A poco más de tres años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el balance que entrega el gobierno es claro: una política pública que incomodó, tensionó y finalmente empezó a mover una estructura cultural profundamente arraigada. Así lo sostuvo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, donde abordó los impactos concretos de una herramienta que ha permitido identificar deudores, forzar pagos y transferir recursos directamente a niños, niñas y adolescentes.

La Ley 21.389, que comenzó a regir el 21 de noviembre de 2022, creó un sistema electrónico gratuito administrado por el Registro Civil, destinado a inscribir a quienes adeudan pensiones de alimentos por tres meses continuos o cinco discontinuos, siempre que exista una causa en tribunales de familia. Su alcance no es menor: el registro puede ser consultado por instituciones públicas y privadas obligadas por ley, como tribunales, bancos, notarías, municipalidades y servicios financieros, cerrando espacios históricos de evasión.

Las consecuencias de figurar en este registro no pasan desapercibidas. Retención de devoluciones de impuestos, imposibilidad de obtener o renovar licencia de conducir o pasaporte, y bloqueo de operaciones de crédito desde las 50 UF son parte de las sanciones. Para la ministra, estas medidas dialogan directamente con una normalización cultural del incumplimiento. “Es un fenómeno que está muy arraigado en la cultura de nuestro país. Incluso desde la cultura popular, ‘papito corazón’ para algunos sigue siendo un nombre gracioso, asociado a la pillería de esconderse para no responder ante la justicia”, señaló Orellana.

Las cifras respaldan el impacto. Desde noviembre de 2022 se han inscrito 331.787 deudas, de las cuales 226.680 fueron canceladas o llegaron a acuerdo de pago, lo que equivale a una tasa de resolución del 68,32%. En términos simples, siete de cada diez inscripciones terminan resolviéndose. Hoy existen 295.263 deudores vigentes, de los cuales el 95,3% son hombres y el 4,7% mujeres, un dato que vuelve a poner sobre la mesa la dimensión de género del problema.

La ministra también reconoció que el camino no estuvo exento de ajustes. “Cuando se aprobó la ley durante el gobierno del Presidente Piñera, el registro no permitía salir una vez inscrito. Era como un Dicom histórico. Nosotras lo pusimos en marcha, pese a que no traía recursos, y rápidamente identificamos ese problema”, relató, destacando el rol del Registro Civil para corregir una falla estructural que podía transformar una herramienta de cumplimiento en un castigo permanente.

El verdadero punto de inflexión llegó en mayo de 2023 con la entrada en vigencia de la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo, conocida como Ley Papito Corazón. Esta normativa habilitó a los tribunales para ordenar de oficio el pago de las deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros, APV e incluso, en ciertos casos, desde los fondos previsionales obligatorios del deudor. A noviembre de 2025, el Poder Judicial ha ordenado pagos por más de 2,9 billones de pesos, equivalentes a más de 62 teletones, beneficiando a más de 322 mil familias en todo el país.

“Gracias a este mecanismo, los tribunales han logrado que el pago se ejecute efectivamente. ¿A dónde van estos recursos? A la cuenta de los niños y niñas a quienes se les debía la pensión”, subrayó Orellana. Sin embargo, el desafío persiste: un 26,33% de quienes cancelaron reincidió y volvió a ingresar al registro. Con la mayor concentración de deudores en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso y Biobío, el mensaje del gobierno apunta a consolidar lo avanzado. “Siete de cada diez casos se resuelven. Eso muestra que las herramientas funcionan, pero también que debemos seguir reforzando el cambio cultural y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades parentales”, concluyó la ministra.