La Organización Internacional del Trabajo (OIT), acaba de publicar su informe anual centrado este año en el rol de las plataformas digitales en la transformación del mundo del trabajo y según uno de sus autores principales, el académico e investigador de la U. Austral de Chile, Alberto Coddou, el informe llega en un momento donde este tipo de plataformas ha crecido exponencialmente a nivel mundial, de hecho el  mismo informe revela que  “las plataformas digitales de trabajo se multiplicaron por cinco en una década”.

El Doctor en Derecho Alberto Coddou señala que el informe busca orientar el camino que deben recorrer distintos países que están tratando de regularizar la economía digital, en el marco de una creciente oferta y demanda de bienes y servicios a través de tecnologías digitales, “y que si bien puede tener efectos positivos como la generación de arreglos más flexibles como conectarse a la aplicación y trabajar cuando puedas y quieras, en la práctica, sin embargo ha generado jornadas extenuantes y situaciones riesgosas como trabajadores que están manejando más de 12 horas diarias para generar ingresos decentes”.

“Las nuevas oportunidades creadas por las plataformas digitales están volviendo cada vez más difusa la distinción que solía haber entre asalariados y autónomos”, describió la OIT en el informe.

Frente a esto Coddou explica que aquí cambian todos los conceptos y derechos básicos de un trabajador “porque aquí no existen las licencias, ni las vacaciones pagadas, nadie paga las cotizaciones, ni te despiden, ni te contratan, lo que genera un desamparo absoluto para este tipo de trabajadores, considerando que esta economía va a seguir creciendo”.  

En este tipo de trabajo en vez de un contrato de trabajo las actividades laborales se realizan a través de prestaciones de servicios, el problema agrega el investigador de la U. Austral es que “cualquier responsabilidad tiene que ver con el trabajador y no con la empresa mandante- lo que desprende varias narrativas empresariales que hablan de ser tu propio jefe o que ustedes son nuestros partner o socios, pero sin condiciones laborales mínimas”.

Asimismo, Coddou agrega que en la práctica, hay una serie de indicadores a nivel mundial que han obligado a las cortes del mundo a encontrar que en todos estos casos existen relaciones laborales. “De hecho en Chile, ya hay una sentencia de primera instancia en un Juzgado del Trabajo en Concepción, que consideró que más allá de lo que digan los términos y condiciones de estas aplicaciones, en los hechos hay una relación real que obliga al empleador hacerse cargo de todo lo que supone tener un contrato de trabajo”.

El Académico de Derecho Constitucional de la  Facultad de Ciencias Jurídicas de la U. Austral de Chile explica que durante la investigación encontraron casos terribles en que cuando trabajadores se han tratado de organizar colectivamente para defender sus derechos, ha derivado en desconexiones arbitrarias desde la aplicación como que “al día siguiente que te trataste de juntar por Facebook para una asamblea para la defensa de tus derechos como trabajador de plataforma fuiste desconectado y no tienes ni con quien ni cómo reclamar. No hay un empleador que de la cara”. 

A propósito de esto, Coddou señala que en las encuestas una de las demandas más frecuentes de los trabajadores de plataformas digitales fue “la ausencia de alguien, una persona a quien yo llamo y le reclamo, porque la impotencia que te conteste una línea automática es la distopía perfecta, habla que este sueño tecnológico es más una distopía que una utopía”, dijo Coddou.  

Con la pandemia, se acentuó aún más el desamparo en que se encuentran los trabajadores de las apps, visibilizando los riesgos y desigualdades a las que se enfrentan diariamente. Siete de cada diez aseguró según las encuestas del informe que si contraía el virus, no tendría derecho a tomarse una licencia o recibir una compensación. Las jornadas son más largas que en los trabajos tradicionales, de 65 horas semanales, y en el 79 por ciento de los casos mencionaron sufrir estrés por el trabajo, como el riesgo de sufrir lesiones físicas, el tránsito, la remuneración o la presión por conducir rápido. 

“La pandemia ha visibilizado aún más la precariedad en la que están los trabajadores de plataforma, considerando la facilidad con que estas personas pueden ingresar al mercado laboral sin la necesidad de un contrato, lo que ha incrementado la participación de la población migrante, en Chile se calcula que los trabajadores de app podrían llegar a ser 70% solo venezolanos, podría porque también es desconocido el número real de trabajadores de aplicaciones”, advierte Coddou.  

El académico de la U. Austral añade que resulta “chocante el contraste que hay entre trabajadores esenciales que al principio de la pandemia se le otorgaron permisos especiales con esta desprotección total en la que están.  Se consideran esenciales pero cualquier cosa que les pase, es responsabilidad de ellos, por ejemplo no tenían licencias médicas por enfermedad en caso de tener covid y tampoco las empresas tenían la obligación de pasarles mascarillas ni alcohol gel”

En Chile existen dos proyectos de ley que intentan regular esta precaria y difusa relación laboral entre los trabajadores de las app y un empleador, que nunca ven ni hablan: “Mi jefe es una App”, que se encuentra en la Cámara de Diputados y otra que partió en el Senado que versa sobre las garantías básicas para trabajadores de plataformas digitales. 

