La controversia por los decretos de rebaja de condenas firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario de la cartera, Luis Silva, continúa escalando y se ha convertido en uno de los principales conflictos políticos del Gobierno de José Antonio Kast. A tres semanas de que Interferencia revelara que 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, violaciones a los derechos humanos y vínculos con organizaciones del crimen organizado recibieron este beneficio, la decisión presidencial de mantener a Rabat en el cargo ha profundizado las diferencias dentro del oficialismo y activado cuestionamientos desde la oposición.

El episodio también abrió un nuevo frente institucional. Mientras se anuncia una acusación constitucional contra el ministro, Rabat inició una investigación interna en el Ministerio de Justicia. Para Marcelo Mella, director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile, el Ejecutivo enfrenta una disyuntiva entre preservar la cohesión de sus sectores de apoyo más firmes o intentar recuperar la confianza ciudadana. El académico plantea que el Gobierno debe decidir entre “mantener la cohesión y la lealtad, proteger la interna de los grupos de apoyo más duro del gobierno, o, por otra parte, tomar la decisión de sacar al ministro e intentar recuperar la credibilidad frente a la opinión pública, que en este momento muestra un deterioro significativo”.

Más allá de los decretos cuestionados, el caso ha puesto bajo presión la capacidad de coordinación y conducción política de La Moneda. Mella sostiene que la controversia “revela importantes problemas de coordinación política, de gestión para el control de daños y de conducción presidencial”. A su juicio, el paso desde defender un procedimiento supuestamente “impecable” hasta reconocer un error por parte del Presidente evidencia dificultades para sostener una explicación coherente frente a la opinión pública. Una lectura similar plantea Raúl Elgueta, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Usach, quien advierte que el mandatario está asumiendo un costo político evitable: “normalmente ocurre que en estos problemas hay ‘fusibles’ que saltan antes. Acá se está comprando un problema que no era necesario para el presidente”.

La discusión también alcanza el estilo de liderazgo del Ejecutivo. Elgueta apunta a un modelo de conducción basado principalmente en la confianza personal del Presidente hacia sus ministros, lo que puede abrir espacio para agendas propias y dificultar respuestas coordinadas cuando una controversia compromete a distintas autoridades. En ese contexto, recuerda que la permanencia en el gabinete no es la única forma de expresar confianza política: “Es cierto que el cargo de ministro es un cargo de confianza del presidente, pero se puede dejar de ser ministros sin abandonar la confianza personal”. Para el académico, la estrategia comunicacional del Gobierno también tiene límites cuando insiste en que el tiempo terminará validando decisiones cuestionadas, una apuesta que describe como “una afirmación de fe”.

El respaldo político de los partidos oficialistas tampoco parece suficiente para contener el desgaste. Aunque la cohesión parlamentaria es relevante para impulsar la agenda legislativa, Mella advierte que gobernar contra una opinión pública mayoritariamente crítica puede comprometer la capacidad de gestión del Ejecutivo. Según el académico, más del 70% de la ciudadanía rechaza la continuidad de Rabat, de acuerdo con cifras de Cadem. En paralelo, el Presidente Kast ha defendido su estilo de conducción y ha afirmado que “no vivo de las encuestas”, privilegiando, según sus palabras, los hechos por sobre los grandes discursos. Sin embargo, la distancia entre la defensa presidencial y el rechazo ciudadano instala una presión que podría extenderse a otras decisiones del Gobierno.

El momento de la controversia añade otro problema: la discusión presupuestaria y las negociaciones legislativas requieren acuerdos y capacidad de coordinación, pero el conflicto amenaza con concentrar la agenda política en la continuidad del ministro. Elgueta advierte que el debate puede desplazar asuntos relevantes, como el Presupuesto y las reducciones de recursos en distintas áreas. Mella, por su parte, considera que mantener abierta la crisis podría alimentar una percepción de incoherencia gubernamental durante el primer año de mandato y debilitar la iniciativa política del Ejecutivo. Por eso, plantea que “el Presidente debería reevaluar los costos políticos de su decisión y adoptar medidas que contribuyan a contener o revertir el deterioro que enfrenta el Ejecutivo”. Su conclusión apunta directamente al futuro del gabinete: “creo que la renuncia del ministro puede ser políticamente recomendable, incluso cuando no prospere por la vía de la acusación constitucional, porque me parece evidente que con el ministro Rabat en el gabinete va a tener severas dificultades a nivel legislativo”, aconsejó Mella.