El regreso de Silvio Rodríguez a los escenarios chilenos no solo convoca a miles de seguidores nostálgicos y nuevas generaciones que han hecho de su obra un soundtrack político y emocional. Esta vez, los focos no solo apuntan al trovador cubano en el escenario, sino también a un complejo entramado judicial que involucra a la productora detrás de sus conciertos y a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).
El 21° Juzgado Civil de Santiago dictó este jueves una medida prejudicial de retención de $100 millones provenientes de la venta de entradas para los conciertos de Rodríguez, que comenzaron el 29 de septiembre en Chile. El requerimiento fue presentado por la SCD contra la empresa Redeyes, acusada de incumplir durante más de una década con el pago de derechos de autor por los espectáculos que organiza.
El conflicto no es nuevo. En diciembre de 2013, Redeyes firmó con la SCD un contrato de autorización para la comunicación y ejecución pública de obras musicales y fonogramas en recitales, bajo el marco de un convenio entre la SCD y la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (AGEPEC). Sin embargo, la productora ha eludido reiteradamente los compromisos legales, operando bajo cambios constantes de razón social y explotando obras protegidas sin rendir cuentas por los ingresos generados.
Para la SCD, la situación va más allá de un simple litigio económico. “Nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado. Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos consignan, sino que también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos, por lo que el pago a esos autores y autoras es una obligación primordial cuando se ejecuta música públicamente”, afirmó Juan Antonio Durán, Director General de la SCD.
El peso de la acción judicial recae directamente sobre la recaudación de entradas, procesada por Puntoticket, lo que significa que el dinero de los fans que compraron boletos quedará bajo observación hasta que se resuelva la medida. La cifra —cien millones de pesos— es un golpe fuerte para la operación de la productora, que se enfrenta a un precedente incómodo en medio de un evento de alta visibilidad mediática.
El caso abre además una conversación incómoda en la industria del espectáculo en Chile: la fragilidad del respeto a los derechos de autor en un ecosistema donde grandes artistas internacionales llegan al país, pero en el que muchas veces los compromisos legales quedan relegados detrás de la urgencia por vender tickets. La música, como recuerda la SCD, no puede ser vista solo como un negocio rentable, sino como el trabajo creativo de autoras y autores que merecen retribución justa.