Coddou quien ha participado en la redacción de las dos, cree que “si bien son un avance para las garantías básicas de las personas trabajadoras que están tras las apps, la pregunta es si son los adecuados para hacerse cargo de los problemas laborales, sobretodo porque los problemas son globales, porque la mayor parte de estas compañías no son chilenas, están registradas en otros países, incluso pagan impuestos en paraísos fiscales”.

La OIT a lo que aspira con este informe global es que existan estándares internacionales que sean un mínimo entre todos los países. “Si se dan los indicadores de una relación laboral, esta tiene que reconocerse y es un compromiso que todos los países reconocen en sus códigos del trabajo que ante la existencia de indicadores de subordinación y dependencia hay contrato de trabajo, independiente de lo que diga el papel, esa es la premisa básica”. 

La reestructuración, renegociación y alivio de la deuda en los actuales tiempos de pandemia es un tema de interés tanto público como privado. “Necesitamos nivelar el campo de juego entre los acreedores y deudores. Ambos deben compartir la carga”, señaló hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante el Foro sobre el Financiamiento para el Desarrollo 2021 que se realiza esta semana bajo la organización del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

La reunión de alto nivel congregó virtualmente a jefes de Estado, ministros y autoridades de gobierno,  destacados especialistas de organismos internacionales, así como representantes de la sociedad civil y del sector privado, con el fin de avanzar en un diálogo sobre las soluciones para financiar la recuperación pos COVID-19 y el desarrollo sostenible con miras a 2030. 

La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en el panel 3 del evento titulado “Fortalecimiento de la contribución de los acreedores privados y las agencias de calificación crediticia a la respuesta y recuperación de la pandemia”, en donde hizo un fuerte llamado a transparentar las reglas y establecer un sistema multilateral de reestructuración de la deuda que evite, sobre todo en tiempos como el actual caracterizado por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, agudizar la difícil situación económica de muchos países, especialmente en la región de América Latina y el Caribe.

“El principal obstáculo para la participación del sector privado en la renegociación y reestructuración de la deuda ha sido la ausencia de un equilibrio adecuado entre el interés público y el privado. Urge nivelar el campo de juego”, enfatizó Bárcena. “Es necesario garantizar una estrategia comunicacional eficaz entre los gobiernos y el sector privado para fijar objetivos y expectativas comunes”, agregó.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL indicó también que se hace urgente contar con un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana que vaya de la mano con la creación de una agencia de calificación crediticia multilateral, que pueda actuar como un contrapeso al actual oligopolio de las agencias de calificación crediticia.

“Miren lo que ha sucedido en América Latina y el Caribe. De acuerdo a las calificaciones de Fitch, la región ha sido objeto de 19 rebajas en la calificación de crédito soberano. En el 2021, incluso algunos países como Chile que tienen fundamentos económicos sólidos, han sufrido una rebaja en su calificación crediticia. Esto no se entiende… ¡Estamos en una pandemia!”, argumentó.

En su intervención, Alicia Bárcena puso como ejemplo cuatro casos recientes de reestructuración y renegociación de la deuda en la región: Argentina (2020), Barbados (2018-2019), Granada (2013-2015) y Ecuador (2020), y enumeró las lecciones aprendidas de esas experiencias.

En primer lugar, la ya mencionada necesidad de nivelar la cancha y compartir la carga entre acreedores y deudores. Por ejemplo, Ecuador y Granada lograron realizar recortes al valor original de los bonos que emitieron. Segundo, garantizar una efectiva estrategia de comunicación entre los gobiernos y los acreedores de manera periódica. “Deben fijar objetivos y expectivas comunes, así como compartir datos de manera regular”, explicó.

En tercer lugar, Bárcena señaló que la elección del momento oportuno y la rapidez son esenciales para el éxito de las iniciativas de reestructuración y renegociación de deuda. Estas deben ser lideradas por los acreedores oficiales y luego atraer a los acreedores privados. Asimismo, la participación de los acreedores y sus intereses deben estar alineados. Esto puede hacerse a través de cláusulas de acción colectivas, las que son esenciales para alinear al sector privado y agilizar los procesos. Tanto Argentina como Barbados, Ecuador y Granada incluyeron cláusulas de acción colectivas en sus negociaciones de deuda, indicó.

Enfatizó además que el respaldo de las Instituciones Financieras Internacionales es fundamental para facilitar la renegociación y reestructuración de la deuda, pero esto no debe involucrar una compensación (trade-off) entre estas iniciativas y las metas de crecimiento, empleo y bienestar de los gobiernos.

