En Chile, la deuda universitaria dejó de ser solo un problema financiero para convertirse en un síntoma estructural. Un nuevo estudio sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) revela una postal incómoda: las comunas más vulnerables concentran los mayores niveles de mora, pero el incumplimiento no distingue clase social. Incluso en sectores acomodados de Santiago, como Vitacura o Las Condes, el pago apenas supera el 50%, tensionando el relato meritocrático que históricamente ha sostenido este sistema.

El informe, titulado “Beneficiarios CAE: Egresos, Pagos y Sostenibilidad del Sistema”, fue desarrollado por académicos de la Universidad de Santiago de Chile y se basa en datos de la Comisión Ingresa correspondientes a 2023. La muestra abarca a más de 635 mil beneficiarios, lo que representa el 78% del total de deudores. De ellos, poco más de 507 mil lograron egresar, mientras que cerca de 128 mil abandonaron sus estudios. Pero el dato más duro aparece después: solo un 43% de los egresados está al día o ha saldado su deuda, mientras que un 40% ya cayó en garantía ejecutada, es decir, el Estado tuvo que pagar por ellos tras reiterados incumplimientos.

El mapa de la deuda dibuja una concentración clara. La Región Metropolitana lidera con un 42% de los casos de garantía ejecutada, seguida por Biobío y Valparaíso. Juntas, estas tres regiones acumulan el 68% del total. A nivel comunal, el patrón se intensifica en territorios históricamente golpeados por la desigualdad: La Pintana encabeza con un 43%, seguida por comunas como Cerro Navia, Lo Espejo o San Ramón. Sin embargo, el fenómeno también alcanza a zonas de mayores ingresos, donde Ñuñoa y Providencia registran un 33% de deuda asumida por el Estado, mientras que Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura tampoco quedan fuera del problema.

El diagnóstico es directo y cuestiona uno de los pilares del modelo educativo chileno. “Se podría afirmar preliminarmente que, para los quintiles de menores ingresos, el crédito CAE puede no haber sido un mecanismo efectivo de movilidad social”, advierten los autores del estudio. La promesa de ascenso social a través de la educación superior, financiada vía deuda, parece haberse fracturado en la práctica.

El contexto político le agrega presión al debate. El Presidente José Antonio Kast anunció la reactivación de los cobros del CAE, buscando reforzar la responsabilidad de pago en un sistema que lleva años acumulando tensiones. Desde el Ejecutivo, el diagnóstico es autocrítico. “Desde 2017 no se han iniciado acciones de recuperación”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El resultado es explosivo: la morosidad pasó de $500 mil millones en 2017 a cerca de $4 billones en la actualidad.

Desde el mundo académico, la discusión ya no es solo técnica, sino estructural. Víctor Salas, economista de la Usach y uno de los autores del estudio, plantea sin rodeos: “Nosotros estamos permanentemente trabajando con estos datos hace un par de años y los hemos ido actualizando. Partimos el 2023 revisando la situación del CAE, cuando ya comenzaba a discutirse una propuesta desde el gobierno. Fuimos invitados al Ministerio de Educación a analizar alternativas como el FES, y desde entonces los datos nos han mostrado que la situación del CAE es insostenible. Yo creo que hay que cerrarlo”.

La crisis, sin embargo, no se limita a quienes no pueden pagar. También alcanza a quienes sí podrían hacerlo, pero no lo hacen. “Hay personas con capacidad de pago que se acogieron a la expectativa de condonación que existía hace algunos años, lo que generó una respuesta negativa en términos de cumplimiento”, sostiene Salas. En paralelo, el académico Mario Sobarzo va más allá y cuestiona la raíz del sistema: “El sistema no es bueno, siempre ha sido malo, tiene un costo muy alto para el país, las familias y además genera un gasto. Y la verdad es que el FES también era una solución bastante parche porque no abordaba las problemáticas de fondo de lo que era el sistema de financiamiento de la educación pública en Chile”.

Lo que queda es una sensación transversal de agotamiento. El CAE ya no solo arrastra cifras rojas, sino también una crisis de legitimidad. Entre deudas impagas, expectativas incumplidas y un modelo que no logra sostenerse, la pregunta ya no es si el sistema necesita cambios, sino cuánto tiempo más puede seguir funcionando antes de colapsar definitivamente.