos y bajar impuestos, compensando con una reducción del gasto y no con un aumento de impuestos en otros ámbitos”, explicó, sumando a ese cuadro las propuestas de flexibilización laboral incluidas en el programa.

El punto más sensible del debate es la idea impulsada por Jorge Quiroz, jefe del equipo económico del presidente electo, de reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares en apenas 18 meses. Martner no duda en calificarla como “un choque fiscal enorme” y pone en cuestión su real alcance. “Corregir ineficiencias o gastos inútiles siempre es positivo, pero en esa magnitud solo tiene sentido con un giro muy fuerte en la política económica”, sostuvo.

En el trasfondo, según el académico, está la rebaja del impuesto a las empresas, especialmente a las de mayor tamaño. “No estamos hablando de bajar el IVA ni de ampliar el impuesto a la renta, sino de reducir el impuesto a las empresas”, dijo, advirtiendo que, sin un aumento de impuestos a las personas de altos ingresos, el ajuste recaerá inevitablemente en el gasto público. “La única manera de bajar esos 6.000 millones de dólares en 18 meses implica reducir alguna parte del gasto social”, afirmó, apuntando a áreas como pensiones, educación y salud. El dilema, concluye, no es solo técnico, sino profundamente político: cómo equilibrar crecimiento, responsabilidad fiscal y cohesión social en un nuevo ciclo de poder.

Sernac lanza un nuevo comparador para elegir créditos de consumo sin caer en trampas financieras

En tiempos en que el endeudamiento se ha vuelto parte del paisaje cotidiano en Chile, una herramienta digital busca poner el poder de decisión nuevamente en manos de los consumidores. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) acaba de presentar la versión actualizada de su “Comparador de Crédito de Consumo”, una plataforma gratuita que promete simplificar la elección de préstamos con solo tres filtros. Más que una mejora técnica, se trata de un intento por equilibrar una cancha que históricamente ha favorecido a los bancos y entidades financieras.

El simulador, disponible en www.sernac.cl, permite comparar en segundos los valores de cuotas, tasas de interés, Carga Anual Equivalente (CAE) y Costo Total del Crédito (CTC) entre una amplia variedad de instituciones formales. Todo se actualiza automáticamente cada inicio de mes con información directa de las mismas entidades, garantizando datos frescos y transparentes. En palabras simples, el usuario puede estimar cuánto pagará realmente antes de comprometerse, algo que, según el organismo, puede significar ahorros importantes.

El Sernac entregó un ejemplo concreto: por un crédito de $1.000.000 a 12 meses, sin seguro de desgravamen, el costo total puede variar entre $1.094.256 y $1.226.978, una diferencia de $132.722 entre la alternativa más barata y la más cara. En un país donde millones viven al límite de su presupuesto, esa diferencia puede ser el equivalente a un mes de supermercado o transporte. La conclusión es evidente: cotizar ya no es una opción, sino una necesidad.

Para el economista y académico de la Universidad de Santiago, René Fernández Montt, el problema no pasa solo por las tasas o los costos, sino por la falta de comprensión de quienes se endeudan. “Uno de los grandes problemas de las y los clientes nacionales radica en la baja comprensión lectora que desarrollan, y que los lleva a no entender las condiciones del crédito que solicitan”, explicó en entrevista con Diario Usach. A esto se suma otro error recurrente: la inercia. “Muchas veces se opta por la comodidad, se decide por adquirir endeudamiento en el banco de toda la vida, lo que no es lo recomendable. Siempre se debe evaluar distintas alternativas e incluso existe poder negociador por parte del cliente si cuenta con diversas opciones”, agregó.

Fernández apunta también a una raíz cultural: el silencio frente al dinero. “’No se debe hablar de dinero en la mesa’ se decía antaño. Si no se habla de dinero, no se aprende sobre él y obvio, se toman pésimas decisiones financieras como los recordados casos Arcano o Garay”, sostuvo. Sin embargo, destaca avances institucionales: “El Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y el SERNAC propician la educación financiera. Además, la Ley General de Educación desde 2018 la incorporó en el currículum de enseñanza media, en asignaturas como Ciencias Sociales y Matemáticas. Por lo tanto, el nivel de alfabetización financiera está compelido a seguir mejorando”.

El académico advierte que no entender el funcionamiento del sistema financiero tiene efectos concretos. El desconocimiento de los productos, la falta de planificación del presupuesto y la incapacidad de medir los riesgos son parte del círculo vicioso que termina empujando a miles a sobreendeudarse. La nueva herramienta del Sernac no elimina esos problemas, pero representa un paso hacia una ciudadanía más empoderada y menos vulnerable frente a un mercado que no siempre juega limpio.

En un contexto donde la inflación, los créditos rápidos y la digitalización han transformado la manera de endeudarse, contar con un instrumento transparente puede marcar la diferencia entre tomar una decisión informada o caer en una deuda insostenible. Porque, en definitiva, el acceso al crédito no es el problema: el problema es no entenderlo.