“La reestructuración (de la deuda) debe ir acompañada de iniciativas innovadoras que permitan desarrollar nuevos instrumentos de financiamiento, como las cláusulas sobre huracanes por ejemplo, que enlazan la capacidad de pago de los países con su exposición al riesgo a los desastres naturales. De igual manera, los bonos ligados al ingreso pueden tomar en consideración las restricciones que impone el sector externo, que son uno de los principales problemas que enfrentan muchos países de renta media”, puntualizó Alicia Bárcena.

El Gobierno de Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), firmaron un acuerdo que oficializa a dicho país como país sede de la próxima Conferencia Regional luego de ser sede hace 73 años atrás, en septiembre de 1949.  

El Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, el Canciller del Ecuador, Manuel Mejía Dalmau, y el Ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, firmaron un memorándum de entendimiento. 

La Conferencia de la FAO tendrá lugar el primer trimestre del 2022 y reunirá a los ministros de Agricultura y altos funcionarios de los 33 Países Miembros de la FAO en América Latina y el Caribe, junto al sector privado, la sociedad civil, la academia y a otros miembros del sistema de las Naciones Unidas. 

Durante la Conferencia, los Países Miembros buscan soluciones conjuntas a los retos prioritarios de la alimentación y la agricultura y fijan las prioridades de la FAO para dos años. 

Ecuador, junto a la Secretaría de la Conferencia, presidirá la reunión regional y contribuirá con sus recursos y capacidades para alcanzar los objetivos comunes, en beneficio del sector agroalimentario de la región y de la seguridad alimentaria de sus habitantes. 

“Necesitamos la voz y el liderazgo de Ecuador para señalar una ruta clara de reconstrucción con transformación de los sistemas agroalimentarios”, afirmó Julio Berdegué, recordando que Ecuador buscó ser sede de la conferencia “con vigor e inteligencia”, logrando el apoyo de todos los países de la región.  

El Canciller del Ecuador indicó que, “Ecuador como sede de la próxima Conferencia constituirá una oportunidad para reactivar el compromiso de los países con la misión de la FAO y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030”. 

El ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, agradeció el apoyo de la FAO en la construcción del Plan de Desarrollo Agropecuario para 10 años, y en programas como Súper Mujer Rural y Mano de la Mano. “Solo con políticas públicas y un verdadero plan como el que se estableció con FAO podemos sacar a la gente de la pobreza”, dijo el ministro.  

ABB publicó su Informe de Sostenibilidad 2020 en el que se describe el impacto que la empresa y sus soluciones tienen en el medio ambiente y en las comunidades. En un año dominado por los efectos de la pandemia global, ABB superó la mayoría de sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza que abarcan las tres áreas de tecnología líder, operaciones y relaciones responsables. Cada área tiene un impacto directo o indirecto en el éxito empresarial de ABB.

2020 marcó el año final de la estrategia de sostenibilidad adoptada por ABB en el decenio anterior. Los importantes logros alcanzados en los últimos 10 años constituyen la base sólida de la nueva estrategia de sostenibilidad de la compañía para 2030 lanzada en noviembre de 2020, con objetivos aún más ambiciosos. Hay un claro enfoque en las áreas con mayor impacto: permitir una sociedad baja en carbono mediante la reducción de emisiones, la preservación de los recursos y la promoción del progreso social sustentado en un fuerte compromiso con la integridad y la transparencia. Como parte de la estrategia de 2030 y a partir de 2021, ABB también está añadiendo objetivos específicos relacionados con la sostenibilidad en la remuneración de su alta dirección.

“Durante un año atípico dominado por la pandemia global, el manejo de COVID-19 por parte de ABB refleja nuestra larga historia de prácticas comerciales sostenibles y responsables, sobre las que comenzamos a informar en 1994. Estoy orgulloso de que hayamos logrado un buen desempeño con relación a nuestros objetivos ambientales, sociales y de gobernanza y superemos la mayoría de ellos”, dijo Björn Rosengren, CEO de ABB. “Con nuestro fantástico equipo, tecnologías líderes y el apoyo de nuestras partes interesadas, confío en que cumpliremos nuestras nuevas metas para 2030 y seremos un contribuyente líder al desarrollo sostenible y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.”

El objetivo de ABB para 2020 para la acción climática era reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento con respecto a una línea de base de 2013. En 2020, las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la compañía (alcance 1 y 2) ascendieron a 561 kilotones, lo que representa una reducción del 58% con respecto a 2013. La transición a la electricidad verde contribuye cada vez más a estas reducciones, con un aumento del 27 por ciento sólo de 2019 a 2020. Otro logro notable fue la reducción del consumo de agua en las zonas con poca disponibilidad de este recurso y la disminución de los residuos enviados a vertederos.

