En Santiago y en cualquier ciudad chilena, basta caminar por un mall, un centro de salud o un supermercado para ver una escena que se repite con vergonzosa normalidad: autos sin credencial estacionados en espacios reservados para personas con discapacidad. Es una postal tan cotidiana que ya ni sorprende, pero que vuelve a instalarse con fuerza tras la advertencia pública de la Fundación Chilena de la Discapacidad (FCHD), que denunció el aumento sostenido de estas infracciones. El organismo no solo expone un problema cultural, sino una falla estructural del país para garantizar accesibilidad real.
Chile tiene 3.291.602 personas con discapacidad según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia de 2022. Muchas de ellas dependen de estos estacionamientos para desplazarse con autonomía y seguridad. Aun así, su uso indebido se ha convertido en una práctica recurrente. El presidente de la FCHD, Matías Poblete, lo resume sin rodeos. “Estamos recibiendo denuncias de manera constante, y eso que la multa por la mal utilización de estos espacios es bastante cara. Y si hay una reiteración, ese valor se incrementa más”, sostuvo a Diario Usach. La Ley de Tránsito clasifica esta acción como “falta grave”, con sanciones entre 1 y 1,5 UTM, lo que equivale a un rango que supera los 100 mil pesos en casos reiterados.
Las reglas son claras, aunque la calle indique lo contrario. Solo pueden ocupar estos estacionamientos quienes cuenten con la credencial oficial de discapacidad emitida por el Registro Civil, previa inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. El documento debe exhibirse en el parabrisas, no basta una fotocopia y menos el símbolo de la “cruz de malta”, que —por más tradición que tenga— no posee validez legal. Tampoco está permitido que embarazadas ni adultos mayores utilicen estos espacios. Sin embargo, la realidad muestra que el problema está lejos de resolverse.
Cuando se pregunta por qué esta práctica persiste, surgen teorías que van desde el desconocimiento de la normativa hasta la clásica excusa del “solo será un minuto”. Pero para Poblete, el origen está en una falla institucional más profunda. El informe “Análisis del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile”, publicado recientemente por la FCHD, sostiene que el país “no cumple plenamente el artículo N°8 de la CDPD porque las acciones de sensibilización sobre discapacidad son esporádicas, no forman parte de una política sostenida y carecen de coordinación, evaluación y alcance nacional”. En otras palabras, no existe una estrategia continua que eduque, fiscalice y transforme la conducta social.
A eso se suma una fiscalización que, según los propios afectados, simplemente no alcanza. “Esa labor corresponde principalmente a Carabineros de Chile y a los funcionarios municipales, con calidad de inspectores, habilitados para cursar multas”, señala Poblete. Pero en la práctica, la vigilancia es escasa y el control casi inexistente. El resultado es un ecosistema que normaliza la infracción, donde la falta de consecuencias alimenta la impunidad cotidiana.
Desde la academia también alertan sobre la necesidad de cambiar el enfoque. Américo Ibarra, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH, plantea que mejorar el sistema exige “fortalecimiento de los procesos de fiscalización y del uso de tecnología que permita contar con registros de las infracciones (a través de fotografías); el establecimiento de mecanismos y sanciones ejemplificadoras; el mejoramiento de las campañas de sensibilización (entendiendo que esto se trata de un problema cultural); y la aplicación de estrategias formativas desde el colegio”. Su diagnóstico no solo refleja la urgencia del tema, sino que recuerda que la accesibilidad es también un producto de la educación.
La paradoja se vuelve aún más evidente cuando se contrasta con gestos de solidaridad masiva. La madrugada del 30 de noviembre, Chile celebraba el éxito de la Teletón y la recaudación de $44.253.268.546. Un evento que moviliza al país entero a donar, empatizar y abrazar una causa común. Sin embargo, en la calle, en la vida diaria, ese mismo compromiso parece diluirse. “En el país no existe mucha cultura de los estacionamientos exclusivos. En general, no se respetan ni para los casos de discapacidad, adultos mayores o embarazadas. En muchas ocasiones, el chileno aplica la lógica de la ‘viveza’ y se autoexplica que su accionar se prolongará ‘por un par de minutos’. Así, además, piensa que esta práctica no generará ningún tipo tensión o conflicto”, señala Ibarra, quien además subraya la falta de control y sanción ante esta conducta.
Si Chile es capaz de movilizar millones en nombre de la inclusión, también debería ser capaz de respetar algo tan básico como un estacionamiento reservado. La pregunta ya no es por qué ocurre, sino cuánto tiempo más aceptaremos que este tipo de atropellos sigan formando parte del paisaje urbano sin consecuencias reales.