Chile se encuentra entre los países con más feriados del mundo. Con 16 días libres oficiales al año, ocupa el décimo lugar entre 231 países, según un estudio reciente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Solo Colombia lo supera en América, con 18 días. A nivel global, el ranking lo lideran Irán y Sri Lanka, con 26 y 25 feriados respectivamente, mientras que países como Suiza solo cuentan con uno de carácter nacional.

Más allá del alivio que representan para millones de trabajadores, estos días de descanso tienen un impacto directo en la economía. De acuerdo al Banco Central, cada feriado le cuesta a Chile cerca de un 0,4% del Imacec mensual. La CCS plantea la necesidad de un rediseño institucional que permita equilibrar el derecho al descanso con los costos económicos, sobre todo considerando que Chile es una economía periférica que no puede darse el lujo de paralizarse demasiado.

El 2025 tendrá 19 feriados, 8 de ellos irrenunciables o eleccionarios, lo que implica el cierre obligatorio del comercio. En esas fechas, las ventas del comercio formal se desploman en más de un 80%, sin que se registren repuntes en los días anteriores o posteriores que compensen las pérdidas. Solo en 2024, las pérdidas por menores ventas superaron los US$ 1.000 millones, lo que representa aproximadamente un 1,5% del total anual del comercio minorista.

René Fernández, economista y académico de la Universidad de Santiago, advierte que si bien los feriados son altamente valorados, sectores como la manufactura, el comercio mayorista y las exportaciones sufren interrupciones productivas y logísticas. Sin embargo, hay industrias que los celebran: turismo, gastronomía, hotelería y comercio local en zonas turísticas experimentan aumentos de actividad, especialmente si se incentiva el turismo interno.

Fernández sugiere alternativas para mitigar el impacto: fusionar o trasladar feriados no irrenunciables, especialmente los religiosos, hacia los lunes; flexibilizar el trabajo o fomentar el teletrabajo en semanas cortas. Pero advierte que cualquier modificación debe surgir desde un diálogo social y político, con foco en respetar los derechos laborales sin comprometer la salud económica del país.