Theodor Swedjemark, Director de Comunicaciones y Sostenibilidad, dijo: “Nuestra trayectoria de sostenibilidad en la última década es fuerte, pero ahora estamos buscando elevar la barrera, centrándonos en dónde podemos tener el mayor impacto. Para ayudar a permitir el desarrollo de una sociedad baja en carbono, trabajaremos con nuestros proveedores para reducir sus emisiones, volvernos carbono neutrales en nuestras propias operaciones y permitir a nuestros clientes reducir sus emisiones de CO2 en 100 megatones al año a través de nuestras tecnologías líderes. Nuestra nueva y ambiciosa estrategia beneficiará a todas nuestras partes interesadas, en toda nuestra cadena de valor”.

ABB también mejoró sus indicadores en diversidad de género, aumentando el número de mujeres en puestos directivos a más del 13,5 por ciento y gracias al fuerte enfoque de la empresa en la seguridad, el número de lesiones graves en el trabajo entre empleados y contratistas continuó disminuyendo en 2020. Además, la compañía también superó su objetivo relacionado con la integridad, ya que casi el 98 por ciento de sus empleados habían participado en capacitaciones de integridad.

El desempeño de sostenibilidad de ABB continuó siendo reconocido en todo el mundo con la inclusión de la compañía en el Corporate Knights Global 100 Index 2020, la FTSE4Good Index Series de 2020, el Ethibel Sustainability Index Excellence Global and Europe 2020 y el ISS ESG Prime Status 2021.

Como empresa global con operaciones en más de 100 países, ABB también ayudó a abordar la crisis covid-19 en todo el mundo con la salud y la seguridad como la primera prioridad para todas las partes interesadas, y sobre todo sus empleados. La Junta Directiva de ABB, el Comité Ejecutivo y más de 200 altos directivos decidieron donar voluntariamente el 10 por ciento de sus honorarios o salarios durante un período de seis meses durante 2020, y así recaudar más de $3 millones para apoyar a sus colegas de ABB y compensar los impactos de la crisis covid-19.

ABB sirve a la sociedad suministrando y manteniendo infraestructura crítica para muchos bienes y servicios esenciales. Para apoyar aún más a sus clientes, ABB decidió ofrecer algunos de sus servicios de software de forma gratuita para garantizar la energía ininterrumpida para aplicaciones críticas de atención médica y para fortalecer la gestión de instalaciones comerciales e industriales. En 2020, la compañía también trabajó con los gobiernos para apoyar la fabricación de equipos críticos, como ventiladores y máscaras, así como para apoyar otros aspectos de la respuesta a la pandemia.

Además de proteger a su gente y apoyar a los clientes, ABB también ayudó a los esfuerzos para limitar la propagación y el impacto del COVID-19 en comunidades de todo el mundo. Esto incluyó donaciones al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Fundación Mundial de la Infancia.

El informe completo de sostenibilidad y más detalles sobre la estrategia de sostenibilidad de 2030 están disponibles en el sitio web de ABB.

La Universidad de Chile será parte de la Encuesta Para evaluar el Impacto de la crisis sanitaria Covid-19 en entornos comunitarios (EPIC). El proyecto es un esfuerzo multicéntrico, liderado y financiado por la organización francesa Coalición Internacional sobre el SIDA (Coalition PLUS), que se implementará en diversos países, entre los que se cuentan Chile, Argentina, Brasil, Francia, Portugal, Marruecos, Bolivia y Perú.

En nuestro país, la investigadora principal del estudio es la Dra. Valeria Stuardo Ávila, académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien explica que “el objetivo del proyecto para Chile es estudiar el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en las personas viviendo con VIH (PVVIH), incluyendo acceso a medicamentos, controles, salud sexual y diversos aspectos relacionados a la vacunación COVID-19”.

Con el fin de respetar el enfoque de investigación de base comunitaria, y adaptarse a las diferentes necesidades de las comunidades y de los países en este período de crisis sanitaria, “la metodología del proyecto incluye un instrumento de recolección de la información (cuestionario) que está organizado en diferentes módulos. Cada país participante ha tenido la posibilidad de aplicar los módulos que correspondan a sus intereses de estudio. En el caso de Chile, se aplicará el módulo destinado a las PVVHI a través de una encuesta on-line que no toma más de 15 minutos en ser respondida”, detalla la investigadora.

La Dra. Stuardo explica que las poblaciones clave identificadas en el marco de la lucha contra el VIH también pueden ser más vulnerables a los efectos del virus SARS-CoV-2, al igual que las personas que viven con el VIH (PVVIH). Esto es debido a las condiciones económicas y sociales que hacen difícil la adopción de las medidas de protección y el posible deterioro preexistente de su estado de salud.

