¿Por qué algunas personas vuelven a cometer delitos después de cumplir una condena? Una investigación liderada por Mauricio Olavarría Gambi, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile, aborda esta pregunta desde los testimonios de personas encarceladas, poniendo el foco en los ingresos, las oportunidades laborales, el reconocimiento social y las dificultades para abandonar la actividad delictiva.

Publicado en la Revista Científica General José María Córdova, el artículo “La delincuencia según delincuentes: testimonios de penados reincidentes en cárceles chilenas” analizó entrevistas realizadas a 387 personas condenadas por distintos delitos, entre ellas 352 hombres y 35 mujeres. Los participantes se encontraban en diez cárceles de Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, Concepción y Santiago, y fueron entrevistados entre octubre y diciembre de 2022, cuando estaban próximos a cumplir sus condenas.

Uno de los principales hallazgos apunta al peso económico del delito. El 94,57 % de los entrevistados declaró que sus ingresos provenían de actividades delictivas, mientras que el 91,21 % nunca había trabajado o había tenido empleos inestables. Para algunos participantes, la diferencia entre lo que podían ganar mediante un trabajo formal y lo que obtenían del delito hacía que la primera opción resultara poco atractiva. “La motivación es obtener los medios de vida que su educación y sus habilidades laborales no les permiten alcanzar. Ese incentivo está asociado a una identidad y a una racionalidad delictual, es decir, ellos se reconocen como delincuentes, viven de eso y evalúan los riesgos y las penas a las que se exponen”, explicó Olavarría.

Sin embargo, el estudio también identifica que la motivación económica no opera de manera aislada. Los testimonios describen cómo los recursos obtenidos mediante delitos permiten sostener a sus familias, comprar bienes y financiar actividades recreativas, pero también responder a aspiraciones de poder y reconocimiento dentro de su entorno. Aunque el 41,60 % manifestó disposición a trabajar lícitamente, la investigación plantea una pregunta clave para las políticas de reinserción: qué condiciones permitirían transformar esa intención en una alternativa real y sostenible. La falta de oportunidades, los ingresos esperados y el rechazo a los horarios o a la subordinación laboral aparecen entre los factores que dificultan ese cambio.

Otro aspecto relevante es la manera en que los participantes evalúan los riesgos antes de cometer un delito. Según Olavarría, algunos planifican sus acciones, seleccionan objetivos y toman precauciones para reducir las posibilidades de ser detenidos. Las posibles penas también entran en ese cálculo, aunque conocer las consecuencias no necesariamente significa abandonar la delincuencia. En ciertos casos, el riesgo de una condena puede llevar a cambiar de actividad sin romper con esa trayectoria. El estudio muestra así que las sanciones, por sí solas, no garantizan que una persona deje de delinquir.

La investigación también revela una diferencia entre el daño que los condenados reconocen haber sufrido y el que identifican en sus víctimas. El 64,08 % fue clasificado como personas que no reconocían el daño provocado, mientras que el 34,37 % sí identificaba consecuencias para quienes habían sido afectados. Al mismo tiempo, algunos entrevistados expresaron arrepentimiento por las pérdidas personales asociadas a sus años en prisión, como el distanciamiento de sus parejas y la ausencia durante el crecimiento de sus hijos. “Ellos ven el daño en sí mismos, pero no ven el daño que han cometido a la otra persona. Tienden a minimizar el daño que han provocado, con argumentos que suponen que una víctima con recursos económicos puede reemplazar lo perdido, o considerar que no hubo daño porque no se produjeron lesiones físicas”, explicó el académico.

Frente a este escenario, Olavarría plantea que abandonar el delito requiere algo más que cumplir una condena. El apoyo familiar, las oportunidades laborales y la atención psicosocial pueden contribuir a construir una alternativa fuera de la cárcel, siempre que existan condiciones concretas para mantenerla en el tiempo. “Un empleo público post carcelario, más intervenciones psicosociales a ellos y a sus familias, podría ayudar mucho en el desistimiento”, afirmó. El desafío, según los resultados del estudio, es articular estas medidas con la prevención social, el control del delito y una justicia efectiva, para que la reinserción no dependa únicamente de la voluntad individual, sino también de oportunidades reales para sostener una vida alejada de la delincuencia.