Chile lleva dos décadas avanzando en su batalla contra la contaminación del aire, y por primera vez existe un panorama tan completo como incómodo sobre lo que realmente respiramos. Un estudio publicado en junio de 2025 en la revista científica Atmosphere —titulado Current Status, Trends, and Future Directions in Chilean Air Quality: A Data-Driven Perspective— ofrece la radiografía más extensa hasta ahora: más de 180 millones de datos horarios recopilados desde 191 estaciones de monitoreo a lo largo del país, analizados por un equipo de la Universidad de Chile, el CR2, el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad del Desarrollo. La conclusión general es clara: la calidad del aire ha mejorado, pero el mapa sigue mostrando heridas abiertas, especialmente en el sur y en zonas industriales del norte y centro.

El académico Manuel A. Leiva, uno de los autores del paper, sintetiza la evolución con precisión quirúrgica: “Aquí ha mejorado la calidad del aire a lo largo de los años y la única forma de verificar eso es a través de información y monitoreo”. Su afirmación se respalda con cifras que hablan por sí solas. Santiago logró reducir en casi un 40% sus concentraciones máximas de material particulado fino desde comienzos de los 2000, mientras que la caída del dióxido de azufre ha sido especialmente notoria en polos industriales como Huasco y Quintero-Puchuncaví. El país, comparado consigo mismo, respira un poco más limpio. Pero comparado con sus propios desafíos, aún está lejos de un aire justo.

La investigación profundiza en una tensión que Chile no ha sabido resolver del todo: la desigualdad territorial del aire. Kevin Basoa, investigador del CR2 y funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, lo expone sin eufemismos: “En el sur del país, el uso intensivo de la leña sigue siendo la principal causa de los altos niveles de material particulado, y no es un problema que se resuelve solo con tecnología”. Aunque existen normas recientes como la Ley de Biocombustibles, su implementación avanza con lentitud y se enfrenta a un arraigo cultural difícil de reemplazar. A eso se suma la compleja geoclimática del país, donde la influencia permanente del anticiclón del Pacífico genera estabilidad atmosférica y limita las opciones de dispersión. Tal como recuerda Leiva, “podemos reducir las emisiones, pero tenemos barreras geográficas y climáticas que no dependen de nosotros”.

Uno de los elementos más llamativos del estudio es la mirada crítica hacia la red de monitoreo del país, considerada la más grande de América Latina. Chile cuenta con más de 200 estaciones, pero solo 125 cumplieron el estándar mínimo de datos en 2024. Hay ciudades subrepresentadas, estaciones que miden apenas uno o dos contaminantes y territorios con sobrecarga de monitoreo debido a exigencias industriales. “Tenemos una red robusta, pero con oportunidades de mejora”, insiste Leiva, dejando claro que disponer de datos no es lo mismo que disponer de información significativa. Basoa suma otra capa al análisis al valorar el rol del Estado: “Esta red se construyó gracias a políticas públicas y decisiones del Estado. Es una herramienta excepcional, pero debemos cuidarla y mejorarla”.

El paper también revisita una discusión que Chile arrastra hace años: las llamadas “zonas de sacrificio” y la urgencia de volver a mirarlas desde la justicia ambiental. La investigadora Zoë Fleming destaca que, pese a los avances, los episodios críticos no han desaparecido y requieren un monitoreo más sofisticado: “La combinación de emisiones industriales y de quema de leña en Coronel y Talcahuano hace que todavía se superen las normas de PM2.5 en algunas ocasiones del año”. Basoa refuerza la dificultad de controlar episodios de SO₂ vinculados a procesos industriales que no muestran patrones regulares y demandan nuevas estrategias de fiscalización. Las brechas territoriales —entre norte minero, sur leñero y centro urbano— son parte estructural del problema.

Más allá del diagnóstico, el estudio propone un mensaje incómodo pero necesario: sin ciencia aplicada, no hay política pública efectiva. “Después de 20 años, recién estamos logrando que los estudios científicos no queden en un paper, sino que lleguen a la sociedad y a los tomadores de decisiones”, afirma Leiva, subrayando que esta investigación busca ser una herramienta real para actualizar planes de descontaminación, mejorar la red de monitoreo y orientar nuevas inversiones. Basoa añade un recordatorio para tiempos de negacionismo climático: “En tiempos de negacionismo climático, es importante valorar el rol del Estado y de las universidades públicas. Esta red, estos datos y estas políticas existen gracias al trabajo coordinado de lo público y lo académico”.

El equipo liberó su base de datos completa en la plataforma Zenodo, convirtiéndola en un recurso abierto que otros investigadores podrán utilizar, replicar y comparar. Para Leiva, este es un aporte exportable: “Tenemos un laboratorio natural que puede ayudar a mejorar la gestión de calidad de aire en la región”. Chile, pese a sus contradicciones, vuelve a situarse como referente en monitoreo ambiental. Pero la pregunta que queda flotando es si será capaz de transformar esos datos en aire limpio para todas las comunidades, no solo para algunas.