Por eso, la experta en VIH enfatiza que “es muy importante que las personas que viven con VIH puedan participar en esta encuesta, recordar que es absolutamente confidencial, que en ningún momento se solicitan datos personales. La información que se genere permitirá, entre otras cosas, conocer datos relevantes sobre la confidencialidad en el proceso de vacunación, aspectos relacionados a la coinfección VIH/SARS-CoV-2, discriminación, comunicación de riesgos, entre otros. Además, se podrán comparar estos resultados con otros países de la Región Latinoamericana”

La Red Ibero-Americana de Estudios en Hombres Gay, otros Hombres que-tienen sexo con hombres y Personas Trans (RIGHT-Plus) también son parte de esta iniciativa. A nivel nacional, la contraparte de la sociedad civil que participa de EPIC es la Fundación SAVIA (Salud, Vida y Acción Social), a través de su Observatorio de Políticas Públicas del VIH con enfoque de DD.HH. Además, diversas organizaciones de base comunitaria colaboran con el proyecto, entre ellas el circulo de estudiantes viviendo con VIH (CEVVIH) incluyendo el capítulo juvenil de mujeres VVIH perteneciente a la ICW, la Fundación Chile Positivo, Agrupación por la Vida, Mesa Intersectorial Suroriente, OTD, Crealuz, Plataforma Social en VIH-SIDA y Los Derechos Humanos – Chile, ARPEVIH, Fundación Acceso y, el programa radial sobre VIH y diversidad Siempre Viva en Vivo.

“Invitamos a participar y compartir esta encuesta a todas, todes y todos los que se identifiquen con estos desafíos. En tiempos de cambios sociales las poblaciones más vulnerables deben tener un papel protagónico y la información, sin duda, es un instrumento para la reivindicación” enfatiza la Dra. Stuardo.

Para acceder a la encuesta pinche aquí

La crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral, de acuerdo con el Informe Especial COVID-19 N⁰9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad dado a conocer hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Según el documento, la tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 69% (en 2019 alcanzaron un 52% y un 73,6%, respectivamente). Se calcula, además, que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020, porcentaje que se eleva al 22,2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. En 2020, explica el estudio, se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.

La caída del producto interno bruto (PIB) regional (-7,7% en 2020) y el impacto de la crisis en el empleo están afectando negativamente los ingresos de los hogares, plantea el informe presentado en conferencia de prensa por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. El organismo regional de las Naciones Unidas estima que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontrarían en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.

“Las mujeres de la región son parte crucial de la primera línea de respuesta a la pandemia. Un 73,2% de las personas empleadas en el sector de la salud son mujeres, quienes han tenido que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud de contagiarse del virus. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7% inferiores a los de los hombres del mismo sector”, señaló Alicia Bárcena.

Por otra parte, el estudio remarca que el trabajo doméstico remunerado, que se caracteriza por una alta precarización y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota, ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En 2019, previo a la pandemia, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado (de los cuales el 91,5% eran mujeres). En total, este sector empleaba a un 11,1% de las mujeres ocupadas en la región. No obstante, en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron -24,7% en Brasil; -46,3% en Chile; -44,4% en Colombia; -45,5% en Costa Rica; -33,2% en México; y -15,5% en Paraguay.

“América Latina y el Caribe debe invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria”, afirmó la máxima autoridad de la CEPAL. 

En este marco, Bárcena alentó a los gobiernos a “priorizar en sus estrategias de vacunación al personal de salud -incluidas las personas que prestan servicios asociados de limpieza, transporte y cuidados-, y a quienes se desempeñan en los sistemas educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, que son un pilar fundamental para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”.

Según el documento de la CEPAL, un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos por causa de la pandemia.

De acuerdo con el estudio, el cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, la caída del comercio internacional y la paralización de la actividad productiva interna han impactado en las trabajadoras y empresarias vinculadas a los sectores del comercio, turismo y manufactura. Por ejemplo, el sector del turismo, altamente feminizado, en el que un 61,5% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres, sufrió una contracción importante, que afectó principalmente a los países del Caribe, donde una de cada 10 mujeres ocupadas se concentra en este sector. 

Durante la presentación del informe, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó la urgencia de reforzar las políticas de empleo y asegurar a las mujeres participación en los sectores dinamizadores de la economía en condiciones de trabajo decente. Asimismo, enfatizó la importancia de combinar medidas en apoyo al empleo y la reactivación con medidas de atención inmediata a la pérdida de ingresos.

En este contexto, “urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que estas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica”, subrayó Alicia Bárcena, a la vez que resaltó el reducido esfuerzo fiscal que conlleva la propuesta de canasta básica digital de la CEPAL (1% del PIB regional) y el enorme impacto que tendría al conectar a una de cada cuatro mujeres en América Latina y el Caribe.

“Resulta fundamental avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad”, alertó.

“Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó Bárcena.

La región de América Latina y el Caribe marcará una contracción de -7,7% en 2020, pero tendrá una tasa de crecimiento positiva de 3,7% en 2021, debido principalmente a un rebote estadístico que, sin embargo, no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavirus (en 2019), indicó hoy la CEPAL en un nuevo informe.

