La discusión del proyecto de Presupuesto Nacional 2026 dejó una señal que resonó fuerte en el ecosistema cultural y político chileno: la Fundación Salvador Allende quedó fuera del financiamiento estatal. La exclusión llamó la atención no solo por lo inesperada, sino porque la institución se transformó en la única de su tipo que no obtuvo recursos aprobados. La decisión encendió alarmas dentro del Partido Socialista, desde donde calificaron la medida como un gesto con un “claro sesgo” político que pone en riesgo la conservación del patrimonio asociado al legado de Salvador Allende.
El golpe presupuestario no es menor. Según señaló la propia Fundación Salvador Allende, en años anteriores recibían cerca de $90 millones para sostener su trabajo en preservación, investigación, archivo y actividades educativas. Este financiamiento representaba una fuente fundamental para la continuidad de programas que resguardan uno de los capítulos más relevantes —y sensibles— de la historia contemporánea de Chile. Hoy, esa base económica desaparece sin un reemplazo claro.
En conversación con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, la directora ejecutiva de la Fundación, Marcela Ahumada, expresó sorpresa y preocupación ante la decisión. Subrayó que la Fundación ha mantenido durante años una gestión impecable frente al Estado, sin objeciones administrativas ni incumplimientos. “Durante todos estos años de funcionamiento, jamás se nos ha objetado ninguna rendición, ningún programa. Hemos cumplido al 100% con lo que nos hemos comprometido anualmente. Este año se abrió la glosa y en primer momento quedamos fuera la Fundación Salvador Allende y otros sitios de memoria lo que habla de algo que no se está percibiendo en el mundo político y tampoco en la derecha, de lo importante que es la memoria. La memoria no es algo que se nos ocurrió, la memoria es algo que nosotros, como ciudadanos y como chilenos, creemos que tenemos que trabajar para no volver a repetir lo que ocurrió hace 50 años”, comentó Ahumada.
La directora también remarcó que la Fundación Allende es la única institución presidencial afectada, mientras que otras organizaciones similares mantuvieron sus glosas intactas, lo que refuerza la percepción de un gesto político más que administrativo. “Nos sorprende ser la única fundación presidencial a la que se le haya quitado la glosa presupuestaria. La del Presidente Aylwin y la de Presidente Frei Montalva quedaron exactamente igual, no hubo ninguna objeción, lo cual me parece muy bien, porque ellos también cumplen una labor de difusión. Pero a la nuestra se nos saca el presupuesto y tampoco se nos da una explicación. Simplemente se borró y no creemos que la historia ni la memoria se borre a través de un presupuesto”, sostuvo.
La incertidumbre también se extiende hacia la respuesta que pueda surgir desde el Ejecutivo. Ahumada explicó que no mantiene comunicación directa con autoridades del gobierno, aunque está al tanto de que existieron intentos por revertir la situación durante la tramitación. “Entiendo que efectivamente estuvieron preocupados, entiendo que estuvieron tratando de negociar hasta último momento en el Congreso sobre esta no aprobación del presupuesto, pero yo, personalmente, como directora, no he tenido ningún contacto con el gobierno”, afirmó.
La exclusión de la Fundación Salvador Allende del Presupuesto 2026 abre un nuevo debate sobre la fragilidad institucional de la memoria histórica en Chile y el rol del Estado en la protección de archivos, testimonios y espacios simbólicos. También plantea una interrogante mayor: si la memoria se construye entre todos, ¿qué implica que el financiamiento desaparezca por decisión legislativa? El futuro inmediato de la Fundación —y del patrimonio que resguarda— dependerá ahora de la capacidad de movilización, negociación y presión pública para recuperar su lugar en el financiamiento estatal.