La CEPAL dio a conocer su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, uno de los principales reportes anuales del organismo de las Naciones Unidas, en una conferencia de prensa virtual ofrecida por su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena. Según el documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un contexto de contracción global, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo en desarrollo por la crisis derivada del COVID-19.

En la década previa a la pandemia la región mostraba una trayectoria de bajo crecimiento y en 2020 enfrenta una combinación de choques negativos de oferta y demanda sin precedentes, lo que se traduce en la peor crisis económica de los últimos 120 años. Si bien los importantes esfuerzos fiscales y monetarios realizados por los países han permitido mitigar los efectos de la crisis, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han sido exacerbadas por los problemas estructurales que la región arrastra históricamente.

Para el año 2021 se espera una tasa de crecimiento del PIB positiva que refleja fundamentalmente un rebote estadístico, pero la recuperación del nivel de producto interno bruto (PIB) pre crisis será lenta y se alcanzaría recién hacia el año 2024.

“La dinámica del crecimiento en 2021 está sujeta a una alta incertidumbre relacionada con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la agilidad para producir y distribuir las vacunas y de la capacidad para mantener los estímulos fiscales y monetarios para apoyar la demanda agregada y a los sectores productivos. Avanzar en un crecimiento sostenible e inclusivo requiere de una transformación productiva hacia sectores ambientalmente sostenibles, que favorezcan la generación de empleo y la innovación tecnológica”, señaló Alicia Bárcena.

Las debilidades y brechas estructurales históricas de la región, su limitado espacio fiscal, la desigualdad, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad son centrales para entender el alcance de los efectos de la pandemia en las economías de la región, sus dificultades para implementar políticas que mitiguen estos efectos y los desafíos a la hora de emprender una reactivación económica sostenible e inclusiva.

Antes de la pandemia la región ya mostraba un bajo crecimiento económico: en promedio un 0,3% en el sexenio 2014-2019, y específicamente en 2019 una tasa de 0,1%. Con la llegada de la pandemia, se sumaron a ese bajo crecimiento económico los choques externos negativos y la necesidad de implementar políticas de confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se materializara en la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región.

La contracción de la actividad económica ha venido acompañada de un aumento significativo de la tasa de desocupación, que se prevé en torno al 10,7% en 2020, una profunda caída de la participación laboral y un incremento considerable de la pobreza y la desigualdad. De acuerdo con las proyecciones entregadas por el organismo de las Naciones Unidas, América del Sur se contraería -7,3% en 2020 y crecería 3,7% en 2021; América Central caería -6,5% en el presente período y se expandiría 3,8% el próximo año; mientras que El Caribe anotaría una contracción de -7,9% en 2020 y un crecimiento de 4,2% en 2021.

El documento de la CEPAL enfatiza que para evitar que la región persista en su dinámica de bajo crecimiento se requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas junto con políticas ambientales e industriales, que permitan las transformaciones estructurales que la región necesita y promuevan un desarrollo sostenible.

Plantea la necesidad de priorizar el gasto para la reactivación y transformación económica y social mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos; extender el ingreso básico a personas en situación de pobreza; otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); entregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital para la sostenibilidad y tecnologías limpias; y universalizar los sistemas de protección social.

Se argumenta que más allá de los esfuerzos nacionales, la reactivación y la transformación económica de la región requerirán de financiamiento y cooperación internacional. En este ámbito, enfatiza la necesidad de utilizar instrumentos como la emisión y reasignación de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas de los países de la región y los acuerdos regionales; incluir a los países de renta media vulnerables en la iniciativa de moratoria de deuda del G-20 (DSSI, por sus siglas en inglés) y además poner en práctica el canje de deuda por adaptación al cambio climático en el caso del Caribe junto con la creación de un fondo de resiliencia; y capitalizar las instituciones de crédito multilaterales, regionales y nacionales.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), aprobó hoy USD 27 millones para proyectos de restauración de paisajes y ecosistemas y de conservación de la biodiversidad en Brasil, Chile, México, Nicaragua y Venezuela.

Los gobiernos de dichos países aportarán USD 184 millones en cofinanciamiento y los implementarán con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los beneficiarios potenciales de los cinco proyectos podrían superar las 439 mil personas, la mayoría pequeños y medianos productores, muchos ligados a poblaciones indígenas; 219 mil serían mujeres.

“Estos proyectos contribuirán a avanzar en sistemas agroalimentarios más amigables con los ecosistemas, mejorando los medios de vida de miles de personas, bajo una perspectiva de igualdad de género y participación de comunidades indígenas. Asimismo, incorporan un enfoque de reconstruir mejor tras la pandemia, con énfasis en medios de producción, mercados más sostenibles y resilientes, reducción de la pobreza, e inseguridad alimentaria y nutricional. Es un paso más para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030”, explicó Ignacia Holmes, Oficial de Agricultura Sostenible y Resiliente.

La FAO ha apoyado a los gobiernos de 29 países de la región a diseñar e implementar 58 proyectos que han movilizado más USD $ 224 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Fortalecer el proceso de gestión participativa de los recursos naturales, conservar la biodiversidad, e incentivar la mantención de las reservas de carbono en las áreas húmedas del Amazonas, es el principal objetivo del proyecto financiado por el FMAM en Brasil.

Con una inversión de US$ 3,4 millones del FMAM, y US$ 18,6 de financiamiento nacional, el proyecto será implementado en tres Estados: Pará, Amapá y Amazonas.

Se estima que sus acciones tendrán un impacto en cerca de 6 mil personas, y más de 18 millones de hectáreas.

El proyecto será coordinado por el Instituto de Desarrollo Sustentable de Mamirauá, y con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones y de la FAO.

Restaurar paisajes ambientalmente vulnerables, para favorecer la recuperación de la productividad de los sistemas silvoagropecuarios y sus entornos naturales, mediante el manejo sostenible programado, es el propósito central del nuevo proyecto de Chile, que podrá beneficiar a 10 mil personas.

Este contempla fondos por USD 5,6 millones donados por FMAM, y USD$ 32 millones de cofinanciamiento por parte de Chile. Será implementado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la FAO, en cinco regiones: Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule y Biobío.

El proyecto de México recibió USD 10 millones del FMAM, con un cofinanciamiento nacional de USD$ 66 millones. Se implementará en las localidades de Durango, Montes Azules y Huasteca, e impactaría a cerca de 371 mil personas, la mitad mujeres.

Buscará incorporar la conservación de la biodiversidad, la gestión integrada del paisaje y la conectividad de los ecosistemas en programas sociales de México, tales como Sembrando Vida.

El proyecto también busca reconstruir mejor tras la pandemia de COVID-19 y será implementado por la Comisión Nacional Forestal de México, la secretaría de Bienestar, la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto de Economía Social y la FAO.

Conservar la biodiversidad de importancia global y mejorar los servicios ecosistémicos en la Reserva Biológica Indio Maíz, junto a los pueblos indígenas y comunidades locales, es el objetivo del proyecto de Nicaragua, que podrá beneficiar a cerca de 5 mil personas en el departamento Río San Juan.

A través de un enfoque de paisaje, integrado, holístico y multisectorial, la iniciativa será implementada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua y la FAO, con un aporte de USD 2,9 millones del FMAM y un cofinanciamiento de USD 20,8 millones de Nicaragua.

El proyecto de Venezuela se ejecutará junto a productores de 12 municipios del eje cafetero y cacaotero en la región andina de Venezuela, para promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, detener y revertir la degradación de la tierra y la deforestación, y gestionar los bosques de manera sostenible.

El FMAM financiará un monto de USD 5,3 millones, y se contemplan USD 45,6 de cofinaciamiento de Venezuela. Se proyectan beneficios para cerca de 47 mil personas, la mitad de estas serían mujeres. El proyecto será implementado por la FAO, y ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

América Latina y el Cariberecibió 160.721 millones de dólarespor concepto de inversión extranjera directa en 2019, 7,8% menos que en 2018, caída que se agudizaría en 2020, ya que como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 se prevé una disminución de entre un 45% y un 55% en la entrada de estos flujos, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar su estudio anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020 (disponible en el sitio web de la CEPAL próximamente).

A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa (IED) se reducirían un 40% en 2020, y de un 5% a un 10% en 2021. De esta manera, en 2021 la IED alcanzaría su menor valor desde 2005. América Latina y el Caribe es la región que tendría la baja más pronunciada, explica el documento de la CEPAL lanzado en conferencia de prensa virtual por la Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena.

Desde 2012, cuando se alcanzó el máximo histórico, la caída de los flujos de inversión extranjera ha sido casi ininterrumpida en América Latina y el Caribe, lo que ha hecho evidente, principalmente en los países de América del Sur, la relación que existe en la región entre los flujos de IED, el ciclo macroeconómico y los ciclos de precios de las materias primas, sostiene el informe.

Al igual que en años anteriores, el estudio muestra gran heterogeneidad en los resultados nacionales y no se registra un patrón subregional: en 17 países hay una caída de las entradas en 2019 respecto a 2018 y en 9 países hay un aumento. En 2019, los cinco países que recibieron mayores inversiones fueron Brasil (43% del total), México (18%), Colombia (9%), Chile (7%) y Perú (6%).

En Centroamérica, las entradas de IED crecieron únicamente en Panamá y Guatemala. En el Caribe, la IED dirigida a República Dominicana superó la caída del año anterior, Trinidad y Tabago registró inversiones positivas después de tres años de saldos negativos y en Guyana, al igual que en 2018, se produjo un aumento interanual muy importante, impulsado por las inversiones para la explotación de hidrocarburos y sectores relacionados, capitales que posicionaron al país como el segundo receptor de IED en la subregión.

Al analizar el período 2010-2019, Europa se consolida como el inversor más importante en la región, seguido de Estados Unidos. Las inversiones intrarregionales, en tanto, se reducen del 12% al 6%.

Por otra parte, el informe destaca al sector de las energías renovables como el de mayor cantidad de anuncios de proyectos en el último quinquenio.

Sobre el comportamiento de las empresas transnacionales latinoamericanas, conocidas como translatinas, la publicación de la CEPAL consigna un aumento de 75% en la salida de IED desde la región en 2019. No obstante, si se analiza la década 2010-2019, se observa que la inversión latinoamericana ha perdido fuerza, según la Comisión. 

“Los aportes que ha hecho la IED en la región han sido relevantes, como complemento de la inversión nacional y fuente de nuevos capitales, así como para la expansión de actividades exportadoras y el desarrollo de la industria automotriz, las telecomunicaciones, algunos segmentos de la economía digital y también de sectores que hoy adquieren una importancia estratégica en el contexto de la pandemia de COVID-19, como es el caso de las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos”, destaca el estudio.

Sin embargo, los problemas estructurales de las economías de la región y los nuevos escenarios internacionales hacen necesario también que la IED y las políticas para promoverla sean parte de un proyecto más amplio que impulse un cambio estructural progresivo, es decir, un cambio que permita aumentar la productividad y alcanzar inclusión social, igualdad y sostenibilidad ambiental, resalta la CEPAL.

“La IED recibida por América Latina y el Caribe no ha catalizado cambios relevantes en la estructura productiva de la región, en gran medida debido a que las políticas de atracción de estos flujos no se han articulado con las de desarrollo productivo. La IED ofrece grandes oportunidades para avanzar hacia una nueva economía sostenible”, declaró Alicia Bárcena. “Urge recuperar el rol de las políticas industriales como instrumento de transformación de la estructura productiva de la región”, remarcó.

La alta funcionaria recordó que la CEPAL ha identificado siete sectores dinamizadores que tienen un papel estratégico porque promueven el cambio técnico, generan empleos y reducen la restricción externa y la huella ambiental. Estos sectores, que podrían verse apuntalados por la IED, son: la transformación de la matriz energética con base en las energías renovables; la movilidad sostenible y los espacios urbanos; la revolución digital para la sostenibilidad; la industria manufacturera de la salud; la bioeconomía, es decir, la sostenibilidad basada en recursos biológicos y ecosistemas naturales; la economía circular; y el turismo sostenible.

En el segundo capítulo del informe, titulado “Hacia una nueva geografía productiva global pospandemia: la reorganización de las cadenas globales de valor”, la CEPAL plantea como desafíos para la región contener la presión de relocalización nacional (reshoring) hacia Estados Unidos, capturar las oportunidades de relocalización que permitirían fortalecer los sistemas productivos regionales (nearshoring) y articular estrategias de atracción de IED con políticas industriales para crear capacidades locales.

Finalmente, en el tercer capítulo se señala que América Latina y el Caribe ha logrado un buen posicionamiento exportador en dispositivos médicos, impulsado precisamente por empresas transnacionales, destacándose el caso de México, Costa Rica y República Dominicana. 

“En América Latina y el Caribe, la crisis del COVID-19 muestra la importancia creciente de estimular la cooperación regional y el desarrollo de un mercado regional de salud y dispositivos médicos y de centros industriales transfronterizos. La industria de dispositivos médicos requiere capacidades manufactureras, científicas y tecnológicas que están presentes en varios países de la región y cuyas potencialidades se revelaron ante la emergencia sanitaria. El desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas nacionales y la mejora del acceso a dispositivos médicos para los habitantes de América Latina y el Caribe es un desafío estratégico, y para enfrentarlo con éxito se requerirán lineamientos de política nacionales y regionales”, concluye el documento.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe(OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una “pandemia en la sombra”, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

“Nuestro mensaje es contundente: la violencia contra las mujeres, sin importar el lugar en que ocurra, es inaceptable. Las múltiples manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, y el feminicidio como su máxima expresión, son prevenibles. Necesitamos a todas y todos para que este cambio ocurra”, remarcó Bárcena, e instó a los países a orientar sus estrategias siguiendo las recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la Campaña ÚNETE, que promueve “el financiamiento, la prevención, la respuesta y la recopilación de datos” para abordar esta verdadera pandemia en la sombra.

Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribede la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

De igual forma, la saturación de los servicios de salud por causa de la crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad han afectado la atención a las víctimas de violencia sexual. 

El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

“Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”, concluye.